Pedro Cruz Merino y Otros.

Expediente 832/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
832/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
01/09/2015

Partes del expediente

  • Pedro Cruz Merino
  • Pedro Cruz Merino y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV A Agréguese a los autos el oficio 6183 suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimotercer Circuito, con el que devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, y remite copia certificada de la queja 119/2015; al respecto, acúsese recibo. En otro aspecto, en virtud de que el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del expediente, está conformado con copias certificadas cuyos originales ya obran en autos, resulta ocioso agregar las mismas a este juicio, por lo que únicamente glósense los acuerdos o constancias que obren después de la remisión del expediente. Ahora bien, toda vez que los magistrados de Circuito, del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante ejecutoria dictada el dieciocho de agosto de dos mil quince, al resolver la queja 119/2015, declararon infundado el recurso de mérito, interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de doce de junio de dos mil quince, comuníquese lo anterior a la parte quejosa. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro aspecto, de la certificación de cuenta aparece que en autos obran las documentales que exhibió la parte quejosa con su demanda de amparo consistentes en las constancias de reconocimiento expedidas por el Agente de Policía de la Comunidad de Corral de Piedra, Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, Oaxaca, Agente de Policía Municipal de San Antonio Río Verde, Tututepec, Oaxaca y Agente de Policía Municipal del Paso de la Reyna, Jamiltepec, Oaxaca, respectivamente (fojas 13, 16 y 19); en consecuencia, requiérase a PEDRO CRUZ MERINO, representante común de los quejosos, para que, dentro del plazo de noventa días naturales (en días y horas hábiles), contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; comparezca a este juzgado con identificación oficial que la acredite fehacientemente o autorice a persona de su confianza para que reciba tales documentales dentro del plazo indicado; previa identificación y razón de entrega correspondiente que se deje en autos; apercibido que de no cumplir con lo anterior, sin ulterior acuerdo, los documentos en cuestión serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    MESA IV A Agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio 4998, suscrito por la Secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, por el que acusa recibo del diverso 6915.IV-A, del índice de este juzgado, con el que se remitió el juicio de amparo 832/2015, y el original del escrito de expresión de agravios, para la substanciación del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de doce de junio de dos mil quince, e informa la admisión del referido recurso, el que quedó radicado con el número 119/2015.

  3. Principal

    MESA IV A Agréguese a los autos la copia del escrito signado por PEDRO CRUZ MERINO, representante común de los quejosos, por el que interpone recurso de queja contra el proveído de doce de junio de dos mil quince, por el que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio; en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja promovido por la parte quejosa, contra el auto de doce de junio del año en curso por el que se desechó la demanda de amparo; proveído que fue notificado a la parte quejosa, el quince siguiente. Téngase al recurrente señalando las constancias para el testimonio de revisión, como lo dispone el artículo 100 de la Ley de Amparo, por lo que en su oportunidad, remítase al Tribunal de Alzada los autos originales. Así, dada la materia del presente asunto, remítase el original del escrito de cuenta, la copia para el fiscal Federal adscrito al Tribunal de Alzada, los autos del presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Tercer Circuito en turno, atento a que el asunto corresponde a la materia administrativa y los tres Tribunales Colegiados de Circuito de este Distrito tienen competencia para conocer de esa materia, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación del referido recurso, una vez que obre la constancia de notificación a la parte quejosa de este proveído. Con copia certificada de las constancias correspondientes fórmese cuaderno de antecedentes.

