Pedro Fred Huerta Garces
Expediente 203/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 203/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/03/2019
Partes del expediente
- Pedro Fred Huerta Garces
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió el proveído de cuatro de marzo del año en curso, por la que se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del diverso 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó el juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo
- Principal
iii) Toluca, Estado de México; cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio firmado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por medio del cual rinde informe justificado, y remite copia certificada de constancias del expediente 910/2013 de su índice. Visto lo anterior y en consideración a la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Del estudio de las constancias que integran el sumario constitucional, se advierte una causa de improcedencia, que impide realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. El artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, señala que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En el caso, se estima que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo cual da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa en el goce del derecho estimado violentado por la autoridad, en términos de la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo. Cesan los efectos cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia publicada con el número 103, en la página 81 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, en el presente juicio el quejoso Pedro Fred Huerta Garcés, señaló como acto reclamado la abstención por parte de la responsable al no acordar promoción ingresada el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. De las actuaciones remitidas por la autoridad responsable relativas al expediente laboral 910/2013, se advierte que el veintisiete del mes y año en curso se emitió el proveído por el que se acuerda la promoción ingresada el veintiuno de septiembre pasado, mismo que fue notificado el veintiocho siguiente por boletín laboral. Constancias aludidas a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones de un servidor público en ejercicio de sus atribuciones. Así las cosas, si la autoridad responsable al rendir informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado en razón de que se radicó el expediente 910/2013, y el veintisiete de febrero de esta anualidad se dictó el auto correspondiente a la promoción presentada el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, notificándose a las partes dicha determinación; por ende, es incuestionable que la afectación a su esfera jurídica dejó de existir, pues sus efectos jurídicos cesaron y, por ende, no existe infracción a las derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su perjuicio. Por consiguiente, si la autoridad responsable dejó de afectar la esfera jurídica de la promovente del amparo, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de esa propia legislación. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con veinticinco minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese; y personalmente al quejoso.
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III. Toluca, Estado de México; veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por Pedro Fred Huerta Garces, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 203/2019-III. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a formar por duplicado el incidente de suspensión pues la parte quejosa no solicitó la medida cautelar en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde y, en atención al inciso k), del artículo 26 de la ley de la materia y, notifíquesele la radicación del presente asunto por medio de la lista que se fija en el local de este Juzgado de Distrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las diez horas con veinticinco minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve para la celebración de la audiencia constitucional. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. En atención a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, requiérase a las responsables sus informes justificados que deberán de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si son o no ciertos los actos que se les reclaman; además, deberán señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiéraseles para que remitan copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se les atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se les impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérasele a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento en el presente juicio, lo haga saber así a este juzgado, apercibida que en caso de ser omisa de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y el diverso 251 de la ley de la materia, se harán acreedoras a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. TERCERO INTERESADO. Por otro lado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado al Ayuntamiento Constitucional de Mexicaltzingo, Estado de México. En esas condiciones, con apoyo en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la ley de la materia, la presente y las subsecuentes notificaciones realícense por oficio, adjuntando al que derive del presente copia simple de la demanda. NOTIFICACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la responsable y parte tercera interesada, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. DOMICILIO PROCESAL. De conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. AUTORIZADOS. Téngase por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas señaladas en el escrito de demanda. APERCIBIMIENTO EN CASO DE INEXISTENCIA DE AUTORIDADES. En diverso aspecto, se previene a la parte quejosa para que, en el caso de que las autoridades señaladas como responsables, con la denominación que indica en su demanda, no existan, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se le tendrá como inexistente y por ende no se le dirigirán comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.
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