Pedro Martinez Chacatl

Expediente 470/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
470/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
24/07/2023

Partes del expediente

  • Pedro Martinez Chacatl
  • PEDRO MARTINEZ CHACATL y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. I. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. II. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones; insértese este acuerdo en el cuaderno único del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, con fundamento en los artículos 14, fracción III, y 20 fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados, no es de relevancia documental ni conservable, pero susceptible de ser destruido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos del artículo 9 del Acuerdo. En cuanto al cuaderno original único del incidente de suspensión, en virtud que se se concedió la medida cautelar definitiva, se decreta que es conservable y susceptible de ser transferido, cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, a los depósitos documentales dependientes del área coordinadora de archivos de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, ello, en términos del artículo 17 fracción III, inciso b), en relación con el artículo 9, del capítulo segundo del acuerdo general señalado. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. III. Devolución de documentos. En otro orden, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que se remitieron en complemento al informe justificado, se ordena devolver a la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, la documental siguiente: El expediente original del duplicado de la causa penal 59/2012 de su índice, con el cual se formó el cuaderno auxiliar I de pruebas del presente juicio. No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de la documental devuelta, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. IV. Billetes de depósito. En otro orden, se ordena devolver a los quejosos Pedro Martínez Chacatl y Gerardo Martínez Chacatl o Chacal, de forma respectiva, los billetes de depósito N 958800 y N 958799, ambos por la cantidad de $1,100.00 (mil cien pesos cero centavos moneda nacional), que exhibieron para que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional concedida, debidamente endosados a su favor, previa identificación oficial vigente y razón de recibo que otorgue en autos y en el libro respectivo. En el entendido de que para la devolución de las garantías, los aludidos quejosos deberán comparecer personalmente y que por estrictas razones de seguridad y control, la devolución ordenada sólo se hará los días martes y jueves de cada semana, de doce treinta a trece treinta horas, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que, en caso de no hacerlo en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, dichos billetes de depósito prescribirán a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. V. Integración al expediente. La presente resolución se integra al expediente físico dada su trascendencia, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese personalmente a los quejosos Pedro Martínez Chacatl y Gerardo Martínez Chacatl o Chacal, en el domicilio señalado para tal efecto; por lista al tercero interesado Adrián Juárez Tehuitzil; por oficio a las autoridades responsables, al fiscal tercero interesado y al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, por cualquier medio de comunicación interna a la persona actuaria de la adscripción que le corresponda notificar el oficio dirigido al juez responsable.

  2. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. I. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. II. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones; insértese este acuerdo en el cuaderno único del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, con fundamento en los artículos 14, fracción III, y 20 fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados, no es de relevancia documental ni conservable, pero susceptible de ser destruido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos del artículo 9 del Acuerdo. En cuanto al cuaderno original único del incidente de suspensión, en virtud que se se concedió la medida cautelar definitiva, se decreta que es conservable y susceptible de ser transferido, cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, a los depósitos documentales dependientes del área coordinadora de archivos de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, ello, en términos del artículo 17 fracción III, inciso b), en relación con el artículo 9, del capítulo segundo del acuerdo general señalado. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. III. Devolución de documentos. En otro orden, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que se remitieron en complemento al informe justificado, se ordena devolver a la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, la documental siguiente: El expediente original del duplicado de la causa penal 59/2012 de su índice, con el cual se formó el cuaderno auxiliar I de pruebas del presente juicio. No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de la documental devuelta, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. IV. Billetes de depósito. En otro orden, se ordena devolver a los quejosos Pedro Martínez Chacatl y Gerardo Martínez Chacatl o Chacal, de forma respectiva, los billetes de depósito N 958800 y N 958799, ambos por la cantidad de $1,100.00 (mil cien pesos cero centavos moneda nacional), que exhibieron para que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional concedida, debidamente endosados a su favor, previa identificación oficial vigente y razón de recibo que otorgue en autos y en el libro respectivo. En el entendido de que para la devolución de las garantías, los aludidos quejosos deberán comparecer personalmente y que por estrictas razones de seguridad y control, la devolución ordenada sólo se hará los días martes y jueves de cada semana, de doce treinta a trece treinta horas, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que, en caso de no hacerlo en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, dichos billetes de depósito prescribirán a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. V. Integración al expediente. La presente resolución se integra al expediente físico dada su trascendencia, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese personalmente a los quejosos Pedro Martínez Chacatl y Gerardo Martínez Chacatl o Chacal, en el domicilio señalado para tal efecto; por lista al tercero interesado Adrián Juárez Tehuitzil; por oficio a las autoridades responsables, al fiscal tercero interesado y al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, por cualquier medio de comunicación interna a la persona actuaria de la adscripción que le corresponda notificar el oficio dirigido al juez responsable.

