Pedro Espíndola Y Cruz

Expediente 522/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
522/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
12/07/2022

Partes del expediente

  • Pedro Espíndola Y Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de julio de dos mil veintidós. FIRME SOBRESEIMIENTO. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de lo que se advierte que a la fecha de este proveído, feneció el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veintitrés de junio de dos mil veintidós, en la cual se sobreseyó en el presente controvertido constitucional; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos II.DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 522/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Pedro Espíndola Cruz o Pedro Espíndola y Cruz, por propio derecho. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, mediante buzón judicial y remitido en la misma fecha, en archivo digital, a este Juzgado de Tercero Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), Pedro Espíndola Cruz o Pedro Espíndola y Cruz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la 1. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la región Judicial Centro con sede en Puebla (Adriana de Lourdes Martínez Jiménez), y otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas, los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José). No pasa inadvertido para el suscrito Juez de Distrito, que la parte quejosa señaló como precepto constitucional violado, entre otros, el artículo 22 constitucional; sin embargo, no hubo lugar a decretar la suspensión de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, en razón a que del contenido de la referida demanda, se advirtió que los actos reclamados por el referido agraviado directo en esta instancia, no se ubican en alguna de las hipótesis previstas en el último numeral antes señalado, máxime que la demanda fue promovida por propio derecho y firmada directamente por el quejoso Pedro Espíndola Cruz o Pedro Espíndola y Cruz. SEGUNDO. Prevención, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós (fojas 5 a 11), se registró la demanda promovida por Pedro Espíndola Cruz o Pedro Espíndola y Cruz, con el número de juicio de amparo indirecto 522/2022; y se previno al quejoso para que diera cumplimiento a lo siguiente:"(.) PRIMERO. Precise los nombres actuales y completos del siguiente Juez que señaló como: "f). Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con Sede en Puebla (.)" En virtud de que es un hecho notorio para el suscrito juzgador, que existen varios Jueces de Control adscritos a la Región Judicial Centro con sede en Puebla, sin que el promovente haya especificado los nombres actuales y completos de los mismos. Lo anterior es así, pues resultan imprecisas las denominaciones señaladas por el promovente, y a efecto estar en condiciones de emplazar legalmente a quien tenga el carácter de parte en el presente asunto, debe precisarse su denominación correcta, pues esta autoridad Federal no puede presumirla, dado que éste es un requisito de forma de la demanda a efecto de estar en aptitud de requerir a la(s) autoridad(es) responsable(s) su informe y, para establecer la relación procesal en el juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional deberá requerir a la parte promovente que aclare la demanda de amparo, cuando hubiere alguna irregularidad. (.) SEGUNDO. Manifieste bajo protesta de decir verdad, precise la fecha exacta en que tuvo conocimiento de los actos que por esta vía reclama. Lo anterior es así, pues del contenido integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte promovente de amparo, manifiesta bajo protesta de decir verdad que el "16 de mayo de 2023" fue buscado por un policía investigador. En tales condiciones, deberá precisar la fecha exacta en que tuvo conocimiento de los actos que combate en esta vía, lo cual debe hacer con sujeción a la verdad sin afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con la demanda de amparo que se estudia; máxime que, en términos del artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, se impondrá una pena de dos a seis años y multa de treinta a trescientos días, para la promovente, su abogado autorizado o a ambos, que afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado. La anterior cuestión, resulta indispensable aclarar para proveer conforme a derecho.(.)". Una vez que el referido quejoso desahogó la vista en cuestión, en auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós (fojas 18 a 21), se ordenó la ratificación del escrito mediante el cual llevó a cabo tal desahogo, por lo que en diligencia de treinta de mayo del año en curso, el quejoso ratificó el contenido y la firma que fue plasmada en el ocurso de desahogo de la prevenciónfojas 22 y 23), razón por la que en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós (fojas 24 a 30), se admitió a trámite la demanda de amparo, formándose por separado y duplicado el incidente de suspensión; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 39). TERCERO. Cita para audiencia. En auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se señalaron las nueve horas con treinta y dos minutos del veintitrés de junio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, cuya ejecución se atribuye a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso Pedro Espíndola Cruz o Pedro Espíndola y Cruz, reclama: 1. Las órdenes de búsqueda, aprehensión, detención y presentación, emitidas en su contra; y, 2. Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, y por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 a 16 13. Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Isaí Rivas López), por si y en representación de los: - Jueces de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla: 1. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez; 2. Enrique López Criollo; 3. Aarón Hernández Chino; 4. Rosalva Elena Zárate Herrera; 5. Mario Cortés Aldama; 6. Rosa Aurora Espejel Prado; 7. María Guadalupe Muñoz Pérez; 8. Magally Escamilla Rodriguez; 9. Ana Alicia Ponce Frias; 10. Rosario Ivonne Rivera Calzada; 11. Karla Ivonne Munguía Olmos; y, 12. Bet Nirma Pérez Hernández. 14. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Atlixco, Puebla. 15. Jefe de Causas del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, Con Sede en Atlixco, Puebla. 16. Jefe de Causas del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega(foja 42)17 Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal de la Fiscalía de Investigación Metropolitana. Niega(foja 34)18 Delegada de la Fiscalía General de la República Delegación Puebla. Niega(foja 31)19 Titular de la Unidad de Apoyo Policial con residencia en Atlixco, Puebla. Niega(foja 44) 20 Titular de la Unidad de Apoyo Policial con residencia en Puebla. Niega(foja 43) Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía al quejoso la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en este juicio, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice:"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No resulta óbice para arribar a la anterior determinación, el hecho relativo a que la autoridad responsable 13. Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Isaí Rivas López), en el informe justificado que rindió en el presente juicio, haya hecho del conocimiento de este órgano jurisdiccional lo siguiente: ".Se tiene un registro, en la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, a nombre del quejoso; dentro de la carpeta judicial administrativa 0039/2022/ATLIXCO, y en la que, en audiencia inicial de fecha 12 de marzo de 2022, se calificó de ilegal la detención del quejoso, ello con motivo de la incompetencia del fiscal de ejecutar actos de investigación relativos a un delito del fuero federal; ordenándose la inmediata libertad del quejoso; informándole además que en fecha 11 de abril de 2022, se decretó el archivo de dicho antecedente. Con la precisión de que en la carpeta judicial administrativa no se ha decreto acto restrictivo de libertad en contra del quejoso .". Ello se estima de ese modo, en virtud que la referida autoridad responsable precisó que en audiencia inicial de doce de marzo de dos mil veintidós, se calificó de ilegal la detención del quejoso Pedro Espíndola Cruz o Pedro Espíndola y Cruz, por lo que se ordenó su libertad y se decretó el archivo de la carpeta judicial administrativa de referencia, como asunto totalmente concluido, aunado, a que tal potestad también indicó que en dicha carpeta judicial no se había decretado ningún acto restrictivo de la libertad emitido en contra del aludido peticionario de amparo; de ahí que deba prevalecer el sentido del presente fallo. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, como lo solicitó la quejosa en su escrito de demanda, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por el quejoso Pedro Espíndola Cruz o Pedro Espíndola y Cruz, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, así como por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista al quejoso; por oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Incidental

