Pedro Garcia Sanchez
Expediente 1077/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1077/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 20/10/2016
Partes del expediente
- Pedro Garcia Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
Toluca, Estado de México; veinte de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal del juicio de amparo del que deriva este incidente, se evidencia que por auto de esta misma fecha se ordenó remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. De igual forma, se declaró que el cuaderno original es depurable al haberse concedido la medida cautelar definitiva, respecto de los actos (punto vigésimo primero, inciso III); asimismo, el duplicado de destrucción, (punto vigésimo, inciso III). Y al igual que el juicio principal, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, los cuadernos incidentales, permanecerán en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, y se procederá a su destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinte de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación precedente, se advierte que la parte quejosa, a quien se considera podría perjudicar la sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, mediante la cual se sobreseyó por unos actos y se negó el amparo y protección de la Justicia Federal por otros en el presente expediente; no la recurrió dentro del plazo de diez días señalado en el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que esa sentencia ha causado estado. Asimismo, las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues, entre otros, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas. (punto vigésimo primero, inciso IV). 2. El original del incidente de suspensión es depurable al haberse concedido la medida cautelar definitiva, respecto de algunos actos (punto vigésimo primero, inciso III). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, pues existe el original (punto vigésimo, inciso III). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1077/2016-I, promovido por Pedro García Sánchez, contra actos del Agente del Ministerio Público Adscrito al Centro de Justicia para Mujeres, con sede en Toluca, Estado de México y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de julio de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Pedo García Sánchez, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES "COMO AUTORIDAD ORDENADORA: A) C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. COMO AUTORIDADES EJECUTORAS A. AL C. COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. B. AL C. COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO." ACTO RECLAMADO "1) De la autoridad marcada con el inciso A), EL CITATORIO y/o PRESENTACIÓN, EMITIDO Y SOLICITADO. 2) De las autoridades ejecutoras marcadas con los incisos A) Y B), el cumplimiento que pretendan otorgar a la orden de referencia." SEGUNDO. Derechos humanos violados. El quejoso señaló como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del amparo. Recibida la demanda de amparo en este Juzgado de Distrito, se registró con el número 1077/2016-I, por auto de catorce de julio de dos mil dieciséis se admitió a trámite el escrito inicial; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Cumplido lo anterior, previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional respectiva en términos del acta precedente, la cual concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República, 33, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado es de imposible reparación cuya ejecución se pretende realizar dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control de la constitucionalidad. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se obtiene que Pedro Sánchez García reclama la orden de citación emitida dentro de la carpeta de investigación 565760630153016, contenida en el oficio 213170002-233-2016, de primero de julio de dos mil dieciséis, signado por el Agente del Ministerio Público Adscrito al Centro de Justicia para Mujeres, con sede en Toluca, Estado de México; así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en representación del Comisario General de la Policía Municipal, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado y la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, razón por la cual debe sobreseerse en este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 310, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 209, del Tomo VI, del Apéndice de 1995, primera parte, Sexta Época, materia común, con número de registro 394266, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En esa tesitura, al haber señalado dicha autoridad que no existen los actos reclamados referidos, al no haber aportado el propio quejoso ningún medio de prueba idóneo, encaminado a desvirtuar la negativa de la autoridad responsable, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto a la autoridad antes señalada, por el acto que el quejoso le reclama. Es aplicable la tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6673, del Tomo LXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 324127, que establece: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia Ley." CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público Adscrito al Centro de Justicia para Mujeres, con sede en Toluca, Estado de México y el Director de Seguridad Ciudadana del Municipio de Toluca, Estado de México, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia del acto reclamado. A lo anterior es aplicable, la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 246389, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con el legajo de copias