Pedro González Gálvez
Expediente 681/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 681/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Pedro González Gálvez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de veinticinco de marzo del año en curso, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso c) del artículo 21 del citado acuerdo, toda vez que la medida cautelar se negó respecto de todos los actos reclamados; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho acuerdo, mientras acontece lo anterior guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado, hasta en tanto se destruya. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el oficio signado por el Encargado de Sala del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, informa y acredita: Que el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia condenatoria dentro de la causa penal ******** en contra de **********. Se ordenó al Director del Centro Estatal de Prevención Social de San Felipe, Guanajuato, la inmediata libertada de************, en virtud de que se acogió al sustitutivo de la semilibertad condicionada concedido en sentencia. Pues bien, de las constancias remitidas y del disco versátil digital (DVD), a los cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, o bien, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la prerrogativa constitucional que se estime violada. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Las anteriores consideraciones fueron sustentadas en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, Tesis: 2a./J. 181/2006, visible en la página 189 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Bajo las consideraciones anteriores, en el caso concreto el suscrito estima que se actualiza dicha causal de improcedencia, pues a pesar de que aún existe la determinación administrativa de traslado de *********** del centro penitenciario en el que se encontraba interno (Centro Estatal de Prevención Social de Celaya, Guanajuato), al Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de San Felipe, Guanajuato, asumida por el Director de Coordinación y Control de los Centros Estatales de Prevención y Reinserción Social, mediante oficio SSP/SS/DGSP/0011302-20 de ocho de noviembre de dos mil veinte y calificada de legal mediante acuerdo de diez de noviembre siguiente por el Juez del Tribunal Unitario de Juzgado Oral de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, dentro de la causa penal *********** de su índice, lo cierto es que no puede ya surtir efecto legal alguno, toda vez que ha dejado de existir el objeto del mismo. Se afirma lo anterior, en virtud de que el objeto de la orden de traslado, consistió en la movilización del entonces procesado del centro penitenciario en el que se encontraba interno (Centro Estatal de Prevención Social de Celaya, Guanajuato), al Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de San Felipe, Guanajuato. Sin embargo, mediante sentencia condenatoria de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, emitida dentro de la causa penal *********** de la estadística del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, se concedió a ************ el sustitutivo de la semilibertad condicionada y, previo pago de multa y depósito de caución impuesta, se ordenó al Director del Centro Estatal de Prevención Social de San Felipe, Guanajuato, su inmediata libertada. En ese tenor, si bien es cierto que jurídicamente subsiste la orden de traslado decretada en contra del aquí quejoso (acto reclamado en el presente juicio), dado que no ha sido declarada sin efectos, también lo es que no puede surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, esto es, por haber obtenido su libertad. Lo anterior es así, dado que si el objeto de la indicada orden de traslado consistió en la movilización del quejoso de un centro penitenciario a otro, y tras haberse acogido al sustitutivo de la semilibertad condicionada concedido en sentencia condenatoria de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, emitida dentro de la causa penal 1P0619-1909, de la estadística del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, obtuvo su libertad; es inconcuso que en la especie dejó de existir la materia del acto reclamado. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XIX.1o.11 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, visible en la página 2715, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO, Y DURANTE SU TRÁMITE, EL QUEJOSO OBTIENE SU LIBERTAD, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Cuando el acto reclamado lo constituye la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, y en la secuela del juicio de amparo, el quejoso obtiene su libertad, debe sobreseerse en el juicio de derechos fundamentales, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual requiere el cumplimiento de tres requisitos: a) que el acto reclamado subsista, b) que no pueda surtir efecto legal o material, y c) que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado. Así, el primer punto se cumple en la medida en que la orden de traslado subsiste jurídicamente, por no haber sido declarada sin efectos; el segundo también se cumple, pues esa orden ya no podrá surtir efecto legal o material alguno en el quejoso, por haber obtenido su libertad y, del mismo modo, se satisface el tercer requisito, ya que el objeto de la orden reclamada, consistente en la movilización del reo, también habrá dejado de existir." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. En apoyo a la conclusión anterior, se invoca la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Encargado de Sala del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, informa y acredita: Que el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia condenatoria dentro de la causa penal ******** en contra de **********. Se ordenó al Director del Centro Estatal de Prevención Social de San Felipe, Guanajuato, la inmediata libertada de************, en virtud de que se acogió al sustitutivo de la semilibertad condicionada concedido en sentencia. Pues bien, de las constancias remitidas y del disco versátil digital (DVD), a los cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, o bien, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la prerrogativa constitucional que se estime violada. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Las anteriores consideraciones fueron sustentadas en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, Tesis: 2a./J. 181/2006, visible en la página 189 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Bajo las consideraciones anteriores, en el caso concreto el suscrito estima que se actualiza dicha causal de improcedencia, pues a pesar de que aún existe la determinación administrativa de traslado de *********** del centro penitenciario en el que se encontraba interno (Centro Estatal de Prevención Social de Celaya, Guanajuato), al Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de San Felipe, Guanajuato, asumida por el Director de Coordinación y Control de los Centros Estatales de Prevención y Reinserción Social, mediante oficio SSP/SS/DGSP/0011302-20 de ocho de noviembre de dos mil veinte y calificada de legal mediante acuerdo de diez de noviembre siguiente por el Juez del Tribunal Unitario de Juzgado Oral de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, dentro de la causa penal *********** de su índice, lo cierto es que no puede ya surtir efecto legal alguno, toda vez que ha dejado de existir el objeto del mismo. Se afirma lo anterior, en virtud de que el objeto de la orden de traslado, consistió en la movilización del entonces procesado del centro penitenciario en el que se encontraba interno (Centro Estatal de Prevención Social de Celaya, Guanajuato), al Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de San Felipe, Guanajuato. Sin embargo, mediante sentencia condenatoria de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, emitida dentro de la causa penal *********** de la estadística del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, se concedió a ************ el sustitutivo de la semilibertad condicionada y, previo pago de multa y depósito de caución impuesta, se ordenó al Director del Centro Estatal de Prevención Social de San Felipe, Guanajuato, su inmediata libertada. En ese tenor, si bien es cierto que jurídicamente subsiste la orden de traslado decretada en contra del aquí quejoso (acto reclamado en el presente juicio), dado que no ha sido declarada sin efectos, también lo es que no puede surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, esto es, por haber obtenido su libertad. Lo anterior es así, dado que si el objeto de la indicada orden de traslado consistió en la movilización del quejoso de un centro penitenciario a otro, y tras haberse acogido al sustitutivo de la semilibertad condicionada concedido en sentencia condenatoria de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, emitida dentro de la causa penal 1P0619-1909, de la estadística del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, obtuvo su libertad; es inconcuso que en la especie dejó de existir la materia del acto reclamado. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XIX.1o.11 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, visible en la página 2715, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO, Y DURANTE SU TRÁMITE, EL QUEJOSO OBTIENE SU LIBERTAD, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Cuando el acto reclamado lo constituye la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, y en la secuela del juicio de amparo, el quejoso obtiene su libertad, debe sobreseerse en el juicio de derechos fundamentales, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual requiere el cumplimiento de tres requisitos: a) que el acto reclamado subsista, b) que no pueda surtir efecto legal o material, y c) que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado. Así, el primer punto se cumple en la medida en que la orden de traslado subsiste jurídicamente, por no haber sido declarada sin efectos; el segundo también se cumple, pues esa orden ya no podrá surtir efecto legal o material alguno en el quejoso, por haber obtenido su libertad y, del mismo modo, se satisface el tercer requisito, ya que el objeto de la orden reclamada, consistente en la movilización del reo, también habrá dejado de existir." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. En apoyo a la conclusión anterior, se invoca la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte la razón por la que no fue posible llevar a cabo la audiencia constitucional programada para el veintinueve de diciembre de dos mil veinte, toda vez que de conformidad con las circulares CAP/3/2020 suscrita por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021, SECNO/12/2021 y SECNO/13/2021, firmadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, por lo que se suspendieron plazos y términos procesales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al tres de marzo del presente año, con excepción de los casos previstos en el indicado acuerdo; por tanto, con fundamento en el artículo 2, fracciones I y VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, se reanuda el presente juicio, en el punto en que quedó pausado, para lo cual se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, agréguese en autos el oficio signado por el Director del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofertando como pruebas de su intención las documentales que exhibe, las que se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. En lo que atañe a la videograbación que anuncia como prueba, respecto de los hechos ocurridos el siete de noviembre de dos mil veinte, que motivaron el traslado del ahora quejoso, una vez que obre en autos se acordará lo conducente.
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