Pedro Isaac Sevillano Rocha
Expediente 492/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 492/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 14/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Pedro Isaac Sevillano Rocha
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de diciembre de dos mil veintidós. Cambio de titular Visto el contenido del oficio SEADS/698/2022 de veintiséis de octubre del presente año, se advierte que la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó la adscripción de la Juez *********, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2°. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es DESTRUIBLE una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto todos los actos reclamados, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso del juicio de amparo indirecto 492/2022-VI, ello, en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *************. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE FECHA ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, EL CUAL A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; a once de noviembre de dos mil veintidós. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 492/2022-VI, promovido por *******. RESULTANDO. PRIMERO. Presentación de la demanda. El siete de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda de amparo promovida por *******, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual fue turnada a este juzgado, en esa misma data. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 1º, 3º, 5º, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de ocho de junio de dos mil veintidós, la demanda de amparo se registró bajo el consecutivo 492/2022-VI, se admitió a trámite y se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto cuya ejecución se efectuó en el lugar en el que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1.- A la Comisión Nacional Mixta de Escalafón del Instituto Mexicano del Seguro Social. La Convocatoria *******, de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dirigida al personal con categoría de Enfermera Especialista en Pediatría, o en Cuidados Intensivos, o Quirúrgica, o en Salud Mental, o en Nefrología, o en Geriatría, o en Oncología, Enfermera para el traslado de pacientes de Terapia Intensiva, de base o interino por listado que aspira a integrarse en el listado de escalafón de la 3º Categoría de Enfermera Jefa de Piso, específicamente el punto 1.2. 2.- A la Subcomisión Mixta de Escalafón del Instituto Mexicano del Seguro Social: El oficio *******, de nueve de mayo de dos mil veintidós, a través del cual se informa al quejoso que no fue posible su inscripción en la referida convocatoria por no cumplir con el requisito 1.2, establecido en el misma. TERCERO.Existencia del acto reclamado. El Representante Institucional de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón del Instituto Mexicano del Seguro Social (Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Chihuahua), al rendir sus informes justificados, manifestó que son ciertos los actos que se reclaman. CUARTO. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5°, fracción II, de tal ley, aplicado en sentido contrario, dado que las responsables carecen del carácter de autoridad para efecto de este juicio, en torno a todos los actos atacados en esta vía, numerales que disponen lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." 5o. Son partes en el juicio de amparo: I.- [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.] De los numerales transcritos destaca como uno de los objetos del juicio de amparo la resolución de controversias generadas por normas generales, actos u omisiones de autoridades que vulneren los derechos humanos reconocidos por el Estado Mexicano, en razón de lo cual tal medio de control constitucional únicamente resulta procedente cuando el ente a quien se atribuye la calidad de autoridad, goza de los rasgos distintivos contemplados en el normativo 5º, fracción Il, trascrito, con independencia de su naturaleza formal. La esencia de esas notas características consiste en: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho respecto al cual un particular adquiere una posición de supra a subordinación. b) Que dicha relación emerja de la ley, dotando al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de ello emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni el consenso del afectado. Bajo ese contexto, de no reunirse la totalidad de dichos requerimientos no podrá considerarse que el acto reclamado haya sido emitido por una autoridad, al menos para efectos del amparo, resultando improcedente el juicio biinstancial. Apoya lo anterior la jurisprudencia 164/2011 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, localizada en la página 089. Tomo XXXIV, septiembre de 2011 Materia Común. Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora, al analizar el aspecto destacado en el inciso a) deberá verificarse que no se esté en presencia de una relación de coordinación, que son las entabladas entre particulares colocados en un mismo plano, esto es en condiciones de igualdad; puesto que para la resolución de las controversias suscitadas en ese nivel debe acudirse a los procedimientos ordinarios legalmente establecidos en disposiciones de naturaleza civil, mercantil, agraria y de trabajo, por virtud de las cuales ante el sometimiento de las partes a una instancia judicial, coactivamente se imponen consecuencias jurídicas, lo que se traduce en la existencia de bilateralidad. En el caso, resulta necesario establecer que la parte promovente, esencialmente se duele de la convocatoria *******, y su negativa a inscribirlo a dicha convocatoria para integrar el listado escalafonario, para la *******, ya que no reúne los requisitos de la convocatoria; lo que se corrobora con las documentales que anexa a dicha demanda el impetrante del amparo, en las cuales se aprecia que le indican que no reúne el requisito siguiente: "1.2) La Institución Educativa sea pública o particular debe contar con el registro de los planes de estudio, para los cursos Postécnicos y Posgrado con la Opinión Académica Técnico Favorable de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) o su representación en el Estado (La OTAF debe coincidir con el plan de estudios y la sede en la que se impartió el programa educativo y la vigencia del dictamen durante el periodo de desarrollo del curso); aduciendo que lo anterior vulnera sus derechos fundamentales. Ahora, los artículos 1, 2, 3 y 8 del Reglamento de Escalafón del Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, establecen lo siguiente: 1. El presente Reglamento determina las normas, trámites y requisitos generales para todo movimiento escalafonario en aplicación de las Cláusulas relativas al Contrato Colectivo de Trabajo. 