Pedro Fred Huerta Garces
Expediente 1846/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1846/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/12/2017
Partes del expediente
- Pedro Fred Huerta Garces
Actuaciones
- Principal
II. Toluca, Estado de México; veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 81, fracción I, inciso d), de la misma ley, no recurrió el proveído de seis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, para el caso de que la responsable goce de su periodo vacacional correspondiente, se comisiona al actuario de la adscripción para que una vez que ésta reanude sus labores, sin necesidad de ulterior acuerdo, haga entrega del oficio respectivo, para lo cual deberá quedar bajo su resguardo y responsabilidad. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
II Se tiene por recibido el oficio de cuenta por el cual el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, rinde su informe justificado y remite las constancias con las que pretende acreditar la legalidad de sus actos. Atento a lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de mérito y agréguese a los autos para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de ser tomado en consideración al momento de resolver el juicio en que se actúa. Por otro lado, en consideración a la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Del estudio de las constancias que integran el sumario constitucional, se advierte una causa de improcedencia, que impide realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. El artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, señala que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En el caso, se estima que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo cual da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa en el goce del derecho estimado violentado por la autoridad, en términos de la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo. Cesan los efectos cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia publicada con el número 103, en la página 81 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, en el presente juicio el quejoso Pedro Fred Huerta Garcés, señaló como acto reclamado la abstención por parte de la responsable al no acordar promoción ingresada el treinta de octubre del año en curso. De las actuaciones remitidas por la autoridad responsable relativas al expediente laboral 910/2013, se advierte que el uno del mes y año en curso se emitió el proveído por el que se acuerda la promoción ingresada el treinta de octubre pasado, mismo que fue notificado el cuatro siguiente por boletín laboral. Constancias aludidas a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones de un servidor público en ejercicio de sus atribuciones. Así las cosas, si la autoridad responsable al rendir informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado en razón de que se radicó el expediente 910/2013, y el uno de diciembre pasado se dictó el auto correspondiente a la promoción presentada el treinta de octubre de dos mil diecisiete, notificándose a las partes dicha determinación; por ende, es incuestionable que la afectación a su esfera jurídica dejó de existir, pues sus efectos jurídicos cesaron y, por ende, no existe infracción a las derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su perjuicio. Por consiguiente, si la autoridad responsable dejó de afectar la esfera jurídica de la promovente del amparo, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de esa propia legislación. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las once horas con diez minutos del veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente.
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V. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1279/2017-V, promovido por Elías López Salazar, contra actos del Director General de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo Federal y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN Y DATOS DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el once de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, y remitido el por razón de turno a este órgano jurisdiccional, Elías López Salazar solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos a continuación indicados: III.-AUTORIDAD RESPONSABLE.- Director General de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaria de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo Federal. Delegado Federal de la Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo Federal en el Estado de México. IV.- ACTO RECLAMADO.- La privación de mi derecho a la pensión del adulto mayor al no recibir el pago bimestral de $1,160.00 (UN MIL CIENTO SESENTA PESOS M.N.) conforme a las reglas de Operación del Programa Pensión para adultos Mayores, para el ejercicio fiscal 2015, sin haberme otorgado previamente mi derecho fundamental de audiencia." SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS VIOLADOS. El quejoso señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO. En auto de catorce de agosto de dos mil diecisiete la demanda de amparo se admitió a trámite, se requirió a la autoridad responsable su informe con justificación, se dio vista al representante social de la adscripción, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, celebrada en términos del acta precedente, la cual concluye con el dictado de esta determinación; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107 de la Constitución General de la República, 33, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 48 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado se ejecutó dentro de la demarcación en la que ejerce jurisdicción este juzgado de distrito. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de garantías y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que el quejoso reclama: la cancelación de los pagos derivados del "Programa pensión para adultos mayores" a partir del bimestre julio-agosto del año dos mil quince. Sin que pueda tenerse como acto reclamado la literalidad de que expone el quejoso en el capítulo respectivo, ya que el otorgamiento del derecho de audiencia previa, no es un acto reclamado, sino un concepto de violación, mientras que "la privación de su derecho de pensión", es una consecuencia de la cancelación de los pagos que, en realidad, constituye el acto reclamado. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Delegado Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de México, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto recamado (fojas 10 a la 36). En ese orden, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad responsable se sobresee en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia publicada en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 1002350, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Director General de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Desarrollo Social, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado (fojas 37 a la 87). QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previo el estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia o sobreseimiento invocadas por las partes o advertidas de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En el caso, las autoridades responsables exponen que se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracciones XIV, y XXIII, primer párrafo, esta última en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. [.]" Del contenido de los preceptos legales antes transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo que se establece en el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente. Los quince días para promover la demanda de amparo, se computarán de acuerdo a tres supuestos distintos: A partir del día siguiente al en que surta sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución y, A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Expuesto lo anterior, del contenido de la demanda de amparo se advierte que la quejoso refiere que a partir del bimestre julio-agosto de dos mil quince, la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios no le ha pagado la pensión bimestral de $1,160.00 (mil ciento sesenta pesos moneda nacional). Por tanto, la demanda de amparo resulta extemporánea, acorde con lo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, porque el plazo impugnativo debe computarse a partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. En ese sentido, si el quejoso tuvo conocimiento de la falta de pago de su pensión bimestral desde julio- agosto de dos mil quince y el escrito de amparo lo presentó el once de agosto de dos mil diecisiete, es evidente que resulta extemporánea la demanda intentada, lo anterior acorde con lo previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, cuya hipótesis normativa disponen que el plazo para hacer valer el juicio es de quince días contados a partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. Resulta aplicable la jurisprudencia VI.2o.J/21, publicada en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, registro: 204707, cuyo rubro y texto son: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Así como la diversa I.3o.A. J/14, publicada en la página 454, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Septiembre de 1996, Novena Época, registro 201565, cuyo rubro y texto son: "AMPARO EXTEMPORANEO. LO ES AQUEL QUE PROMUEVE UN AGENTE DE POLICIA EN CONTRA DE SU BAJA, SI DE LAS CONSTANCIAS DE AUTOS SE DESPRENDEN CONDUCTAS QUE EXPRESAN SU CONFORMIDAD CON LOS ACTOS. La causal de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción XI de la Ley de Amparo prevé dos supuestos de improcedencia del juicio de garantías, a saber: 1) Cuando exista consentimiento expreso del acto reclamado (esto se da cuando en forma indubitable el quejoso manifiesta su conformidad con el acto); y, 2) Cuando exista consentimiento presumible, es decir, cuando la conducta del quejoso, aunque no en forma expresa, revela su voluntad de conformarse con el contenido, ejecución o las consecuencias del acto de autoridad. La diferencia entre ambas hipótesis reside en la conducta del particular, que en el primer caso es de hacer, en tanto que en el segundo supuesto se refiere a un no hacer o un tolerar. En el caso concreto se surte la segunda hipótesis mencionada, porque de las constancias de autos se constata que el quejoso reconoce haber dejado de prestar sus servicios como agente de la policía capitalina desde hace varios años y correlativamente de percibir sus emolumentos, quedando de esta manera manifiesta su conformidad con los actos reclamados, su ejecución y consecuencias; sin que obste a tal consentimiento que en su demanda de garantías éste afirme que en numerosas ocasiones acudió ante la autoridad administrativa a aclarar su situación laboral puesto que ello no lo acredita en autos fehacientemente. Por tanto, el reconocimiento de tales hechos (que dejó de prestar sus servicios y de percibir su salario) constituye una confesión expresa, de conformidad con los artículos 199, fracción III y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente, que implica la improcedencia de la vía intentada; al actualizarse la causa de inejercitabilidad prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Y la tesis publicada en la página 2039, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, registro 2003221, cuyo rubro y texto son: "AMPARO EXTEMPORÁNEO POR CONSENTIMIENTO TÁCITO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. SE ACTUALIZA CUANDO UN ELEMENTO DE LA POLICÍA FEDERAL LO PROMUEVE FUERA DEL PLAZO LEGAL, CONTRA LA NEGATIVA A ASIGNARLE FUNCIONES Y PAGARLE SU SUELDO, AUN CUANDO AFIRME QUE ENTRE LA FECHA EN QUE CONOCIÓ LOS ACTOS Y AQUELLA EN QUE PRESENTÓ SU DEMANDA, GESTIONÓ ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA LA REACTIVACIÓN DE SUS LABORES Y PERCEPCIONES. La causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, por consentimiento tácito de los actos reclamados, se encuentra vinculada con los artículos 21 y 22 del propio ordenamiento, en el sentido de que la impugnación de aquéllos, entre los que se encuentran los de carácter negativo, debe realizarse dentro de los quince días siguientes al en que el afectado haya resentido sus efectos. En consecuencia, esta causal se actualiza cuando un elemento de la Policía Federal promueve el juicio de amparo fuera del plazo legal, contra la negativa a asignarle funciones y pagarle su sueldo, lo cual implica el consentimiento tácito de esos actos, así como el de su ejecución y consecuencias, sin que obste para ello que en su demanda afirme que entre la fecha en que los conoció y aquella en que presentó su demanda, gestionó ante la autoridad administrativa la reactivación de sus labores y percepciones, puesto que, de cualquier forma, consintió tales actos desde el momento en que resintió sus efectos y no los impugnó oportunamente." Sin que la parte quejosa se encuentre en algún supuesto de excepción que contempla la Ley de Amparo, para poder promover el juicio de amparo en otro término que no sea el de quince días. A mayor abundamiento, si bien el quejoso refirió que a partir del bimestre julio-agosto de dos mil quince, la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios no le ha pagado la pensión bimestral de $1,160.00 (un mil ciento sesenta pesos 00/100 moneda nacional), que corresponden a cada bimestre, precisó que tampoco le fueron pagados los bimestres julo-agosto, septiembre-octubre, noviembre-diciembre, todos de la citada anualidad -dos mil quince-, y los bimestres enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, septiembre-octubre, noviembre-diciembre de dos mil dieciséis, así como el bimestre enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio y julio-agosto de dos mil diecisiete; dicha falta de pago es una consecuencia de la orden de cancelación de la pensión que defiende el quejoso, y dicha orden se agota en el momento de su emisión, siendo las consecuencias de tal acto, el que no perciba una pensión de la que venía gozando desde el momento de la cancelación. En efecto, es oportuno precisar que no nos encontramos ante un acto de tracto sucesivo, pues en éstos existe una pluralidad de acciones dirigidas a un solo fin; es decir, este tipo de actos precisa la realización de acciones periódicas por parte de la autoridad a fin de que en el transcurso del tiempo el acto siga produciendo efectos. Luego, la cancelación de la pensión que recibía el quejoso relativa al "Programa pensión para adultos mayores", no constituye un acto de tracto sucesivo, pues no requiere de actuaciones periódicas, esto es, no se ordena la cancelación de forma, odiaría, mensual, anual etcétera, sino que se da en un solo momento. Asimismo, el acto reclamado no puede considerarse como permanente o continuo, pues la orden de cancelación de la pensión que venía gozando el quejoso, se agota en el momento de su emisión, siendo que las consecuencias de tal acto, se traducen en que no perciba una pensión de la que venía gozando en lo futuro, lo cual no se prolonga en el tiempo con efectos permanentes, pues carece de ejecución; lo que obliga al sujeto a impugnarla una vez que tiene conocimiento de su exclusión del programa, momento que, desde luego, ocurre cuando se le deja de pagar. En ese orden, al no ser el acto reclamado de tracto sucesivo ni permanente o continuo, es desde el momento en que se lleva a cabo la cancelación reclamada cuando empieza a contar el término para interponer la demanda de amparo, y no así por actos posteriores que son consecuencia del acto reclamado. Tampoco se trata de un acto omisivo, pues no se reclama el no actuar o la abstención de la autoridad de realizar algo, sino la conducta de hacer, consistente en cancelar la pensión de la que venía disfrutando el quejoso, es decir, se trata de un acto positivo. Tampoco debe confundirse el derecho a percibir una pensión (el cual es imprescriptible), con el derecho a promover un juicio de amparo (el cual es un derecho procesal sujeto a término legal); por lo que la eventualidad de que el quejoso alegue, en el fondo, un derecho a recibir una pensión, no puede servir de base para sustentar un aspecto de procedencia, como lo es el término que tenía para promover el amparo, pues una cosa es que sea imprescriptible su derecho a la pensión y otra que la impugnación en amparo tenga cierta temporalidad. De igual forma, en la tramitación del juicio de ampro, mediante auto de once de septiembre de este año, se dio vista a la parte quejosa, para que en el plazo de quince días manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto al procedimiento administrativo relativo a la cancelación de la pensión 17092262, sin que al día de la audiencia constitucional hubiera hecho manifestaciones al respecto, lo que hace patente que el quejoso se limitó a combatir la circunstancia de que dejó de recibir el pago por concepto de pensión. No es óbice a lo anterior que el quejoso sea un adulto mayor en situación de vulnerabilidad, pues no pueden soslayarse los plazos y los términos legales que prevé la Ley de Amparo, por la posición que guarde el quejoso según sus circunstancias personales. En consecuencia, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, y, por tanto, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de la citada ley, lo que procede es sobreseer en el juicio constitucional. Por todo lo anterior, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte inconforme. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Elías López Salazar, por lo motivos expuestos en esta sentencia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, hoy treinta de noviembre de dos mil diecisiete, día en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza y da fe.
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