Pedro Francisco Puentes González Velez

Expediente 649/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
649/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
19/01/2022

Partes del expediente

  • Pedro Francisco Puentes González Velez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase al encargado del despacho de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, acusando recibo del oficio 18444, mediante el cual se le notificó la determinación de doce de noviembre de dos mil veintiuno, emitida en el presente asunto y se le devolvieron las constancias que remitió al expediente en que se actúa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización otorgada en oficio CCJ/ST/5333/2021, emitido por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el acuerdo y/o resolución de 12 de noviembre de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con diez minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 649/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta con las constancias de autos, de las que se advierte que el presente asunto se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con apoyo en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales aportadas por la parte quejosa y por las autoridades responsables. Al respecto, el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales aportadas dentro del presente asunto, y dado que no hay medios de prueba pendientes por admitir se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con los formulados por la parte tercera interesada. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por reproducidos los alegatos de mérito y se declara precluido el derecho de las partes para formularlos. Al no existir pruebas pendientes por admitir y desahogar se da por concluida la presente audiencia constitucional, con lo cual quedan vistos los autos para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Pedro Francisco Puente González Vélez, por con ducto de su representante legal Carlos Guerrero Rojas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró bajo el número 649/2021; en auto de once de agosto de dos mil veintiuno se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. En proveído de veinte de agosto de la anualidad que transcurre, se reconoció el carácter de tercera interesada a Rosa Aurora Puente González Vélez, quien promovió el incidente de remoción de albacea dentro del juicio sucesorio testamentario de donde deriva el acto reclamado, a quien se tuvo por apersonándose en el mismo proveído; y finalmente, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la parte quejosa al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y a la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, consiste en: La resolución de dos de julio de dos mil veintiuno, dictada en el toca I-145/2021, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el quejoso Pedro Francisco Puente González Vélez, en contra de la sentencia interlocutoria de diecisiete de mayo de la citada anualidad, que resolvió el incidente de remoción de albacea definitivo, promovido por Rosa Aurora Puente González Vélez, dentro del cuaderno relativo a la primera sección, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito judicial, relativo al juicio sucesorio intestamentario número 276/2019, a bienes de Julia González Vélez Aldana. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Magistrado de la Tercera Cuarta Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de esta Ciudad, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que remitieron, consistente en el toca de apelación I-145/2021, (un tomo de pruebas) y copias certificadas del juicio sucesorio testamentario 276/2019. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora bien, cabe precisar que en la resolución reclamada, el Tribunal responsable determinó ineficaz el argumento que hizo valer el apelante en el sentido de que la obligación de rendir cuentas de administración se actualizaba hasta la presentación y conclusión del inventario y avalúo. Lo anterior, toda vez que consideró en esencia que con ello, lejos de controvertir la parte medular de la sentencia en la cual el a quo expuso las razones específicas por las que, se surtían los supuestos de ley para remover al albacea del cargo que desempeñaba, se limitó a emitir una opinión personal respecto del momento en que el albacea tenía la obligación de rendir cuentas de su administración, haciendo una interpretación de los preceptos legales que invocaba. Lo que estimó que a todas luces, difería de su propia intervención en el juicio sucesorio, habida cuenta que en autos obraban las constancias con las que se acreditaba que el apelante rindió diversas cuentas, aunque la mayoría de ellas en forma extemporánea, como lo dejó establecido el juez en el fallo impugnado, quien de manera puntual aludió tanto a la obligación que en términos de ley se le imponía al albacea como representante de la sucesión, a fin de que cumpliera con dicho deber, como los hechos a través de los cuales se acreditaba que el mismo no lo había hecho debidamente, además de los argumentos que expuso para desestimar la defensa del incidentado. Que era incongruente la pretensión del inconforme, toda vez que a su criterio, no se encontraba en condiciones de cumplir con la obligación que le exigía el numeral 1082 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, eso era, la relativa a rendir mensualmente la cuenta de su administración, al no haberse presentado y concluido el inventario, porque incluso, afirma que hasta la fecha no existía una resolución pronunciada dentro de la