Pedro Felipe Diaz Contreras y Otros.

Expediente 135/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
135/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
17/03/2016

Partes del expediente

  • Pedro Felipe Diaz Contreras y Otros.
  • Magistrados Integrantes de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecisiete de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio 2136/2016 signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual informa que aceptó la competencia para conocer en la vía directa de la demanda de amparo promovida por ********************contra la resolución de tres de diciembre de dos mil quince, emitida en el toca penal 51-(I)/2015, por los Magistrados Integrantes de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, y que admitió a trámite la demanda de amparo directo. En este orden, con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. En otro aspecto, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento; por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a su destrucción, en términos de la fracción I del invocado punto Vigésimo del aludido Acuerdo General Conjunto 1/2009. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    MESA IV A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintidós de enero de dos mil dieciséis. Para los efectos legales correspondientes, agréguese el oficio 341, suscrito por la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, mediante el cual, en cumplimiento a la sentencia de amparo, remite copia certificada de la resolución de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, dictada en el expediente penal 158/2011, de su registro. Ahora bien, toda vez que en auto de veintinueve de diciembre último (foja 177), se tuvo al Director de la Penitenciaría del Estado, manifestando que el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, no le había notificado la nueva resolución dictada en cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto, en el párrafo cuarto del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, remita copia certificada de la notificación de la resolución que remite al Director de la Penitenciaría del Estado, a fin de que éste último, esté en aptitud de cumplir con la sentencia de amparo. Apercibido que de no hacerlo, se le hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de catorce de diciembre actual. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Virginia Reyes Aguilar, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    MESA IV B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, catorce de enero de dos mil dieciséis. Vistos los autos y el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte legitimada interpusiera recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en este juicio de amparo, sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, para todos los efectos legales. No es obstáculo a lo anterior el hecho de que en este juicio de amparo no obren las constancias de las que se advierta que las autoridades responsables, hayan sido notificadas de la sentencia dictada en este expediente, en la que se sobreseyó en esta instancia constitucional, lo anterior en virtud que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, lo que en el caso no acontece, puesto que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente. Notifíquese. Así lo proveyó, el Secretario Ernesto Valdivia Vásquez, encargado del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, en el periodo vacacional del titular; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en sesión de uno de diciembre de dos mil quince, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/7105/2015 de la propia fecha, signado por el Secretario Técnico de la precitada Comisión; ante la Secretaria Virginia Reyes Aguilar, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA MESA VI B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, catorce de enero de dos mil dieciséis. Vista la demanda que antecede promovida por Pedro Felipe Díaz Contreras, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 135/2016 Antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario verificar si este Juzgado Primero de Distrito, es legalmente competente para conocer de la misma, por ser éste un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público. Lo anterior, con apoyo en la tesis 1a. II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 94, Tomo IX, Mayo de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto. Así, del contexto integral de la demanda de amparo de cuenta, se conoce que la parte quejosa señala como acto reclamado: la sentencia dictada en el toca penal número 581-(I)/2015 del registro de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la cual resolvió el recurso de apelación en contra de la determinación de quince de julio de dos mil quince, pronunciada por el Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, en el proceso penal número 122/2015, en la que se declaró prescrita la acción penal, decretó el sobreseimiento, y como consecuencia se negó librar orden de aprehensión en contra de Eva García González, como probable responsables del delito de fraude especifico, cometido en contra del aquí promovente. Luego, del estudio integral del escrito de demanda, en concreto del capítulo de antecedentes, el recurrente bajo protesta de decir verdad, señaló que mediante oficio pedimento de diecinueve de junio de dos mil quince, el Director de Averiguaciones Previas y Consignaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, consignó la averiguación previa 8555/S.C/2011, ejercitando acción penal en contra de Eva García González, como probable responsable del delito de fraude específico, cometido en agravio del aquí recurrente, de la cual conoció el Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, bajo el proceso penal 122/2015, mismo que mediante resolución de quince de julio del año pasado, declaró prescrita la acción penal, decretó el sobreseimiento de la causa, y como consecuencia negó librar la orden de aprehensión en contra de Eva García González. Inconforme con tal determinación promovió recurso de apelación, resuelto por la Segunda Sala del Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca, dentro del toca 581-(I)/2015, que confirmó la resolución del juez citado; lo cual constituye el acto aquí reclamado. Ahora bien, los artículos 34, 47 y 170, fracción I de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. (.)" "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. (.) Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)". De los preceptos legales transcritos se infiere que contra las resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por tales las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, procede el juicio de amparo directo y que éste es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. Luego, como del análisis integral de la demanda de amparo se obtiene que el peticionario reclama la sentencia dictada en el toca penal 581-(I)/2015, formado con motivo del recurso de apelación en contra de la resolución de quince de julio de dos mil quince, pronunciada por el Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, en la causa penal 122/2015, en la que se declaró prescrita la acción penal, se decretó el sobreseimiento de la causa y como consecuencia negar librar orden de aprehensión en contra de Eva García González; se estima que la autoridad competente para conocer de la demanda de amparo es el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad. Lo anterior es así, pues se considera que la determinación que declaró el sobreseimiento de la causa penal constituye una resolución que pone fin al proceso, lo da por concluido pero sin resolverlo en el fondo, pues no decide sobre la existencia del delito o la responsabilidad del inculpado, pero concluye en definitiva la tramitación del proceso penal. En tales condiciones, este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia legal para el conocimiento de la demanda de amparo de que se trata; por tanto, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, sin proveer trámite alguno, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de este Circuito con sede en esta ciudad, el original de la demanda de amparo y cuatro copias de la misma, para que, por su conducto, dada la naturaleza del presente asunto, se sirva turnarla al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en esta ciudad; a fin de que determine lo que en derecho corresponda. Solicitando se sirva acusar el recibo correspondiente. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 40/2015 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 459, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA FIRME EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA PENAL (LEGISLACIÓN FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y DE CHIAPAS). De los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo abrogada, en relación con el numeral 107, fracciones III, inciso a), párrafos primero y tercero, y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el amparo directo procede contra las resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales que pongan fin al juicio sin decidirlo en lo principal y respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas. En ese sentido, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que la determinación que deja firme el sobreseimiento de la causa penal, contra la cual no procede algún medio de impugnación, adquiere el estatus de sentencia absolutoria con categoría de cosa juzgada, como lo previenen los artículos 304, 275 y 523 Bis, de los Códigos de Procedimientos Penales, Federal, y de los Estados de México y de Chiapas, respectivamente -que regulan el sistema penal anterior a la reforma de 18 de junio de 2008-, por lo que constituye una resolución que pone fin al proceso penal iniciado a partir de que el juez radicó la averiguación previa pues sus efectos necesariamente dan por concluido el juicio sin resolverlo en el fondo, ya que no decide sobre la existencia del delito o la responsabilidad del inculpado pero culmina en definitiva la tramitación del proceso penal, lo que permite determinar que en su contra procede el juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Con copias de la boleta de registro y escrito de demanda de amparo, fórmese cuaderno de antecedentes. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo, y por autorizados con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que señala, por así solicitarlo expresamente el quejoso y ser el presente asunto de naturaleza penal. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó, el Secretario Ernesto Valdivia Vásquez, encargado del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, en el periodo vacacional del titular; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en sesión de uno de diciembre de dos mil quince, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/7105/2015 de la propia fecha, signado por el Secretario Técnico de la precitada Comisión; ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe.

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