Pedro Enrique Ojeda Valenzuela y Otros.
Expediente 336/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 336/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 06/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Pedro Enrique Ojeda Valenzuela y Otros.
- Pedro Enrique Ojeda Valenzuela
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, mediante la cual se sobreseyó en el presente asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente se concedió la suspensión de plano respecto de los actos reclamados, por lo que es susceptible de depuración, por lo tanto, una vez que transcurran seis meses transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone la fracción IV del numeral vigesimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Tal como se estableció en la cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 en términos del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, tal como lo disponen los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo, que constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 336/2016-IV, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintiuno de abril de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, *************** e ***************, por conducto de ***************, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Procurador General de la República, Subdelegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chihuahua, Subdelegado de Procedimientos Penales y Amparos "A" de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chihuahua, Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Ministerial, Coordinador de la Policía Federal, Fiscal de Distrito de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, Agente del Ministerio Público encargado de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos con Detenido y Coordinador Regional de la Policía Estatal Única, División Investigación Zona Norte, a quienes les reclamó: IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Se reclaman que los agentes ministeriales los detuvieron a las 18.00 del día 20 de Abril 2016, sobre la carretera CD AHUMADA, puesto que los tienen detenidos e incomunicados y siendo víctima de malos tratos ya que no han sido puestos a disposición de ninguna autoridad, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD los quejosos se encuentran detenidos sin que dichas autoridades la pongan a disposición de las autoridades competentes. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 19, 21 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. En proveído de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, se radicó la demanda bajo el número 336/2016-IV, se proveyó sobre la suspensión de plano y luego, al ratificar la demanda de amparo, se admitió a trámite y se solicitaron los informes con justificación a las autoridades responsables, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal correspondiente y por último, se señalaron día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se efectuó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que los impetrantes reclamaban la detención ilegal, incomunicación y malos tratos, que se ejercía sobre su persona. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Procuradora General de la República, con residencia en la Ciudad de México (fojas 103 y 107),Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chihuahua (fojas 24 y 56), Subdelegado de Procedimientos Penales "A" de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chihuahua (fojas 22 y 45), Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Ministerial (fojas 46 y 59) y Coordinador de la Policía Federal, (fojas 52 y 43), al rendir sus respectivos informes sobre la suspensión de plano y justificados negaron categóricamente los actos que les atribuyeron los accionantes del amparo, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendientes a desvirtuar tal negativa. Por su parte, las autoridades responsables Fiscal de Distrito de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte (fojas 48 y 29), Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos con Detenido (fojas 48 y 29) y Coordinador Regional de la Policía Estatal Única, División Investigación Zona Norte (fojas 18 y 78), al rendir sus respectivos informes sobre la suspensión de plano y justificados negaron categóricamente los actos reclamados, en cuanto a la quejosa ***************, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendientes a desvirtuar tales negativas. Asimismo, las autoridades responsables Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte (foja 48), Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos con Detenido (foja 48) y Coordinador Regional de la Policía Estatal Única, División Investigación Zona Norte (fojas 18), en sus informes sobre la suspensión de plano negaron los actos consistentes en la incomunicación y malos tratos, reclamados por el quejoso Pedro Enrique Ojeda Valenzuela, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendientes a desvirtuar tales negativas. Por lo anterior, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto de las autoridades y actos reclamados precisados en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis jurisprudencial número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que textualmente dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte (fojas 48 y 29), Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos con Detenido (fojas 48 y 29) y Coordinador Regional de la Policía Estatal Única, División Investigación Zona Norte (fojas 18 y 78), al rendir sus informes sobre la suspensión de plano y justificados, aceptaron el acto consistente en la detención del quejoso Pedro Enrique Ojeda Valenzuela. QUINTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, corresponde analizar si en el caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispuesto en el numeral 62 del mismo ordenamiento legal. En el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone: 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.) Al respecto, se tiene que en sus informes justificados, el Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte (foja 29) y Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación en la Zona Norte (foja 78), remitieron copia certificada de las constancias relativas a la carpeta de investigación, de donde se desprende que el quejoso ***************, fue trasladado al Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, a disposición del Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, el veintidós de abril de dos mil dieciséis, con la finalidad de celebrar la audiencia de Control de Detención. En el caso, el promovente de amparo reclamó de las autoridades responsables, la detención, incomunicación y malos tratos de que era objeto el quejoso ***************, por parte de las autoridades señaladas como responsables. Sin embargo, si ***************, fue puesto a disposición del Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, operó un cambio de situación jurídica, en su esfera. Esto es, el quejoso, al haber sido puesto a disposición de una autoridad jurisdiccional, las autoridades responsables, a la fecha, ya no ejercen actos de imperio sobre él, lo que implica un cambio de su situación jurídica, debiendo estimarse irreparablemente consumadas las posibles violaciones que en su caso se hubiesen cometido en su contra, por no poder decidirse sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica. En consecuencia, se actualiza de forma manifiesta e indudable, la mencionada causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, primer párrafo de la Ley de Amparo, y por ello procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V de la legislación en cita y la tesis jurisprudencial 2.3º.J/59, que sustentó el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 57, del tomo 70, del mes de octubre de 1993, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: CAMBIO DE SITUACIÓN JURIDICA. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR. La aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena, son los motivos a través de los cuales se pueden restringir la libertad personal; teniendo cada una de estas modalidades características peculiares. Al conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos a que se ha hecho mención, se le denomina situación jurídica; de tal manera que cuando ésta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, desapareciendo así los efectos del acto reclamado, lo que hace improcedente el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 336/2016-IV, promovido por ***************, en nombre de *************** e ***************, respecto de las autoridades responsables y actos precisados en los considerandos tercero, cuarto y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que con esta fecha se encuentra señalada la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, el dieciocho de mayo del año en curso, se tuvo por recibido el informe con justificación de la Procuradora General de la República, con residencia en la Ciudad de México. Por lo tanto, dicho informe no se agregó con los ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, tal como lo exige el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, por lo que existe imposibilidad jurídica para celebrar la citada audiencia. En consecuencia, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y se señalan las diez horas con treinta minutos del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a fin de que las partes tengan cabal conocimiento del informe de cuenta y puedan ofrecer pruebas y formular alegatos conforme a sus intereses convenga. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia número P./J. 54/2000, sustentada por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia Tesis: 2a./J. 21/2008, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 253/2007-SS, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, y la cual es visible en la página 590 del Tomo XXVII, febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. - En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTE DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Pedro Díaz Luna Espinoza225/2022
- Pedro Domínguez Pérez88/2018
- Pedro Enrique Batres Castro786/2015
- Pedro Enrique Batres Castro319/2018
- Pedro Enrique Batres Castro198/2018
- Pedro Enrique Batres Castro y Otros.907/2017
- Pedro García Garnica126/2017
- Pedro Geronimo León Valles133/2022
- Pedro Gutiérrez Chávez784/2019
- Pedro Herrera Monreal566/2018
- Pedro Isaac Sevillano Rocha492/2022
- Pedro Iván Villalobos Rodríguez892/2022