Pedro Miguel Romero López

Expediente 1385/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 21 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1385/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Pedro Miguel Romero López
  • Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "1" dependiente del Servicio de Administración Tributaria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Audiencia y resolución Constitucional En Hermosillo, Sonora, a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido del secretario Jesús Emmanuel Trejo Michel, con quien actúa, declara abierta la presente audiencia conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de radicación, de admisión, constancias de emplazamiento a juicio de las partes, informes justificados, rendidos por las autoridades responsables y un escrito con anexos presentado por la parte quejosa registrado con folio 18540; a lo que el juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Revisado el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que en auto admisorio, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualizaba alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que se reitera la inexistencia de tercero interesado en el asunto. Ampliación de demanda. Ahora, en relación con el escrito de ampliación de demanda de amparo promovida por la parte quejosa, el mismo no impide la celebración de la presente audiencia en virtud de que el acto que reclama no guarda una estrecha relación con los diversos aquí reclamados y por ende, válidamente puede substanciarse en un procedimiento diverso e independiente. En efecto, de dicho escrito se desprende que el impetrante amplía su demanda de amparo, respecto de nuevo acto reclamado, al respecto el ordinal 111 de la Ley de Amparo establece. "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." Ahora bien, en atención a lo expuesto en párrafos que anteceden y de la etapa procesal de autos, no puede válidamente estimarse que lo reclamado en el escrito que se atiende guarde vinculación estrecha con el acto combatido en este sumario; en virtud de que el oficio que reclama comunica la determinación tomada en procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, el cual otorga el derecho de audiencia y defensa a los contribuyentes que hayan expedido comprobantes que presuntivamente amparan operaciones inexistentes. Lo cual, tiene como consecuencia que la autoridad estime que los comprobantes expedidos afectos a la citada presunción, carezcan de efectos fiscales. Lo que guarda congruencia con lo manifestado por la autoridad que señala como responsable al rendir su informe justificado, en el sentido de que no cuenta con facultades para ordenar la restricción o bloqueo de cuentas de los contribuyentes que se encuentran dentro de la lista que refiere el citado numeral de la codificación tributaria. Ilustra lo anterior, las tesis de rubro y texto siguiente. "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cómo debe actuar el Juez de Distrito frente a la ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente y llegaron a determinaciones divergentes, ya que uno sostuvo que el juzgador debe remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que provea lo conducente, mientras que el otro resolvió que en ese caso se debe desechar la ampliación de demanda. Criterio jurídico: Si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, podrá desecharla. Justificación: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, aun antes de que fuera prevista en la Ley de Amparo, que la ampliación de demanda es una figura que atiende a la exigencia del artículo 17 de la Constitución General, el cual reconoce el derecho de acceso a la justicia, que debe ser completa, pronta e imparcial. Bajo ese orden de ideas, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, debe enviarla a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente, ya que sólo puede desecharse una demanda ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla." "PROCEDIMIENTO DE PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. AL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO REGULA, NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA CONTENIDOS EN EL PRECEPTO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. Hechos: La parte quejosa promovió juicio contencioso administrativo federal contra la resolución de presunción de inexistencia de operaciones amparadas en comprobantes fiscales, dictada en el recurso de revocación que confirmó la diversa emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en términos del artículo 69-B, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el primer párrafo de la regla 1.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2019. La Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró su validez y contra esta última sentencia se promovió juicio de amparo directo en el que se reclamó el referido precepto 69-B, al considerar que viola los principios tributarios contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que regula el procedimiento de presunción de inexistencia de operaciones, no se rige bajo los principios tributarios contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justificación: Lo anterior, porque conforme al precepto 69-B reclamado, las autoridades fiscales presumirán la inexistencia de las operaciones que amparan los documentos que emitieron los contribuyentes que no cuenten con activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirecta, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan esos comprobantes o en el supuesto de que esos contribuyentes se encuentren como no localizados; de lo que deriva que no tiene relevancia impositiva, pues es ajeno a la mecánica del tributo y a los elementos esenciales de las contribuciones -a saber, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago-. En ese sentido, el artículo reclamado no se rige por los principios tributarios previstos en el artículo 31, fracción IV, constitucional, en virtud de que no incide directamente en la obligación sustantiva de contribuir al gasto público, sino que sólo establece el mecanismo para determinar, presuntivamente, la inexistencia de las operaciones que están amparadas en determinadas facturas, lo cual constituye un procedimiento o medida de la autoridad hacendaria para combatir el tráfico de comprobantes fiscales." En consecuencia, remítase el escrito de ampliación de demanda interpuesta de manera electrónica, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, a efecto de que lo turne a quien corresponda, y se le dé el trámite respectivo. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las aludidas probanzas. Cerrada la etapa probatoria y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que la parte quejosa los formuló. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo se tienen por reproducidas las manifestaciones realizadas por la citada parte, las que serán atendidas en el momento procesal oportuno y por perdido el derecho de las demás partes para expresarlos; se cierra esta fase y al no existir diligencia pendiente que desahogar, se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ******************** A-II; y, I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Presentación de la demanda. Mediante escrito de demanda recibido el seis de septiembre de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora y remitido por razón de turno a este órgano jurisdiccional al día hábil siguiente; Pedro Miguel Romero López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos atribuidos a la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "1" dependiente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y de otras autoridades. Admisión. El ocho siguiente, este juzgado Federal admitió a trámite la demanda, solicitó informe justificado a las autoridades responsables; dio a la representación social de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete y señaló fecha y hora para verificativo de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo lugar en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, primer párrafo, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que uno de los actos reclamados tiene ejecución en diverso distrito, en tanto el diverso se actualiza dentro de la circunscripción territorial en la que este resolutor ejerce jurisdicción, al localizarse en esta ciudad el domicilio que el quejoso señaló en el escrito inicial como suyo. Ello se robustece, atendiendo al principio de continencia de la causa y al derecho de acceso a la justicia consagrado en el numeral 17 de la Carta Magna, que permite apreciar de manera destacada la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante los órganos jurisdiccionales con competencia en este Distrito, lo que permite presumir que éstos son los de más fácil acceso material para dicho justiciable. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados a las autoridades; Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "1", Administración Central de Fiscalización Estratégica, Administración General de Auditoría Fiscal Federal, todas dependiente del Servicio de Administración Tributaria, titular del referido órgano desconcentrado y la institución financiera Banco Mercantil Del Norte, Sociedad Anónima, Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, los siguientes: El bloqueo, aseguramiento y/o embargo y/o inmovilización de la cuenta bancaria 0499827681 aperturada en la institución Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. La prohibición de aperturar nueva cuenta bancaria con las instituciones del sistema financiero mexicano ordenada por las autoridades responsables. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el apartado que antecede, toda vez que al rendir sus informes lo negaron. En relación con lo determinado, la institución bancaria responsable además de la inexistencia, al rendir su informe de ley comunicó que la cuenta del quejoso, había sido cancelada desde el año dos mil veintiuno, por lo que si bien, de lo anterior y lo manifestado bajo protesta de decir verdad por el impetrante en su escrito inicial de demanda relativo al acto precisado bajo inciso a) del apartado que antecede, pudiese concluirse que el mismo es improcedente en virtud de la diversa causa establecida en el artículo 61, fracción XIV de la ley de la materia, es indudable que debe analizarse la existencia de los actos reclamados de manera preferente a ella. Es aplicable por analogía la tesis jurisprudencial 2a./J. 13/2022 (11a.), sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que es del tenor literal siguiente: "INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE SOBRE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL DIVERSO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5, FRACCIÓN II, DE LA MISMA LEGISLACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron qué causal de sobreseimiento es de estudio preferente, si la relativa a la inexistencia del acto reclamado prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, o la contenida en el mismo precepto, pero en la fracción V, con relación a los diversos 61, fracción XXIII, 1 y 5, fracción II, de la citada legislación, referente al carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Así, uno de ellos concluyó que en caso de acreditarse la inexistencia del acto reclamado, debe proceder el sobreseimiento del juicio sin analizar si asiste o no la calidad de responsable a la autoridad señalada como tal, mientras que los otros órganos jurisdiccionales indicaron que debe privilegiarse el estudio de tal calidad, sobre la existencia del acto reclamado. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que cuando se resuelve el juicio en audiencia constitucional, es de estudio preferente la causal de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, relativa a la inexistencia del acto reclamado, sobre la diversa causa de improcedencia contenida en la fracción V del mismo precepto, con relación a los diversos 61, fracción XXIII y 5, fracción II, de la misma ley, referente a si le asiste el carácter de responsable a la autoridad señalada como tal para efectos del juicio de amparo. Justificación: Conforme a los artículos 5, fracción II, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, para determinar si a una autoridad le asiste el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo, debe analizarse la relación existente entre ella y el quejoso en función del acto que se le atribuye, de manera que si no existe el acto reclamado, no podrá realizarse dicho examen, puesto que la afirmación del promovente realizada en la demanda sobre su existencia, fue desvirtuada durante la tramitación del sumario. Por ende, la existencia del acto reclamado es una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento permite estudiar las causales de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia, por lo que al dictar sentencia debe privilegiarse el análisis de la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, pues sólo en caso de acreditarse la existencia del acto reclamado, se podrá emprender el análisis de las causales de improcedencia, entre ellas, la relativa a si le asiste el carácter de responsable a la autoridad señalada como tal, con base en las constancias procesales que obren en autos." (No. de Registro: 2024448, Undécima Época, Instancia: Segunda Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, página 1630). Aunado a lo anterior, la parte quejosa no aportó pruebas que corroboraran las aseveraciones planteadas en su demanda de amparo, ni desvirtuaran la negativa que se desprende de las manifestaciones realizadas