Pedro Gamboa Hernandez
Expediente 612/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 612/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Pedro Gamboa Hernandez
- Diligenciaria Adscrita Al Juzgado de lo Penal de Atlixco, Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA ABIGAIL MORANCHEL GARCÍA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, primero de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el ocho de julio de dos mil dieciséis (fojas 43 a 62), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "1. Únicamente por cuanto hace al aquí quejoso, deje insubsistente el auto de formal prisión de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 86/2016; 2. Con libertad de jurisdicción dicte otra resolución subsanando los vicios de forma destacados en esta sentencia, deberá, concretamente: 2.1. Precisar las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se imputa al sujeto activo -aquí quejoso-, así como los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales debe concluirse que con la acción perpetrada se llevó a cabo en esas circunstancias. 2.2. Mencionar con qué medio o medios de convicción se acredita cada uno de los elementos del delito de detentación de vehículo robado agravado que se atribuye al peticionario de amparo. 2.3 Subsane la incongruencia en que incurrió en la parte conclusiva del apartado correspondiente al cuerpo del delito mencionado. 2.4. Justifique por qué a pesar de lo que dispone el artículo 380 en su primer párrafo, era procedente agravar al penalidad del delito atribuido al aquí quejoso, pues al parecer el citado normativo que la contempla excluye a la fracción IX del artículo 375 del Código Penal, dado que únicamente permite agravar las penas previstas en las fracciones I, II y IV de ese precepto legal. 2.5. Precise claramente la forma de autoría o participación en que incurrió el aquí quejoso en la comisión del delito de detentación de vehículo robado agravado, así como la prueba o pruebas con que esa participación se acredita." (fojas 59 y 59 vuelta). Asimismo, en el considerando octavo de dicha determinación se estableció: "Por tanto, en caso de no haberlo hecho, el juez responsable deberá dar vista al Ministerio Público -distinto al que conoció de la investigación- respecto de las manifestaciones de los coinculpados, en las que declaran tanto ellos como su coinculpado, haber sufrido posiblemente tortura durante su detención, para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, para lo cual, el juez deberá proporcionarle los datos que obran en el proceso y que al caso sean necesarios para tal efecto. Debiéndose garantizar la independencia del personal médico encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos, de manera que pueda practicar libremente las evaluaciones necesarias, pues al no hacerlo así se trasgrede el contenido del artículo 1 de la Carta Magna." (foja 61). Resolución que el doce de agosto de dos mil dieciséis causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 123 a 126). Por lo anterior, mediante oficio 3408 de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis (fojas 137 a 158), la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha en la causa penal 86/2016 de su índice, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos la resolución reclamada de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis (foja 139 vuelta). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, volvió a decretar contra el aquí amparista auto de formal prisión respecto del delito de detentación de vehículo robado, previsto y sancionado por el artículo 375, fracción IX del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de quien resulte ser el legítimo propietario del vehículo afecto. Resolución de término constitucional en la cual el juez de la causa estableció los elementos del cuerpo del delito de detentación de vehículo robado (foja 140), así como los medios de prueba con los cuales se acredita cada uno de los mismos (fojas 140 a 151). Igualmente, estableció las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución de los referidos ilícitos, así como los razonamientos lógicos-jurídicos para justificar las mismas (fojas 152 y 152 vuelta). Subsanó la incongruencia en que había incurrido en la parte conclusiva del apartado correspondiente al cuerpo del delito en estudio al establecer los datos correctos del vehículo afecto (foja 152 vuelta). Por otra parte, el juez de la causa, en el delito imputado al aquí quejoso le quitó la agravante prevista en el artículo 380, fracción XI del Código Penal del Estado de Puebla, ya que la misma agrava únicamente las penas señaladas en las fracciones I, II y IV del artículo 375, entre otros artículos del dicho código, pero no la prevista en la fracción XI del dicho numeral que prevé y sanciona la conducta imputada al amparista (foja 152 vuelta). Igualmente, estableció la forma de autoría o participación del aquí quejoso en la comisión del delito imputado, y los medios de prueba con los cuales se justifica la misma, al establecer que es autor material de los hechos, lo cual acredita con su propia declaración y la del coprocesado Crescencio Fernández Ortiz (fojas 152 vuelta a 155). Por otro lado, mediante diverso oficio 3417 de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis (fojas 161 a 164), el juez de la causa remitió a esta autoridad copia certificada del proveído de dieciséis del mes y año que transcurren, mediante el cual da vista al Ministerio Público respecto de las manifestaciones tanto del aquí quejoso como de los coinculpados, en las que declaran haber sufrido posiblemente tortura durante su detención, para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, primero de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el ocho de julio de dos mil dieciséis (fojas 43 a 62), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "1. Únicamente por cuanto hace al aquí quejoso, deje insubsistente el auto de formal prisión de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 86/2016; 2. Con libertad de jurisdicción dicte otra resolución subsanando los vicios de forma destacados en esta sentencia, deberá, concretamente: 2.1. Precisar las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se imputa al sujeto activo -aquí quejoso-, así como los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales debe concluirse que con la acción perpetrada se llevó a cabo en esas circunstancias. 