Pedro Espinoza Rodriguez
Expediente 1132/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1132/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Pedro Espinoza Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio 49363/2021 signado -electrónicamente- por Flor de Azalea Arango Olvera, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Al respecto, primero debe decirse que dicho oficio se encuentra firmado electrónicamente porque cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, misma que se tiene a la vista y acredita que la promovente es titular de la firma electrónica que la autoriza para enviar promociones de conformidad con el artículo 3, quinto párrafo de la Ley de Amparo. Asimismo, se aprecia que dicha signatura electrónica se encuentra vigente. Sentado lo anterior, téngase a la autoridad oficiante solicitado copia certificada de todo lo actuado dentro del presente juicio de amparo (1132/2021); por lo que, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la Ley de Amparo- remítasele copia certificada de las constancias antes mencionadas, para que surta los efectos legales a los que haya lugar dentro del juicio de derechos fundamentales 1122/2021-IV-7 del índice del Juzgado Federal oficiante. En el mismo sentido, con el objeto de que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para determinar lo que en derecho corresponda en el presente asunto, de conformidad con los artículos 62 y 75 de la Ley de Amparo, se solicita atentamente al Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla para que de no tener inconveniente alguno, remita a este juzgado copia certificada de todo lo actuado dentro del juicio de amparo 1122/2021-IV-7 de su estadística. Notifíquese por oficio al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Diligencia actuarial. Agréguese a los autos la diligencia practicada a las quince horas con cincuenta minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno por el actuario judicial adscrito, entendida con el directo quejoso Pedro Espinoza Rodríguez, en las oficinas del Complejo Seguridad Metropolitano C5, ubicadas en Cuautlancingo, Puebla, en la cual, en atención a lo ordenado en auto de esa misma fecha, asentó -en lo que interesa-: ( Que el quejoso directo sí ratifico la demanda de amparo promovida a su favor por Israel Calva Corro, con la que se dio inicio al presente controvertido constitucional. ( Que se notificaron al quejoso las determinaciones de veinte y veintidós de noviembre del actual y que se le corrió traslado con copia autorizada de dichas determinaciones. ( Que el quejoso directo no tenía lesiones. ( Que el quejoso señaló que hasta el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, tuvo comunicación con su hermano Jorge Espinoza Rodríguez, quien ingresó en la mañana de ese día. ( Que el quejoso señaló que no sabía el motivo de su detención. ( Que el quejoso manifestó que no había sido torturado pero que lo habían obligado a firmar documentos. ( Que el área de detención del quejoso se trata de una celda, en la que hay once personas más; asimismo, cuenta con ventilación propia de un área de seguridad. En consecuencia, se provee: Prevención. Ahora bien, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y IV, y sus últimos párrafos, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, computado legalmente, dé cumplimiento con lo siguiente: Único. Señale las circunstancias de modo, tiempo y lugar exactas de los actos que se precisaron como "2. La negativa de la autoridad responsable de dar acceso a los registros que obran en la carpeta de investigación que ha sido iniciada y en la que está relacionado el C. Pedro Espinoza Rodríguez"; y, como "3. La negativa de la autoridad responsable de informar sobre la situación jurídica del C. Pedro Espinoza Rodríguez a sus defensores particulares"; así como la denominación exacta y actual de la autoridad a quien atribuye dichos actos. Lo anterior, tomando en consideración que el promovente Israel Calva Corro, al momento de narrar los antecedentes de los actos reclamados en la demanda de amparo, únicamente manifestó lo siguiente: i) Que aproximadamente a las veintiún horas con treinta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, ocurrió una persecución y una balacera en la ciudad de Tecamachalco, Puebla, hecho del cual resultó detenido el directo quejoso Pedro Espinoza Rodríguez, sin que le permitieran comunicarse con su familia o con un abogado que lo defendiera; ii) Que, por lo último, la familia del citado quejoso lo designó como su abogado defensor; y, iii) Que, en atención a dicha designación, el veinte de noviembre de dos mil veintiuno acudió a las instalaciones de la Unidad de Investigación del Complejo Metropolitano de Seguridad del Estado de Puebla en donde -refiere- se encontraba detenido el quejoso, sin que le permitieran hablar con él ni acceder a la carpeta de investigación para conocer su situación jurídica, tampoco le comunicaron el ministerio público que estaría a cargo de dicha de la referida investigación. Luego, se tiene que el Fiscal General del Estado de Puebla, a través de su representante, en cumplimiento a lo requerido por acuerdo dictado el veintiuno de noviembre pasado, realizó lo siguiente: ( Comunicó que el directo quejoso Pedro Espinoza Rodríguez fue detenido en flagrancia por Agentes Investigadores adscritos a la Agencia Estatal de Investigación y puesto a disposición de Iris Luna Calatayud, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Acatzingo de Hidalgo, Puebla de la Fiscalía de Investigación Regional. ( Informó que con motivo de dicha detención, se inició la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIR/ACATZINGO-1/013806/2021, por hechos con apariencia del delito de usurpación de funciones y condecoraciones. ( Remitió copia certificada de diversas constancias para acreditar su dicho, entre ellas del oficio 1104/2021/ACATZINGO de veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno emitido dentro de la citada indagatoria, en el que la referida fiscal investigadora solicita al Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla que ordene a sus elementos a cargo el ingreso del citado quejoso y otros al Área de Seguridad de la Unidad de Flagrancia ubicada en el Complejo Metropolitano de Seguridad Pública C-5, situado en Cuautlancingo, Puebla. En ese tenor, se tiene que en la fecha en que el promovente refirió que acudió a las oficinas del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública C-5, situado en