Pedro Mendoza Becerril
Expediente 546/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 546/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Pedro Mendoza Becerril
Actuaciones
- Principal
MESA I.- SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la ley de la materia, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de cuatro de los cursantes, que desechó la demanda de amparo. Por tanto... se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En vista de lo anterior... se ordena archivar el presente asunto como concluido... este expediente es susceptible de destrucción. Se llega a esa conclusión, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, del referido acuerdo, habida cuenta que se trata de un asunto en que se desechó la demanda de amparo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Ahora, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA I. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, LA RESOLUCIÓN O AUTO DE CUATRO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MESA.I. Visto el escrito de demanda de amparo presentado por Pedro Mendoza Becerril, contra actos del Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación número Tres de la Tercera Agencia de Procesos de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112, de la Ley de Amparo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 546/2017-I-A. DESECHAMIENTO Antes de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de la Materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Sobre esa base, se advierte que en torno al acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "[.] "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos..." La causa de inejercicio que nos ocupa, prevé la improcedencia por consentimiento tácito del acto reclamado, traducida en la promoción extemporánea de la demanda de amparo. La porción normativa antes transcrita tiene su explicación y fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, pero a pesar de ello deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto reclamado; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción y; e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, en virtud de que la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Ahora, a efecto de evidenciar la existencia de la causa de inejercicio invocada, es de vital importancia traer a contexto lo consagrado en los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Por la importancia que reviste, cabe destacar que el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días que prevé el numeral 17, del cuerpo normativo en cita, para la interposición del juicio de amparo, esto es, a partir del día siguiente: a) A que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) A que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente a que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por las razones que contiene es aplicable la tesis aislada I.13o.A.36 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Materia Común, página 1394, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, NO DEPENDE DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, SINO DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE ÉL. El artículo 21 de la Ley de Amparo, no señala como criterio para determinar el inicio del cómputo para la presentación de la demanda, el relativo a los efectos del acto reclamado, sino, entre otros, el día siguiente al en que se tuvo conocimiento de él; esto es, el momento en el que un acto surte efectos no es relevante para la temporalidad del juicio de garantías, sino únicamente el acto que los produce, tan es así, que el propio artículo se refiere a la resolución o el acuerdo reclamados, y no a sus efectos, los cuales pueden válidamente ser instantáneos o prolongarse en el tiempo. En este sentido, cobra aplicación el principio general consistente en que donde la ley no distingue, el intérprete no debe hacerlo, por lo que si el citado artículo no distingue entre actos cuyos efectos se realizan en forma instantánea y actos de tracto sucesivo, cuyos efectos se prolongan en el tiempo, es inconcuso que no debe atenderse a dicho criterio diferenciador para determinar el inicio del cómputo legal de quince días." En vinculación directa con lo anterior, este Juzgado de Distrito estima pertinente destacar que el acto reclamado no se encuentra comprendido en el caso de excepción que prevé la fracción IV, del artículo 17, de la Ley de Amparo antes transcrita, que autoriza la promoción del juicio de amparo en cualquier tiempo, en razón de que fue emitido dentro del procedimiento penal. Al respecto, no debemos olvidar que a raíz de la reforma de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el tres de abril de esa anualidad, se limitó la procedencia del juicio de amparo en cualquier tiempo siempre que se trate de actos fuera de procedimiento. En ese tenor es preciso mencionar que el procedimiento penal inicia con la investigación ministerial que comprende las diligencias necesarias para que el ministerio público resuelva si ejerce acción penal; el de preinstrucción, donde se desarrollan las actuaciones para determinar los hechos materia del proceso, su clasificación conforme al tipo penal y la probable responsabilidad del inculpado o la libertad de aquél por falta de elementos para procesar, además de las fases de instrucción, juicio, segunda instancia y de ejecución. En efecto, del escrito inicial de demanda se advierte que bajo protesta de decir verdad el quejoso manifestó que conoció del acto reclamado el nueve de marzo de dos mil diecisiete, por lo que resulta inconcuso que en el presente caso se actualiza la segunda de las hipótesis mencionada en párrafos precedentes ya que el impetrante manifiesta que tuvo conocimiento del acto reclamado el nueve de marzo de dos mil diecisiete. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J.2796, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 57, Tomo III, Junio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 200094, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Aspecto que por exclusión obliga a la promoción del juicio de amparo en el plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, por tratarse de actos emitidos dentro de procedimiento. Ahora, a efecto de evidenciar la extemporaneidad de la demanda de amparo respecto a los actos controvertidos, conviene reproducir el siguiente cuadro: Actos reclamados Fecha de conocimiento. Fecha en que surtió efectos la notificación (artículo 57 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal). Término de quince días para la presentación de la demanda de amparo. Fecha de presentación de la demanda de amparo. 1. Aprehensión, Detención o Presentación. 9 de marzo de 2017. 10 de marzo de 2017. Del 13 de marzo al 04 de abril de 2017. Sin contar los días 18, 19, 25 y 26 de marzo, 1 y 2 de abril por ser sábados y domingos; así como los días 20 y 21 de marzo por ser inhábiles de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de Ley de Amparo. 4 de julio de 2017. Bajo esa tesitura, es inconcuso que tal acto reclamado fue consentido tácitamente, ya que la demanda de amparo se recibió en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, el cuatro del actual, esto es, cuando el plazo de quince días concedido por el artículo 17 de la Ley de Amparo, había transcurrido en exceso. En consecuencia, se materializa la causal de improcedencia aquí analizada. Por las razones jurídicas que cita se invoca la tesis I.5o.T.166 L, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1999, Tomo X, Materia Laboral, localizable en la página 706, que expresa: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. DESECHAMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD. ES CORRECTO, DADO EL RECONOCIMIENTO DE LA FECHA DEL ACTO RECLAMADO, EN RELACIÓN CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE GARANTÍAS, AUNQUE SE HAYAN RECLAMADO ACTOS DIVERSOS Y POSTERIORES. Si el propio quejoso reconoce haber tenido noticia del acto reclamado en determinada fecha, y ante esa situación el Juez de Distrito estima que el amparo fue presentado fuera de tiempo, tal consideración es correcta, no obstante que el impetrante aludiera además a actos diversos y posteriores, ya que no existe razón para alterar lo decidido, tomando en cuenta que la demanda es desechada en su totalidad y, por su carácter indivisible, no es dable ordenar su aceptación parcial." En consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, con fundamento en los diversos 112 y 113, de ese propio ordenamiento legal, se desecha por notoriamente improcedente la demanda que se atiende. NOTIFICACIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN En términos del numeral 5°, fracción IV, de la misma normatividad, se ordenar notificar el presente proveído y correr traslado con copia autorizada del escrito de demanda, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte impetrante el que señala en su escrito de demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 del citado ordenamiento legal, a Roberto Ramírez Guzmán, en virtud que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema descrito en la certificación secretarial, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que refiere, en virtud de que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema descrito en la certificación secretarial. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario supervise que se incorporen al expediente electrónico, todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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