Pedro Macías Rodríguez

Expediente 1478/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1478/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • Pedro Macías Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de abril de dos mil veintidós. I. Análisis de constancias. Visto lo de cuenta, se procede a calificar el cumplimiento dado a la resolución constitucional conforme el estado procesal que guarda el presente asunto. II. Efectos de la concesión del amparo. En el presente asunto, se advierte que en la sentencia de amparo dictada se sobreseyó por una parte, y en otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitado por el quejoso, para el efecto de que la junta responsable y su actuario notificador adscrito, realizaran en el ámbito de sus atribuciones, las gestiones necesarias para lograr el emplazamiento de la parte demandada al juicio laboral 4142/2019, de su índice. III. Causa ejecutoria. El tres de marzo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de amparo, por lo que se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. IV. Seguimiento de las gestiones del cumplimiento. Seguida la secuela procesal de cumplimiento, mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós, se recibió el oficio y anexo remitido por el presidente de la junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, del cual se desprende que remitió copia certificada del proveído de siete de marzo del año en curso, en el cual se ordenó notificar personalmente a la parte actora, a fin de que proporcionara diverso domicilio de la parte demandada, a fin de emplazarla al juicio laboral 4142/2019, de su índice; con lo anterior, se advierte que las autoridades responsables realizaron las gestiones necesarias para lograr el emplazamiento de la parte demandada. V. Vista cumplimiento. El treinta y uno de marzo del año en curso, se le notificó al quejoso por conducto de su autorizado legal, el proveído de veintidós del referido mes y año, para que manifestara lo que a su interés conviniere, sin que transcurrido el plazo otorgado haya hecho manifestación alguna. VI. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina que se cumplimentaron los efectos de la sentencia concesoria, por lo que se declara que dicha resolución ha quedado cumplida sin exceso, ni defecto. VII. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. VIII. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales exhibidos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generado por los órganos jurisdiccionales, dichos instrumentos serán glosados y correrán la misma suerte del presente expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Informe de cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexo mediante el cual el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Vista de cumplimiento. Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior al quejoso para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibido que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional se pronunciará al respecto, con base en los elementos existentes en autos y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, tres de marzo de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso quien es el facultado para hacerlo interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se sobreseyó por una parte y concedió por otra, el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se requiere cumplimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informen el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo, o bien, los actos realizados para ese efecto; en el entendido que los efectos de la sentencia concesoria fue para que efectúe lo siguiente: "realicen, en el ámbito sus atribuciones, las gestiones necesarias para lograr el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral ********************." Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 258 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al tribunal colegiado en turno, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Juicio de amparo 1478/2021 Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con cuarenta y ocho minutos del diez de febrero de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, ante la presencia judicial de Fernando Alcázar Martínez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de José Enrique Ayala García, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes ni representante legítimo de ellas. Abierta la audiencia, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de radicación, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con los informes justificados rendidos por las responsables. Por otra parte, del estado de autos se advierte que en el proveído de radicación se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta al juez con las documentales ofertadas por las autoridades responsables al rendir su informe con justificación. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su naturaleza las aludidas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1478/2021; y, RESULTANDO: Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, remitida por razón de turno al día siguiente hábil a este juzgado, Pedro Macías Rodríguez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad. Mediante proveído de siete de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: CONSIDERANDO: Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto de reclamo emana de autoridades con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: La omisión de fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley, dentro del juicio laboral 4142/2019. La omisión de realizar los actos tendentes al emplazamiento de la parte demandada, en el expediente laboral citado. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la junta laboral y actuario adscrito, toda vez que al rendir su informe con justificación admitieron la existencia de los actos reclamados, lo que se corrobora con las constancias que remitieron en apoyo, de las que se advierte la existencia de los actos impugnados. Causa de improcedencia actualizada En la especie se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente y de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado identificado con el inciso a) del considerando II, consistente en la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley, dentro del juicio laboral 4142/2019. Esta causa de improcedencia, se encontraba establecida en los mismos términos en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada y fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a/J. 59/99, en el sentido de que la hipótesis de improcedencia ahí contenida se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado se destruyen en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelven al estado anterior de la violación de garantías, como si el acto no hubiese irrumpido en la esfera jurídica del quejoso o, en su defecto, no dejó huella alguna. De igual modo, el Máximo Tribunal del País sostuvo el criterio de que la cesación de efectos del acto reclamado, puede suscitarse por haberse sustituido procesalmente por otro, que puede darse con motivo de un medio ordinario de defensa o de autocontrol, sea vertical u horizontal, que se traduce en la acción de una autoridad como facultad legal para modificar, confirmar o revocar la resolución reclamada, de modo que la resolución recaída a la impugnación sustituye al acto recurrido. En ese orden de ideas, de manera genérica la cesación de efectos consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto. Por ende, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, es factible considerar que la cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto (revocación( se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, de manera tal que los efectos de éste, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni lo surtirá, y que tampoco dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. El segundo supuesto (sustitución( se presenta por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. En el caso a estudio, se actualiza la segunda de las hipótesis antes reseñadas -sustitución-, pues el peticionario de amparo combate la falta de señalamiento de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley, dentro del juicio laboral 4142/2019, la cual ha cesado en sus efectos, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la que le dio motivo. En efecto, la parte quejosa combate el citado acto al considerar que la falta de señalar fecha para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo resultaba violatoria del artículo 17 constitucional, sin embargo, de las constancias que en copia certificada adjuntó el presidente de la junta labora de esta ciudad, se advierte que mediante proveído de once de enero de dos mil veintidós, la junta responsable regularizó el procedimiento y señaló como nueva fecha para el desahogo de la audiencia bifásica el cuatro de febrero de dos mil veintidós, circunstancia que ordenó hacer del conocimiento de las partes. Consecuentemente, al haberse señalado una nueva fecha; es incuestionable que durante la tramitación del presente juicio de amparo, cesó en sus efectos el acto impugnado, pues se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo. Por ende, ello constituye la cesación de sus efectos, al haber sido sustituida la data para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, por una diversa, dentro del juicio natural, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, en vía de consecuencia, el sobreseimiento de este juicio de derechos. Sirve de apoyo, por las razones que la contienen, la tesis V.5o.1 K, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia publicada en la página 198, Tomo XI-Marzo, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que expresa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas.". De igual forma cobra vigencia sobre el particular la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 15, Tomo 55, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, en principio debe estimarse que esos efectos han cesado cuando las autoridades responsables comunican al Juez de Distrito que han dejado sin efecto los actos reclamados y han mandado archivar el asunto como totalmente concluido, aunque no le hayan hecho al quejoso ninguna comunicación al respecto, pues aunque sería de desearse que lo hicieran no podría decirse que conforme al precepto indicado los efectos del acto no cesen sino hasta el momento en que se comunique tal cosa al afectado. Es cierto que para sobreseerse el amparo, es menester que se conozca ciertamente la resolución que dejó sin efectos el acto, pero para ello es bastante que se le comunique oficialmente al Juez. Sería contrario a los fines de una expedita administración de justicia entrar al fondo de los negocios, en situaciones como la apuntada. Y, en todo caso, el quejoso puede obtener constancia de la cesación de efectos del acto reclamado, ya solicitando copias certificadas de las constancias pertinentes del juicio de amparo, o ya solicitándolas de las propias autoridades. Y la negligencia de éstas en lo relativo a notificar al quejoso la nueva resolución que dejó sin efectos la reclamada, no puede justificar que se entre al fondo del estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. A más de que, cuando las autoridades afirman categóricamente que han archivado el asunto como concluido, resultaría difícil entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, para decidir si se debe conceder la protección federal o no, pues en esta última hipótesis se crearía una situación legal extremadamente confusa. Y sólo podría justificarse el estudio del fondo del negocio, cuando los términos del informe justificado fueran ambiguos en forma tal, que no pudiera saberse el alcance de la cesación de los efectos del acto reclamado.". Así, al haber cesado los efectos del acto impugnado, es obvio que debe declararse improcedente el juicio de amparo y decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el arábigo 61, fracción XXI de la referida ley, por el acto reclamado consistente en la falta de señalamiento de fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley, dentro del juicio laboral 4142/2019. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, de la época y fuente en consulta, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Consideraciones jurídicas Toda vez que las partes no hicieron valer causa de improcedencia, y respecto del acto reclamado indicado en el inciso b), en el considerando II, consistente en la omisión de realizar los actos tendentes al emplazamiento de la parte demandada, en el expediente laboral 4142/2019, este juzgador de oficio no advierte que en el caso se actualice alguna, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. La parte quejosa aduce esencialmente en el único concepto de violación relacionado con el acto que se estudia, que éste transgrede sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, contenidos en el artículo 17 constitucional, en virtud de que las responsables no han llevado a cabo el emplazamiento de la parte demandada, lo cual entorpece el desarrollo de la controversia laboral. Ese concepto de violación es fundado, toda vez que el actuario no ha realizado los actos necesarios a fin de lograr el emplazamiento de la parte demandada, lo que pone de relieve el retraso injustificado al procedimiento. En efecto, el artículo 17 constitucional, consagra a favor de los gobernados de derecho de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla los principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Con base en las directrices del artículo 17 constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral faltará al derecho de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta la obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia de tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. La naturaleza expedita de este derecho se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por su parte, los artículos 685, 686, 771 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, establecen, entre otras cosas, que el proceso laboral se rige por los principios de economía, concentración y sencillez, es decir, debe ser dinámico, tan es así, que el propio código obrero impone la obligación a la autoridad laboral de substanciar el procedimiento dentro de los plazos que en él se señalan; que los presidentes de las juntas y los auxiliares, deben cuidar bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos. Asimismo, se advierte que una vez radicada la demanda laboral, la junta debe señalar fecha para la celebración de la audiencia de ley dentro de los quince días siguientes, por lo que el emplazamiento de las partes deberá llevarse a cabo, cuando menos con diez días de anticipación a la fecha señalada para tal efecto. Por tanto, la autoridad responsable por conducto de su actuario notificador adscrito deberá realizar el emplazamiento de las partes, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a que se dicte el auto de radicación, pues de lo contrario, no mediará el plazo de diez días que asiste a las partes para tener conocimiento pleno de la demanda, previo a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Ahora, en el caso, de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias aportadas por las responsables, se desprende que: El veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, la parte quejosa entabló demanda laboral ante la junta responsable la cual fue radicada bajo el expediente 4142/2019, ordenando el emplazamiento de la parte demandada. Por acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, la responsable señala nueva fecha para la celebración de la audiencia trifásica para el treinta de marzo de dos mil veinte, quedando pendiente emplazar a la parte demandada, evento que hasta la fecha no ha sucedido. Posteriormente, por auto de once de enero de dos mil veintidós, la responsable regularizó el procedimiento, señaló nueva fecha para la celebración de la audiencia de ley, y nuevamente ordenó el emplazamiento de la parte demandada, sin que aparezca probado que se haya llevado a cabo tal encomienda. Lo anterior, pone de manifiesto que el proceder de la responsable, va en contra de los principios rectores del proceso laboral, en virtud de que en la radicación de la demanda y diferimientos subsecuentes, se encomendó el emplazamiento de la parte demandada, sin que se advierta que se hayan hecho oportunamente las gestiones para tal efecto. Habida cuenta que, desde la fecha en que el solicitante presentó la demanda laboral a la del dictado de la presente resolución, han transcurrido más de dos años tres meses, sin que se logre el llamamiento a juicio de la parte demandada. En consecuencia, se concluye que se violenta el derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia previsto en el numeral 17 constitucional, por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada. Finalmente, no se desconoce que los tribunales laborales cuentan con una carga de trabajo excesiva; sin embargo, dicha circunstancia no los exime de la obligación que les impone la ley laboral, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio. Decisión Al haberse actualizado la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado precisado en el inciso a) del considerando II, procede sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. Por otro lado, en cuanto a la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las responsables realicen, en el ámbito de sus atribuciones, las gestiones necesarias para lograr el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral 4142/2019. Respecto de los alcances de la protección federal, se destaca que se limitan a los actos reclamados y a la etapa procesal en la que se sitúan dentro del procedimiento laboral. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido Pedro Macías Rodríguez, respecto del acto reclamado identificado con el inciso a) del considerando II, por las razones expuestas en el considerando IV, del presente fallo. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Pedro Macías Rodríguez, respecto del acto reclamado identificado en el inciso b) del considerando II, por las consideraciones y para los efectos señalados en los apartados V y VI de este fallo. Notifíquese por oficio a las autoridades y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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