Cuautlancingo, Puebla -veinte de noviembre de dos mil veintiuno-, es posible que el quejoso no se encontrara detenido en ese lugar, pues fue hasta el veintiuno de noviembre siguiente, que la referida fiscal investigadora solicitó al Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla que ordenara a sus elementos a cargo el ingreso del quejoso al Área de Seguridad de la Unidad de Flagrancia ubicada en el citado Complejo. Entonces, el hecho de que no se encontrara detenido en el multicitado sitio, pudo constituir el motivo por el cual le hayan negado la información al promovente del amparo. De ahí la importancia de que se precisen las circunstancias de modo, tiempo y lugar exactas de los actos mencionados. Así, parte quejosa deberá aclarar las circunstancias que dieron lugar a los actos materia de la prevención, con el objeto de que éste órgano de control constitucional se encuentre en condiciones de fijar la litis constitucional y, con base en ésta, las autoridades responsables se encuentren en aptitud de rendir sus informes justificados. Al respecto, debe decirse que de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe expresarse la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame), en relación con el 74, fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contender la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley de Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados; de modo que se deberá precisar el acto que reclama a la autoridad señalada como responsable. Asimismo, se significa a la parte quejosa que los actos reclamados, para que puedan formar parte de la litis constitucional que se plantee en este juicio, deben ser con horario y data anteriores a la presentación de la demanda de amparo -nueve horas con un minuto del veinte de noviembre de dos mil veintiuno-, pues de otra forma, es decir, si tuvieron lugar después de la presentación de la demanda, los mismos no existirían para efectos del presente controvertido constitucional. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. En ese sentido, hágase del conocimiento de la parte promovente que deberá presentar el escrito aclaratorio en el que dé cumplimiento a esta prevención en original y con las copias suficientes en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo requerido, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Asimismo, signifíquesele que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por ésta y no por conducto de las personas que autoriza o autorizará en términos del artículo 12 de la ley de la materia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Notifíquese electrónicamente al quejoso Pedro Espinoza Rodríguez, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo.
- Principal
S E N T E N C I A: V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 144/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Roberto Octavio Rodríguez Villalobos, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el diez de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y, remitido por razón de turno al día hábil siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Roberto Octavio Rodríguez Villalobos, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra de las autoridades y actos siguientes (foja 3 del expediente de amparo): "III.-AUTORIDAD RESPONSABLE.- a).- AL DIRECTOR DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA. IV.-ACTO RECLAMADO. a) De la responsable reclamo la posible ejecución de una orden de aprehensión dictada en mi contra." La parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación de la demanda y trámite del juicio. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y por auto de once de febrero de dos mil veinte, se radicó la demanda con el número 144/2020 y se admitió con incidente de suspensión (fojas 10 a 14 del expediente de amparo), se requirió informe justificado a la autoridad responsable, y se dio la intervención que legalmente le compete a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (fojas 18 a 20 del expediente de amparo). TERCERO. Ampliación de demanda. Por auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, se admitió a trámite la ampliación de la demanda, contra de las autoridades y actos siguientes (foja 2 del expediente de amparo): "III.-AUTORIDAD RESPONSABLE.- a).- El C. Juez Trigésimo Quinto Penal en la ciudad de México. b).- A LA DIRECTORA DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA FISCALÍA GENERA EN EL ESTADO DE PUEBLA. c).- A la Dirección General de la Agencia Estatal de Investigación de la ciudad de Puebla. V.-ACTO RECLAMADO. a) Del C. Juez Trigésimo Quinto Penal en la ciudad de México, reclamo la emisión de la orden de Aprehensión dictada en mi contra dentro del proceso 59/2019. b).- De la C. DIRECTORA DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA FISCALÍA GENERA EN EL ESTADO DE PUEBLA, la ejecución material de la orden de aprehensión dictada en mi contra. c).- De la Dirección General de la Agencia Estatal de Investigación de la ciudad de Puebla, la ejecución material de la orden de aprehensión dictada en mi contra." De la indicada ampliación se requirió informe justificado a las autoridades responsables, y se dio la intervención que legalmente le compete a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (fojas 41 a 43 del expediente de amparo). Así también por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se admitió la ampliación de demanda, únicamente por conceptos de violación y se requirió informe justificado a las autoridades responsables, y se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (foja 205 del expediente de amparo). CUARTO. Parte tercera interesada. En cumplimiento a los autos de dieciocho de febrero y trece de marzo de dos mil veinte (fojas 77 y 78 del expediente de amparo), se emplazó con dicho carácter a: a) agente del Ministerio Público adscrito al juzgado Trigésimo Quinto Penal en la Ciudad de México (fojas 74 y 75 del expediente de amparo); y, b) persona moral Productos Viales, Sociedad Anónima de Capital Variable (foja 115 del expediente de amparo) quien no compareció a juicio. QUINTO. Se levanta suspensión de plazos y términos procesales. Por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veinte, con fundamento en el artículo 2, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid 19, quedó levantada la suspensión de los plazos y términos procesales decretada del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, que operaría hasta que se notificara a las partes emplazadas la nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional (cuatro de septiembre de dos mil veinte, señalada en proveído de diecinueve de agosto de dos mil veinte), lo que en el caso ya ocurrió En el entendido de que el levantamiento de la suspensión implicó la reanudación de los plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. SEXTO. Se levanta segunda suspensión de plazos y términos procesales. Por acuerdo de doce de enero de dos mil veintiuno, con fundamento en la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, quedó levantada la suspensión de los plazos y términos procesales decretada en la misma circular que comprendió del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, y que operaría hasta que se notificara a las partes emplazadas el auto de doce de enero de dos mil veintiuno (y fecha de audiencia), lo que en el caso ya ocurrió. En el entendido de que el levantamiento de la suspensión implicó la reanudación de los plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. SÉPTIMO. Recurso de revisión. Este juzgado de Distrito el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, dictó la sentencia relativa en el presente juicio de amparo, amparando al quejoso; sin embargo José Eduardo Herrera Galeazzi autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, interpuso recurso de revisión en contra de dicha sentencia; recurso del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, quien en el recurso revisión R-41/2021, el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno emitió la ejecutoria de amparo en el sentido de revocar la sentencia recurrida y reponer el procedimiento para el efecto de firmar la sentencia relativa el día y hora señalado para la audiencia constitucional; lo que se acordó en auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 408 y 409 del expediente de amparo). OCTAVO. Cita para audiencia. En auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 408 y 409 del expediente de amparo), se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, celebrándose la en sus fases de pruebas y alegatos al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, cuya ejecución es atribuido a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa esencialmente impugna los siguientes actos. Al 2. Juez Trigésimo Quinto Penal en la ciudad de México: a) La orden de aprehensión que emitió el dos de octubre de dos mil diecinueve, en la causa penal 59/2019, seguida en contra del quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza específico, previsto y sancionado por los artículos 228, fracción I y 227 fracción V, ambos del Código Penal de entonces Distrito Federal, cometido en agravio de la persona moral PRODUCTOS VIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y, Al 1. Director de Mandamiento Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla: b) La ejecución de la orden de aprehensión emitida por el Juez Trigésimo Quinto Penal en la ciudad de México, en la causa penal 59/2019, seguida en contra del quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza específico, previsto y sancionado por los artículos 228, fracción I y 227 fracción V, ambos del Código Penal de entonces Distrito Federal, cometido en agravio de la persona moral PRODUCTOS VIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Al respecto las autoridades responsables 2. Juez Trigésimo Quinto Penal en la ciudad de México, 1. Director de Mandamiento Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, al rendir el correspondiente informe justificado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo vigente (fojas 21, 37 y 108 del expediente de amparo), refirieron que es cierto el acto reclamado que se les atribuye. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Existencia del acto reclamado que se corrobora con las copias certificadas de las constancias que integran la causa penal 59/2019 (anexos I, II y III), que remitió el 2. Juez Trigésimo Quinto Penal en la ciudad de México, al rendir el informe justificado, que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos y de las que se advierte la existencia de la orden reclamada (fojas 362 a 386 del anexo II), así como también del resolutivo segundo de dicha orden se advierte que se ordenó girar el oficio relativo para su ejecución (foja 385 vuelta del anexo II). Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Dada la naturaleza jurídica del acto combatido -resolución emitida en un procedimiento penal- el juicio de amparo debe ser promovido, dentro del término de quince días que marca el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en el caso no se está en ninguno de los cuatro supuestos de excepción a que aluden las fracciones de dicho numeral. Así, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 18 de la Ley de Amparo, el término de los quince días para presentar la demanda de amparo se computa a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado, o aquél en que la parte quejosa haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ahora, de las constancias que integran la causa penal 59/2019 que remitió la autoridad responsable ordenadora (anexo II), ya valorada, se advierte que la orden reclamada sólo se ordenó notificar al ministerio público (foja 386 del anexo I), entonces, procede contar los quince días a partir de que la parte quejoso haya tenido conocimiento de la misma, esto es, a partir de la notificación del auto de catorce de febrero de dos mil veinte, donde este juzgado de Distrito le requirió para el efecto de que señalara a la autoridad ordenadora como responsable, pues desde ese momento tuvo conocimiento de la orden de aprehensión emitida en su contra, y al hacerlo dentro del término indicado fue que por auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte (fojas 31 a 33 del expediente de amparo), se admitió a trámite la ampliación de la demanda de amparo por lo que hace a la orden de aprehensión reclamada, de ahí que es evidente que la misma fue presentada en tiempo, pues se admitió. QUINTO. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia, no obstante haber sido integradas -algunas de ellas- con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, y con el decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno. II. Normas aplicables. La averiguación previa de la que deriva el acto reclamado, se tramita conforme al anterior sistema de justicia penal, por lo cual, es evidente que no le son aplicables las disposiciones que regulan el nuevo sistema penal acusatorio. En consecuencia, para verificar la constitucionalidad del acto reclamado se debe atender al texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código Penal del entonces Distrito Federal. III. Suplencia de la queja. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, ya que el quejoso tiene el carácter de procesado en el procedimiento penal origen. SEXTO. Procedencia del amparo indirecto respecto al acto reclamado. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia a la que tuviera que darse respuesta, sin que el suscrito juez de Distrito advierta que se actualice alguna de las hipótesis de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que el juicio de garantías resulta procedente y debe analizarse el acto reclamado y su ejecución. Asimismo, la vía indirecta es procedente acorde con lo establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado es de aquellos que causan perjuicio de imposible reparación; además, su ejecución tiene lugar dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SÉPTIMO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, conviene narrar los antecedentes del acto reclamado que se derivan de las copias certificadas de las constancias que integran la causa penal 59/2019 del Juzgado Trigésimo Quinto Penal en la Ciudad de México (anexos I, II y III), ya valoradas, y que son los siguientes: 1. Con fecha nueve de diciembre de dos mil quince, el agente del Ministerio Público investigador, adscrito a la Unidad de Investigación 1, sin detenido, de la Agencia Investigadora T, de la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Financieros de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, inició la indagatoria FDF/T/T1/866/15-12, por los hechos probablemente constitutivos del delito de abuso de confianza (foja 14 del anexo II). 2. El ministerio público el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, consignó la indicada indagatoria en contra del aquí quejoso (fojas 342 a 355 del anexo II), y, 3. El veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, el 2. Juez Trigésimo Quinto Penal en la Ciudad de México, radicó la señalada indagatoria con el número de causa penal 59/2019, y el dos de octubre del mismo año, libró la orden de aprehensión por el delito de abuso de confianza específico en contra de Roberto Octavio Rodríguez Villalobos (fojas 362 a 386 del anexo II). La referida orden de aprehensión y su ejecución constituyen los actos reclamados en esta instancia constitucional. OCTAVO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. El estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, se analiza a la luz de los conceptos de violación, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora bien, resulta conveniente apuntar que es obligación de todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquéllos previstos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable en lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona. El nuevo mandato contenido en el dispositivo 1º de la Constitución General de la República, implica que los derechos fundamentales reconocidos en ella, deben ser complementados con los que se contengan en los diversos tratados internacionales, conjunto normativo que permite determinar el marco jurídico dentro del que debe realizarse el llamado control de convencionalidad. Luego, las autoridades judiciales, entre otras, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. El parámetro de análisis de este tipo de control, se integra por los derechos humanos: - Contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en el artículo 1º), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. - Reconocidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. - Los tratados competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecida en el texto de los mismos o mediante jurisprudencia de la Corte. - Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consagrados en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido o no, parte. Así, corresponde al suscrito juez de Distrito determinar si el acto reclamado, vulnera o no, algún derecho fundamental de la parte quejosa. Como enseguida se evidenciará, resulta fundado el concepto de violación que hace valer el quejoso en el sentido de que se transgredió en su contra la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, suplido en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En principio debe decirse que para el dictado de una orden de aprehensión debe observarse lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional, que señala: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Del artículo transcrito se advierte como requisitos de forma y de fondo, para el dictado de una orden de aprehensión los siguientes: De forma: 1. Que sea dictada por escrito; 2. Que lo dicte una autoridad competente; 3. La existencia de una denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; y, 4. Que dicho ilícito se encuentre sancionado con pena privativa de libertad; De fondo: 5. La existencia de datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del inculpado, sin alguna causa de exclusión del delito. En relación con el último requisito, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que para la debida motivación de una orden de aprehensión, se debe señalar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito imputado, no obstante que dichos requisitos se encuentran previstos en el numeral 19 constitucional (que prevé el auto de formal prisión), puesto que con tales datos se comprende la forma y condiciones en que se llevó a cabo la conducta delictiva en el mundo fáctico, lo cual permite al inculpado conocer los motivos por los que se ordena su captura, estando así en posibilidad de desplegar eficazmente su defensa, tal criterio es del rubro siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU DEBIDA MOTIVACIÓN DEBE SEÑALAR EL LUGAR, TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS DE EJECUCIÓN DEL DELITO QUE SE IMPUTA AL ACUSADO. En el caso, sí se encuentran justificados los requisitos de forma, con base en lo siguiente. Requisitos formales. A. Que conste por escrito. Este requisito implica que las resoluciones de que se trata se plasmen por escrito, para que el gobernado de forma objetiva conozca las razones del acto de molestia que afecta su esfera jurídica, de forma tal que a través de ello se posibilite su defensa contra el acto autoritario. Supuesto que se encuentra cumplido pues de las constancias que integran la causa penal de mérito, se advierte que el día dos de octubre de dos mil diecinueve, en los autos de la causa penal 59/2019, el juez penal responsable libró por escrito orden de aprehensión en contra del quejoso (fojas 362 a 386 del anexo II). B. Que sea emitido por autoridad competente Este elemento se cumple en el caso concreto, dado que la resolución reclamada fue pronunciada por una autoridad judicial con facultades legales para ello, como lo hizo constar en la orden de aprehensión reclama, pues señaló: (.) se desprende que el suscrito -Juez Trigésimo Quinto en la Ciudad de México en materia Penal- es competente para conocer por: - - A) Materia, conforme a lo dispuesto por el numeral 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de aplicación en la Ciudad de México, en relación al acuerdo 35-11/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.