Pedro Garcia Garibay

Expediente 383/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
383/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
01/06/2021

Partes del expediente

  • Pedro Garcia Garibay

Actuaciones

  1. Principal

    El licenciado Javier Morales Guzmán, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, certifica: Que concluyó el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa impugnara el auto por el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, pues transcurrió del veinticinco al treinta y uno de mayo del año en curso, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de acuerdo con los artículos 19 y 22 del ordenamiento legal en cita; sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Morelia, Michoacán, primero de junio de dos mil veintiuno. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 383-2021, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, primero de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera queja contra el auto mediante el cual se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio suscrito por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado por este juzgado, informa que efectuó la compensación de cargas en el sistema de turno relativo al juicio de amparo en que se actúa, quedando asentada en dicho sistema con el número 000131/2021 rubro incompetencia de amparo y contabilizada a favor de este órgano jurisdiccional, lo que acredita con la papeleta de turno que anexa al ocurso de cuenta, la cual se ordena glosar al inicio del presente expediente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el acuerdo y/o resolución de 17 de mayo de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, este órgano jurisdiccional acepta el returno planteado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Pedro García Garibay, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número I-383/2021-EDG. Acúsese recibo y fórmese un tomo de pruebas con las constancias remitidas. Atento lo anterior, se ordena notificar la presente determinación a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que se haga el registro y compensación correspondiente, anexando para tal efecto copia simple de la papeleta de turno que obra dentro del presente sumario. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desechar de plano. Entonces, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el aludido precepto podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. Al respecto el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.).". De lo anterior se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso haya promovido con antelación diversa controversia constitucional, contra las mismas autoridades y respecto de los mismos actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, sin que obste a lo anterior que dicha controversia se encuentre pendiente de resolución. En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: El emplazamiento realizado al aquí quejoso dentro del juicio 805/2014, por el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad; así como todo lo actuado en dicho juicio hasta el auto que causó ejecutoria la sentencia respectiva. Por otra parte, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, constituye hecho notorio que el quejoso Pedro García Garibay, promovió diverso juicio de amparo del cual correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, mismo que se registró con el número 578/2020, en el que reclama: La orden de desposeerlo del bien inmueble que por esta vía defiende dado que no fue llamado al juicio de origen 805/2014 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, así como todas sus consecuencias jurídicas. Aunado lo anterior, los citados mandamientos de desposesión que alega, materialmente fueron ordenados con base en la sentencia definitiva dictada por la autoridad responsable; por tanto, el estudio de los actos reclamados, así como sus consecuencias jurídicas, se analizará dentro del diverso juicio de amparo 578/2020. Lo que se corrobora al tener a la vista los autos de dicho expediente. De lo expuesto con antelación, se advierte que tanto en el juicio de amparo 578/2020 como el 383/2021, en que se actúa, fueron promovidos por Pedro García Garibay, contra la misma autoridad responsable y respecto de los mismos actos reclamados, así como sus consecuencias. Por tanto, resulta claro que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, respecto del acto que es materia en un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y por el mismo acto reclamado, en este propio órgano de control constitucional. De ahí que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa por su notoria e indudable improcedencia. Robustece lo anterior, la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.) del Pleno del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la Décima Época, materia común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, visible en la página 265, número de registro 2006145, cuyo rubro y texto narran: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten.". Asimismo, apoya a lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 58, del Volumen 16, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, número de registro 239125, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES E IDENTICOS ACTOS RECLAMADOS. La Ley de Amparo exige para que opere la causal de improcedencia por existencia de juicio de amparo anterior, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, únicamente la presencia de los siguientes requisitos: a) Que la ley o acto que se reclamen, sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y c) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas." Por otra parte, se exhorta a las partes para que realicen lo siguiente: 1. Obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía. 2. En relación con las autoridades responsables, se exhorta a los funcionarios públicos a rendir sus informes o cumplir sus requerimientos a través de la plataforma referida en el párrafo que antecede, tomando en consideración que en ocasiones la logística de su trabajo no lo permite, por lo que se les requiere para que en su caso, proporcionen a este órgano una dirección de correo electrónico a través de la cual se puedan mantener las comunicaciones oficiales y dirijan sus informes y demás solicitudes al correo institucional 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx; sin que lo anterior implique que se sustituya la facultad de este juzgado de solicitar, cuando el caso lo amerite, que la comunicación se realice de manera ordinaria. 3. Asimismo, para que las autoridades proporcionen el nombre, cargo, teléfono fijo o móvil del servidor público que pueda fungir como enlace a efecto de instituir un vínculo de comunicación para las gestiones derivadas de la tramitación del presente asunto. 4. Deberán tomar en cuenta que la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentran restringidas, por lo que su asistencia al local que ocupa este juzgado deberá realizarse previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en dicho acuerdo (apartado denominado "Agenda OJ" en los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación). 5. Continúen con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19). Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter; o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. De acuerdo con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c) de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal. En ese mismo sentido se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como responsable; caso en el cual de no ser hallados en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Se autoriza al actuario de este juzgado practicar notificaciones por lista a la parte quejosa de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo cuando para llevar a cabo una notificación personal se constituya en el domicilio correcto de lo cual deberá cerciorarse y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previo aviso fijado en la puerta y las razones que al respecto se levanten. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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