Pedro Herrera Monreal

Expediente 566/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
566/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
07/12/2018

Partes del expediente

  • Pedro Herrera Monreal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de quince de noviembre del año en curso, en el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no contiene información clasificada como reservada, ni las partes entregaron información con carácter de confidencial, según los artículos 97, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ******************. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a quince de noviembre de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 566/2018-V; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales, con sede en San Andres Cholula Puebla, ***********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Cámara de Senadores y otras autoridades. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 25, 31, fracción IV, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del asunto. Mediante proveído de trece de septiembre de dos mil dieciocho, se agregó a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a través del cual remitió los autos del juicio de amparo 1484/2018, promovido por **************, toda vez que mediante auto de seis de septiembre del año en curso, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda que dio origen a dicho juicio, y consideró que se surtía en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad; demanda que por razón de turno fue remitida a este órgano jurisdiccional. Asimismo, en dicho proveído, este juzgado aceptó la competencia para conocer de la demanda en comento, quedando registrada bajo el expediente 566/2018-V del índice de este órgano jurisdiccional, se emplazó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento se celebró conforme al acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este es un asunto que tiene ejecución dentro del territorio sobre el cual este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados a la autoridad responsable. Del análisis integral del escrito inicial de demanda y de los presentes autos se desprende que la quejosa reclama lo siguiente: 1.- A la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: La aprobación del artículo 93 fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta de once de diciembre de dos mil trece; 2.- A la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión: La aprobación del artículo 93 fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta de once de diciembre de dos mil trece; y, 2.- Al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: La promulgación del artículo 93 fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta de once de diciembre de dos mil trece; Por ende, se tiene a tales actos como los reclamados en esta instancia constitucional. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO.- Existencia del acto reclamado. La Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, al rendir informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado consistente en la aprobación del artículo 93 fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta de once de diciembre de dos mil trece (fojas 53, 54 y 94). Asimismo, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el informe justificado requerido convino en la certeza del acto reclamado consistente en la promulgación del artículo 93 fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta de once de diciembre de dos mil trece (fojas 95 a 179). La existencia de cada una de las disposiciones normativas reclamadas, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o que se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 158, página 262, parte VIII, del Apéndice de 1985, Quinta Época; que dispone: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Así, como el contenido en la jurisprudencia II.1o. J/5, página 95, tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época; que establece: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. I. Respecto a las fracciones IV, V y XI, del ordinal 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el suscrito juzgador advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: **** XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; ***" Como se observa, del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se pretenda impugnar actos consentidos tácitamente. Se entiende que se han consentido tácitamente aquellos actos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; es decir, aquellos establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo que dispone: 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Del artículo referido, se obtiene que el plazo genérico para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo las excepciones a que se refiere el propio numeral. Por su parte, el artículo 18, de la ley de la materia, establece: 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De la reproducción que antecede, se advierte que la Ley de Amparo prevé tres supuestos para computar el plazo de quince días con que cuenta la parte quejosa para presentar la demanda de amparo; a saber: 1) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación legal de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a ley del acto; 2) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y, 3) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, en el presente asunto, el quejoso reclama la inconstitucionalidad del artículo 93, fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, con el carácter de heteroaplicativo, es decir con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, mismo que manifestó tuvo verificativo con la retención que se le realizó, la cual manifestó en su demanda haber conocido el quince de mayo de dos mil diecisiete. En ese sentido, de constancias de autos, se advierte que el quejoso conoció de la aplicación de dicho artículo desde las datas en que se realizó la retención a que se refiere el artículo 93, fracciones IV, V y XI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo cual tuvo