2.2. Mencionar con qué medio o medios de convicción se acredita cada uno de los elementos del delito de detentación de vehículo robado agravado que se atribuye al peticionario de amparo. 2.3 Subsane la incongruencia en que incurrió en la parte conclusiva del apartado correspondiente al cuerpo del delito mencionado. 2.4. Justifique por qué a pesar de lo que dispone el artículo 380 en su primer párrafo, era procedente agravar al penalidad del delito atribuido al aquí quejoso, pues al parecer el citado normativo que la contempla excluye a la fracción IX del artículo 375 del Código Penal, dado que únicamente permite agravar las penas previstas en las fracciones I, II y IV de ese precepto legal. 2.5. Precise claramente la forma de autoría o participación en que incurrió el aquí quejoso en la comisión del delito de detentación de vehículo robado agravado, así como la prueba o pruebas con que esa participación se acredita." (fojas 59 y 59 vuelta). Asimismo, en el considerando octavo de dicha determinación se estableció: "Por tanto, en caso de no haberlo hecho, el juez responsable deberá dar vista al Ministerio Público -distinto al que conoció de la investigación- respecto de las manifestaciones de los coinculpados, en las que declaran tanto ellos como su coinculpado, haber sufrido posiblemente tortura durante su detención, para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, para lo cual, el juez deberá proporcionarle los datos que obran en el proceso y que al caso sean necesarios para tal efecto. Debiéndose garantizar la independencia del personal médico encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos, de manera que pueda practicar libremente las evaluaciones necesarias, pues al no hacerlo así se trasgrede el contenido del artículo 1 de la Carta Magna." (foja 61). Resolución que el doce de agosto de dos mil dieciséis causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 123 a 126). Por lo anterior, mediante oficio 3408 de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis (fojas 137 a 158), la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha en la causa penal 86/2016 de su índice, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos la resolución reclamada de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis (foja 139 vuelta). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, volvió a decretar contra el aquí amparista auto de formal prisión respecto del delito de detentación de vehículo robado, previsto y sancionado por el artículo 375, fracción IX del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de quien resulte ser el legítimo propietario del vehículo afecto. Resolución de término constitucional en la cual el juez de la causa estableció los elementos del cuerpo del delito de detentación de vehículo robado (foja 140), así como los medios de prueba con los cuales se acredita cada uno de los mismos (fojas 140 a 151). Igualmente, estableció las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución de los referidos ilícitos, así como los razonamientos lógicos-jurídicos para justificar las mismas (fojas 152 y 152 vuelta). Subsanó la incongruencia en que había incurrido en la parte conclusiva del apartado correspondiente al cuerpo del delito en estudio al establecer los datos correctos del vehículo afecto (foja 152 vuelta). Por otra parte, el juez de la causa, en el delito imputado al aquí quejoso le quitó la agravante prevista en el artículo 380, fracción XI del Código Penal del Estado de Puebla, ya que la misma agrava únicamente las penas señaladas en las fracciones I, II y IV del artículo 375, entre otros artículos del dicho código, pero no la prevista en la fracción XI del dicho numeral que prevé y sanciona la conducta imputada al amparista (foja 152 vuelta). Igualmente, estableció la forma de autoría o participación del aquí quejoso en la comisión del delito imputado, y los medios de prueba con los cuales se justifica la misma, al establecer que es autor material de los hechos, lo cual acredita con su propia declaración y la del coprocesado Crescencio Fernández Ortiz (fojas 152 vuelta a 155). Por otro lado, mediante diverso oficio 3417 de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis (fojas 161 a 164), el juez de la causa remitió a esta autoridad copia certificada del proveído de dieciséis del mes y año que transcurren, mediante el cual da vista al Ministerio Público respecto de las manifestaciones tanto del aquí quejoso como de los coinculpados, en las que declaran haber sufrido posiblemente tortura durante su detención, para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio alcance y anexo signado por el Juez de lo Penal de Atlixco, Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad remitiendo en vía de alcance copia certificada del acuerdo de dieciséis de agosto del actual, por medio del cual, le dio vista al Agente del Ministerio Público de su adscripción respecto de las manifestaciones realizadas de posible tortura que los inculpados como el aquí quejoso pudieron haber sufrido, la cual fue notificada al referido representante social, mismos que serán tomados en consideración en momento procesal oportuno.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexo signado por el Juez de lo Penal de Atlixco, Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Pedro Eduardo Hernandez Ocampo1253/2022
- Pedro Espejel Mantilla774/2022
- Pedro Espíndola Y Cruz522/2022
- Pedro Espinoza Rodriguez1132/2021
- Pedro Felipe Bueno Tecpanecatl862/2017
- Pedro Flores Perez252/2018
- Pedro García Anaya247/2019
- Pedro Garrido Cuevas1355/2016
- Pedro Hernandez Montalvo1544/2016
- Pedro Javier Hernandez Xiqui1175/2019
- Pedro Jose Luis Lopez Garcia195/2022
- PEDRO KARIM SACA SANTOS y Otros.161/2021