Pedro Romero Maldonado

Expediente 245/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
245/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
27/05/2021

Partes del expediente

  • Pedro Romero Maldonado

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. HA CAUSADO ESTADO DESECHADA. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa Pedro Romero Maldonado, haya interpuesto recurso de queja contra el auto de veintidós de marzo del año en curso, por el que SE DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para los efectos legales correspondientes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución del cuaderno de prueba que la autoridad responsable adjuntó a su informe, consistente en copias certificadas del cuaderno que integra el Juicio Sumario Civil número 759/2019. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/1022/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. SE RECIBE DEMANDA DE AMPARO POR INCOMPETENCIA Por recibido el oficio 814/2021, signado por el Secretario de acuerdos adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, a través del cual remite los autos originales del amparo directo 71/2021, promovido por Pedro Romero Maldonado, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil, en esta ciudad y otro, en el cual obran glosados los informes justificados rendidos por las responsables; además, se acompaña copias certificadas del Juicio Sumario Civil 759/2019, de donde emana el acto reclamado, con el cual se ordena formar cuaderno de prueba por separado; así como con la constancia de emplazamiento de la parte actora José Alberto Corona Herrerón, y la razón actuarial respecto a la imposibilidad que tuvo la Actuaria adscrita al Juzgado responsable para emplazar a la diversa tercero interesada Areli Gala Velázquez. Acúsese de recibo. Ahora, como de las constancias que se reciben se obtiene que mediante acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, en la cual se reclama del Juez responsable la sentencia interlocutoria de veinte de noviembre de dos mil veinte, que declaró infundado el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra la notificación practicada el veinte de agosto de dos mil veinte, dentro del juicio Sumario Civil 759/2019. Cabe señalar que de las copias certificadas que el juez señalado como autoridad responsable remitió como justificación de su informe, las cuales merecen pleno valor probatorio pleno en términos de los artículos 199 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, se desprende que la notificación del veinte de agosto del dos mil veinte, impugnada a través del incidente de nulidad de actuaciones, cuya resolución ahora constituye el acto reclamado, corresponde al diverso acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veinte, que tuvo al codemandado, ahora quejoso Pedro Romero Maldonado, contestando la demanda, oponiendo excepciones y defensas, acusándole la rebeldía a la contraparte, objetando documentos que exhibió la parte actora, entre otras cuestiones procesales. ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO. En ese contexto, con apoyo en los artículos 45 y 107 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; acúsese el recibo de estilo correspondiente. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE DEMANDA. Los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracción V, 113, 171, 172, fracciones V y XII, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo..". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad. XII. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo.". De una interpretación sistemática de los artículos y porciones normativas transcritas, se obtiene que el estudio de las causas de improcedencia debe emprenderse en forma oficiosa; por esa razón, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de garantías debe examinar el escrito de demanda y de advertirse la existencia de alguna causa que torne improcedente el juicio, deberá desecharla de plano. Asimismo, que el juicio de amparo es improcedente cuando se endereza contra actos ventilados durante el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe destacar que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del cual dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. Así, los únicos actos emitidos dentro de un juicio que pueden ser materia del juicio de amparo son aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, siendo el caso cuando agravian de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo materia de derechos humanos o las garantías constitucionales establecidas para la protección de éstos, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable a sus pretensiones. Ahora, de la demanda de amparo generadora del expediente en que se actúa, se desprende que, la parte quejosa reclama en la presente vía de amparo: La resolución de veinte de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil, en esta ciudad, dentro del Juicio Sumario Civil 759/2019, mediante el cual resolvió el incidente, a través del cual declaró infundado el incidente sobre nulidad de actuaciones, en relación a la notificación de veinte de agosto del año pasado, promovida por el tercero interesado en dicho juicio, hoy quejoso. Del análisis integral de la demanda, y artículos invocados, se considera que el libelo generador del expediente en que se actúa, es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, 171 y 172, fracciones III, IX y XII, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior, se considera de esa forma si se tiene en cuenta que en la especie, el acto reclamado se hace consistir en la determinación de la autoridad responsable emitida en el sentido de declarar infundado los agravios expresados por el tercero interesado aquí quejoso, al resolver el incidente, pues dicho acto no es de aquellos que tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, dado que no produce a la parte aquí quejosa, una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos sustantivos, sino únicamente produce efectos formales dentro del procedimiento, que en todo caso, podría tener como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva, el cual se destruirá si la parte ahora amparista obtuviera sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio de origen, con lo que desaparecerían fácticamente las violaciones que se le hubieren generado con la determinación que se pretende reclamar. Cabe mencionar que la sola determinación de la responsable de considerar infundados los agravios expresados en el incidente de nulidad de actuaciones dentro del Juicio 759/2019, no determina el sentido en que habrá de dictar la sentencia definitiva correspondiente, pues aún falta la valoración que la autoridad responsable ejecutora otorgue a los medios de prueba que en el mismo se admitan y desahoguen, en base a los cuales podrá fallar favorable a los intereses del ahora amparista, con lo cual se destruiría la afectación producida en su caso, a sus derechos. Ahora en el último de los casos, de ser contrario a sus intereses la sentencia definitiva que se llegue a emitir en el juicio Sumario Civil de origen, como se dijo, la parte aquí amparista podrá impugnar las violaciones que ahora aduce en su libelo, a través del juicio de amparo directo que interponga contra dicho fallo. "Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 205651 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992 Página 11 Jurisprudencia (Común) EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Contradicción de tesis 47/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión números 1303/90 y 939/89, respectivamente. 9 de enero de 1992. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Disidentes: Lanz Cárdenas, Cal y Mayor Gutiérrez y Gil de Lester. Ausente: Adato Green. Secretario: Miguel Angel Castañeda Niebla". Los criterios invocados en este acuerdo se citan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Pedro Romero Maldonado, contra actos del Juzgado Octavio de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando a Jaime García de Alba Cortés, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; así como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Claudio García de Alba, por no haberse encontrado registro de su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como en el libro de registro de cédulas de este Juzgado. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con quince minutos a las quince horas con quince minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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