verificativo, por lo que hace a las fracciones IV y V, desde el quince de enero de dos mil catorce; y en lo que refiere a la fracción XI, el uno de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 67 a 83), y no el quince de mayo de dos mil diecisiete como indicó en su escrito de demanda; documentales a las que se reconoce valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Con base en lo anterior, válidamente se afirma que el accionante de amparo conoció del acto de aplicación de la norma legal que por esta vía impugna desde el quince de enero de dos mil catorce (fracciones IV y V) y el uno de diciembre de dos mil dieciséis (fracción XI), fechas en que se realizaron las retenciones conforme a lo preceptuado en el ordinal 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En efecto, en este caso se actualiza el segundo supuesto establecido por el artículo 18, de la Ley de Amparo; es decir, el cómputo del plazo legal para interponer el juicio de amparo debe realizarse a partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. Apoya lo anterior, por el criterio que informa, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, visible en el tomo XXXI, enero de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 1931; que señala: DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Por tanto, el plazo para promover el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido por el artículo 18, de la ley de la materia, transcurrió, por lo que respecta a las fracciones IV y V del ordinal 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del dieciséis de enero al siete de febrero de dos mil catorce, sin contabilizar el dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de enero, así como el uno, dos, tres y cinco de febrero del mismo año; y en lo que hace a la fracción XI del citado ordinal, del dos al veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, sin computar el tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho del mismo mes y año, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si la presentación de la demanda de amparo se realizó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales, en San Andrés Cholula, Puebla, el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, como se advierte del sello respectivo (foja 8), es claro que se presentó fuera del plazo de quince días establecido por el artículo 17 de la ley de la materia y, por ello, debe estimarse consentido tácitamente el acto reclamado. Apoya lo anterior, la tesis I.4o.A.20 K, integrada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, abril de 1996, página 477, que dice: SOBRESEIMIENTO. ES PROCEDENTE CUANDO LA DEMANDA FUE PRESENTADA EXTEMPORÁNEAMENTE, SIN IMPORTAR QUE INICIALMENTE EL JUEZ LA HUBIESE ADMITIDO. El hecho de que sea hasta la sentencia que se sobresea en el juicio de amparo, con fundamento en lo que establece la fracción XII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, es decir, cuando el Juez al momento de dictar resolución, advierta que la demanda fue presentada extemporáneamente, no resulta incongruente con el hecho de haber sido admitida a trámite, pues en el auto admisorio sólo se establece el cumplimiento de determinados requisitos y si en aquél, el a quo no se percató o no señaló la extemporaneidad de la demanda, ello obedece a que las partes tienen hasta la audiencia constitucional la oportunidad de aportar las pruebas necesarias y de formular los alegatos convenientes a su favor, pues la manifestación del quejoso de haber conocido el acto reclamado en determinada fecha, pudo variar al exhibir las constancias de notificación relativas, de tal suerte que si el Juez al momento de dictar sentencia, se percató de que la demanda se presentó en forma extemporánea, de acuerdo al citado artículo, la resolución que sobreseyó fue correcta. Igualmente, se cita por su aplicación, la tesis publicada en la página trescientos sesenta y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, de junio de mil novecientos noventa y dos, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Octava Época, que literalmente establece: CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda". Con base en lo anterior, al resultar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción V, del diverso numeral 63, de la propia ley, por lo que hace a las fracciones IV, V y XI del ordinal 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. II. Respecto al último párrafo, del ordinal 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, este órgano advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa carece de interés jurídico para impugnar el artículo 93, último párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ya que no acreditó que dicha norma hubiera sido aplicada en su perjuicio. Para ello, conviene citar el contenido del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo: 61. El juicio de amparo es improcedente: **** XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; **** Conforme al invocado numeral, el juicio de amparo es improcedente cuando no se afecte la esfera jurídica de los quejosos; esto es, cuando no se acredite la titularidad de un derecho subjetivo o un interés legítimo individual o colectivo y, tratándose de normas generales, el juicio será improcedente cuando éstas requieran de un acto de aplicación con posterioridad a su entrada en vigor y no esté acreditado en autos. Al respecto, debe tenerse en cuenta que los artículos 17, 61, fracción XII y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En efecto, el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio al quejoso. **** Del artículo trascrito se advierte que los gobernados cuentan con dos momentos fundamentales para impugnar las leyes, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, con motivo de su sola vigencia o contra el primer acto de aplicación. En el primer caso, basta que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de promover la acción constitucional dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En el segundo caso, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días, según la regla establecida en el