    En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con veinticinco minutos del siete de junio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 522/2022, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, asistido de la Secretaria Nahieli Avendaño Palacios, la declaró abierta con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: La copia de la demanda de amparo promovida por Pedro Espíndola y Cruz, escrito aclaratorio, así como el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós (suspensión provisional), e informes previos de las autoridades responsables. De igual forma, la Secretaria da cuenta con los informes previos de las autoridades responsables que así lo hicieron; y, con el alegato 182/2022 del agente del Ministerio Público Federal de la adscripción A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. Intégrese a los presentes autos los informes previos de las autoridades responsables: 1 A 16. ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES DEL ESTADO DE PUEBLA 13. ISAÍ RIVAS LÓPEZ. PARA QUE POR SÍ Y POR SU CONDUCTO RINDA LOS INFORMES DE LOS: - JUECES DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA: 1. ADRIANA DE LOURDES MARTÍNEZ JIMÉNEZ; 2. ENRIQUE LÓPEZ CRIOLLO; 3. AARÓN HERNÁNDEZ CHINO; 4. ROSALVA ELENA ZÁRATE HERRERA; 5. MARIO CORTÉS ALDAMA; 6. ROSA AURORA ESPEJEL PRADO; 7. MARÍA GUADALUPE MUÑOZ PÉREZ; 8. MAGALLY ESCAMILLA RODRIGUEZ; 9. ANA ALICIA PONCE FRIAS; 10. ROSARIO IVONNE RIVERA CALZADA; 11. KARLA IVONNE MUNGUÍA OLMOS; Y, 12. BET NIRMA PÉREZ HERNÁNDEZ. 14. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN ATLIXCO, PUEBLA. 15. JEFE DE CAUSAS DEL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN ATLIXCO, PUEBLA. 16. JEFE DE CAUSAS DEL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. 19. TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO POLICIAL CON RESIDENCIAN EN ATLIXCO, PUEBLA. 20. TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO POLICIAL CON RESIDENCIAN EN PUEBLA. En consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos dichos informes, sin perjuicio de relacionarlos en el momento procesal oportuno. De igual forma, agréguese a los presentes autos el alegato 182/2022, del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y, visto su contenido, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, téngasele realizando las manifestaciones vertidas en vía de alegatos y solicitando que se niegue la suspensión definitiva solicitada por los impetrantes de amparo. Por otra parte, como lo solicita la Fiscal adscrita, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en los diversos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídanse las copias certificadas que solicita, previa identificación y firma que se otorgue en autos. En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en los artículos 3 y 6, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto del año en curso, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, para la expedición de las copias solicitadas por la Fiscal adscrita deberá agendar la cita correspondiente, en cuyo caso será su responsabilidad asistir a la misma. Enseguida, se abre el periodo de pruebas: En el que la Secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; a lo anterior el Juez de Distrito acuerda: Toda vez que ninguna de las partes ofreció prueba alguna, se tiene por precluido su derecho para ello y, se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria da cuenta con los alegatos vertidos por el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción mediante pedimento 182/2022. A lo anterior, el Juez acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes a formular alegatos, y por hechas las manifestaciones del agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; lo anterior, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo. Se cierra esta etapa. Finalmente, al no existir promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 522/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Pedro Espíndola y Cruz; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Pedro Espíndola y Cruz, se requirieron los informes previos a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, tuvo verificativo en sus dos primeras etapas que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: - Las órdenes de búsqueda, aprehensión detención y presentación libradas en contra del aquí amparista; y, - Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se deben analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo - a las autoridades responsables siguientes: No. Oficio Autoridad responsable. Sentido del informe. 