certificadas que la autoridad responsable señalada en primer término remitió, consistente en la copia certificada de la carpeta de investigación 565760630153016; constancias a las cuales se les concede pleno valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 128, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. QUINTO. Estudio y resolución del asunto. Las partes no hicieron valer causa de sobreseimiento o improcedencia, ni este Juzgado de Distrito advierte alguna otra de oficio; razón por la cual se procede a examinar las cuestiones de fondo del presente asunto. En lo conducente, se cita la jurisprudencia 231, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Octava Época, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 189, del contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." No es necesaria la transcripción de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, de acuerdo con la jurisprudencia 58/2010, con número de registro 164618, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora bien, el quejoso aduce esencialmente que el acto reclamado transgrede los artículos 14 y 16 Constitucionales, ello, en virtud de que no está debidamente fundado ni motivado, pues desconoce los elementos que se tomaron en consideración para emitirlo y se emite mencionar el motivo de la citación. Son infundados sus motivos de inconformidad como se expondrá. Ahora, previo a exponer las consideraciones por las que no le asiste la razón al quejoso, cabe señalar que el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." El precepto constitucional citado consagra el derecho a la legalidad, consistente en la fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos. Para cumplir con el imperativo constitucional de la fundamentación y motivación, los actos de la autoridad deben cumplir los siguientes requisitos: Expresar con exactitud el precepto legal aplicable al caso (fundamentación). Señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto (motivación). Existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables (relación entre la fundamentación y la motivación). El derecho a la legalidad consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los elementos esenciales, que todo acto de molestia dirigido a los gobernados esté fundado y motivado debidamente. En ese contexto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado adecuada y suficientemente. Lo primero se cumple al expresar con exactitud el precepto legal aplicable al caso y lo segundo al señalar, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas consideradas para la emisión del acto; pero, además, para que se cumpla con los requisitos constitucionales de la debida fundamentación y motivación debe existir adecuación entre los motivos aducidos en el acto de autoridad y las normas aplicadas, es decir, que en el caso concreto se configuran las hipótesis normativas en los cuales se apoya el acto de autoridad. Lo que tiene apoyo en la jurisprudencia 204 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apreciable en la página 166, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Materia Común, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Materia Común, la cual establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Así como la tesis I.3o.C.52 K, publicada en la página 1050, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XVII, abril de 2003, Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos rubro y texto son: "ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES. De lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal se desprende que la emisión de todo acto de molestia precisa de la concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; y, 3) que en los documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Cabe señalar que la primera de estas exigencias tiene como propósito evidente que pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y para que el afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad proviene, así como su contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de autoridad provenga de una autoridad competente significa que la emisora esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de la fundamentación y el de la motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento." Asimismo, debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación. Por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma donde se apoye la resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares tomadas en cuenta para la emisión del acto reclamado. Ahora, la diversa hipótesis se actualiza, cuando en el acto reclamado sí se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y sí se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar el acto, pero no corresponden al caso concreto objeto de decisión, o bien, al no existir adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicadas en el propio acto. A la consideración precedente es aplicable la jurisprudencia publicada en la página 2127, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XXV, Enero de 2007, Novena Época, del contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste." Así como la diversa jurisprudencia consultable en la página 1964, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XXVII, Febrero de 2008, Novena Época, que dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo." En efecto, se considera que el citatorio reclamado no transgredió el artículo 16 de la Carta Magna, pues es del tenor siguiente: "ECO: 1215 CARPETA DE INVESTIGACIÓN: 565760630153016 DENUNCIANTE/AGRAVIADO: PASCUALA SÁNCHEZ FLORES* INDICIADO: PEDRO GARCÍA SÁNCHEZ* DELITO: *VIOLENCIA