  4. Principal

    MESA IV A "... Agréguese el escrito de Pedro Cruz Merino, Eliud Gómez Rosales y Luis Hernández Ruiz, en su carácter de ex agente de Policía de Corral de Piedras, Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, Oaxaca, ex agente de Policía de San Antonio Río Verde, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo y ex agente Municipal de Paso de la Reina, Santiago Jamiltepec, Oaxaca, respectivamente, contra actos del Titular de la Rectoría General, Titular del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas y Titular del Departamento de Estudios Regionales INESER, todos de la Universidad de Guadalajara Red Universitaria de Jalisco, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 832/2015. Ahora bien, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, la parte quejosa indica que señala como autoridades responsables al Titular de la Rectoría General, al Titular del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas y al Titular del Departamento de Estudios Regionales INESER, todos de la Universidad de Guadalajara Red Universitaria de Jalisco, de quienes reclama, en esencia, la falta de contestación a la solicitud recibida el diecisiete de octubre de dos mil catorce, así como la falta de notificación de la respuesta recaída a su petición. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, y 5, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, los cuales, en ese orden, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De los preceptos legales transcritos, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En ese sentido, por autoridad responsable debe entenderse que tal calidad no únicamente le asiste a los entes entre los que dentro de sus facultades se encuentra la de imperio, es decir, de hacer respetar por medio de la fuerza pública sus propias determinaciones, sino que comprende también a todas aquéllas (incluso particulares) que realicen actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular determinado y de una manera imperativa. En vinculación con lo anterior, deviene relevante dejar en claro qué debe entenderse por autoridad, al respecto, es de decirse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 164/2011, al interpretar la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, referente al concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, determinó las notas distintivas siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Con base en ello, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal. Ahora, debe decirse que el análisis sistemático del transcrito artículo 5º, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en cuanto establece la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares "... cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad ...", debe entenderse en su contenido semántico del vocablo "equivalente", el actuar de los particulares que se coloquen en un plano semejante respecto de las autoridades que realicen actos unilaterales, imperativos y coercitivos. En ese sentido, la ejecución de actos en un plano de igualdad con otros particulares, que no impliquen una subordinación como autoridad coercitiva e imperativa, de ningún modo refleja el que los particulares pudieran tener por equivalencia el carácter de autoridades responsables, ni de actos equivalentes a los de autoridad, dado que el fragmento del precepto de que se trata no debe interpretarse de manera aislada, sino que con los principios constitucionales que como mandatos de optimización estatuyen los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, que en su contenido literal no establecen la regulación expresa de actos propios de particulares para la procedencia del juicio de amparo, ni esa connotación jurídica puede encontrar sustento en la iniciativa de la nueva Ley de Amparo, ni en el procedimiento propio de debate correspondiente, por no referirse a la indicada acepción, que tampoco puede contrariar lo dispuesto en la Ley Suprema del país. Por consiguiente, si el actuar de un particular en un plano de igualdad y horizontal con otro u otros particulares no se encuentra previsto en un principio regulado como acto de autoridad en la Constitución Federal, menos puede discernirse ese vínculo jurídico de leyes generales secundarias, como reglas en un ámbito meramente fáctico, puesto que la Ley de Amparo no ha de reñir con los principios que la propia Carta Fundamental estatuye, sino que debe atenderse a lo que dispuso el legislador ordinario en la norma secundaria como "equivalente", entendiéndose por esto cuando los particulares actúen en auxilio o en cumplimiento de un acto de autoridad, pues no pueden soslayarse los preceptos constitucionales que rigen por excelencia el juicio de amparo en México, continúan incólumes en su contenido deontológico -teoría de los deberes- y axiológico -teoría de los valores- la procedencia del amparo contra "actos de autoridad", esto es, los que cumplen los requisitos legales de ser unilaterales, imperativos y coercitivos, en el orden en que actúa un ente público -por sí o por auxilio de un particular o en cumplimiento de un mandato o de una ley- que exija un hacer u omisión inexcusable, sometiéndose la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión originariamente proveniente de la autoridad estatal. De la lectura integra de la demanda de amparo se aprecia que los ahora quejosos el diecisiete de octubre de dos mil catorce, presentaron un escrito en la rectoría de la Universidad de Guadalajara Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, en el que solicitaron diversa información en relación a la colaboración de profesores de dicha Universidad con la Comisión Federal de Electricidad, para la realización de un estudio de impacto social del proyecto hidroeléctrico de usos múltiples "Paso de la Reina", en la región de la costa del Estado de Oaxaca, cuya omisión de acuerdo y notificación de la respuesta recaída al mismo, constituyen los actos reclamados en esta instancia constitucional. Como consecuencia necesaria de lo anterior, conduce a determinarse que la falta de acuerdo a la petición de los quejosos, así como de la notificación de la respuesta recaída a la misma, no debe considerase como un acto de autoridad, toda vez que en el caso concreto, los funcionarios universitarios que los quejosos señalan como responsables, están actuando como particulares en un plano de coordinación, atento que no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los quejosos y de una manera imperativa, ni con fundamento en una norma legal han dictado, promulgado, publicado, ordenado, ejecutado o tratan de ejecutar el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificando las existentes o limitando sus derechos. Por las relacionadas consideraciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 5, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables. Ahora bien, con fundamento en el numeral 13 de la Ley de la Materia, el suscrito designa como representante común al primero de los ocursantes, Pedro Cruz Merino, para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la nueva Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo y a las personas que indica, por autorizadas para tal efecto, es decir sin las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, pues cuando las autoriza para que las reciban en su nombre, sus cédulas profesionales no se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y el presente asunto es de naturaleza administrativa. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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