artículo en cita. Así, para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencia a consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Materia Constitucional, Común, tesis P./J. 55/97, página 5, registro 198200, que dice: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. En ese contexto, debe precisarse que el quejoso reclama la ley como heteroaplicativa, por lo cual es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, pues conforme a la técnica del juicio de amparo, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo del primer acto de aplicación, como presupuesto se requiere que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio a su esfera jurídica, ya sea que se aplique formal y materialmente, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en su mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona para que se estime aplicada. En ese sentido, el interés jurídico, se reitera, ha sido definido para efectos del juicio constitucional, como el derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado, otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad o terceros. Muestra de ello es el criterio cuyo texto está contenido en la tesis I. 1o. A. J/17, de la Octava Época, registro 217651, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 60, Diciembre de 1992, Materia Común, página 35, que reza: INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." En ese entendido, la parte quejosa tendrá interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad, en la medida que sea titular de un derecho subjetivo que se vea afectado con la actuación del poder público. Esa afectación podría ocurrir de dos formas, a saber: I. Que se afecte la esfera jurídica del demandante en abstracto, imponiendo una obligación que antes no se tenía; II. Que se afecte un derecho subjetivo en particular, ya sea eliminándolo o restringiéndolo. Con base en lo anterior, la causa de improcedencia citada se actualiza cuando el acto de autoridad que se combate en el juicio de amparo no incide en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le impone obligación alguna, o bien, no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto. En ese tenor, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en su primera hipótesis, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la Ley. Dentro de los postulados básicos del juicio de amparo se encuentra el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo. En relación con lo expuesto es conveniente poner de manifiesto que en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal se establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho, como puede verse en la transcripción siguiente: 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. **** En relación con dicho numeral, deben citarse, además, los diversos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, que prevén: 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo." 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. De lo anterior se desprende que en el juicio de amparo constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. Conforme a los citados normativos, el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de poder para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Precisado lo anterior, se tiene que la parte quejosa controvierte la constitucionalidad del artículo 93, último párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; pues según refirió transgrede en su perjuicio diversos artículos constitucionales y tratados internacionales relacionados con derechos humanos de los que el Estado Mexicano es parte. Ahora bien, el precepto y párrafo reclamado, así como las diversas fracciones IV, V y XI, reclamadas son del tenor siguiente: 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: **** IV. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y el beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título. V. Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere la fracción anterior, se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador a que se refiere la misma, independientemente de quien los pague. Sobre el excedente se deberá efectuar la retención en los términos que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley. **** XI. Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro establecidos por las empresas para sus trabajadores cuando reúnan los requisitos de deducibilidad del Título II de esta Ley o, en su caso, del presente Título. **** La exención aplicable a los ingresos obtenidos por concepto de prestaciones de previsión social se limitará cuando la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados o aquellos que reciban, por parte de las sociedades cooperativas, los socios o miembros de las mismas y el monto de la exención exceda de una cantidad equivalente a siete veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año; cuando dicha suma exceda de la cantidad citada, solamente se considerará como ingreso no sujeto al pago del impuesto un monto hasta de un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año. Esta limitación en ningún caso deberá dar como resultado que la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados o aquellos que reciban, por parte de las sociedades cooperativas, los socios o miembros de las mismas y el importe de la exención, sea inferior a siete veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año. Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable tratándose de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias, indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se concedan de acuerdo con las leyes, contratos colectivos de trabajo o contratos ley, reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, concedidos de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo, seguros de gastos médicos, seguros de vida y fondos de ahorro, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en las fracciones XI y XXI del artículo 27 de esta Ley, aun cuando quien otorgue dichas prestaciones de previsión social no sea contribuyente del impuesto establecido en esta Ley." Del análisis del artículo trascrito, evidencia que no se pagará Impuesto Sobre la Renta en tratándose de los ingresos siguientes: - Jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social; - Los provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte; - Los provenientes de la caja de ahorro y fondos de ahorro. Ello, siempre que el monto diario no exceda de quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y el beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal, pues por el excedente se pagará dicho impuesto. En ese contexto, es evidente que el precepto legal reclamado es de naturaleza heteroaplicativa, pues desde el inicio de su vigencia no obliga a los particulares que se ubiquen en la hipótesis normativa que prevé. Sin embargo, toda vez que inició su vigencia a partir del uno de enero de dos mil catorce, y la presente demanda fue promovida por el quejoso fuera de los treinta días siguientes al inicio de su vigencia, para impugnar la norma general válidamente, requiere acreditar un acto concreto de aplicación de la misma, y que éste sea el primero de aplicación en su perjuicio. Sobre dicho aspecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para acreditar una afectación al interés jurídico del gobernado, que lo legitime para impugnar en el juicio de amparo una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, es necesario que se compruebe fehacientemente que a través de dicho acto la respectiva hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de amparo o en los diversos escritos presentados durante la tramitación del juicio, sino, en todo caso, del contenido del supuesto acto de aplicación. Sirve de fundamento las jurisprudencias de contenido siguiente: LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE IMPUGNAN POR SU PRETENDIDA APLICACIÓN Y NO POR SU APLICACIÓN CONCRETA, EL JUICIO DE AMPARO RESULTA IMPROCEDENTE. Si se reclama la expedición, promulgación y publicación de una ley porque con base en ella se pretende cobrar a la quejosa determinados derechos, aun cuando los actos de las autoridades se hayan tenido por presuntivamente ciertos, si no se señala el acto de aplicación, sino simplemente se expresa que las ejecutoras tratan de aplicar la ley, como no se impugna propiamente el mencionado cuerpo legal por su aplicación concreta al caso especial de la quejosa, sino por su pretendida aplicación, sin que ésta se haya demostrado, debe sobreseerse en el juicio. LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." En el caso, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa aduce tener el carácter de jubilada, y refiere, entre otras cuestiones, que en el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, su ingreso por jubilación resultó gravado por el Impuesto Sobre la Renta, aplicándosele en su perjuicio el artículo 93, fracciones IV, V, XI y último párrafo de la ley que regula el tributo referido; pues afirma que al constituir dicho ingreso una pensión debe estar exento del cobro del mencionado impuesto. En esa virtud, el quejoso acompañó a su demanda de amparo, a fin de acreditar el acto de aplicación que le produce el precepto legal impugnado, las constancias de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario, y subsidio para el empleo, referentes al ejercicio fiscal dos mil dieciséis, expedidos a nombre del quejoso (fojas 33 a 36) de la cual se desprenden diversos montos en los rubros de: "IMPUESTO SOBRE LA RENTA", "PAGOS POR SEPARACIÓN", "PAGOS DEL PATRÓN EFECTUADOS A SUS TRABAJADORES" e "IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS". Sin embargo, las constancias aludidas por sí solas no constituyen los documentos idóneos para demostrar fehacientemente el acto de aplicación argüido, en virtud de que de su contenido se desprende que, en efecto, se produjo una aplicación del Impuesto Sobre la Renta, empero, ello no evidencia que indudablemente esa deducción hubiere acontecido con motivo de la actualización del supuesto contenido en el último párrafo de la porción legislativa reclamada, pues no debe perderse de vista que la ley de la materia establece múltiples hipótesis de pago de dicho impuesto. Además, porque la accionante del amparo no acreditó ubicarse en los supuestos de excepción previstos por las aludidas disposiciones legales y que indebidamente se le hubiera efectuado una deducción por concepto del tributo de que se trata, causándole un agravio. Aunado a que del ocurso suscrito por el apoderado legal de Teléfonos de México, fechado el trece de agosto de dos mil dieciocho (fojas 67 a 83), se desprende que por lo que hace al último párrafo, del numeral 93, del referido ordenamiento legal, su representada no llevó a cabo retención alguna, pues dicha porción normativa no conlleva obligación de retener por parte de quienes, como su mandante, hacen pagos por los conceptos a que se refiere el capítulo I, del título IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por ello, al no haberse acreditado fehacientemente la aplicación de la norma reclamada, no es procedente tener por acreditado el primer acto de aplicación de ésta en perjuicio del quejoso; y al no haberlo hecho, se genera la improcedencia del juicio de amparo. Ello, porque en tratándose de normas de individualización condicionada, como acontece en la especie, es la parte quejosa quien debe demostrar fehacientemente que el acto de aplicación de la porción legal reclamada le ha ocasionado un perjuicio, ello a fin de satisfacer el principio de instancia de parte agraviada. Además, porque es ese perjuicio el que materializa la oportunidad de combatir ese tipo de normas, por tanto, dicha carga probatoria le compete al propio quejoso. Sirve de sustento a lo anterior, por las razones jurídicas que contiene, el criterio siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA LEY AUTOAPLICATIVA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE ÉSTE EN SU PERJUICIO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA. De los artículos 21, 22 y 73, fracciones VI y XII de la Ley de Amparo, el juicio de garantías promovido contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: la primera, dentro de