2. En el Instituto Mexicano del Seguro Social rige un escalafón nacional que comprende: a) Escalafones Regionales de Puestos de Base, y: b) Escalafones Regionales de Trabajadores de base, que a su vez comprende: 1. Registro de cambios, 2. Registro de regularización de interinos a plaza definitiva 3. Registro de promoción escalafonaria. 3. Los listados escalafonarios para promoción serán dinámicos, y se elaborarán en un plazo no mayor a 15 días hábiles por la Comisión Nacional o Subcomisión Mixta de Escalafón a partir de la fecha de recepción de las calificaciones enviadas por la Comisión Nacional Mixta o Subcomisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento y relación de trabajadores con Requisito 51 vigente. Los listados escalafonarios cuya eficiencia se calcule con documentos académicos se elaborarán anualmente. 8. La Comisión Nacional Mixta de Escalafón estará integrada por un Representante del Instituto y otro del Sindicato, designados libremente por las partes, quienes de común acuerdo nombrarán un árbitro que actuará en los casos de discrepancia. De lo anterior, se establece que los actos materia de reclamo por la parte quejosa, derivan de una relación contractual, en virtud que la convocatoria y sus consecuencias, son actos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social en coordinación con el Sindicato de Trabajadores de dicha institución, la cual se dirige a los trabajadores, específicamente, a los enfermeros o enfermeras que laboren en dicha institución; de lo que se evidencia que no actuaron como autoridades responsables al emitir los actos que la parte quejosa aquí recurre, pues para ser considerados de esta naturaleza deben ubicarse dentro de los denominados de supra a subordinación; donde la parte promovente debe tener el carácter de gobernada. En primer término, es necesario distinguir si se trata de una relación de coordinación, la que excluye la idea de la autoridad ya que por su propia naturaleza existirá un procedimiento establecido en el derecho privado para ventilar cualquier controversia que se suscite en vía civil o mercantil, incluso laboral, o bien, también puede suceder que las normas constitucionales coloquen al estado en situación jurídica parecida a la de un particular. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 307, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, Materia Administrativa, Registro: 194367, cuyo tenor literal es: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado. Así, la interpretación lógica y sistemática del precepto contenido en la legislación de amparo y lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia "equivalencia", del juicio de amparo, deben consistir en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad, esto es, que esté autorizado precisamente con la finalidad de que en nombre del Estado emita actos unilaterales y obligatorios a través de los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que pudieran afectar la esfera legal de otro particular, y que para emitir esos actos, no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Cabe mencionar a lo anterior el criterio sustentado en la tesis XI.10.A.T.25 K (10a.), por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, visible en la página 3823, del Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SOLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SI, SINO ADEMAS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. Cabe precisar que el Instituto Mexicano del Seguro social a través de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón y Subcomisión Mixta de Escalafón del Instituto Mexicano del Seguro Social, tienen atribuciones que están previstas en la ley y, pueden emitir actos en forma unilateral, en un plano de "supra a subordinación" frente a los particulares, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales para hacer cumplir sus determinaciones; sin embargo, ello no implica que todos los actos que emitan necesariamente sean impugnables a través del juicio de amparo, sino que debe analizarse la naturaleza del acto para determinar si actúa como autoridad y si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante situaciones jurídicas que afectan los derechos fundamentales. Asimismo, los particulares pueden ser autoridades responsables siempre y cuando afecten derechos en los términos destacados y actúen en funciones determinadas en una norma general. En el caso, como se asentó en párrafos que preceden, la parte quejosa reclamó la convocatoria *******, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón, así como su negativa a inscribirle a dicha convocatoria, solicitada mediante cédula de inscripción y previa a la nominación de *******, acto éste último emitido por el Instituto en mención, a través de la Subcomisión Mixta de Escalafón. De lo que se advierte que los actos combatidos, no reúnen las características para ser considerados como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo y. por tanto, no resulta impugnable a través de éste. Pues, la promoción a cargos dentro de dicha institución serán regidos por los requisitos y convocatorias que consideren pertinentes y apegadas al contrato colectivo de trabajo, que garanticen la idoneidad de los conocimientos y las capacidades necesarias; de ahí que resulte válido concluir que las actuaciones reclamadas, se llevaron a cabo en el ámbito laboral que rige las relaciones entre la institución que representa y los trabajadores, específicamente, enfermeros de dicha institución, como lo es la aquí quejoso; lo cual se relaciona con el contrato colectivo de trabajo. En efecto, la actuación de tales autoridades no deriva de un mandato que tenga su origen en la ley, que le confieran atribuciones para actuar como autoridad de Estado modificando unilateralmente una situación jurídica, sino que se trata de actos que encuadran en una relación directa con los procedimientos de ascenso dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, ello con base en la propia normatividad interna o condiciones de trabajo que de acuerdo con su naturaleza, pueden clasificarse como actos que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales. Esto es, las citadas autoridades