Pedro Campos Cruzaley
Expediente 910/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 910/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Pedro Campos Cruzaley
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, por la que se negó el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 910/2020, promovido por Pedro Campos Cruzaley, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Pedro Campos Cruzaley, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Noveno de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que en proveído de tres de diciembre de dos mil veinte, la admitió a trámite y la registró bajo el número de expediente 910/2020, se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que la orden de reaprehensión reclamada fue dictada por una autoridad con residencia en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la parte quejosa consisten en: El auto de catorce de febrero de dos mil dieciocho, dictado dentro del proceso penal 58/2015, que se instruyó a Pedro Campos Cruzaley por el delito de portación de arma de fuego sin licencia, mediante el cual la autoridad responsable consideró que dicho enjuiciado incumplió con las obligaciones que contrajo al acogerse al beneficio de la condena condicional, por lo que revocó dicho beneficio y ordenó su reaprehensión, a efecto de que compurgue la pena de prisión impuesta, así como su ejecución. Acto que atribuye a la autoridad: Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Noveno de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado [foja 18]. Lo cual se corrobora con las constancias relativas al duplicado del expediente 58/2016, que adjuntó el juez responsable a su informe [constante en un tomo]. Documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814, visible a foja 553, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro: 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, las partes no hicieron valer causas de improcedencia del presente juicio de amparo, ni este juzgador de oficio advierte su existencia, por lo que procede entrar al estudio de los actos reclamados. Quinta. Análisis del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora bien, previo al análisis de los conceptos de violación aducidos por el quejoso, se considera necesario realizar una breve reseña de los siguientes antecedentes que se advierten del expediente de origen: 1. El dieciocho de diciembre de dos mil quince, el Juez Noveno de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, dictó sentencia condenatoria contra Pedro Campos Cruzaley, por su plena responsabilidad en la comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado por los artículos 81, párrafo primero, en relación con el numeral 9º, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en términos del precepto 13, fracción II, del Código Penal Federal, por lo que en atención a ello, le impuso las penas de dos años de prisión y multa de $3,414.00 (tres mil cuatrocientos catorce pesos 00/100), sustituible la última en caso de insolvencia económica acreditada, por cincuenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad [fojas 355 a 395 del tomo de pruebas]. Asimismo, concedió al sentenciado los beneficios de la sustitución de la pena de prisión a que se refiere el artículo 70, fracciones I, II y III, del Código Penal Federal, así como el diverso de la condena condicional. 2. Dicha resolución causó ejecutoria el treinta de diciembre de dos mil quince, y el cinco de enero de dos mil dieciséis, se tuvo al enjuiciado acogiéndose al beneficio de la condena condicional concedido en sentencia, por lo que se suspendió la ejecución de las penas de prisión y multa impuestas al sentenciado; asimismo, se le hizo saber que con motivo del beneficio al que se acogió, quedaba bajo el cuidado y vigilancia del Director de Instituciones Abiertas del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la entonces Secretaría de Gobernación en México, Distrito Federal, por el término de duración de la pena de prisión, que en el caso fue de dos años, por lo que debería ponerse a su disposición [fojas 416 y 417 del tomo de pruebas]. 3. Mediante acta de trece de enero de dos mil dieciséis, se hicieron saber a Pedro Campos Cruzaley las prevenciones señaladas en el artículo 90 del Código Penal Federal, a las que debería sujetarse hasta la extinción de las sanciones impuestas que fueron suspendidas [foja 430 del tomo de pruebas]. 4. Luego, por auto de veinte de enero de dos mil dieciséis, se tuvo al sentenciado exhibiendo copia del escrito y acuse del Servicio Postal Mexicano, mediante el cual se puso a disposición de la autoridad ejecutora por lo que, el ocho de enero de dos mil dieciocho, el Juez responsable requirió al Director General de Instituciones Abiertas del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social en la Ciudad de México, para que informara si el enjuiciado cumplió con las obligaciones contraídas con motivo del beneficio concedido [fojas 434 y 464 del tomo de pruebas]. 5. Atento lo anterior, mediante oficio SEGOB/OADPRS/CGPRS/DGIAPRS/DCSL-SC/2729/2018, el Jefe del Área en ausencia del Director General de Instituciones Abiertas, informó que a Pedro Campos Cruzaley, registró la causa penal 363/2017 del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Michoacán, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, en la que se le impuso la pena de dos años de prisión, por lo que se estimó que el reo incumplió con las obligaciones derivadas del beneficio de la condena condicional al cual se acogió. 