  3. Principal

    -AVISO-Con fundamento en el artículo 26, fracción III, artículo 27, fracción I y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el proveído de 30 DE JUNIO de dos mil veintitrés: San Andrés Cholula, Puebla, treinta de junio de dos mil veintitrés. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. I. Antecedentes. Demanda de amparo. Por escrito recibido el nueve de mayo de dos mil veintitrés, ante la entonces denominada Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado al siguiente día a este órgano jurisdiccional, ******************** y ******************** solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, y otras autoridades. Auto de radicación y prevención. Por acuerdo dictado el diez de mayo del año en curso, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla -denominación actual- registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 470/2023; asimismo, previno a los promoventes para que dentro del plazo de cinco días, computado legalmente, realizaran lo siguiente: ( Precisaran si únicamente deseaban señalar como acto reclamado la "omisión" de proveer lo conducente en relación con la ratificación del escrito que presentó la víctima ********************, mediante el cual otorgó su más amplio perdón a los procesados dentro de la causa penal ********************del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla; y, ( Para el caso de que manifestaran que sí deseaban reclamar dicha omisión, también precisaran si insistían en reclamar la orden de reaprehensión librada en su contra dentro del referido controvertido penal, así como su ejecución. Ampliación de competencia y cambio de denominación de este órgano jurisdiccional. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad (en adelante AG 3/2023); a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambió de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. Escrito aclaratorio. Después de un escrito presentado por la autorizada procesal de los quejosos y de su respectivo desechamiento, mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el dieciocho de mayo de la presente anualidad, ratificado por los propios quejosos el treinta de mayo siguiente, éstos desahogaron la prevención de mérito, manifestando que sí era su deseo reclamar, de forma destacada, tanto la omisión aludida como la orden de captura y su ejecución. Auto de parcial admisión. En acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, este órgano de control constitucional tuvo a los quejosos dando cumplimiento a la prevención formulada, por lo que acordó lo siguiente: ( Con fundamento en los artículos 61, fracción XII, y 113 de la Ley de Amparo, desechó, de forma parcial, la acción constitucional respecto del acto que consistió en la "omisión" de proveer lo conducente en relación con la ratificación del escrito que presentó la víctima ********************, mediante el cual otorgó su más amplio perdón a los procesados dentro de la causa penal ********************del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por considerar que dicho acto no afectaba su interés jurídico, sino en todo caso, a la aludida víctima. ( Admitió a trámite el asunto -con incidente de suspensión- respecto de la orden de reaprehensión emitida en su contra en el citado controvertido penal, y por cuanto a su ejecución; y, ( Requirió los informes justificados a las autoridades responsables y dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Parte tercera interesada. En términos del artículo 5, fracción III, incisos c) y e), de la ley de la materia, se tuvieron y se emplazaron con el carácter de terceros interesados a los siguientes sujetos: ( ******************** -víctima del delito-; y, ( Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula Puebla -fiscal interviniente en la causa penal de origen-. Cita para audiencia. En acuerdo de veintisiete de junio del actual, se fijaron las diez horas con diez minutos del veintiuno de julio de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. II. Análisis de la causal de improcedencia. Sentado lo anterior, este órgano de control constitucional considera que respecto de la orden de reaprehensión de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, decretada en contra de los quejosos ******************** y ******************** dentro de la causa penal ********************de la estadística del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, se actualiza, de forma manifiesta, notoria e indudable, la causal de improcedencia que resulta del artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Se explica. Conforme al precepto señalado, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas. Figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional. Lo anterior, es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia. Sentado lo anterior, del duplicado de la causa penal ********************del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, con el cual se formó el Cuaderno Auxiliar I de pruebas y mismo que, por tratarse de una documental pública, tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierten, en lo que interesa, los siguientes datos: 1. Auto de formal prisión. El uno de marzo de dos mil doce, el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla dictó auto de formal prisión en contra de******************** -quejoso-, ******************** -quejoso- y de******************** -no quejoso-, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones tumultuarias, previsto y sancionado por los artículos 305, 306, fracción I, 318 y 319, fracción II, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de ******************** -aquí tercero interesado-. 2. Orden de reaprehensión. Seguida la secuela procesal -incluso una reposición de procedimiento ordenada en sentencia por el propio juez penal-, el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, el juez responsable hizo constar que los procesados, entre ellos los aquí quejosos, habían dejado de firmar el libro de las personas que gozan de la libertad provisional bajo caución; por ende, revocó dicho beneficio y libro orden de reaprehensión en su contra -acto ahora reclamado-. 3. Juicio de Amparo. Inconformes con la referida orden de captura, los quejosos promovieron juicio de amparo indirecto, el cual se radicó con el número de expediente 1211/2022 del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla -ahora Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla-. 