responsables, no actuaron en un plano de supra a subordinación entre autoridad y gobernado, sino que los actos que emitieron, se traducen en una actuación unilateral de índole patronal proveniente de la relación laboral entre la dependencia y la enfermera, sin involucrar una potestad pública administrativa que motive la procedencia del juicio de amparo pretendida, por lo que, están sujetas a la jurisdicción de los tribunales del trabajo; de ahí que en la emisión dichos actos materia de reproche por la impetrante del amparo, no se actúa con potestad imperio. Aunado a lo anterior, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya: 1) Sea equivalente a los de una autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y en forma obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) Afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confieran las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado. Bajo esa perspectiva, aun cuando se atribuya como actos reclamados la convocatoria en mención y su negativa a inscribir al quejoso a dicha convocatoria, respecto a la improcedencia de sus documentos que adjuntó en su registro para integrar el listado escalafonario a la nominación de *******, derivado de la convocatoria emitida por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón del Instituto Mexicano del Seguro Social; ello por sí solo no colma las exigencias de los puntos destacados, pues dichas funciones no están determinadas en una norma general; y, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, únicamente repercute en la relación laboral en el Instituto Mexicano del Seguro Social de que se trata con su personal (enfermeros o enfermeras). Siendo una cuestión independiente y, de fondo, si se observaron los requisitos previstos en la aludida convocatoria, que prevé los requisitos que deben satisfacer los aspirantes, pues éstos no transforman la naturaleza de la relación laboral a una de supra a subordinación ni generan un acto de autoridad, si se toma en cuenta que el aquí quejoso labora en dicha institución de salud estatal "Instituto Mexicano del Seguro Social", pues la convocatoria se dirigió al personal y específicamente que se desempeñe como enfermero, que en la emisión de ésta no se actúa con imperio, sino en ejercicio de una decisión patronal y que ante el conflicto que pudiera suscitarse, está en posibilidad de deducir sus derechos ante la autoridad competente. En esas condiciones, es inconcuso que las autoridades señaladas como responsables, no actuaron en su calidad de autoridad, al emitir los actos materia de reclamo por la impetrante del amparo, sino como patrón y, siendo así, el juicio de amparo resulta improcedente. La anterior conclusión se robustece con la tesis P. XXVII1/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página ciento diecinueve, de rubro y texto siguientes: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACIÓN LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter. En congruencia con todo lo anterior, es evidente que en el caso se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5°, fracción II, de dicha legislación, aplicado en sentido contrario, porque no estamos en la presencia de un acto de autoridad para efecto de este juicio, ni uno de particular equivalente al respecto, ya que la relación que hay entre la parte impetrante y las autoridades responsables no es de supra a subordinación, sino más bien de coordinación, o sea, entablada entre particulares que actúan en un plano, esto es, de igualdad, por lo cual, lo procedente en este caso es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en los términos del artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia, lo que imposibilita a esta juzgadora abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de amparo. Por su aplicación, es de citarse la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, visible en la página ochenta y ocho, cuyos rubro y texto son los que siguen: SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan. También es aplicable la tesis quinientos nueve, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, consultable en la página trescientos treinta y cinco del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente fallo, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *******, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy once de noviembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que para esta fecha se encuentra señalada la audiencia constitucional relativa al presente asunto; sin embargo, mediante proveído de cuatro de los corrientes, se dio vista a las partes, con el informe justificado rendido por el Representante Institucional de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón (Comisión Nacional Mixta de Escalafón del Instituto Mexicano del Seguro Social y Subcomisión Mixta de Escalafón del Instituto Mexicano del Seguro Social); por lo que resulta evidente, que aún no han transcurrido los ocho días hábiles que tienen para imponerse de su contenido, en términos de lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, considerando que para el día de hoy se encuentra señalada la celebración de la audiencia en el juicio en que se actúa, y que no ha transcurrido la temporalidad aludida en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere y se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DE SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado que remite la autoridad responsable Representante Institucional de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón (Comisión Nacional Mixta de Escalafón del Instituto Mexicano del Seguro Social y Subcomisión Mixta de Escalafón del Instituto Mexicano del Seguro Social); como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Asimismo, respecto a las pruebas presuncional legal y humana, así como la instrumental de actuaciones, ofertadas por la responsable, se tienen por admitidas, toda vez que la primera se constituye con las constancias que obran en el sumario, mientras que la segunda es la consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos y probados al momento de hacer la deducción respectiva; probanzas que de cualquier forma éste juzgador tomará en consideración, al emitir la sentencia correspondiente, pues no tienen entidad propia, al ser medios de convicción que se obtienen del seguimiento del juicio respectivo Lo anterior, considérese en la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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