Pedro Martin Diaz Novelo

Expediente 2142/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2142/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
23/12/2021

Partes del expediente

  • Pedro Martin Diaz Novelo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto en el que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio NOTIFÍQUESE

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, y anexo que acompañó. Ahora bien, de la lectura del citado informe y de su anexo se advierte, que en audiencia de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, las partes en el juicio reclamatorio laboral 815/2019, comparecieron ante dicha autoridad a celebrar un convenio, y por tanto, se tuvo por terminado el conflicto laboral donde emanó el acto reclamado, en la cual la parte demandada entregó una cantidad de dinero al trabajador, actor del juicio laboral, por lo que se dio por completamente pagado dicho trabajador, y se tuvo por terminada la relación laboral, ordenándose el archivo del expediente antes citado, como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, con base en lo manifestado por la autoridad responsable, y de las constancias que remitió, esta juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en virtud de que el juicio de origen ha dejado de existir. El citado artículo indica lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)" El precepto legal transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente, cuando aun subsistiendo el acto reclamado, éste no puede surtir efecto legal alguno, porque ha dejado de existir su objeto o materia, de manera que sus efectos -que no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso- no se actualizarán, en virtud de la modificación del entorno jurídico en que se emitió originalmente, por lo que en caso de concluirse que es inconstitucional dicho acto, jurídicamente resultaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que estimaba violado, siendo nugatoria la finalidad del juicio de amparo, consistente en reparar tales violaciones a través del fallo protector. Es ilustrativo el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, que analiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII de la abrogada Ley de Amparo, de igual contenido al previsto en el diverso 61, fracción XXII, de la vigente, y cuyo contenido es el siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". En el caso, se estima que se actualiza la hipótesis normativa prevista en el invocado precepto legal, toda vez que la parte quejosa acudió a esta instancia constitucional, reclamando la omisión de la responsable de emitir el acuerdo de pruebas en el juicio de origen. Ahora bien, de las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable, en el oficio de cuenta, se advierte que el dieciocho de noviembre pasado, comparecieron ante ella la parte aquí quejosa y la demandada en el juicio laboral de origen 815/2019, a fin de celebrar un convenio laboral, mismo que obtuvo la validez de laudo consentido y autoridad de cosa juzgada, ordenándose el archivo definitivo del referido juicio laboral de origen. De manera que, en el presente juicio de amparo aun cuando subsista el acto reclamado (omisión de pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de pruebas), ya no puede surtir efecto legal alguno, pues la materia del amparo ha dejado de existir, esto es, el juicio principal de donde deriva el acto reclamado, dejó de existir, al ordenar la autoridad laboral, el archivo definitivo como asunto concluido, por lo tanto, los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En ese sentido, se torna material y jurídicamente imposible que el acto consistente en la omisión de emitir el acuerdo de pruebas, para tal acontecimiento, surta efectos jurídicos, y por tanto, que sea susceptible de ser reparado a través de esta instancia constitucional. En mérito de lo anterior es que se concluye la actualización de la causa de improcedencia invocada, pues al margen de la subsistencia del acto reclamado, éste no puede surtir efectos en virtud de que el juicio laboral del cual deriva fue archivado, lo que modificó el entorno jurídico de aquél. Por consiguiente, esta juzgadora decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXII, del mismo ordenamiento legal. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. NOTIFÍQUESE COMO CORRESPONDA Y PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el telegrama enviado por la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual informa que con motivo de la naturaleza de los efectos de la sentencia dictada en este asunto, se encuentra impedida materialmente para el cumplimiento, pues no puede ejecutar actos. Ahora, debe precisarse que si bien la tutela protectora alcanzó a las autoridades responsables Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que en el ámbito de su competencia expidieron, aprobaron y promulgaron la Ley General de Salud, que contiene los precepto reclamados cuya inconstitucionalidad se decretó y por lo cual se concedió el amparo al quejoso para el efecto que las autoridades responsables desincorporen de su esfera jurídica los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud. Sin embargo, ello no implica por parte de dichas autoridades legislativas y el Ejecutivo federal la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector, de conformidad con lo señalado en el criterio sustentado por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al aprobar la tesis P CXXXVII/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, consultable en la página 135, cuyo rubro es: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN." En tal virtud, agréguese el oficio de la autoridad ocursante, sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento, pues no le corresponde el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de noviembre del dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se acuerda; con motivo de que se encuentra pendiente de dictar la resolución de este juicio de amparo y atento a que el escrito signado por el quejoso José Adolfo Cobá Ordóñez, se presentó con posterioridad al día y hora señalados para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia constitucional; en consecuencia, para no caer en dilación alguna se procede abrir el presente expedientillo, y agréguese a éste el escrito de mérito. Por tanto, glósese el escrito del quejoso José Adolfo Cobá Ordóñez, y en atención a su contenido, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rodrigo Jafed Zapata Sulub, y a los restantes mencionados en su escrito de cuenta, con las limitaciones que establece el último párrafo del citado numeral, toda vez que los referidos autorizados, no se encuentran registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el mencionado en su escrito. Asimismo, el quejoso José Adolfo Cobá Ordóñez, solicita tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, para consultar en el mismo y recibir notificaciones vía electrónica a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, proporcionando para ello los nombres de usuario "MateoGonzalez" y "RodrigoZapata" y la dirección de correo serviciosjuridicosmerida@outlook.com. Al respecto, dígasele al promovente que se accede su petición, para el efecto de que con dichos nombres de usuario, puedan consultar y acceder al expediente electrónico de este juicio de amparo a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, así como para promover en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, toda vez que existe solicitud expresa de la parte quejosa para recibir notificaciones vía electrónica a través de los citados nombres de usuario, "MateoGonzalez" y "RodrigoZapata", por medio del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación; en tal virtud, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y los artículos 39 y 55 del citado Acuerdo General 12/2020, se ordena realizar a la parte quejosa las notificaciones personales inherentes a este asunto, por medio de las cuentas electrónicas antes mencionadas. Finalmente, hágase lo anterior del conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente de los usuarios. Notifíquese.

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