6. Una vez recabadas las constancias solicitadas, el catorce de febrero de dos mil dieciocho, el Juez responsable, con fundamento en el artículo 90, fracción IX, del Código Penal Federal, revocó el beneficio de la condena condicional concedido a Pedro Campos Cruzaley, por lo que hizo efectiva la pena privativa de libertad de dos años a que se le condenó en sentencia y ordenó su reaprehensión, la cual comunicó al agente del Ministerio Público de su adscripción para su debido cumplimiento, a fin de que una vez lograda, interne al sentenciado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", en Buena Vista Tomatlán, a disposición del juez de la causa; asimismo, hizo efectiva la garantía otorgada por el enjuiciado al acogerse al beneficio concedido, en favor de la Tesorería de la Federación [fojas 493 y 494 del tomo de pruebas]. La anterior determinación constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Precisado lo anterior, en su único concepto de violación el quejoso esencialmente se duele de lo siguiente: Que se violan en su perjuicio los derechos contenidos en los numerales 14 y 16 Constitucionales, porque el acto de molestia reclamado tiene la finalidad de restringirle provisionalmente de su libertad personal, sin cumplir con las exigencias constitucionales previstas en el citado numeral 16 Constitucional, pues -refiere- no consta en mandamiento escrito de autoridad competente ni se encuentra debidamente fundada y motivada la causa legal del procedimiento. Por lo anterior, señala que al no haber sido requerido por citatorios por la autoridad competente, después de haber enviado sus "tickets postales", la autoridad responsable debió pronunciarse al respecto, de modo que al dictar la orden de reaprehensión lo hizo sin hacer una correcta valoración de los elementos de la causa y por ello la orden reclamada carece de fundamentación y motivación. Los anteriores motivos de disenso son infundados, sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien resuelve, considera que lejos de beneficiar al quejoso lo perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo. Al respecto, se tiene que el artículo 16 Constitucional, dispone lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Del precepto transcrito, se advierte la obligación que la Constitución Federal impone a toda autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que emita; entendiéndose por motivación, el razonamiento que debe efectuar la autoridad que emite el acto, en el que se especifiquen los hechos, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en consideración para concluir con aquél, como lo establece la jurisprudencia 338, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo VI, Parte SCJN, página 227, registro 394294, que dispone: "MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. La motivación exigida por el artículo 16 constitucional consiste en el razonamiento, contenido en el texto mismo del acto autoritario de molestia, según el cual quien lo emite llega a la conclusión de que el acto concreto al cual se dirige se ajusta exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales. Es decir, motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que se formula la autoridad para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal.". En tanto que, la fundamentación implica señalar el precepto o preceptos y ordenamiento u ordenamientos legales aplicables al caso concreto. Consideradas así la fundamentación y motivación, es claro que la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber la derivada de su falta y la correspondiente a su incorrección. Esto es, la falta de fundamentación y motivación se produce cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. Luego, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, empero, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa y, una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. Entonces la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Volumen 97-102, Tercera Parte, página 143, del Semanario Judicial de la Federación, registro 238212, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Así como también, sirve de apoyo a lo antes dicho, la tesis de jurisprudencia I.3o.C. J/47, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Tomo XXVII, de Febrero de dos mil ocho, página 1964, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 170307, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. de ambos requisitos constitucionales. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo". Conforme a lo anterior, se dice que el auto de catorce de febrero de dos mil dieciocho, mediante el que el Juez responsable revocó el beneficio de la condena condicional concedido al enjuiciado Pedro Campos Cruzaley, y ordenó su reaprehensión, sí está debidamente fundado y motivado en atención a que para revocar el beneficio de la condena condicional y ordenar la reaprehensión del enjuiciado, el juez responsable invocó el artículo 90, fracción IX, del Código Penal Federal vigente en la época de los hechos. Dicho precepto legal, para lo que aquí interesa, dispone: "CAPITULO IV Condena condicional Artículo 90. El otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena condicional, se sujetarán a las siguientes normas: I. El juez o Tribunal, en su caso, al dictar sentencia de condena o en la hipótesis que establece la fracción X de este artículo, suspenderán motivamadamente (sic) la ejecución de las penas, a petición de parte o de oficio, si concurren estas condiciones: [.] III. La suspensión comprenderá la pena de prisión y la multa, y en cuanto a las demás sanciones impuestas, el juez o tribunal resolverán discrecionalmente según las circunstancias del caso. IV. A los delincuentes a quienes se haya suspendido la ejecución de la sentencia, se les hará saber lo dispuesto en este artículo, lo que se asentará en diligencia formal, sin que la falta de ésta impida, en su caso, la aplicación de lo prevenido en el mismo. V. Los sentenciados que disfruten de los beneficios de la condena condicional quedarán sujetos al cuidado y vigilancia de la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social [.] VII. Si durante el término de duración de la pena, desde la fecha de la sentencia que cause ejecutoria el condenado no diere lugar a nuevo proceso por delito doloso que concluya con sentencia condenatoria, se considerará extinguida la sanción fijada en aquélla. En caso contrario, se hará efectiva la primera sentencia, además de la segunda, en la que el reo será consignado como reincidente sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de este Código. Tratándose del delito culposo, la autoridad competente resolverá motivadamente si debe aplicarse o no la sanción suspendida. VIII. Los hechos que originen el nuevo proceso interrumpen el término a que se refiere la fracción VII tanto si se trata del delito doloso como culposo, hasta