Pedro Martínez Agustín

Expediente 264/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
264/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
22/04/2019

Partes del expediente

  • Pedro Martínez Agustín

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de uno de abril pasado, que desechó demanda de amparo sin que lo hubiere hecho. Por tanto... se declara que dicho auto ha causado estado. En ese tenor... se ordena archivar el presente asunto como concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto vigésimo primero, capítulo quinto del referido acuerdo, habida cuenta que se trata de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo; además de que a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación... háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el aludido sumario al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA II. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA PERSONALMENTE POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE UNO DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Militar de Control Adscrito a la Primera Región Militar y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, se provee: RADICACIÓN... fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 264/2019-II-A. DESECHAMIENTO Del escrito de cuenta, se desprende que el peticionario de amparo señala como acto reclamado la orden de aprehensión y su ejecución. Acto que atribuye entre otras autoridades al Juez Primero Militar de Control Adscrito a la Primera Región Militar. Así mismo, en los antecedentes del acto reclamado el citado quejoso, manifestó: "Que el día 4 de marzo de 2019, encontrándome en mi domicilio se presentaron dos sujetos desconocidos que dijeron ser agentes de la Fiscalía General de Justicia Militar y que me requerían para tratar un asunto legal ante el Juez Primero Militar de Control Adscrito a la Primera Región Militar y Juez Segundo Militar de Control Adscrito a la Primera Región Militar, sin mostrar documento alguno que justificara su actuar, por lo que me vi en la necesidad de cerrar la puerta principal de acceso a mi domicilio." Sobre esa base, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de la Materia, que dispone:... El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890 que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE..." Sobre esa base, se advierte que en torno a la orden de aprehensión y su ejecución reclamada en el presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que establece:... La causa de inejercicio que nos ocupa, prevé la improcedencia por consentimiento tácito de los actos reclamados, traducida en la promoción extemporánea de la demanda de amparo. La porción normativa antes transcrita tiene su explicación y fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, pero a pesar de ello deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción y; e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, en virtud de que la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Ahora, a efecto de evidenciar la existencia de la causa de inejercicio invocada, es de vital importancia traer a contexto lo consagrado en los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Por la importancia que reviste, cabe destacar que el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días que prevé el numeral 17 del cuerpo normativo en cita, para la interposición del juicio de amparo, esto es, a partir del día siguiente: a) A que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) A que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente a que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por las razones que contiene es aplicable la tesis aislada I.13o.A.36 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Materia Común, página 1394, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, NO DEPENDE DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, SINO DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE ÉL..." En vinculación directa con lo anterior, este Juzgado de Distrito estima pertinente destacar que el acto reclamado no se encuentra comprendido en el caso de excepción que prevé la fracción IV, del artículo 17, de la Ley de Amparo antes transcrita, que autoriza la promoción del juicio de amparo en cualquier tiempo. Lo anterior es así, ya que la parte quejosa atribuye la orden de aprehensión reclamada entre otras autoridades al Juez Primero y Segundo Militar de Control Adscritos a la Primera Región Militar; por tanto, es evidente que el acto reclamado no es un acto fuera de procedimiento, por lo que resulta inconcuso que en el presente caso se actualiza la segunda de las hipótesis mencionadas en párrafos precedentes ya que el impetrante manifiesta que tuvo conocimiento el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, data en la que fue buscado en su domicilio. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J.2796, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 57, Tomo III, Junio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 200094, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO...." De ahí que respecto a la orden de aprehensión y ejecución reclamadas, por exclusión obliga a la promoción del juicio de amparo en el plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17, de la ley de la materia. Ahora, a efecto de evidenciar la extemporaneidad de la demanda de amparo respecto al acto controvertido, conviene reproducir el siguiente cuadro: Acto reclamado: Orden de aprehensión y su ejecución. Fecha de conocimiento: 04 de marzo de 2019. Fecha a partir de la cual corre el término por conocimiento del acto: 05 de marzo de 2019. Término de quince días para la presentación de la demanda de amparo: Del 05 al 27 de marzo de 2019. Sin contar los días 9, 10, 16, 17, 18, 23 y 24 de marzo de 2019, por ser inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de amparo. Así como el pasado 21 de marzo, de conformidad con el artículo 74, fracción III de la Ley Federal del Trabajo. Bajo esa tesitura, es inconcuso que tal acto reclamado fue consentido tácitamente, ya que la demanda de amparo se recibió en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, el uno de abril de dos mil diecinueve, esto es, cuando el plazo de quince días concedido por el artículo 17 de la Ley de Amparo, había transcurrido en exceso, dado que el último día que tenía el quejoso para presentarla era el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. En consecuencia, se materializa la causal de improcedencia aquí analizada. Por las razones jurídicas que cita se invoca la tesis I.5o.T.166 L, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1999, Tomo X, Materia Laboral, localizable en la página 706, que expresa: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. DESECHAMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD. ES CORRECTO, DADO EL RECONOCIMIENTO DE LA FECHA DEL ACTO RECLAMADO, EN RELACIÓN CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE GARANTÍAS, AUNQUE SE HAYAN RECLAMADO ACTOS DIVERSOS Y POSTERIORES..." Con motivo de las razones expuestas en la presente determinación, con fundamento en los diversos 112 y 113, de la ley de la materia, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa el indicado en su escrito de demanda. Se tiene como como autorizado a Felipe Vicente Trejo Corona, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al haber sido localizado el registro de su cédula profesional en el Sistema descrito en la certificación secretarial. Y se tiene únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Ana Bertha Sánchez Tello, por no contar con el registro de su cédula profesional en el citado Sistema; así como a Víctor Trejo Sánchez para los mismos efectos. Lo anterior, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o Abogado, para lo cual deberán registrarse en el sistema computarizado antes señalado, en términos de lo dispuesto en los artículos 261 y 236, del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales...

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