Pedro Correa Reveles

Expediente 658/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
658/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
25/03/2019

Partes del expediente

  • Pedro Correa Reveles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación de Guanajuato 3 del Servicio de Administración Tributaria de esta localidad, toda vez que el veinticinco de febrero pasado se ordenó el archivo del expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III, INCISO A) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a las partes, en proveído de quince de febrero de dos mil diecinueve, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ******************, para el efecto de que el Delegado Federal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, (INSU) de esta localidad: Dejara insubsistente la determinación de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, contenida en el oficio 1.8.11.1/336/2018; y Dictara otra en la cual, reiterando lo que no fue motivo de concesión, con libertad de jurisdicción, purgara el vicio formal advertido, esto es, se estableciera el fundamento legal y motivo por el cuál es factible que se dejen a salvo los derechos del promovente para que los haga valer ante la autoridad competente. b) Por providencia de nueve de octubre de dos mil dieciocho, se declaró la firmeza del fallo protector; razón por la cual se requirió al Delegado Federal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, (INSU) de esta localidad, cumpliera con él. c) En proveídos de siete de noviembre y veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, así como dieciséis de enero del año en curso, se giró oficios recordatorios a la responsable para que informara las gestiones que se encontraba realizando a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitiera las constancias que así lo acreditaran. d) Luego, no obstante los múltiples requerimientos que se hacen referencia en el inciso que antecede, la autoridad fue omisa en dar cumplimiento a la sentencia concesoria, por lo que en providencia de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, se le impuso una multa en virtud de haber transcurrido más de tres meses sin que hubiere dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y se le concedió un plazo razonable de quince días hábiles para tal efecto y remitiera las constancias que así lo acreditaran. e) Posteriormente por auto de quince de febrero de dos mil diecinueve, se tuvo al Apoderado Legal y Encargado de los Asuntos del Instituto Nacional del Subsuelo Sustentable (INSU), Delegación Guanajuato, con sede en esta localidad, allegando copia certificada de las constancias con las que adujo dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que en esa misma data se dio vista a las partes, y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la aludida responsable, mismas que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se presume que dejó insubsistente la determinación de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, contenida en el oficio 1.8.11.1/336/2018, en virtud de lo siguiente: Emitió la determinación de seis de febrero de dos mil diecinueve, estableciendo el fundamento legal y el motivo por el cuál resultaba factible dejar a salvo los derechos del aquí quejoso para efecto de que los hiciera valer en la vía procesal correspondiente y ante la autoridad competente, al tratarse de un asunto entre particulares. En esas condiciones, el suscrito estima que a través de la determinación citada en los párrafos que anteceden, la responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, restituyendo al impetrante en el pleno goce de su derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. De conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, por lo se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude dicho acuerdo, mientras acontece lo anterior, guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Apoderado Legal y Encargado de los Asuntos del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSU), Delegación Guanajuato, con sede en esta localidad, mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en ese sentido, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidas que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, de los que se advierte que el Delegado Federal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) de esta localidad, no ha cumplido con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, no obstante de los múltiples requerimientos que se le hicieron para tal efecto, en específico cuatro; en ese sentido, se acuerda: Como punto de partida, debe establecerse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª) de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO"; sostuvo: Que de acuerdo con el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria y se ha ordenado su notificación a las partes. Que el plazo de tres días que prevé la ley para que se cumplan las sentencias de amparo tiene tres excepciones: Se puede ampliar por el juzgador en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, tomando en consideración la complejidad o dificultad del cumplimiento; Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo concedido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa de retraso; y Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso; en el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Que si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, y si las responsables no lo han efectuado, el juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Bajo dicha guisa, en la especie se tiene que la sentencia concesoria causó ejecutoria el nueve de octubre de dos mil dieciocho; cabe destacar que en dicho acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la responsable para que dentro del término de tres días legalmente computado, diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito y remitiera las constancias que así lo acreditara, bajo apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondría una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, tal como lo prevé los artículos 258 de la ley reglamentaria, en relación con el diverso 238 de la misma, conforme Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, mediante proveídos de siete de noviembre y veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, así como dieciséis de enero de dos mil diecinueve, se requirió de nueva a cuenta a la responsable para que informara las gestiones que se encontraba realizando a afecto de dar cumplimiento a la sentencia concesoria y remitiera las constancias que así lo acreditaran, bajo el apercibimiento correspondiente, sin que haya informado nada al respecto. De lo expuesto, y ya que a la fecha ha transcurrido más de tres meses desde que causó ejecutoria la sentencia de amparo, sin que la responsable haya cumplido con la misma, procede que se imponga a **********, Delegado Federal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, multa por $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), que resulta del equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización; lo anterior, con fundamento en los establecido en los artículos 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, en lo establecido en el criterio del rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Lo anterior se considera, en atención a que en el caso se satisficieron los extremos previstos tanto legal como jurisprudencialmente para el procedimiento del cumplimiento y ejecución de la sentencia concesoria, sin que la responsable haya cumplido con la ejecutoria de amparo. Comuníquese lo anterior al Administrador Local de Recaudación Fiscal del Servicio de Administración Tributaria de esta localidad, para que ordene que se proceda a hacer efectivo su cobro. Ahora bien, hágase del conocimiento de la autoridad hacendaria que la citada responsable tiene su domicilio en División del Norte número 124, planta baja, esquina con Prolongación Reforma, Colonia El Vergel de Celaya, Guanajuato, Código Postal 38070, teléfono 01(461) 612 3970 y/o 01 (461) 613 64 64. Finalmente, como consecuencia de lo anterior, se otorga al Delegado Federal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, un plazo de quince días hábiles, para que cumpla cabalmente con la ejecutoria de amparo y remita las constancias que así lo acrediten, bajo apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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