Pedro Emmanuel Rodríguez Fuentes y Otros.
Expediente 1211/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1211/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pedro Emmanuel Rodríguez Fuentes y Otros.
- Pedro Emmanuel Rodríguez Fuentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA III B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, primero de septiembre de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el quince de agosto de dos mil dieciséis (fojas 27 y 28), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA III B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quince de agosto de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su debido conocimiento. En otro orden, con apoyo en el precepto 119 de la ley de la materia, se admite la documental que ofrece como prueba de su parte, consistente en copia certificada del laudo de ocho de agosto de dos mil dieciséis, dentro del expediente 224/2012 promovido por Rodríguez Fuentes Pedro Emmanuel contra Grupo Salinas y otros; probanzas que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Ahora bien, en la especie, del análisis integral de la demanda de amparo se conoce que la parte quejosa Rodríguez Fuentes Pedro Emmanuel, esencialmente reclamó de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral D-224/2012 de su índice. Por su parte, la autoridad responsable al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (once de julio de dos mil dieciséis -foja 2-), ya que agregó que no se había dictado laudo en el expediente 224/2012; sin embargo, el ocho de agosto de dos mil dieciséis se dictó dicho laudo. De las documentales enviadas con el informe de cuenta, consistentes en copias certificadas deducidas del expediente laboral 224/2012 del índice de la autoridad responsable, mismas que revisten el carácter de documentos públicos con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, se conoce, en lo que aquí interesa, que el ocho de agosto de dos mil dieciséis, en el juicio laboral 224/2012, los Integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, emitieron el laudo correspondiente -cuya falta de emisión constituye aquí el acto reclamado-(fojas 18 a 26). De lo anterior, se advierte que, en el caso, sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía individual violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido, lo cual acontece en el caso, puesto que la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, el ocho de agosto de dos mil dieciséis, dictó el laudo correspondiente en el expediente laboral 224/2012 de su registro (de cuya falta de emisión se duele en esta instancia la parte quejosa). Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, del tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a la citada quejosa ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 15), así como las providencias decretadas en éste; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA III B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil dieciséis. Vistos los autos y certificación de cuenta, se advierte por una parte que se encuentra señalada para esta fecha la celebración de la audiencia constitucional, y por otra que la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, no ha rendido su informe justificado, a pesar de haber quedado debidamente notificado de dicha solicitud el trece de julio pasado, como se advierte de la constancia que ampara dicha circunstancia; sin embargo, atendiendo a la certificación de cuenta, la referida junta gozó de su primer periodo vacacional del dieciséis al treinta y uno de julio de esta anualidad, motivo por el cual aún continua transcurriendo su plazo para que rinda su informe. Por tanto, no es factible celebrar la audiencia constitucional, la que se difiere y se fijan para su verificativo las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS.
- Principal
MESA III B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que a los terceros interesados ..., ..., ...; ..., ...; ..., ...; y ..., ..., no señalaron domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se les previno a los referidos terceros interesados; por lo que, practíquese sus notificaciones; aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo.
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