Pedro Medina Lopez

Expediente 1077/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1077/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
09/10/2018

Partes del expediente

  • Pedro Medina Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley, en contra del acuerdo de veinticuatro de septiembre del año en curso, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó de plano la demanda, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. En cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él

  2. Principal

    MESA II. Vista la demanda de amparo promovida por PEDRO MEDINA LOPEZ de nava, COMO ALBACEA DEL JUICIO DE SUCESION TESTAMENTARIA DE Luis Felipe Medina Figueras, contra actos que reclama del Juez Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora bien, del análisis integral de la demanda se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el 107fracción V, interpretado a contrario sensu de la Ley de Amparo, los cuales disponen Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.. Artículo 107. El amparo indirecto procede V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)". Lo anterior es así, toda vez que el promovente señala como acto reclamado el auto de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, dictado por la Juez Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el juicio de sucesión testamentaria de Luis Felipe Medina Figueras, alias Felipe Medina Figueras y Luis Felipe Medina, en el que no se admitió el recurso de revocación intentado contra diverso acuerdo a través del cual se previno al albacea para que designara un perito; todo ello en la sección segunda del referido juicio. Resulta importante señalar que el fin último del juicio sucesorio, es la adjudicación de los bienes de la herencia entre quienes hayan justificado su carácter y derecho hereditario; se compone de cuatro secciones independientes, siendo las tres primeras la de sucesión (comprendida por la declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios y nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios; y la de administración; concluyendo el procedimiento con una sentencia definitiva que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición, la que no comprende la totalidad de actuaciones, sino que cada una de las secciones se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente. Por lo que el juicio finaliza con la sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición, que guarda relación con las tres secciones anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor de los declarados herederos y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente o contra actos dictados en alguna de las secciones que sea de imposible reparación. Por tanto, las aludidas violaciones procesales cometidas en las tres primeras secciones sólo pueden alegarse al impugnar mediante juicio de amparo indirecto la resolución que ponga fin a cada una de dichas secciones, previo agotamiento del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues de alegarse de forma inmediata sin esperar la resolución final de la etapa correspondiente, el amparo indirecto resulta improcedente, con apoyo en el artículo 107, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. En el caso a estudio, la resolución que reclama fue dictada dentro de la segunda sección, misma que aún no concluye, como se advierte del auto reclamado; por tanto, el acto que en esta vía se reclama constituye una violación procesal que debe reclamarse en el amparo indirecto que se promueva contra la sentencia que ponga fin a dicha sección. Asimismo, sustenta lo anterior determinación la tesis jurisprudencial consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: IX, Enero de 1999, página: 789, que dice SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu. Como lo dispone la propia ley, el juicio de amparo contra actos dentro del juicio únicamente procede si tienen como característica una ejecución de imposible reparación; de modo que cuando se trata de un acto procesal dentro del juicio sucesorio, puede impugnarse cuando el quejoso combata la resolución con que concluya la sección correspondiente, siempre que ese acto guarde vinculación con el resultado de esa sección y que lo haya dejado sin defensa y trascendido en el resultado del fallo, conforme a las mismas reglas que establece el artículo 170 de la Ley de Amparo, que regula el juicio de amparo directo; pero que resulta aplicable supletoriamente al amparo indirecto, atendiendo al principio consistente en que donde existe la misma razón, debe regir la misma disposición. Sirve de sustento, la jurisprudencia 244, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, página 164, del texto: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivo o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. También aplicable la diversa tesis aislada 180415, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, página 9, del texto ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la ley citada, se desecha por notoriamente improcedente, la demanda de amparo presentada por PEDRO MEDINA LOPEZ de nava, COMO ALBACEA DEL JUICIO DE SUCESION TESTAMENTARIA DE Luis Felipe Medina Figueras. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo y téngase como autorizados a Emilio Antonio Borges Cú y Mario Alberto Castro Alcocer, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y con las limitaciones a Víctor Santiago Pech Cab, Jorge Alberto Aguilar Canul, Ismael Chuc Matu y Landy Estefanía Lugo González, a quienes también, se les autoriza para la utilización de medios tecnológicos para reproducir las constancias que obran en el presente juicio de garantías, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, estos es para que haga uso de aparatos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos Regístrese la demanda en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano