Pedro Medina Lopez de Nava
Expediente 2311/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2311/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 11/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Pedro Medina Lopez de Nava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el cual acusa recibo del oficio con el cual le fue devuelto el tomo anexo que en su momento acompaño a su informe justificado. De lo que se toma conocimiento para los fines legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia en la que se negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por lo que se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha. Concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará su depuración, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído; y los documentos que, en su momento, se consideren relevantes, situación que se hará constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. Se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, conforme al artículo 15 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De igual manera, se hace notar que el presente asunto, no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto transferible. Finalmente, toda vez que ya que no existe razón legal para que continúe en estos autos el original del toca 1080/2021, consistente en un tomo anexo, que la autoridad responsable, Presidenta de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, adjunto a su informe justificado; en consecuencia, devuélvase a su lugar de procedencia, para los fines legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
En Mérida, Yucatán veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. VISTO para resolver el presente juicio de amparo indirecto 2311/2022-V; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. En demanda de amparo presentada el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, remitida el veintiséis del citado mes y año, a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, al que por turno le correspondió conocer la cual quedó registrada con el número 2311/2022, ********************albacea de la sucesión testamentaria de ********************, también conocido como ******************** y/o ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridad que señaló en su escrito de demanda de amparo. SEGUNDO. Previo requerimiento, por acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de garantías que por turno correspondió conocer; se le solicitó a la responsable su informe con justificación. Se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada, lo cual se hizo en los términos de ley; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; se fijó fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l y 107 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 fracción IV, 37, y 107, de la Ley de Amparo en vigor y 49 de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el 53/2013 y reformado y adicionado por el Acuerdo General 28/2016 del propio Pleno del Consejo citado, pues se reclama un acto de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial donde esta juzgadora federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, es necesario precisar claramente los actos reclamados, con base en el estudio integral de la demanda de garantías, para establecer lo que la quejosa quiso decir y no únicamente los que en apariencia señaló como tal, de acuerdo a lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, de abril de 2004, visible a página 255, cuyo rubro dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De manera que la peticionaria del amparo reclama de la responsable, Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, lo siguiente: - La sentencia de ocho de agosto de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 1080/2021, interpuesta en contra del acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dictado por la Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en autos del juicio de sucesión testamentaria número de expediente 2003/2009, interlocutoria que modificó el auto recurrido. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Presidenta de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclamó. Lo que se corrobora de las constancias que remitió, consistente en el toca de apelación 1080/2021; a las cuales, esta juzgadora les confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo; por tanto, se evidencia la existencia de los actos que se les atribuyen. CUARTO. ESTUDIO DE FONDO. Antes de realizar el estudio correspondiente de los motivos de disenso vertidos por el quejoso, es pertinente aclarar, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4168/2020 determinó, que las juezas y jueces de amparo tienen la facultad para examinar, incluso de manera oficiosa, todas aquéllas cuestiones que puedan afectar, directa o indirectamente, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a pesar de que tales aspectos no formen parte de la Litis y que los menores no sean parte del asunto. Con base en lo anterior, y con motivo de que se encuentra involucrada una menor de edad en este asunto, esta juzgadora federal observará en todo momento lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4168/2020, así como la jurisprudencia por contradicción de tesis 191/2005, de la Primera Sala del citado Alto Tribunal de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 167, de rubro y texto siguientes: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz". Así mismo, no está demás señalar, que acorde al principio de interés superior del menor tutelado por el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos principios básicos son el de proteger que niñas, niños y adolescentes ejerzan sus derechos humanos, lo que implica que las políticas, las acciones y la toma de decisiones relacionadas con ese período de la vida, tienen que darse de tal manera que, en primer término y antes de cualquier otra consideración, se busque el beneficio directo del infante a quien van dirigidas, por tanto, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos deben corresponder a ese interés superior del menor, de modo y manera tales que quien pretenda fundamentar una decisión o medida que involucren a menores de edad, deberá regirse por dicho principio de interés superior del menor. Sirve de orientación, la jurisprudencia con número de Tesis 25/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño"." En consecuencia, cuando existan menores involucrados, las decisiones judiciales deben analizar primordialmente su interés y estar inspiradas en lo que resulte más conveniente para su protección especial, sobre todo que es una clase vulnerable e indefensa, por lo consiguiente, el interés moral y material de los menores debe tener prioridad sobre cualquier otra circunstancia que ocurra en cada caso, incluso de los principios rectores de un procedimiento como el de igualdad de partes. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional". Con base en lo expuesto podemos concluir, que el interés superior del niño es un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los derechos de los menores previstos en el artículo 4º, el cual establece que en cualquier medida que tomen las autoridades jurisdiccionales deben tener en cuenta de forma primordial el interés superior del niño, pues solo de esa forma se garantizará de manera plena sus derechos, aunado al hecho de que las controversias inherentes a la familia se consideran de orden público e interés social, por lo que, de conformidad con el artículo 1º Constitucional, todas las autoridades en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, y con especial cuidado, tratándose de menores de edad, y de temas que involucren cuestiones que pueden afectar su estado emocional y psicológico. Precisado lo anterior, esta juzgadora estima que los conceptos de violación vertidos por el quejoso son infundados por las siguientes razones. En su demanda de amparo el titular de la acción constitucional reclama la sentencia de ocho de agosto de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 1080/2021, en la que se resolvieron los recursos de apelación interpuestos tanto por ********************, en ejercicio de la patria potestad de su menor hija de iniciales ********************., así como por el aquí quejoso, ********************en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria de ********************, también conocido como ******************** y/o ********************, en contra del acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dictado por la Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en autos del juicio de sucesión testamentaria número de expediente 2003/2009, interlocutoria que modificó el auto recurrido. Al emitir el acto reclamado, la Sala responsable consideró primeramente en relación con los agravios del aquí quejoso, lo siguiente: Que eran infundados los agravios expuestos por el albacea de la sucesión, pues de las constancias que obraban en el toca se advertía, que la juez de primera instancia, al albacea ********************le habían realizado diversos requerimientos y apercibimientos para que efectuara el pago completo de la pensión alimenticia por la cantidad de veinticinco mil seiscientos catorce pesos con veintitrés centavos moneda nacional, de forma mensual, que lo anterior significaba un abandono de los deberes del albacea, pues comprometía la salud, seguridad, educación, ratos de recreo, nivel de vida, desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de la menor, pues sólo había depositado mensualmente la suma de ocho mil pesos, moneda nacional, dejando de depositar el saldo por la cantidad de diecisiete mil seiscientos catorce pesos, con veintitrés centavos, moneda nacional. Que con dicho actuar transgredió el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como el numeral 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el citado albacea tiene la obligación de proporcionar los alimentos que permitan desarrollar las condiciones de vida necesarias para el crecimiento de la menor, por lo que el estado debe tomar las medidas necesarias para asegurar el pago de la pensión alimenticia, adoptando las acciones necesarias para hacerla efectiva, por tanto, sí estuvo correcto el requerimiento y apercibimiento efectuado por la juez. Que el porcentaje de los embargos que pesan sobre los bienes inmuebles no son del cien por ciento como equivocadamente señaló el apelante, sino únicamente del cincuenta por ciento de la masa hereditaria, como se advertía en la resolución de doce de junio de dos mil diecinueve, emitida en cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Que en relación con la suma de doscientos treinta y seis mil, novecientos ochenta y cuatro pesos, con noventa y nueve centavos moneda nacional, en concepto de pensiones vencidas, el albacea no podía cubrirla, pues en la rendición de cuentas que presentó en su carácter de albacea, indicó que dicha sucesión no contaba con medios económicos suficientes; que lo anterior no significaba que la sucesión no contaba con ingresos propios para cubrir dicho saldo, pues al determinarse en concepto de pensión alimenticia la cantidad de veinticinco mil seiscientos catorce pesos con veintitrés centavos, moneda nacional, se había considerado la determinación real y objetiva de la capacidad económica de la sucesión de ********************, y/o ******************** y/o ********************, lo que no limitaba el ingreso reportado o declarado en el juicio sucesorio como pretendía el apelante, pues estaba referida a todos los ingresos, como rentas de capital, los ganados inventariados y los bienes inmuebles con los que contaba la sucesión, así como otros medios de trabajo que tenía la mencionada sucesión. Que lo anterior no podía afectar los derechos de la acreedora alimentista, atendiendo al interés superior del menor, conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues dicho principio debía prevalecer en cualquier contienda judicial, en consecuencia, la negativa del albacea de no poder cubrir el saldo de la pensión bajo el pretexto de que, en la rendición de cuentas había externado que la sucesión no contaba con los ingresos para ello, no guardaba relación con los derechos alimentarios, pues dichos derechos y obligaciones correspondían al albacea de la sucesión, en términos del Título Segundo, Capítulo I y V, y en los artículos 1063 y 1104 del Código de Procedimientos Civiles, pues el apelante tendría que promover una acción distinta a la pretendida, para demostrar que dicha sucesión carece de ingresos. Que en relación con la existencia de embargos sobre bienes de la sucesión, que responden a las mensualidades vencidas así como las que vencieran, dicha medida es con motivo de diversas deudas alimentarias contraídas por el albacea, con motivo del incumplimiento de pago de pensión alimenticia por diverso período, por la cantidad de trescientos ochenta y nueve mil, ochocientos veintisiete pesos con setenta y dos centavos, moneda nacional, por tanto, esos embargos no podían comprender la deuda actual por la cantidad de doscientos treinta y seis mil novecientos ochenta y cuatro pesos, con noventa y nueve centavos, moneda nacional, respecto al período del mes de febrero de dos mil veinte, a febrero de dos mil veintiuno. Luego, en relación con los agravios expuestos por la diversa apelante ********************, en representación de su hija menor de edad: Que primeramente consideraba correcto el apercibimiento realizado al deudor alimentario, con base en el artículo 59, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues esa era una de las facultades de un órgano jurisdiccional, ante la contumacia de una de las partes. Que se consideraba correcto el apercibimiento realizado por la juez con fundamento en los artículos 238 y 241 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, pues el aseguramiento es una acción de responder al cumplimiento de una obligación, a través de una garantía, la cual podía ser una hipoteca, prenda, fianza, depósito de cantidad bastante, o una diversa que sería el embargo, lo que no vulneraba los derechos de la adolescente, pues la juez había tomado las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia. Sin embargo, que ante el insistente incumplimiento del albacea, la juez debió embargar los bienes inmuebles de la sucesión, para cubrir los adeudos existentes en concepto de pensión alimenticia, correspondiente al período del mes de febrero de dos mil veinte, a febrero de dos mil veintiuno, por la suma de doscientos treinta y seis mil, novecientos ochenta y cuatro pesos, con setenta y seis centavos, moneda nacional, pues la a quo no consideró que el citado deudor había sido reincidente en incumplir con depositar de forma completa la pensión alimenticia. Que con base en lo anterior, la juez debió apercibir al albacea que de no realizar el pago en el término establecido, se embargarían los bienes que forman parte del haber del fallecido, a fin de estar en posibilidad de cubrir los citados adeudos, pues el aseguramiento consiste en prever posibles incumplimientos a futuro, cuestión que acontecía. Que con el objeto de que el albacea de la sucesión pagara el adeudo ordenado en el acuerdo recurrido, procedía el embargo del cincuenta por ciento de los bienes inmuebles de la sucesión hereditaria, de los predios ********************, ubicada en el tablaje catastral número quinientos quince de la localidad de Pustunich del Municipio de Ticul, Yucatán, y del tablaje ******************** de la localidad de Chicxulub, Puerto, siempre y cuando el órgano jurisdiccional de primer grado detecte el incumplimiento del pago adeudado, por tanto, se ordenaba girar el oficio correspondiente al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, para que realice las anotaciones correspondientes en relación con el citado embargo. Como conceptos de violación, el quejoso vertió los siguientes: Que la Sala se excedió en sus facultades al señalar, que en reiteradas ocasiones había sido omiso en pagar de forma completa la pensión alimenticia de la menor, abandonando sus deberes como albacea, pues comprometía la salud, seguridad, educación, ratos de recreo, nivel de vida, desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de la menor, al dejar de cubrir el saldo de forma mensual por la cantidad de diecisiete mil seiscientos catorce pesos con veintitrés centavos, moneda nacional, pues lo anterior no forma parte de los agravios propuestos a la responsable al continuar el recurso de apelación. Que contrariamente a lo expuesto por la responsable, ha cumplido con depositar en concepto de pensión alimenticia, la cantidad mensual de ocho mil pesos previamente determinada por la juez, aunado al hecho que en reiteradas ocasiones le han externado a la a quo, que los bienes de la sucesión no producen réditos o gananciales suficientes para hacer frente a los pagos mensuales de la pensión alimenticia en el monto decretado, así como ha solicitado el remate de unos de los bienes siendo negativa la respuesta de la juez natural. Que es incorrecto lo considerado por la Sala, que con base en la rendición de cuentas de la administración que realizó en la que manifestó que la sucesión no contaba con los medios económicos suficientes, había señalado que no podía cubrir la cantidad de doscientos treinta y seis mil novecientos ochenta y cuatro pesos, con noventa y nueve centavos, moneda nacional, pues lo que alegó, que dicha sucesión no contaba con dinero en efectivo para realizar dicho pago, pues la capacidad económica sí la tenía, al contar con bienes muebles e inmuebles para hacer frente a la citada deuda. Que también es infundado lo argumentado que la sucesión debe estar referida a todo tipo de ingresos, como rentas de capital, los ganados inventariados y los bienes inmuebles con los que cuenta, pues las cuentas de la administración año con año ha presentado en el mes de enero de cada ejercicio, se han aprobado, y donde se aprecia que no existen frutos o rentas suficientes para pagar de forma completa la pensión alimenticia, así como tampoco le autorizan a enajenar algún bien. Que la autoridad no fundó ni motivó al señalar, que los embargos que pesan sobre los bienes de la sucesión, se refieren a deudas diversas en concepto de pensión alimenticia por la cantidad de trescientos ochenta y nueve mil ochocientos veintisiete pesos con setenta y dos centavos. En respuesta a lo anterior, esta juzgadora determina que respecto al concepto de violación en el que refiere en esencia, que la responsable se excedió al emitir el acto reclamado pues abordó un tema sobre el cual no expresó agravios, es infundado, pues de la lectura realizada a los motivos de inconformidad que vertió en su escrito de apelación se desprende, que se dolió del requerimiento que le realizó la a quo por adeudar la cantidad de doscientos treinta y seis mil novecientos ochenta y cuatro pesos con noventa y nueve centavos, y en respuesta a ello, la Sala consideró que estuvo correcto dicho requerimiento e incluso el apercibimiento de aseguramiento efectuado, con motivo de que había advertido de las constancias que obraban en el toca de apelación, que en reiteradas ocasiones el aquí quejoso había sido omiso en depositar de forma completa la pensión alimenticia por la cantidad de veinticinco mil seiscientos catorce pesos con veintitrés centavos moneda nacional, a pesar de los diversos requerimientos y apercibimientos que le habían realizado, poniendo en riesgo la salud, seguridad, educación, ratos de recreo, nivel de vida, desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de la menor acreedora alimentaria. En relación con los diversos conceptos de violación en los que refiere, que había cumplido con depositar la pensión alimenticia, pues estuvo depositando la cantidad mensual de ocho mil pesos, sin embargo, que en reiteradas ocasiones le había externado a la a quo, que los bienes de la sucesión no producían réditos o gananciales suficientes para cubrir la pensión alimenticia en el monto decretado, esto es, por la cantidad de veinticinco mil seiscientos catorce pesos con veintitrés centavos moneda nacional, por lo que le solicitó el remate de uno de los bienes, pero éste le fue negado, y que contrariamente a lo expuesto por la Sala, lo que señaló fue, que con base en la rendición de cuentas de la administración de los bienes de la sucesión, había indicado que ésta no tenía los medios económicos suficientes para cubrir la cantidad de doscientos treinta y seis mil novecientos ochenta y cuatro pesos, con noventa y nueve centavos, moneda nacional por concepto de pensiones atrasadas, sin embargo, que sí tenía la capacidad económica pues la sucesión tenía bienes muebles e inmuebles para hacer frente a la citada deuda. Es infundado lo anterior, pues como correctamente señaló la responsable, la obligación del aquí quejoso al ser albacea de la sucesión testamentaria de ********************, también conocido como ******************** y/o ********************, es depositar mensualmente la cantidad de veinticinco mil seiscientos catorce pesos con veintitrés centavos moneda nacional, en concepto de pensión alimenticia, cantidad que en su momento fue motivo de un recurso de apelación así como de la promoción de un juicio de amparo indirecto del índice de este órgano jurisdiccional, el cual fue registrado con el número de expediente 710/2019, y constituye un hecho notorio para la suscrita; donde se determinó dicha cantidad, con base en la capacidad económica de la sucesión de marras. Además, contrario a lo afirmado por el quejoso, la Sala estuvo en lo correcto al determinar que si bien de la rendición de cuentas de la administración de la sucesión se desprende, que ésta no cuenta con la liquidez para cubrir la cantidad mensual de veinticinco mil seiscientos catorce pesos con veintitrés centavos moneda nacional, en concepto de pensión alimenticia, así como las atrasadas cuyo monto asciende a la cantidad de doscientos treinta y seis mil novecientos ochenta y cuatro pesos, con noventa y nueve centavos, moneda nacional, por el período del mes de febrero de dos mil veinte a febrero de dos mil veintiuno, ello no impedía el requerimiento de pago contenido en el acuerdo apelado, pues ello en todo caso, debía hacerse valer mediante una acción distinta y no dejar de cumplir con la obligación impuesta, pues además de que falta a su cargo de albacea esa omisión, pone en riesgo la salud y educación de la menor, al no poder su progenitora hacer frente en sus momentos a los gastos respectivos. De ahí que aun cuando, como lo afirma la parte quejosa, no es exacto que no se pueda cubrir la última deuda, sino que sólo no se tiene recursos económicos en efectivo, lo cierto es que, ese hecho no justifica el incumplimiento al deber de asegurar los alimentos de la adolescente involucrada, pues lo cierto es que lo afirmado al respecto, no representa una imposibilidad invencible para cumplir con lo determinado. Respecto al motivo de inconformidad en el que menciona, que la autoridad no fundó ni motivó su afirmación relativa a que los embargos que pesan sobre los bienes de la sucesión, se refieren a deudas diversas en concepto de pensión alimenticia por la cantidad de trescientos ochenta y nueve mil ochocientos veintisiete pesos con setenta y dos centavos; también resulta infundado, pues sin dejar de advertir que el quejoso no cuestiona dicho monto, de la lectura de los agravios vertidos en su escrito de apelación se desprende, que el propio quejoso reconoció esos embargos, al señalar que la solicitud realizada por la madre de la menor en el sentido de que se embarguen los bienes de la sucesión, debería resultar improcedente, pues con anterioridad mediante diligencia realizada por el actuario adscrito al juzgado natural, de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, había embargado el predio ******************** de la localidad y municipio de Ticul, así como el tablaje catastral ******************** de la localidad de Chicxulub, Puerto, bienes de la sucesión citada. Siendo que la Sala responsable, sí expresó los motivos que tuvo para arribar a esa conclusión; pues dijo, el embargo acreditado sobre esos predios, responde al adeudo con motivo del incumplimiento de pago de pensión alimenticia y no sólo a "otras deudas", como lo afirma el quejoso; e incluso expresó que las mensualidades adeudadas que motivaron el requerimiento de pago por la cantidad de $236,984.99 doscientos treinta y seis mil novecientos ochenta y cuatro pesos con noventa y nueve centavos, corresponde a diferencias de adeudos del período de febrero de dos mil veinte, a febrero de dos mil veintiuno; de ahí lo infundado de su concepto de violación. Amén de que el quejoso no demuestra que no exista esa deuda a que hizo referencia la Sala, limitándose a señalar que esa determinación no está fundada ni motivada, de ahí que subsista lo determinado por la responsable. Por lo anterior, al resultar infundados los conceptos de violación vertidos por el quejoso ********************albacea de la sucesión testamentaria de ********************, también conocido como ******************** y/o ********************, lo que lleva a negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, contra la resolución de ocho de agosto de dos mil veintidós, dictada por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, en el toca de apelación 1080/2021. QUINTO. REGISTRO DE SENTENCIA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor; se, R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************albacea de la sucesión testamentaria de ********************, también conocido como ******************** y/o ********************, contra el acto que reclamó de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, consistente en la sentencia de ocho de agosto de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 1080/2021, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa asistida del Secretario Pablo Pérez Pacheco, que autoriza y da fe de todo lo actuado, hoy veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio suscrito por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, y anexo que adjuntó, con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo de referencia, dese cuenta con los autos para resolver si está cumplido o no la sentencia ejecutoria. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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