Pedro Montiel Hernández

Expediente 890/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 26 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
890/2017
Año
2017
Actuaciones
26
Última actuación
19/10/2018

Partes del expediente

  • Pedro Montiel Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    MESA V Visto el estado de autos y tomando en consideración que el diecisiete de octubre de dos dieciocho, se remitió un tomo de pruebas a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, devuélvanse al Juzgado Décimo Noveno Penal de la Ciudad de México, un Tomo de pruebas, constante de 584 fojas útiles, que remitió en apoyo al informe justificado, por ser innecesaria su retención en este órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    MESA V. Visto el estado de autos y tomando en consideración que el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se ordenó el archivo definitivo, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, devuélvanse a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como al juez responsable, un Tomo de pruebas respectivamente, que remitieron en apoyo al informe justificado, por ser innecesaria su retención en este órgano jurisdiccional. Bajo este tenor, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional el acuerdo 16-19/2018, emitido por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, mediante el cual se ordenó la extinción y término de funciones, del Juzgado Vigésimo Séptimo Penal de la Ciudad de México. Asimismo, los asuntos respecto a los cuales conocía el juzgado de mérito, fueron turnados al diverso Juzgado Décimo Noveno Penal de esta ciudad; en tal virtud, remítanse al aludido órgano jurisdiccional, el Tomos de pruebas.

  3. Principal

    MESA V.SE NOTIFICA AL QUEJOSO PEDRO MONTIEL HERNÁNDEZ Y AL TERCERO INTERESADO JORGE GONZÁLEZ VILLAMARES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE CUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de autos, se advierte que dentro del plazo de tres días otorgado a las partes en proveído de catorce de agosto pasado, para que hicieran manifestaciones sobre el cumplimiento dado por las responsables a la ejecutoria de amparo; sin que hicieran uso de ese derecho. Sobre esa base, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a resolver si la sentencia está cumplida. Sirve de apoyo la jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página 203, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista a su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." En tales condiciones, se tiene que en sentencia engrosada el veintinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 152 a 164), se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, para que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente el acto reclamado, es decir, la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal 498/2017. Emitiera otra en la que aplicara la regla de exclusión para suprimir de los medios de prueba la diligencia de identificación de uno de agosto de dos mil dos, por tratarse de una prueba ilícita. Valorara nuevamente el informe y los testimonios de los policías judiciales Eduardo González Rosano y Víctor Manuel Trejo Castañeda, de treinta y uno de agosto de dos mil dos, prescindiendo de la entrevista que realizaron al quejoso. Excluyera del acervo probatorio de las pruebas que directa o indirectamente se derivaron de la detención ilegal del aquí quejoso. Resolviera lo que en derecho procediera. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Juez Décimo Noveno Penal y el Directos del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ambos en esta ciudad. Por lo tanto, en auto de seis de agosto del presente año (fojas 189 a 191), se declarado que había causado ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. En ese contexto, mediante oficio 4277 de ocho de agosto pasado (fojas 197 a 265), oficio de nueve del mismo mes (fojas 266 a 269) y oficio 2780 de quince de agosto (fojas 275 a 286), el Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Penal, el Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y la Jueza Décimo Noveno Penal, todos de esta ciudad, remitieron copia certificada de las constancias con las que pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Del examen de la referidas documentales, las cuales de conformidad con los normativos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria concesora de amparo, las autoridades responsables realizaron lo siguiente: Mediante resolución de ocho de agosto de dos mil dieciocho, la Primera Sala Penal dejó insubsistente la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Emitió otra resolución en la que, luego de repetir los argumentos torales de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo, consideró como prueba ilícita la diligencia de identificación del quejoso de uno de agosto de dos mil dos y aquellas pruebas que tenían vínculo con aquella, asimismo, tuvo como ilegal la detención del quejoso y todas aquellas pruebas que tuvieran origen de la misma, es decir, las deposiciones de los ofendidos de uno de agosto de dos mil dos y las deposiciones de los agentes Eduardo González Rosano y Víctor Manuel Trejo Castañeda únicamente en la parte concerniente a la entrevista del quejoso, la puesta a disposición, informe y sus ratificaciones. En ese contexto, hizo una relación de las veintiséis medios de convicción que conformaban el acervo probatorio que subsistieron en la causa penal 218/2003. Por lo tanto, hizo un estudio de los medios de pruebas consistentes en lo señalado por el policía Rubén Mendoza Jacom y los policías remitentes Eduardo González Rosano y Víctor Manuel Trejo Castañeda, excluyendo lo respectivo a la entrevista al quejoso. En consecuencia, al haber hecho una valoración de los medios de convicción, tuvo por no acreditado la probable responsabilidad penal de Pedro Montiel Hernández en la comisión de los delitos de 1) homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de Jorge González Villamares y 2) homicidio en grado de tentativa en agravio de Clementina González Torres y absolvió al aquí quejoso de la acusación formulada por la representación social en su contra, por ende, ordenó su inmediata y absoluta libertad únicamente por cuanto hace a la causa penal 218/2003. Por cuanto a los actos de ejecución, el Juzgado Décimo Noveno Penal de esta ciudad ordenó girar los oficios necesarios para la excarcelación de Pedro Montiel Hernández y por lo que respecta al Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, se advierte que el ocho de agosto de dos mil dieciocho, el quejoso fue puesto en libertad. En consecuencia, el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO, SIN QUE EXISTA EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. En esas condiciones, conforme lo previene el numeral 196, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, procede archivar el presente juicio como concluido. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años; una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal. Ahora, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales.

  4. Incidental

    MESA V Visto el estado procesal de los presentes autos y tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, segundo párrafo del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional; además, a juicio de este órgano jurisdiccional no tiene relevancia documental para su conservación. Tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción II y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.

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