segunda sección del juicio, que hubiese sido declarada firme, en donde se aprobaran en el caudal hereditario, los bienes inmuebles de los cuales debía rendir cuentas; argumentos respecto de los cuales, no pasaba desapercibido que no los hizo valer el apelante, al momento de contestar el incidente. Añadió, que no obstante contrario a la muy particular interpretación del referido inconforme, se evidenció que éste sí estuvo en aptitud de rendir las cuentas de administración, particularmente, las descritas en la sentencia interlocutoria recurrida, por lo tanto, era claro que no fue un impedimento para él la circunstancia que mencionaba respecto del inventario y avalúo de los bienes que conforman el caudal hereditario, tan era así que el propio albacea, al momento de contestar el incidente, específicamente el hecho cuarto, negó argumentando que solamente reconocía que desde que asumió el cargo de albacea definitivo y a esa fecha, los bienes hereditarios, los tenía en posesión jurídica y ejerciendo los actos que acorde a la representación que ostentaba, le correspondía. Corroborándose así su posibilidad de rendir las cuentas respectivas, por lo que su agravio en ese sentido, devenía totalmente infundado. Abundó, que carecía de total veracidad la falta de una sentencia que hubiese aprobado algún bien perteneciente a la sucesión, ya que ciertamente en la sentencia interlocutoria dictada el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dentro de la segunda sección de ese juicio sucesorio, se reprobaron diversos bienes listados por el propio discrepante, en su calidad de albacea definitivo, tal cual se advertía del fallo visible a fojas noventa y dos a la ciento cinco, sin embargo, también era posible observar que el juez aprobó parcialmente el inventario y avalúo formulado, dado que sí existió un bien inmueble sobre el cual se aprobó, de modo que la afirmación que se hacía sobre ese hecho, no resultaba verídica. Que era indiscutible que la inconformidad del apelante no podía prosperar, ya que por un lado, se desvirtuó su aseveración de que no tenía las condiciones necesarias para rendir las cuentas de administración correspondiente, dado que en autos existían las constancias de que así lo había realizado, aunque en su mayoría de forma extemporánea, como lo dijo el juez, sin que el apelante expusiera un solo argumento tendiente a restarle validez a esa determinación; y, por otra parte, también se comprobó la falsedad de que en el juicio no existía ningún bien perteneciente a la sucesión, que hubiese sido aprobado, puesto que de la sentencia interlocutoria que obraba en el testimonio de apelación respectivo, se desprendía lo contrario y aun en ese supuesto no admitido de que así fuera, ello no sería impedimento para que el albacea cumpliera con la obligación que en ese sentido le imponía la ley en sus diferentes numerales del Código Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado (872 y 1082 respectivamente), máxime que ningún dispositivo legal establece que dicho deber de rendir cuentas mensuales de administración, inicia una vez aprobado el inventario y avalúo que se presente. En consecuencia, determinó la sala civil responsable que el juez procedió en términos correctos al estimar la remoción de plano del albacea, ya que al hacerlo, observó tanto los preceptos antes invocados, como lo establecido en el artículo 1085 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, de cuyo texto se infería nítidamente que cuando el que administre no rinda dentro del término legal su cuenta, sería removido de plano, supuesto que en el caso se actualizaba, pues en el testimonio de que se ocupaba, existía constancia de que el albacea definitivo, pese a haber rendido algunas cuentas de su administración, lo cierto era que la mayoría fueron presentadas de manera extemporánea y otras no se rindieron, acorde con lo expuesto el juez en la sentencia, de ahí que tenía que resolverse de esa forma, eso era, declarar la remoción de su cargo, ante el incumplimiento de su obligación. La parte quejosa, tendente a combatir las anteriores consideraciones señaló medularmente, que la resolución reclamada vulnera su esfera de derechos, toda vez que no realizó una interpretación armónica y relacionada del artículo 1037 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, que imponía la obligación del albacea de concluir el inventario y el avalúo dentro de los treinta días de aceptado su nombramiento; que de esa forma, al no existir ninguna disposición que señale la consecuencia del incumplimiento de esa obligación, quedaba evidente una laguna en la ley en ese sentido y por ende la diversa carga procesal que contenía el numeral 1082 del mismo cuerpo de leyes, consistente en la obligación de rendir mensualmente la cuenta de administración resultaba incompleta, por cuanto se refiere a los alcances de los conceptos que se deben comprender dentro de esa cuenta de administración que debía rendir de manera periódica como lo refería y no debía ser aplicado de manera como lo hizo la responsable; respecto de lo cual no realizó pronunciamiento alguno de su parte, solamente se concretó a señalar que el agravio expuesto en el momento de interponer el recurso de apelación puesto a su consideración, es una opinión personal respecto al momento de rendir la cuenta de administración, cuando lo que pretendió con ese agravio fue que se llevara a cabo la interpretación de esas normas que a su decir se encontraban en pugna por la deficiencia de la ley, ante la laguna evidenciada en los casos concretos como en el que se presenta en el desarrollo de esa sucesión. Añade, que