que se dicte sentencia firme. IX. En caso de falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el condenado, el juez podrá hacer efectiva la sanción suspendida o amonestarlo, con el apercibimiento de que, si vuelve a faltar a alguna de las condiciones fijadas, se hará efectiva dicha sanción." Del numeral transcrito, para lo que aquí interesa, se obtienen las siguientes premisas: El otorgamiento y disfrute del beneficio de la condena condicional, se sujetará a las normas establecidas en el aludido precepto. La suspensión con motivo del citado beneficio comprende la pena de prisión y la multa. A los delincuentes a quienes se haya suspendido la ejecución de la sentencia, se les hará saber lo dispuesto en el referido artículo, lo que se asentará en diligencia formal, sin que la falta de ésta impida, en su caso, la aplicación de lo prevenido en el mismo. Si durante el término de duración de la pena, desde la fecha de la sentencia que cause ejecutoria, el condenado no diere lugar a nuevo proceso por delito doloso que concluya con sentencia condenatoria, se considerará extinguida la sanción fijada en aquélla. Sin embargo, en caso contrario, se hará efectiva la primera sentencia, además de la segunda, en la que el reo será consignado como reincidente sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de este Código. Asimismo, en caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por el condenado, el juez podrá hacer efectiva la sanción suspendida. Bajo el anterior panorama, en el caso es evidente que el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, en cuanto juez de la causa penal que se instruyó al aquí quejoso, sí es competente, para emitir la orden de reaprehensión reclamada, con apoyo en el artículo 90, fracción XI, del Código Penal Federal (fundamentación), al actualizarse el supuesto a que se refiere la fracción VII, del mismo precepto legal, esto es, durante el término de duración de la pena impuesta dentro del proceso penal 58/2015, desde la fecha de la sentencia que causó ejecutoria, el condenado dio lugar al nuevo proceso 363/2017 por delito doloso, esto es, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, que concluyó con sentencia condenatoria de dos años seis meses de prisión y consecuentemente, era competente para emitir dicho mandamiento de captura. De ahí que, por lo que hace a las razones o circunstancias en las que la autoridad responsable se apoyó para hacerlo (motivación), se estiman correctas, en la medida que las autoridades encargadas de la vigilancia y extinción de la pena impuesta al sentenciado, Director General de Instituciones Abiertas, Director y Subdirector de Control de Sentenciados en Libertad, del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social con sede en la Ciudad de México, informaron al juez de los autos que el enjuiciado Pedro Campos Cruzaley, registró una nueva causa penal [363/2017] por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, que concluyó con sentencia condenatoria, por lo que consideraron que dicho reo incumplió con las obligaciones derivadas del beneficio de la condena condicional al que se acogió. De modo que, una vez que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, remitió las constancias relativas a la citada causa penal 363/2017, el juez responsable tuvo por comprobado que Pedro Campos Cruzaley, incumplió con las obligaciones contraídas con motivo del beneficio de la condena condicional concedido por ese órgano jurisdiccional, por lo que con fundamento en el artículo 90, fracción IX, del Código Penal Federal, revocó el sustitutivo al que se acogió el sentenciado, por lo que hizo efectiva la pena privativa de libertad de dos años a que se le condenó en el proceso 58/2015, y ordenó su reaprehensión. Razones las anteriores, que a juicio de quien resuelve, son suficientes para actualizar la hipótesis normativa a que se refiere el artículo 90 del Código Penal Federal, en la medida que ellas fundan y revelan razonadamente que el sentenciado aquí quejoso incumplió con las obligaciones que se le hicieron saber con motivo del beneficio de la condena condicional concedido, y que se le hicieron saber en acta de trece de enero de dos mil dieciséis, de modo que procedía, como así lo hizo la responsable, ordenar la ejecución de la pena de prisión impuesta y por ende, la reaprehensión del enjuiciado. Por tanto, ante lo infundado del concepto de violación aducido y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, fracción IV, 35, 37, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se R E S U E L V E Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a Pedro Campos Cruzaley, por su propio derecho, contra la autoridad y actos que quedaron precisados en la consideración segunda, y por los motivos expuestos en la diversa quinta de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en la última consideración de este fallo. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiocho de enero de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha el Jefe Regional de la Policía Ministerial adscrito a la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República y el Comandante de la Policía Federal Ministerial adscrito a la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, ambas con sede en esta ciudad, no han rendido el informe justificado solicitado mediante oficios 18113 y 18114 de tres del mes y año en curso. En virtud de lo anterior y en aras de una pronta impartición de justicia, requiérase por segunda ocasión a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir de su legal notificación, rindan su informe con justificación y remitan las constancias relacionadas con el acto reclamado. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento con lo anteriormente expuesto se hará efectivo el apercibimiento decretado en el auto de admisión. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales que remite en apoyo de su informe justificado, consistentes en el duplicado del proceso penal II-58/2015. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva y con las documentales referidas fórmese un tomo de prueba. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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