los treinta días contados desde que entró en vigor; la segunda, dentro de los quince días a partir del siguiente al en que tuvo lugar el primer acto de aplicación. Con base en ello, puede establecerse que si el juicio se interpone contra una ley autoaplicativa dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que entró en vigor, según el citado artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés jurídico quedará acreditado si demuestra haberse ubicado en el supuesto de la norma, ya que sólo así puede concluirse que la ley desde el momento de su iniciación de vigencia afecta los intereses jurídicos del particular. En cambio, cuando se impugna la norma autoaplicativa dentro de los quince días siguientes al primer acto concreto de aplicación, según lo establece el invocado artículo 73, fracción XII, segundo párrafo, esto es, cuando se reclama con motivo de un acto concreto de aplicación después de transcurrido el término de treinta días para impugnarla por su sola entrada en vigor, el interés jurídico del quejoso quedará acreditado no solamente con probar que se encuentra en el supuesto de la norma, sino además deberá acreditar que efectivamente le fue aplicado dicho dispositivo mediante un acto que le genera perjuicio, pues si conforme a los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías se seguirá sólo a instancia de parte agraviada, aunque aquél acredite estar en los supuestos normativos, si el acto no contiene la aplicación del precepto en su agravio, no lo habilita entonces para combatir la ley con ese motivo. Lo anterior no implica que en esta hipótesis de impugnación en el amparo contra leyes, el acto de aplicación se convierta en la fuente del perjuicio al interés jurídico, no obstante que la norma desde su entrada en vigor genera agravio en la esfera jurídica del quejoso; sino la sujeción a lo dispuesto por el legislador en los mencionados artículos 21, 22 y 73, fracción XII, referentes a las oportunidades que el gobernado tiene para impugnar la ley autoaplicativa, concretamente cuando lo hace dentro de los quince días siguientes al acto concreto de aplicación; pues dichos dispositivos sujetan la procedencia de la acción constitucional a la demostración de que el acto de aplicación se ha producido en agravio del quejoso. No basta pues argüir que como la ley es autoaplicativa debe deducirse o suponerse su aplicación, dado que esa presunción sólo opera cuando la impugnación se efectúa dentro de los primeros treinta días de vigencia. Así pues, para que resulte de observancia la hipótesis legal y jurisprudencial relativas a que las leyes autoaplicativas en todo caso pueden ser combatidas dentro de los quince días siguientes del primer acto de aplicación, es requisito indispensable que el quejoso demuestre la existencia del acto de aplicación en su perjuicio, pues es éste el que materializa la oportunidad de combatir ese tipo de normas, por tanto, dicha carga probatoria le compete al propio agraviado. Entender lo contrario, sería tanto como hacer nugatorio y dejar sin efecto lo expresamente señalado por los preceptos constitucionales y legales citados, y sobre todo la regulación que establecen respecto a las dos oportunidades de las que dispone el quejoso para ejercitar la acción constitucional, tratándose de una ley de la naturaleza referida, dado que implicaría concluir innecesario el requisito de la existencia de un acto concreto de aplicación y pasar por alto el principio básico en el juicio de amparo, de instancia de parte agraviada. En mérito del resultado obtenido, es innecesario estudiar las diversas causas de improcedencia propuestas por las autoridades responsables en sus informes justificados, en tanto que su examen a ningún fin práctico conduciría, dado que no cambiaría el sentido de la resolución. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/98, visible en la página 414, tomo VIII, agosto de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; que señala: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido Pedro Herrera Monreal, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ******************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ******************, hasta el día de hoy, quince de noviembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de octubre de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos para que conste como corresponda, el oficio y anexo suscrito por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, a través del cual remite debidamente diligenciado el exhorto 351/2018, del índice de este órgano jurisdiccional. Por ende, con transcripción del presente proveído, acúsese a la autoridad referida, el recibo respectivo. Lo anterior con apoyo en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otra parte, se desprende que la parte quejosa *******, no desahogo el requerimiento que se le formuló, por auto de trece de septiembre de dos mil dieciocho, a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que a la fecha se haya recibido promoción alguna al respecto; por ende, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, y se ordena que las notificaciones que deriven de este juicio aún las de carácter personal, se le hagan por medio de lista que se publique en los estrados de este Juzgado, con base en lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Amparo. Cúmplase. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con los artículos 229, 230, 231 y 241 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se desprende que el día de hoy se encuentra previsto para la celebración de la audiencia constitucional. No obstante lo anterior, de autos también se advierte que aún no ha sido devuelto el exhorto 351/2018, el cual fue enviado el trece de septiembre del año que transcurre, a efecto de notificar al quejoso el auto de la dicha data. Por lo que, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del cinco de noviembre de dos mil dieciocho, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con los artículos 229, 230, 231 y 241 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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