1 A 16. ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES DEL ESTADO DE PUEBLA 13. ISAÍ RIVAS LÓPEZ. PARA QUE POR SÍ Y POR SU CONDUCTO RINDA LOS INFORMES DE LOS: - JUECES DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA: 1. ADRIANA DE LOURDES MARTÍNEZ JIMÉNEZ; 2. ENRIQUE LÓPEZ CRIOLLO; 3. AARÓN HERNÁNDEZ CHINO; 4. ROSALVA ELENA ZÁRATE HERRERA; 5. MARIO CORTÉS ALDAMA; 6. ROSA AURORA ESPEJEL PRADO; 7. MARÍA GUADALUPE MUÑOZ PÉREZ; 8. MAGALLY ESCAMILLA RODRIGUEZ; 9. ANA ALICIA PONCE FRIAS; 10. ROSARIO IVONNE RIVERA CALZADA; 11. KARLA IVONNE MUNGUÍA OLMOS; Y, 12. BET NIRMA PÉREZ HERNÁNDEZ. 14. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN ATLIXCO, PUEBLA. 15. JEFE DE CAUSAS DEL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN ATLIXCO, PUEBLA. 16. JEFE DE CAUSAS DEL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. NIEGA 17. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, ADSCRITO UNIDAD ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN EN DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. NIEGA 18. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DELEGACIÓN PUEBLA NIEGA 19. TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO POLICIAL CON RESIDENCIAN EN ATLIXCO, PUEBLA. NIEGA 20. TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO POLICIAL CON RESIDENCIAN EN PUEBLA. NIEGA CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. De lo anterior se advierte que las autoridades responsables identificadas en el cuadro precedente, al rendir sus informes previos negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. Por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Pedro Espíndola y Cruz, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables identificadas en el considerando tercero. NOTIFÍQUESE POR LISTA AL QUEJOSO; POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil veintidós. INFORME (S) JUSTIFICADO (S) Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable siguiente: No.Autoridad (es) responsable (s) 1 a 16. 13.Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Isaí Rivas López), por si y en representación de los: - Jueces de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla: 1. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez; 2. Enrique López Criollo; 3. Aarón Hernández Chino; 4. Rosalva Elena Zárate Herrera; 5. Mario Cortés Aldama; 6. Rosa Aurora Espejel Prado; 7. María Guadalupe Muñoz Pérez; 8. Magally Escamilla Rodriguez; 9. Ana Alicia Ponce Frias; 10. Rosario Ivonne Rivera Calzada; 11. karla Ivonne Munguía Olmos; y, 12. Bet Nirma Pérez Hernández. 14. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-poniente, con sede en Atlixco, Puebla. 15. Jefe de Causas del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, Con Sede En Atlixco, Puebla. 16. Jefe de Causas del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. 19. Titular de la Unidad de Apoyo Policial con residencia en Atlixco, Puebla. 20. Titular de la Unidad de Apoyo Policial con residencia en Puebla. Con los que se da vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. PEDIMENTO MINISTERIAL. Por otra parte, intégrese a los autos el pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, donde solicita: 1. Que se le tenga formulando alegatos; 2. Se dicte sentencia en el sentido que se niegue el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, previo análisis; y, 3. Copia de la sentencia correspondiente, así como del auto que la declare ejecutoriada. Por tanto, con fundamento en los artículos 124 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2°; téngasele por hechas las manifestaciones vertidas, vía alegatos; y, en su momento, expídase a su costa copia autorizada de la constancia que indica. CORREO ELECTRÓNICO. Se hace hincapié que no ha lugar a tener por autorizado el correo electrónico que indica como medio para recibir notificaciones al no encontrarse previsto en la Ley de Amparo; sin embargo, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, y 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, en relación con su similar 18/2020 (este último por cuanto hace a su período de vigencia), ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase dicho medio, únicamente para establecer un contacto en este período de contingencia, sin que ello implique que puedan presentar promociones, ni notificarse por ese medio y solo en casos excepcionales. Notifíquese por lista a las partes...

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