por más que exista evidencia de que se estuvieron rindiendo cuentas de administración, aun de forma extemporánea, eso no era la cuestión medular de la cuestión planteada como agravio, que consistía el momento en que se debe hacer esa rendición y qué conceptos debían incluirse por las circunstancias especiales en que se desarrolló el procedimiento. Que por ende, aun y cuando esas cuentas se hubiesen presentado en su mayoría en forma extemporánea, resultaba irrelevante e intrascendente con los alcances que se le dieron para declarar la procedencia de la incidencia resuelta con la consecuencia que llevó a determinar la remoción del cargo de albacea. También alega, que le agravia el argumento vertido en el sentido que la obligación de rendir cuentas no se actualizaba por el hecho de que en el juicio sucesorio, no existe resolución en donde se hubiesen aprobado como bienes pertenecientes al caudal hereditario y que por el contrario, si se contaba con una resolución dentro de la cual se aprobó parcialmente el inventario y avalúo formulado y que por ende no era verídico lo afirmado en el agravio relativo. Esto, porque estima el quejoso que tal consideración sólo tendría efectos de que se le constriñera para que a partir de esa resolución, surgiera a la vida jurídica la obligación de rendir cuentas de administración respecto única y exclusivamente de dicho bien; sin perjuicio desde luego que una vez presentado el nuevo inventario y avalúo adicional, en donde se justificara en legal y debida forma la titularidad de los demás bienes que se incorporaran a esa instancia y fuera aprobado por la autoridad, seguiría esa obligación de rendición de cuentas de administración, en donde se incluyera todos aquellos actos realizados desde que se sumió a cargo y se hubiese tenido el dominio legal sobre los mismos y exponiendo los ingresos y egresos que con motivo de esos actos de administración se hubieren generado hasta el momento mismo de la rendición de la cuenta; e insiste en que ello se actualizaría, hasta el momento en que se hubiera aprobado el inventario y el avalúo adicional que fuere aprobado por la autoridad competente. Conceptos de violación que devienen inoperantes. Se dice de este modo, toda vez que no basta que en forma genérica el peticionario del amparo esgrima, que: No se realizó una interpretación armónica y relacionada del artículo 1037 del Código de Procedimientos Civiles, que impone la obligación del albacea de concluir el inventario y avalúo dentro de los treinta días de aceptado el nombramiento; que además, no existía ninguna disposición que señalara la consecuencia de incumplimiento de esa obligación, y por ello, la carga procesal del numeral 1082 del citado cuerpo de leyes resultaba incompleta respecto de los conceptos que debían incluir dicha cuenta de administración, por lo que no debía aplicarse. Que respecto a ello, la responsable no realizó pronunciamiento alguno, no obstante que el quejoso pretendió que se llevara a cabo la interpretación de las normas que se encontraban en pugna. Que la cuestión medular consistió, en el momento en que debía hacerse la rendición de cuentas y los conceptos que debían incluirse; no si se realizaron en forma extemporánea. Que el hecho que se encontrara con una resolución en la que se aprobó parcialmente el inventario y avalúo formulado, sólo tenía efectos para que a partir de esa resolución estuviese obligado a rendir cuentas de administración. Sino que, debió atacar las consideraciones torales de esa parte de la resolución reclamada, por las que la sala determinó: Que el apelante lejos de controvertir la parte medular de la sentencia apelada, se limitó a emitir una opinión personal respecto del momento en que el albacea tenía la obligación de rendir cuentas de administración. Que la interpretación de los preceptos que realizó el quejoso, así como la manifestación atinente a su imposibilidad de rendir mensualmente la cuenta de administración al no haberse presentado y concluido el inventario -argumento que no hizo valer el apelante al momento de contestar el incidente-, difería de su propia intervención en el juicio, toda vez que obraban constancias de las que derivaba que emitió diversas cuentas, aunque la mayoría extemporáneas, sin que expusiera un solo argumento tendente a restarle validez a esa determinación. Que opuesto a lo que señalaba, sí existía una sentencia en la que el juez aprobó parcialmente el inventario y avalúo, respecto de un bien inmueble; que suponiendo que no fuese de ese modo, ello no sería impedimento para cumplir con su obligación de conformidad con los artículos 872 y 1082 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Que no existía ningún dispositivo que señale que el deber de rendir cuentas mensuales de administración iniciará una vez aprobado el inventario y avalúo. Que el a quo observó lo dispuesto en el artículo 1085 del Código procedimental, que señala que cuando el que administre no rinda en el término legal su cuenta, sería removido de plano, supuesto que se actualizaba, dado que la mayoría fue emitido en forma extemporánea. Esto es, debió de expresarse y revelarse, a través de la causa de pedir, las causas, circunstancias y razones por las que estimase el porqué de la interpretación armónica que dice omitió realizar la responsable, derivaba el momento en que debía realizarse la rendición de cuentas; no obstante que la responsable indicó que no existía ningún dispositivo que señalara, que debía realizarse una vez aprobado el inventario y avalúo; además porqué resultaba irrelevante que los rindiera en forma extemporánea, a pesar