Pedro Estanislao Montellano Reséndiz

Expediente 694/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
694/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
04/09/2023

Partes del expediente

  • Pedro Estanislao Montellano Reséndiz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de control de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera destruible de conformidad con el artículo 14 fracción III, una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis del artículo 20, fracción IV.

  2. Principal

    Agréguese el escrito de cuenta firmado por el quejoso **************; en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de veintitrés de agosto del año en curso, en el que se desechó la demanda por actualizarse una causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por *************, por su propio derecho, contra actos de la Jueza de Oralidad Laboral del Tribunal Laboral Región III, con sede en Celaya, Guanajuato, y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 694/2023-VII. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En la especie, el suscrito considera la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución." De la segunda parte del precepto legal trascrito, se advierte que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia invocada, conviene establecer que el quejoso acude a esta instancia constitucional señalando como acto reclamado: La resolución de ejecución dictada el once de agosto de dos mil veintitrés, por la Jueza de Oralidad Laboral del Tribunal Laboral Región III, con sede en Celaya, Guanajuato, dentro de juicio laboral ************* de su estadística. Lo anterior, en etapa de ejecución de sentencia. En esa virtud, si el acto que en esta vía se reclama, es la resolución de ejecución de fecha once de agosto de dos mil veintitrés, ordenada en el juicio laboral ***************, del índice del Juzgado de Oralidad Laboral del Tribunal Laboral Región III, con sede en Celaya, Guanajuato, en el cual el aquí quejoso figura como demandado y en la que además ya existe sentencia definitiva, puesto que en los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, el promovente manifiesta que fue condenado en dicho procedimiento judicial, y mediante resolución de once de agosto del año en curso, la Jueza responsable ordenó su ejecución; por lo que, es inconcuso que dicho acto fue dictado en etapa de ejecución de sentencia, ya que guarda plena vinculación con la ejecución de la misma, en virtud de que no es autónomo a ésta; razón por la cual, no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, ni es de las que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior se afirma, habida cuenta que el acto que se reclama en esta instancia fue emitido en etapa de ejecución de sentencia, y no debe perderse de vista que: I. El quejoso es parte demandada en el juicio del que emana el acto reclamado. II. El acto impugnado deriva de la existencia de un fallo con el rango de cosa juzgada, el cual en términos del artículo 17 constitucional debe ser ejecutado por ser de orden público; y, III. De proceder con el trámite del presente juicio, implicaría anteponer el interés particular por encima del público, pues la sociedad está interesada que las sentencias con el rango de cosa juzgada sean ejecutadas. En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en ejecución de sentencia. No pasan inadvertidas las manifestaciones realizadas por la parte quejosa dentro de su escrito de demanda, en el sentido de que la sentencia que se pretende ejecutar se encuentra sub-judice, debido a que promovió un amparo directo en contra de la misma, en el que incluso se ordenó la suspensión del acto, por lo que la Juez de Oralidad Laboral no debió ordenar su ejecución; sin embargo, dichas circunstancias resultan insuficientes para justificar la procedencia del juicio de amparo indirecto ante esta instancia, pues en todo caso, ante la inobservancia de la suspensión concedida en el juicio de amparo directo, por parte de las autoridades responsables, el quejoso está en aptitud de promover ante el Tribunal Colegiado correspondiente, el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, previsto en los artículos 206 y 207 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Tomando en consideración que el promovente fue omiso en señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado, sin perjuicio de que posteriormente designe uno diverso. Sin que proceda el realizarlas a través de la dirección electrónica del sistema informático del Poder Judicial que señala, ya que éste no es un medio idóneo para realizar las correspondientes notificaciones. Asimismo, se le tiene autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************, por así haberlo solicitado. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En términos del artículo 263, facción II del Acuerdo General del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se invita a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.

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