FAMILIAR* ASUNTO: Citatorio (Cédula de notificación). Toluca, México a *Primero de julio del año 2016* COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO. Calle Pino Suárez #312 (entre Instituto Literario y Morelos) Col. 5 de mayo, Toluca, Estado de México. P R E S E N T E: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , en relación con los artículos 1, 5, 6, 14, 25, 38, 115, 135, 136, 137, 142, 143, 144, 145, 146, 150, 153, 221, 235, 241 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado de México, 6, 10, 21 fracción V de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del estado de México, se solicita a usted tenga bien ordenar a quien corresponda, a fin de que se sirva a entregar el presente a la persona de nombre PEDRO GARCÍA SÁNCHEZ* quien tiene su domicilio particular ubicado en CALLE LEONA VICARIO SIN NÚMERO, BARRIO SAN JOSÉ GUADALUPE HUICHOCHITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO* quien deberá de presentarse ante esta autoridad el próximo día VIERNES QUINCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS A LAS NUEVE 09:00 HORAS, ello en el CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES UBICADO EN PASEO MATLAZINCAS NUMERO 1100, COLONIA LA TERESONA, EN TOLUCA, MÉXICO, ante el agente del ministerio público adscrito, DEBIENDO COMPARECER CON ABOGADO TITULADO E IDENTIFICACIÓN OFICIAL, lo anterior a efecto de que se lleve a cabo una diligencia ministerial de mecanismo alternativo de solución de controversia, haciéndole de conocimiento que EN CASO DE NO COMPARECER AL QUEDAR DEBIDAMENTE NOTIFICADO, SE PROCEDERÁ A REALIZAR SU PRESENTACIÓN POR MEDIO DE LA POLICÍA MINISTERIAL. ATENTAMENTE. LIC. KARLA Y. MARTÍNEZ PATONI Agente del Ministerio Público Adscrito Al Centro de Justicia para Mujeres Toluca Artículo 76. (Se transcribe) Artículo 95.(Se transcribe)." De la anterior transcripción, se desprende que la determinación reclamada no contraviene el contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se encuentra debidamente fundada y motivada. Ello es así, toda vez que del citatorio de primero de julio de dos mil dieciséis, se advierte que la autoridad determinó que el peticionario de amparo Pedro García Sánchez debía comparecer a las nueve horas del día quince de julio de este mismo año al Centro de Justicia para las Mujeres ubicado en Paseo Matlazincas número 1100, colonia La Teresona, en Toluca, Estado de México, ante el Agente del Ministerio Público Adscrito, a efecto de que "se lleve a cabo una diligencia ministerial de mecanismo alternativo de solución de controversia", a la que debería hacerse acompañar de un abogado titulado con identificación oficial, apercibido que en caso de no comparecer al quedar debidamente notificado, se procedería su presentación por medio de la policía ministerial. Además, se le hizo saber el número de carpeta de investigación (565760630153016), el nombre del denunciante y/o agraviado (Pascuala Sánchez Flores), la calidad con la que fue citado (indiciado), así como el delito por el cual se le investiga (violencia familiar). Ahora, el artículo 96 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México aplicable al caso, dispone: "Artículo 96. Las citaciones podrán hacerse por medio de comunicación que garantice la autenticidad y recepción del mensaje, asentándose en cualquiera de estos casos constancia fehaciente. Deberá hacerse saber el motivo de la citación y el expediente en que ésta se dispuso; además, se deberá advertir que si la orden no se obedece, la persona podrá ser conducida por la fuerza pública, salvo justa causa fehacientemente acreditada. Cuando la persona que deba ser citada tenga su domicilio fuera de la jurisdicción de la autoridad ante quien tenga que comparecer, pero dentro del territorio del Estado, podrá citarse por cualquiera de los medios establecidos en este capítulo." Los aludidos preceptos regulan lo relativo a las citaciones que pueden emitir tanto el ministerio público como la autoridad judicial, estableciendo la obligación que tiene toda persona de presentarse ante dichas autoridades cuando sean citada, con excepción de los servidores públicos excluidos por la ley y las personas que tengan alguna imposibilidad física que se los impida. Disponen que las citaciones deberán colmar las siguientes formalidades: Hacerse por medio de comunicación que garantice la autenticidad y recepción del mensaje, lo cual deberá asentarse en constancia fehaciente; Hacerse saber el motivo de la citación y el expediente en que ésta se dispuso; Se deberá advertir que si la orden no se obedece, la persona podrá ser conducida por la fuerza pública, salvo justa causa fehacientemente acreditada. Requisitos que la autoridad responsable colmó al momento de emitir el acto reclamado. Asimismo, se le hizo saber lo siguiente: 1) Quién es el agraviado (Pascuala Sánchez Flores); 2) Cuáles son los hechos que se investigan y con qué carácter es citado a declarar el destinatario de la orden (los hechos son relacionados con violencia familiar y fue citado con el carácter de indiciado). Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número VI.2º.P.95 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Sexto Circuito, consultable en la página 722, del tomo XXVI, Noviembre de 2007, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "CITATORIO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO GIRADO DURANTE LA INVESTIGACIÓN. EFECTOS DEL AMPARO CUANDO ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El citatorio girado por el ministerio Público para hacer comparecer a un gobernado adolecerá de una debida motivación si en él no se señala quién o quiénes son los agraviados, cuáles son los hechos que se investigan o con qué carácter es citado a declarar el destinatario de la orden (inculpado, testigo, agraviado, etcétera), o bien, si no se expresan las razones y fundamentos legales que, en su caso, darían pie a la reserva de dicha información. Ello es así, porque al no contar con tales datos el gobernado, queda en estado de incertidumbre, deviniendo el mandamiento violatorio de la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicho precepto exige que todo acto de autoridad esté suficientemente fundado y motivado. En ese tipo de casos, la concesión del amparo, en principio, obligará a la responsable a nulificar o a dejar sin efecto la cita de comparecencia, y en el supuesto de que aún estime necesaria la presencia del gobernado, podrá emitir el citatorio correspondiente, pero purgando los vicios formales." Como es de verse, no existe transgresión al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya finalidad es el de evitar la indefensión de los gobernados mediante la prohibición de que las autoridades emitan actos arbitrarios, carentes de motivos y fundamentos, en el caso concreto esa situación no acontece, ya que la autoridad responsable fundó y motivó su determinación, además respetó las formalidades del procedimiento, pues del citatorio reclamado se puede advertir que el Ministerio Público responsable invocó los preceptos legales de la ley que consideró aplicable al caso y expresó las razones por las cuales ordenó citar al quejoso, con la finalidad de otorgarle la garantía de audiencia en relación a los hechos que se investigan. Además, el Agente del Ministerio responsable tiene facultades, de acuerdo a las leyes secundarias mencionadas en el acto reclamado y, esencialmente, conforme al contenido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga al Ministerio Público a que antes de ejercer la acción penal, esto es, hacer la acusación correspondiente, realice la investigación y persecución del delito, lo que se traduce en una facultad y una obligación consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale come delito y la responsabilidad del inculpado. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a/J. 52/2004, visible en la página 212 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, agosto de 2004, de la Primera Sala de las Suprema Corte de Justicia dela Nación, que dispone: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. ES UNA DILIGENCIA QUE INTEGRA EL MATERIAL PROBATORIO EN DICHA FASE. El principio acusatorio contenido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga al Ministerio Público a que antes de ejercer la acción penal, esto es, hacer la acusación correspondiente, realice la investigación y persecución del delito, lo que se traduce en una facultad y una obligación consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado. En esas circunstancias, la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa no es otra cosa que una diligencia más para integrar el material probatorio que el Ministerio Público debe allegar dentro de esta fase procesal, para obtener los elementos suficientes para ejercer la acción penal." Además, cabe reiterar que el citatorio mencionado, es expedido con la finalidad de que el investigado declare dentro de la carpeta de investigación, que no es otra cuestión que una diligencia más para integrar el material probatorio que el Ministerio Público debe allegar dentro de esta fase procesal, para obtener los elementos suficientes para ejercer la acción penal, en cumplimiento y obligación a sus facultades constitucionales. Al mismo tiempo, la presentación ante el Ministerio Público a declarar sobre los presuntos hechos constitutivos de delito, lejos de violentar algún derecho, protege el de defensa dentro del proceso, porque lo posibilita para comparecer y manifestar lo que a su derecho convenga, teniendo la oportunidad de desvirtuar una eventual imputación. En efecto, en el caso concreto, de llevarse a cabo la comparecencia del quejoso Pedro García Sánchez, este último tendría la oportunidad de defenderse de las imputaciones hechas por la denunciante Pascuala Sánchez Flores, incluso de ofrecer pruebas a su favor, en relación a la denuncia de hechos presentada ante el Agente del Ministerio; por lo que lejos de perjudicarle, dicho citatorio le beneficia, de ahí la legalidad del acto reclamado. Al respecto se aplica la jurisprudencia 1a./J. 53/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 232 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XX, agosto de 2004, del contenido siguiente: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIÓN CONTENIDO EN LA FRACCIÓN II DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El citado numeral concede al indiciado, entre otros, el derecho de no declarar si lo estima conveniente, lo que conduce a establecer que menos aún está obligado a declarar en su contra. Luego, la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa no transgrede el principio de no autoincriminación contenido en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque únicamente se cita al indiciado a que comparezca dentro de esta fase procesal para declarar, sin que tal acto implique que no esté facultado para no hacerlo, de manera que esa citación, lejos de violentar algún derecho, le protege el de defensa dentro del proceso, porque lo posibilita para comparecer y manifestar lo que a su derecho convenga." Y conforme a la jurisprudencia II.2o.P. J/20, que se localiza en la página 1512 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XXIII, mayo de 2006, cuyo rubro y texto establecen: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. La