del contenido del artículo 1085 del Código procedimental de la materia, dispone de manera expresa, que cuando éstas no son rendidas, el albacea debía ser removido. Pero además, por qué no resultaba incongruente ni difería, que por un lado alegase el impedimento para rendir cuentas de administración, atento a que debía realizarse hasta que se emitiera una resolución en la que se aprobara el inventario y el avalúo; y por otro, aunque de manera extemporánea, derivaba que había emitido algunas; además de que sí existía una sentencia en la que se aprobó parcialmente dicho inventario respecto de un bien inmueble; de tal manera que al no hacerlo de tal forma, las expresiones hechas devienen inoperantes. En apoyo a lo anterior, al tenor del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, es de invocar la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.- El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer "razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.". Finalmente debe decirse que no asiste razón al quejoso cuando señala, que la responsable no realizó pronunciamiento alguno en torno a la interpretación armónica que solicitó se llevara a cabo del artículo 1037 y 1082 de Código de Procedimientos Civiles del Estado. Toda vez que, como se observó en párrafos precedentes, el magistrado señaló que: Se limitó a emitir una opinión personal respecto del momento en el que el albacea tenía obligación de rendir cuentas, haciendo una interpretación de dichos preceptos; y, Lo que difería de su propia intervención en el juicio, desde que rindió algunas, aunque la mayoría de manera extemporánea. Razonamientos que, como se señaló no combatió. Sin que ahora esté en condiciones de aducir que: "lo que se pretendió con ese agravio fue la de que llevara a cambio la interpretación de esas normas que se encontraban en pugna por la deficiencia de la ley ante la laguna evidenciada en los casos concretos como en el que se presentaba en el desarrollo de la sucesión." Dado que constituyen argumentos novedosos que no pueden ser aquí atendidos, pues basta imponerse del contenido de los agravios expuesto en la Alzada, para observar que en realidad lo que alegó en aquélla instancia fue: ".que la obligación de rendir cuentas del cargo de albaceazgo que le corresponde a quien ostente dicha encomienda y que se contiene dentro del precepto legal 872 fracción IV, del Código Civil, se refiere, al menos en concepto de esta representación que se debe aplicar para aquellos casos en que se actualice el supuesto previsto en el artículo 1037 del Código de Procedimientos Civiles." Es decir, tal y como lo precisó la responsable, sólo realizó una interpretación personal, sin que ahora combata las consideraciones expuestas por la sala. En las condiciones apuntadas, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación propuestos, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Juzgado Segundo de Primera Instancia, en Materia Civil del Distrito Judicial de esta ciudad, dado que no se impugnan por vicios propios. Sirve de apoyo la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 357, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, rubro y texto: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E: Primero. Por los motivos expuestos en la consideración quinta de este fallo, la justicia de la unión no ampara ni protege a Pedro Francisco Puente González Vélez, contra los actos reclamados al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de esta ciudad, materia de estudio en dicho apartado. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y por oficio a las responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán certifica: Que se encuentran señaladas las once horas con cuarenta minutos del día de hoy, para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, da cuenta al juez con el estado que guardan los autos del juicio de amparo III-649/2021-O. Morelia, Michoacán a veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Doy Fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo III-649/2021-O, con una promoción registrada con el número 12737 y con la certificación que antecede. Conste. Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se tiene por recibido el escrito de Benigno Rafael Jiménez Barraza, en cuanto apoderado jurídico de la tercera interesada Rosa Aurora Puente González Vélez, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por formulados los alegatos del apoderado de la parte tercera interesada. Con lo anterior, hágase nueva relación en la audiencia constitucional respectiva. Por otro lado, del estado de autos se aprecia que en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno se tuvo por recibido el informe justificado del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad. Asimismo, se advierte que no media el plazo que contempla en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la parte tercera interesada por conducto de su apoderado tenga oportunidad de Leonardo Rojas Barragán 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.35.21 06/10/23 14:30:49 imponerse del contenido del informe rendido por la autoridad responsable en cita. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las diez horas con diez minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, para su verificativo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese por lista. Leonardo Rojas Barragán 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.35.21 06/10/23 14:30:49 Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe. ORF Leonardo Rojas

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