- -B)Territorio, acorde al contenido del artículo 1 del Código de Procedimientos Penales local, en relación al diverso 7, del ordenamiento punitivo local, que de forma preliminar se establece, aconteció en esta Ciudad, lo que será sometido a demostración, en su momento(.)" (foja 353 vuelta del anexo II). C. Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. En cuanto al requisito consistente en que para su emisión preceda denuncia o querella, de las copias certificadas de las constancias que integran la causa penal 59/2019 del Juzgado Trigésimo Quinto Penal en la Ciudad de México (anexos I, II y III), ya valoradas, se advierte que la parte agraviada compareció ante la representación social el nueve de diciembre de dos mil quince y formuló la querella respectiva por escrito (fojas 14 a 22 del anexo II). Lo anterior originó que el Ministerio Público realizara la investigación correspondiente respecto de los hechos denunciados, y previa consignación, dentro de la causa penal de origen, el juez penal responsable el dos de octubre de dos mil diecinueve, dictó la orden de aprehensión en contra del quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza específico previsto y sancionado por los artículos 228, fracción I, en relación con los numerales 4, 15, 17, fracción III, 18, párrafo primero, y 227, fracción V todos del Código Penal del entonces Distrito Federal. Con lo anterior, se advierte claramente que se cumple con el requisito en estudio, al existir una querella de hechos calificados por la ley como delito, respecto al ilícito de abuso de confianza específico. D. Que el delito que se le imputa al acusado, está sancionado con pena privativa de libertad. En el caso, el delito que se imputa a la parte quejosa y por el que se libró la orden de aprehensión reclamada, se encuentra sancionado con pena privativa de libertad. Lo anterior se verificó en el caso, pues el delito de abuso de confianza se encuentra previsto y sancionado por los artículos 227 fracción V y 228, fracción I del Código Penal del entonces Distrito Federal, pues el primero señalan una pena privativa de libertad de seis a doce años de prisión. E. Ahora, previo al estudio de los requisitos de fondo, relativos a que los datos establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, se analizarán las cuestiones relativas a las violaciones de forma del acto reclamado, pues de resultar fundadas, se haría innecesario el examen de aquellos motivos de inconformidad que se vinculan con el fondo de la cuestión planteada, porque serían objeto de estudio, en su caso, del nuevo acto que emitiese la autoridad responsable con motivo de la sentencia de amparo. Apoya esta consideración, en lo conducente, la tesis 1342, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN POR VICIOS DE FORMA DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA EXCLUYE EL EXAMEN DE LOS QUE SE EXPRESEN POR FALTAS DE FONDO (AUDIENCIA, FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO EN CITA). Cuando se alegan en la demanda de amparo violaciones formales, como lo son las consistentes en que no se respetó la garantía de audiencia o en la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, y tales conceptos de violación resultan fundados, no deben estudiarse las demás cuestiones de fondo que se propongan, porque las mismas serán objeto ya sea de la audiencia que se deberá otorgar al quejoso o, en su caso, del nuevo acto que emita la autoridad; a quien no se le puede impedir que lo dicte, purgando los vicios formales del anterior, aunque tampoco puede constreñírsele a reiterarlo." Por lo que respecta a la exigencia de fundamentación, ésta es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que aplica; y dichas exigencias y su observancia se hacen necesarias para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico, sino por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribula del País, que dispone lo siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En el caso en particular, se tiene que la orden aprehensión de dos de octubre de dos mil diecinueve, emitida en la causa penal 59/2019, por el 2. Juez Trigésimo Quinto Penal en la Ciudad de México, en contra del quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza específico, cometido en agravio de la persona moral PRODUCTOS VIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, no colma los requisitos exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política, en virtud que el juez penal responsable incurrió en los siguiente vicios formales: I. En el apartado del cuerpo del delito indicó dos tipos penales. En efecto, en la orden reclamada, se advierte que el juez penal responsable indicó que se acreditaron los elementos del cuerpo del delito de abuso de confianza específico, previsto y sancionado por los artículos 228 fracción I y 227, fracción V del Código Penal del entonces Distrito Federal. Sin embargo, concretamente en el apartado que denominó "4.1.ANÁLISIS DEL CUERPO DEL DELITO DE ABUSO DE CONFIANZA ESPECÍFICO.", lo termina diciendo: "De esta forma; es claro que se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito de ABUSO DE CONFIANZA EQUIPARADO, ante lo cual corresponde ahora, analizar: - - 4.2 DE LA PROBABLE RESPONSABILIDAD PENAL". De ahí que deberá indicar (motivar) debidamente el delito respecto del cual acreditó sus elementos, esto es, abuso de confianza específico o abuso de confianza equiparado. II. El Juez penal responsable, no expresó el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se le imputa al quejoso. En efecto, en la orden reclamada, se advierte que