circunstancia de que determinados principios como los de debido proceso legal y presunción de inocencia no sólo estén consagrados en la Constitución Federal, sino también en tratados internacionales, no significa que no pueda justificarse una sentencia de condena o que todo acto de autoridad que afecte los intereses del procesado, como su libertad, trastoquen dichos principios. Por el contrario, lo que en ellos se establece es la condicionante de que dicha afectación al quejoso, en su caso, se vea justificada por la constatación de haberse observado o cumplido los requisitos que la propia ley contempla para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad en aras del interés público que es inherente al proceso penal y, en general, a la persecución de los delitos. Luego, si se obtiene que el sentido del fallo se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable, resulta obvio que no se transgreden los principios aludidos y consagrados en la Constitución ni, por ende, los posibles tratados que igualmente los reconocieran." Todo lo anterior, sin que pase inadvertido que para la fecha en que se dicta esta resolución ya hubiese pasado el día en que el quejoso fue citado (quince de julio de dos mil dieciséis), sin embargo, el verdadero objeto de una orden de citación, localización y presentación no consiste en que tenga lugar una diligencia en fecha y hora determinadas, si no obtener la comparecencia de una persona para que desahogue el testimonio y/o garantía de audiencia respectiva, a fin de tutelar su derecho a la defensa y siendo que se apercibió al quejoso con el uso de la fuerza pública en caso de incomparecencia, no puede estimarse que los efectos del acto cesaron. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 33/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 622 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del registro 2004270, del contenido siguiente: "ORDEN DE LOCALIZACIÓN Y COMPARECENCIA DE UN TESTIGO DE CARGO. NO OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, SI DURANTE LA INSTRUCCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE ACTUALIZA EL DÍA SEÑALADO PARA EL DESAHOGO DE LA DILIGENCIA DE INTERROGATORIOS. Si el testigo de cargo incurre en desacato a los requerimientos formulados por la autoridad judicial para el efecto de desahogar la prueba testimonial, el juez de la causa estará facultado para emplear alguna medida de apremio para hacer cumplir su determinación, como por ejemplo, acudir al auxilio de la fuerza pública, hasta que dicha diligencia se lleve a cabo. De ahí que sea factible concluir que el verdadero objeto de una orden de localización y presentación de un testigo no consiste en que tenga lugar una diligencia en fecha y hora determinadas, pues si esto fuera así, la sola llegada de esa fecha daría por extinguida la facultad del oferente de la prueba y del juez para obtener el desahogo de la prueba; el objeto es obtener la comparecencia de una persona para que desahogue el interrogatorio formulado por el inculpado, a fin de tutelar su derecho a la defensa y cerrar la instrucción. De este modo, la situación jurídica del quejoso creada a partir del acto reclamado es la de ser considerado un testigo que ha incurrido en rebeldía para comparecer a juicio, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse en la esfera jurídica del gobernado, que consisten en aplicar una medida judicial de apremio hasta obtener el desahogo de un interrogatorio; todo lo cual legitima al quejoso para acudir al juicio de amparo y obtener, en su caso, una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En esas condiciones, al no quedar demostrado en autos la inconstitucionalidad de la resolución reclamada y resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Negativa que se hace extensiva a la autoridad ejecutora Director de Seguridad Ciudadana del Municipio de Toluca, Estado de México, al no reclamarse la ejecución del acto reclamado por vicios propios. Al respecto es aplicable la tesis aislada de la entontes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 357 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, enero-junio de 1988, octava época, del contenido siguiente: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Pedro García Sánchez, contra la autoridad y por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Pedro García Sánchez contra las autoridades mencionadas en el considerando cuarto, respecto de los actos precisados en el considerando segundo, en los términos expuestos en la última parte de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; quien actúa con el Secretario de Juzgado Víctor Manuel Rendón Sosa, que autoriza y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; nueve de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal del presente expediente de amparo, así como la certificación secretarial precedente, se advierte que la audiencia constitucional, se encuentra prevista para celebrarse hoy a las diez horas con treinta minutos, como se ordenó en auto de once de agosto del año en curso; sin embargo, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se encuentra Encargado del Despacho el Secretario Israel Díaz Reyna, no está en posibilidad de resolver en definitiva el presente juicio de amparo, por lo que la audiencia constitucional se difiere y se fijan las once horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo acordó y firma Israel Díaz Reyna, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/4441/2016 de seis de septiembre del año en curso, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.
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