por las autoridades responsables; lo que ineludiblemente lleva a concluir la inexistencia de los referidos actos reclamados. En consecuencia, es inconcuso que en los actos que se analizan se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Encuentra apoyo lo antes citado en la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo epígrafe y texto versan de la siguiente manera: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." (No. de Registro: 187728, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002, página 903). Finalmente son inatendibles los alegatos formulados por la parte quejosa, dado que dichas manifestaciones no forman parte de la litis Constitucional, sin que ello implique transgresión a derecho procesal alguno. Tiene aplicación sobre el particular, la jurisprudencia P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." (No. de Registro: 205449, Octava Época, Instancia: Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 80, Agosto de 1994, página 14). Decisión. En las relatadas condiciones, al ser inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables señalados en el apartado III de esta resolución, procede sobreseer en el biinstancial, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: Resuelve. Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Pedro Miguel Romero López, respecto de los actos precisados en el apartado III, por las razones expuestas en el diverso IV de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno******************** de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte la imposibilidad para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional programada para esta fecha, toda vez que se encuentra pendiente que transcurra el término previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que la partes se impongan del contenido del informe agregado el pasado nueve********************. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional programada para esta data y se fijan las doce horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve******************** de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Audiencia y resolución incidental En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cuarenta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado con quien actúa y da fe, celebran la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia. El secretario hace una relación de todas y cada una de las actuaciones que obran en los presentes autos y da cuenta con copia del escrito inicial de demanda. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas. El secretario hace constar que la parte quejosa ofreció las documentales que anexó a su escrito de demanda. El juez acuerda: con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa y, tómense en cuenta en la presente audiencia incidental. Finalmente, se tiene por perdido el derecho de las demás partes para ofrecer medios de prueba. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos. El secretario da cuenta con los formulados por la parte quejosa. El juez acuerda: se tienen por formulados los alegatos por dicha parte con fundamento en el artículo 144 de la ley de la materia. Cerrado el período de alegatos, se da por concluida la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1385/2023; y, R e s u l t a n d o s : I. Antecedentes A petición de Pedro Miguel Romero López, por acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, se ordenó tramitar el presente incidente de suspensión; se solicitó a las responsables informe previo, se resolvió sobre la suspensión provisional y se fijó fecha y hora para la audiencia incidental, la cual, previos diferimientos, dio inicio a las nueve horas con cuarenta minutos de hoy, y culmina con la resolución interlocutoria que se emite al tenor de los siguientes C o n s i d e r a n d o s : II. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. III. Precisión de los actos reclamados En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, substancialmente se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en el bloqueo de la cuenta bancaria aperturada a su nombre con número 0499827681 de la institución bancaria Banorte y/o Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero Banorte. IV. Inexistencia del acto reclamado No es cierto el acto reclamado a las siguientes autoridades, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe previo. Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte; Subadministrador de Amparo e Instancias Judiciales adscrito a la Administración de Amparo e Instancias Judiciales "2", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en representación del jefe del Servicio de Administración Tributaria, de la administradora general de la Auditoría Fiscal Federal, y del administrador Central de Fiscalización Estratégica, con residencia en la Ciudad de México; y, Administrador desconcentrado de Auditoría Fiscal de Baja California "1", con residencia en Mexicali. De ahí que, sin prueba en contrario que desvirtúe dichas negativas, se niega la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, por lo que hace a la autoridad precisada; de ahí que prevalezca la negativa de la responsable y deba negarse la suspensión definitiva. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Asimismo, se invoca la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "INFORME PREVIO, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN SI NO SE DESVIRTÚA LA NEGATIVA DEL ACTO, EN EL. Si no se desvirtúa la negativa de la autoridad responsable, contenida en su informe previo, es claro que tal negativa queda firme, y por consecuencia, se estará frente a actos que no existen, por lo que debe concluirse que es improcedente conceder el beneficio de suspensión, contra actos de esa naturaleza." Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 124, 131, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Pedro Miguel Romero López, contra el acto que reclama a las autoridades que precisadas quedaron en el considerando IV, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado presentado por el Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Baja California "1", con sede en Mexicali, dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba presuncional en su doble aspecto legal y humano, sin perjuicio de relacionarla durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Delegados y domicilio. Téngase como delegados a las personas mencionadas y como domicilio el señalado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Correo electrónico. Por último, en términos del numeral 257, fracción I, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la citada autoridad indica correos electrónicos para entablar comunicación no procesal. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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