4. Sentencia de amparo. El veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, el juzgado de amparo negó a los quejosos el amparo solicitado, al considerar que la orden de captura también aquí combatida se encontraba ajustada a derecho. Resolución que quedó firme el diecisiete de febrero del año en curso. En ese tenor, si en el presente asunto los quejosos ******************** y******************** reclaman la orden de reaprehensión dictada en su contra el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal********************del índice del juez responsable, así como su ejecución, y los propios quejosos también promovieron ante diverso órgano de control constitucional el juicio de amparo indirecto 1211/2022, en el que combatieron los mismos actos y se les negó el amparo solicitado, se concluye que opera la causa de improcedencia de cosa juzgada, prevista en el artículo 61 fracción XI, de la Ley de Amparo. En efecto, es claro que, conforme al principio de cosa juzgada, la orden de reaprehensión decretada en su contra y su ejecución ya no pueden ser analizadas en el juicio de amparo en que se actúa, al haber adquirido firmeza la sentencia que, previamente, negó el amparo por cuanto a dichos actos, pues de lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada y, más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados. Motivos por los cuales, se estima actualizada la causa del improcedencia relativa a la cosa juzgada; sin que sea obstáculo para determinar ello, el hecho de que los quejosos, en esta ocasión, aleguen que el juzgador de origen debe decretar la extinción de la acción persecutoria y el sobreseimiento de la causa, ante el perdón que les otorgó el ofendido, cuenta habida que estimar lo contrario, es decir, que el estudio de esta cuestión alegada es previo al de las causas de improcedencia, haría procedente el amparo en tal aspecto (aunque ya sea cosa juzgada), otorgándole la naturaleza de un recurso ordinario en el proceso penal, aunque evidentemente no lo sea. III. Sobreseimiento. En consecuencia, se estima procedente sobreseer fuera de audiencia constitucional el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, al actualizarse la referida causa de inviabilidad de manera manifiesta, notoria e indudable. Sobreseimiento que se hace extensivo a la ejecución de la orden de reaprehensión reclamada, ya que no se reclama por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de tal orden de captura materia del sobreseimiento. No es obstáculo para arribar a esa conclusión, que la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -de 10 de junio de 2011- implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, porque ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. No se desatiende que a la fecha en que se dicta la presente determinación no han transcurrido los ocho días de vista que se concedieron a las partes con el informe justificado rendido por el juez responsable y con las constancias que complementaron el mismo, en términos del artículo 117 de la ley de la materia, lo que podría constituir una violación a las reglas del procedimiento del juicio, en términos del artículo 93, fracción IV, de la propia ley. No obstante ello, debe indicarse que la causal de improcedencia que ahora se analiza se actualizó de manera manifiesta, notoria e indudable, por lo que este juzgador se encuentra en aptitud de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, habida cuenta que al ser la improcedencia del juicio de amparo una cuestión de orden público y estudio preferente, el órgano de amparo está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. En efecto, en aras de cumplir con la garantía de prontitud en la administración de justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es factible decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del juicio aun y cuando no haya fenecido la vista otorgada en términos del aludido artículo 117, pero siempre que la actualización de la causa de improcedencia sea manifiesta, notoria e indudable. De modo que, de interpretar de manera rigorista la indicada fracción IV, del artículo 93, implicaría desconocer el aludido principio, pues a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para respetar la aludida vista, cuando resulte incuestionable que a partir de la revisión de las constancias recabadas en el juicio se aprecie la causa de inviabilidad analizada. Además, conllevaría desconocer la figura del sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, del que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, señaló es procedente decretar cuando la causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. Estimar lo contrario -afirmó-, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al aludido artículo 17 Constitucional, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En suma, los quejosos, en términos del artículo 93, fracción VII, de la Ley de Amparo, tendrán la oportunidad de ofrecer los elementos de prueba que considere conducentes para desestimar la causal de improcedencia ante el Tribunal Colegiado, en caso de que se recurra esta determinación por medio del recurso de revisión. IV. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las diez horas con diez minutos del veintiuno de julio de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a los quejosos ******************** y********************, así como al tercero interesado ********************, en los domicilios señalados para tal efecto; y, por oficio a las autoridades responsables, al fiscal tercero interesado y al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Informe justificado. Intégrese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable siguiente: 1.Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la citada autoridad responsable, la documental que anexa, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Forma cuaderno auxiliar. Con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, con la documental indicada, fórmese el CUADERNO AUXILIAR I, respetando el folio original. Digitalización. De conformidad a lo establecido por los artículos 22, último párrafo y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona, deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, existe imposibilidad material y jurídica para la digitalización e integración de la documental referida en el expediente electrónico, dado su volumen, por lo que se pone a la vista de las partes para su consulta en el local de este juzgado. Diferimiento anticipado Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada a las diez horas con treinta y cuatro minutos del veintinueve de junio de dos mil veintitrés, SE DIFIERE ANTICIPADAMENTE; y, en su lugar se señalan las diez horas con diez minutos del veintiuno de julio de dos mil veintitrés, para su celebración. Integración del expediente físico. El registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues fue presentada físicamente e impulsa el procedimiento. Notifíquese por lista a las partes.

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