Pedro Martínez Vázquez
Expediente 383/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 383/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Pedro Martínez Vázquez
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Declaración de estado. Del estado de autos se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que éste ha causado estado. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Incorporación de oficios. Agréguense a su autos para los efectos legales a que haya lugar los oficios de cuenta enviados por el Juzgado de Ejecución de Sanciones con Jurisdicción en la Primera Región Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, a través de los cuales comunica el estado procesal que guarda la carpeta de ejecución 250/2019 bis, de su índice, asimismo, que ya rindió su informe justificado en el presente asunto. Finalmente, hace del conocimiento que la Sala Regional Victoria del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas, por auto de ocho de octubre de dos mil veinte, admitió a trámite el recurso de apelación que hizo valer la parte quejosa el veintitrés de junio del año en curso en contra del diverso auto de diecinueve de mayo anterior, dictado dentro de la carpeta de ejecución 250/2019 bis, derivada de la carpeta procesal CP/163/2018, mismo proveído que en esta vía se reclama. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, este órgano judicial advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo en vigor, por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, el citado precepto legal establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. (.)." De la transcripción anterior se advierte que, los elementos de la hipótesis contenida en dicha norma son: a) Paralelamente a la promoción del juicio de amparo, debe estar en trámite un recurso o medio ordinario de defensa con el que se pueda obtener la revocación, modificación o nulificación del acto reclamado. b) El recurso o medio de defensa debe ser interpuesto por el propio quejoso; y, c) Tal recurso o medio de defensa debe ser susceptible de modificar o revocar el acto reclamado. De lo anterior, se observa que la causa de improcedencia del juicio de amparo antes señalada no admite la posibilidad de que coexistan el juicio constitucional y los recursos o medios de defensa ordinarios; es decir, que puedan hacerse valer simultáneamente, sólo se permite: I. El ejercicio de una vía, que excluye a la otra; o, II. El ejercicio de ambas vías, pero no simultáneo, sino en todo caso sucesivo, que se actualiza cuando el interesado opta por interponer el recurso o medio de defensa ordinario, por lo cual debe agotar todas las instancias ordinarias subsecuentes y esperar a que éstas sean resueltas en definitiva, para después tener la oportunidad de combatir en la vía constitucional la resolución correspondiente, si tal resolución le fuera desfavorable. En efecto, el acto reclamado consiste en el auto emitido el diecinueve de mayo de dos mil veinte emitido en la carpeta de ejecución 250/2019 Bis, en el cual en esencia, desechó los beneficios penitenciarios de condena condicional y libertad condicionada al no cumplir con los requisitos previstos en el artículo 112 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, solicitados por el sentenciado -aquí quejoso- respectivamente. Ahora, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como del oficio agregado en el presente acuerdo; se advierte que en contra del proveído en comento -acto reclamado-, el aquí quejoso interpuso recurso de apelación el veintitrés de junio del año que transcurre, mismo que fue admitido el ocho de octubre de dos mil veinte por la Sala Regional Victoria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, además, ordenó la notificación del sentenciado -aquí quejoso-. En este sentido, se advierte que se tienen por demostrados los dos primeros elementos precisados; es decir, que se encuentra "tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal y que éste fue propuesto por el quejoso." De igual forma, se colma la exigencia señalada, en el inciso c), relativo a que el recurso o medio de defensa puede ser susceptible de modificar o revocar el acto reclamado, pues a través del citado recurso de apelación, el auto de diecinueve de mayo de dos mil veinte emitido en la carpeta de ejecución 250/2019 Bis -acto aquí reclamado-, en el que se desechó las solicitudes delos beneficios penitenciarios de condena condicional y libertad condicionada, puede ser modificado o revocado, en caso de resolverse a favor del promovente; lo anterior de conformidad con los artículos 359 y 377 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas y los diversos 131, 132 y 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En este sentido, toda vez que el proveído combatido, en el que se desechó la solicitud de los beneficios penitenciarios de condena condicional y libertad condicionada al no cumplir con los requisitos previstos en el artículo 112 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, solicitados por el sentenciado -aquí quejoso- respectivamente, que se pretende combatir en esta vía de amparo, se encuentra sujeto a lo que resuelva la Sala Regional Victoria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas en comento, en el recurso de apelación; es inconcuso que el presente juicio de amparo resulta improcedente. Es aplicable al caso, por las razones que informa, la jurisprudencia P./J. 144/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, Materia Común, Página: 15 y registro 190665, cuyos rubro y testo dice: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Asimismo, resulta aplicable en lo conducente la tesis 1a. XXII/98 de la Primera Sala, visible en la página 61, tomo VII, Junio de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO EN CONTRA DEL ACTO RECLAMADO. HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO SE HAYA ACORDADO SU TRÁMITE. En términos del artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional de garantías es improcedente cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que basta que esté acreditado que se interpuso un recurso ordinario en contra del tal acto para que opere la causal en comento, independientemente de que no se haya admitido, pues lo cierto es que se encuentra pendiente de trámite, máxime si no se demuestra que ha habido desistimiento del mismo. Es decir, aun suponiendo que en el recurso todavía no hubiera sido admitido, por estar pendiente de acuerdo, esto no implica, para efectos del juicio de amparo, que no se esté tramitando, debido a que si bien, en términos procesales, todavía no se le da trámite o se desecha o se tiene por no admitido, esto de ninguna manera trae como consecuencia que deba tenerse por no interpuesto, porque conforme a lo dispuesto en el citado numeral, al hablar de que se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso, se está haciendo referencia a la existencia de un medio de defensa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, independientemente de que se alegue que no ha sido admitido, ya que sigue subsistiendo esa posibilidad." Por tanto, se hace patente que en la especie, sobreviene de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del numeral 61, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo en vigor. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En congruencia, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso en el Centro Federal de Readaptación Social número Once "CPS-SONORA", con sede en esta ciudad, por oficio a la autoridad responsable y tercera interesada y por lista a la fiscal federal adscrita. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Efrén Ibarra Othón, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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