el juez penal responsable dijo acreditar los elementos del cuerpo del delito de abuso de confianza específico, previsto y sancionado por los artículos 228 fracción I y 227, fracción V del Código Penal de la ciudad de México, siendo los siguientes: "A) Existencia de cosa mueble; B) El sujeto activo sea poseedor de la misma; C) De la que carezca de libre disposición, por título legítimo en favor de tercero; D) Disponga de ella -cosa mueble-, en perjuicio de otro, con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas e identidad de sujeto pasivo. E) Lesione el bien jurídicamente tutelado; y, F) Con conocimiento de los elementos objetivos del tipo, el sujeto activo quiso realizar la conducta típica, queriendo la realización del hecho." Respecto de dichos elementos el juez penal responsable señaló que los tuvo por acreditados con los medios de prueba que obran en el proceso de origen, que son: 1. Querella presentada el nueve de diciembre de dos mil quince, ante el agente del Ministerio Público investigador, adscrito a la Unidad de Investigación 1, sin detenido, de la Agencia Investigadora T, de la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Financieros de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, quien inició la indagatoria FDF/T/T1/866/15-12, por los hechos probablemente constitutivos del delito de abuso de confianza (fojas 14, y 15 a 22 del anexo II). 2. Copia certificada de los estados de la cuenta 22-00019625-2, CLABE 014650220001962525, a favor de PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE aperturada en Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, correspondiente del uno de diciembre de dos mil trece, al treinta de abril de dos mil catorce; de las cuales se desprende la existencia de la cantidad de $7´946,241.09 (siete millones novecientos cuarenta y seis mil doscientos cuarenta y un pesos 09/1 00 Moneda Nacional), en la referida cuenta bancaria. 3. Contrato de apertura de cuenta PYME TRADICIONAL, de la cuenta 22-00019625-2, CLABE 014650220001962525, a favor de PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, aperturada en Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, de nueve de mayo de dos mil cinco, abierta por su representante legal ROBERTO OCTAVIO RODRÍGUEZ VILLALOBOS, en el que se estableció el régimen para realizar disposiciones de la cuenta, con firma unipersonal, limitada al mencionado representante legal. 4. Copia certificada de las constancias que integran el Juicio Ejecutivo Mercantil 943/2013, cuyas partes son PRODUCTOS VIALES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE -actora-, contra PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE -demandada-, a través de su representante legal- y AARÓN JESÚS TORRES OLMOS, del índice del Juzgado Quincuagésimo de lo Civil en el entonces Distrito Federal, actualmente Ciudad de México. 5. Copia certificada de los estados de la cuenta 22-00019625-2, CLABE 014650220001962525, a favor de PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, apertura en Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banda Múltiple, Grupo Financiero Santander México, correspondiente del uno de diciembre de dos mil trece, al treinta de abril de dos mil catorce; de las cuales se desprenden diversos movimientos bancarios, durante el periodo del nueve de diciembre del dos mil trece, al siete de febrero del dos mil catorce, en que la cuenta bancaria, estuvo legalmente embargada; y, 6. Dictamen en contabilidad de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, emitido por el perito adscrito al Departamento de Contabilidad Forense, de la Dirección de Especialidades Concentradas, de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Luego, del apartado del cuerpo delito se advierte que el juez penal responsable una vez que hizo alusión a cada uno de los medios de prueba señaló los elementos del cuerpo de delito que se acreditaban con dichas probanzas. Sin embargo, dicho juez penal responsable no estableció el lugar, tiempo y las circunstancias de ejecución del delito en estudio, esto es, así pues en dicho apartado del cuerpo del delito no se pronunció en ese sentido. Lo que es necesario a fin de comprenden la forma y condiciones en que se llevó a cabo la conducta delictiva en el mundo fáctico, y así se dan a conocer al indiciado, con amplitud, los motivos por los que se decretó el auto combatido, estando de esa manera en posibilidad de desplegar eficazmente su defensa. Esto por así sostenerlo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que para la debida motivación de una orden de aprehensión, se debe señalar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito imputado, no obstante que dichos requisitos se encuentran previstos en el numeral 19 constitucional (que prevé el auto de formal prisión). Tienen aplicación la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de lo localización, rubro y texto son: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU DEBIDA MOTIVACIÓN DEBE SEÑALAR EL LUGAR, TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS DE EJECUCIÓN DEL DELITO QUE SE IMPUTA AL ACUSADO. Si bien es cierto que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no indica que en la orden de aprehensión deban expresarse el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se le imputa al acusado -requisitos que establece el artículo 19 constitucional para el auto de formal prisión-, también lo es que a efecto de cumplir con la garantía de motivación contenida en el citado artículo 16, la autoridad que emite la referida orden debe señalar dichos datos, ya que son los que permiten comprender la forma y condiciones en que se llevó a cabo la conducta delictiva en el mundo fáctico, lo cual permite al acusado conocer con amplitud los motivos por los que se ordena su captura, estando así en posibilidad de desplegar eficazmente su defensa." En consecuencia, debido a que la resolución reclamada es violatoria de derechos fundamentales por transgresión a la garantía de seguridad jurídica, contenida en el artículo 16 Constitucional, el suscrita juez de Distrito, no se encuentra en aptitud legal para estudiar el fondo del asunto, por tanto, no estudian los conceptos de violación que en ese sentido hizo valer la parte quejosa en el escrito inicial de demanda y en los diversos escritos de ampliación de la misma y de conceptos de violación, porque de exponer consideraciones tendientes a subsanar las violaciones de forma especificadas en párrafos precedentes, se sustituiría indebidamente al juzgador de la causa penal. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del Nación, cuyo rubro y texto indican: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO, GARANTÍA DE. NO PROCEDE EXAMINAR LAS VIOLACIONES DE FONDO QUE SE PROPONGAN. Cuando se alegan en la demanda de garantías violaciones formales, como lo son el que no se respetó la garantía de previa audiencia o la abstención de las autoridades de expresar el fundamento y motivo de su acto, caso en que no deben estudiarse las demás cuestiones de fondo que se propongan, no procede la protección constitucional por violaciones de fondo, porque precisamente esas violaciones serán objeto, ya sea de la audiencia que se deberá otorgar al quejoso o, en su caso, del nuevo acto que emita la autoridad, porque no se le puede impedir que dicte un nuevo acto en que purgue los vicios formales del anterior, aunque tampoco puede constreñírsele a reiterarlo." También resulta aplicable la jurisprudencia IX. 2o. J/14, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de rubro y texto siguientes: "JUEZ DE DISTRITO, EN SU RESOLUCIÓN NO PUEDE SUPLIR LAS DEFICIENCIAS EN EL FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El juez de Distrito y, en general, la autoridad de amparo, no puede subsanar las deficiencias de motivación y fundamento legales de que adolezca el acto emitido por una autoridad, porque el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea la autoridad competente quien funde y motive debidamente su resolución; por tanto, para considerar que es constitucional el acto reclamado, no basta que existan las circunstancias específicas y las razones particulares o causas inmediatas que se puedan tener en consideración para la emisión de dicho acto de autoridad y que estén vigentes las disposiciones legales aplicables a ellas ya que, para ese efecto, es necesario, además, que tales datos se mencionen con toda precisión en el documento mismo que contiene el acto de autoridad y no en otro diverso, mucho menos, en la resolución dictada en el juicio de amparo cuyo análisis debe referirse, específicamente, a la satisfacción de esos requisitos. Consecuentemente, no es correcto que al resolver el juicio de garantías, la autoridad de amparo, motu proprio, exprese las consideraciones de motivación y fundamento que no se contienen en el acto reclamado, para concluir, con base en ellas, que dicho acto de autoridad está apegado a las normas que lo rigen, pues, con ese proceder, aparte de agravar la situación jurídica del quejoso, suple la deficiencia legal de ese acto, el cual, lejos de ser corregido por la potestad de amparo, debe ser anulado por ésta mediante sentencia que conceda la protección constitucional." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo vigente, se concede al quejoso Roberto Octavio Rodríguez Villalobos, el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, respecto del acto que reclamó al 2. Juez Trigésimo Quinto Penal en la ciudad de México, consistente en la orden de aprehensión que emitió el dos de octubre de dos mil diecinueve, en la causa penal 59/2019, seguido en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza específico, previsto y sancionado por los artículos 228, fracción I y 227 fracción V, ambos del Código Penal de entonces Distrito Federal, cometido en agravio de la persona moral PRODUCTOS VIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. Por último, debe decirse que no procede que el suscrito juez atienda el pedimento 105/2020 del Ministerio Público Federal, porque la representación social es parte en el juicio de amparo y el pedimento únicamente constituye una manifestación que está sujeta a la apreciación del acto reclamado, respecto del cual ya se estudió y se concedió el amparo y la protección de la justicia federal. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia tesis: III.1o.A. J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuyos datos de localización: "PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. NO ES OBLIGATORIO ATENDERLO EN LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El órgano jurisdiccional constitucional no está constreñido a atender en su resolución el pedimento del Ministerio Público Federal, porque la representación social es parte en el juicio de amparo; de ahí que su pedimento únicamente constituye una manifestación que está sujeta a la apreciación del acto reclamado que se realice en la sentencia." NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo vigente de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que el 2. Juez Trigésimo Quinto Penal en la ciudad de México, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la orden de aprehensión, emitida en los autos de la causa penal 59/2019, en contra del quejoso Roberto Octavio Rodríguez Villalobos, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza específico, previsto y sancionado por los artículos 228, fracción I y 227 fracción V, ambos del Código Penal de entonces Distrito Federal, y, 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra, debidamente motivada, la que podrá ser en el mismo sentido o, en sentido contrario, pero purgando los vicios formales que la afectan, y que han quedado precisados en esta sentencia, esto es: a) Motivará en el apartado del cuerpo del delito, el tipo penal que tuvo por acreditado abuso de confianza específico o abuso de confianza equiparado; y, b) Motivará en el apartado del cuerpo del delito, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que tuvo por acreditado, a fin de comprenden la forma y condiciones en que se llevó a cabo la conducta delictiva en el mundo fáctico, y el indiciado conozca los motivos por los que se decretó la orden reclamada, estando de esa manera en posibilidad de desplegar eficazmente su defensa. La concesión del amparo no implica negar la orden de aprehensión que solicitó la representación social, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso; por consiguiente, al no estar afectado el fondo de la orden de aprehensión, debe de producir los efectos y consecuencias jurídicas a que está destinado. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido se indica: "ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESAS RESOLUCIONES. Tratándose de órdenes de aprehensión y de autos de formal prisión, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ahí que en la primera de esas hipótesis las irregularidades formales pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin demérito de las actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo de la orden de aprehensión o de la formal prisión, deben producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que están destinadas." No ha lugar a solicitar el cumplimiento inmediato de la presente determinación en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, pues el estudio no involucró un análisis de fondo, sino se concedió por vicios formales. La presente concesión se hace extensiva al acto reclamado al 1. Director de Mandamiento Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, consistente en la ejecución de orden de aprehensión, por ser una consecuencia de la orden reclamada que resultó violatoria de garantías, y por ende su ejecución también lo es por no reclamarse por vicios propios, atento a ello: c) Las autoridades indicadas autoridades responsables 1. Director de Mandamiento Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, no deberán ejecutar la orden de aprehensión aquí reclamada. Tiene aplicación al caso la siguiente jurisprudencia VI.2o. J/338, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución. Lo anterior, porque así se subsanarán las violaciones a las garantías constitucionales estudiadas en la presente resolución, con las consecuencias jurídicas procesales y sustantivas que implica, en el caso, dejar insubsistente lo actuado con posterioridad. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El citado artículo regula los efectos de la concesión del amparo, distinguiendo entre los actos reclamados de carácter positivo y negativo. Cuando sean de carácter positivo, el efecto es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo que implica que la autoridad responsable deje insubsistente su acto que fue declarado inconstitucional. Cuando se trate de un acto de carácter negativo o que implique una omisión, el efecto será el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trata y a cumplir, lo que éste exija. Sin embargo, cuando el acto es judicial y se trata de una cuestión litigiosa, por la naturaleza del asunto, no puede dejar de resolverse, en acatamiento a las garantías de debido proceso y acceso pleno a la administración de justicia que establecen los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, la autoridad judicial siempre deberá dictar una sentencia en la que atienda a la declaración de inconstitucionalidad y subsane ese vicio, con las consecuencias jurídicas procesales y sustantivas que implique." DÉCIMO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, 75, 77 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Roberto Octavio Rodríguez Villalobos, en contra del acto que reclamó al 2. Juez Trigésimo Quinto Penal en la ciudad de México, consistente en la orden de aprehensión que emitió el dos de octubre de dos mil diecinueve, en la causa penal 59/2019, en contra del quejoso, y su ejecución que atribuyó al 1. Director de Mandamiento Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, en término de lo expuesto en el considerando octavo de esta resolución y para los efectos señalados en el considerando noveno de la misma. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese la presente resolución: por lista al quejoso y a la parte tercero interesada, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, y por oficio a las autoridades responsables, a la diversa autoridad tercera interesada y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
- Principal
19-11-2021 Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por José Guadalupe Jiménez Rosas, mandatario general para pleitos y cobranzas de la moral quejosa denominada Casas, Carreteras y Más, Sociedad Anónima de Capital Variable, con el que solicita se difiera la diligencia señalada para las diez horas con treinta minutos del veintidós de los corrientes, ( fijada en auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno), pues el perito de su parte (Rubén Antonio Tapia Bustos), le indicó que cuenta con compromisos adquiridos con antelación y en la fecha programada se encontrará en diversa entidad federativa. Y, para acreditar su dicho, adjunta la impresión de un boleto electrónico de avión, a nombre del experto en cita, en el que se establece como fecha de salida el veinte del mes y año en curso, con retorno el veinticinco siguiente. En ese sentido, dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad, cuenta habida que los motivos que aduce no se estiman suficientes para justificar la inasistencia del aludido experto a la diligencia a la que fue citado (notificada por lista, previo citatorio, el nueve de noviembre de dos mil veintiuno -fojas 606 y 607-). Máxime que se considera que la parte quejosa contó con el tiempo suficiente para realizar las gestiones atinentes a lograr el correcto desarrollo de la diligencia de marras y, contrario a lo que estima, el no acordar conforme a sus pretensiones no trasgrede ningún "derecho procesal" establecido en el ordinal 120 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 120. Al admitirse la prueba pericial, se hará la designación de un perito o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia, sin perjuicio de que cada parte pueda designar a uno para que se asocie al nombrado por el órgano jurisdiccional o rinda dictamen por separado, designación que deberá hacer dentro de los tres días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación del auto admisorio de la prueba. Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el órgano jurisdiccional de amparo deberá excusarse de dictaminar cuando exista alguna de las causas de impedimento a que se refiere el artículo 51 de esta Ley. Al aceptar su nombramiento manifestará bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en la hipótesis de esos impedimentos." Lo anterior, cuenta habida que dicho arábigo no resulta aplicable a lo pretendido, pues es evidente que la designación de perito ya se efectuó y no se está en el caso de un perito nombrado por este órgano jurisdiccional. Finalmente, dígase al promovente (y a su perito por su conducto) que deberán estarse a lo acordado en auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, en la inteligencia de que subsisten los apercibimientos realizados en caso de incumplimiento a las órdenes de este tribunal. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, así como a la autoridad responsable (y por su conducto a sus respectivos peritos); y por lista a las demás partes.
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