Pedro Antonio Alvarez Ayala
Expediente 465/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 465/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 20/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Pedro Antonio Alvarez Ayala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia que por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado, toda vez que no se ha recibido a la fecha escrito alguno; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, el cual no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, para el caso de que al (a la) actuario (a) de este juzgado no le sea posible entregar el oficio relativo al presente auto, con motivo de que la autoridad respectiva se encuentre en periodo vacacional, se le comisiona para que quede bajo su resguardo y una vez que reanude labores realice su entrega. Notifíquese por lista y mediante oficios a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintitrés, autorizado al titular, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial y comunicado en oficio CCJ/ST/3982/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", y quien actúa con la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con cincuenta y un minutos del veintinueve de junio de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 465/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con la documental allegada por el Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, con residencia en esta ciudad; asimismo, hace constar que no quedan otros medios de prueba pendientes por admitir o desahogar. A lo que el juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las probanzas descritas en razón de su propia y especial naturaleza. En el periodo de alegatos. el secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. En relación con lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Al no existir diligencia por desahogar se da por concluida la presente audiencia, con lo cual quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. RESULTANDOS: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, por Pedro Antonio Álvarez Ayala a favor Julio César Valencia Galindo, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra de los actos del Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo y de otras autoridades. Actos que estimó violatorios de los artículos 1°, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, el actuario adscrito a este juzgado se presentó en los separos de la Fiscalía de Secuestros, con residencia en esta ciudad, lugar donde localizó al quejoso directo Julio César Valencia Galindo; lo anterior, para que manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo promovida a su favor, por Pedro Antonio Álvarez Ayala el cual indicó que sí ratificaba la misma y se admitió a trámite la demanda; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde. Mediante auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara si deseaba señalar como acto reclamado la determinación por la cual se calificó de legal la detención del aquí quejoso, acto privativo de la libertad que dio origen al presente juicio constitucional y se fijo fecha para la celebración de la presente audiencia. Posteriormente, el veintitrés de junio del año en curso, en virtud que la parte quejosa no realizó manifestación alguna se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos y se ordenó continuar el trámite del presente juicio únicamente respecto de las autoridades y actos señalados en el escrito inicial de demanda. Asimismo, una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues se reclama la detención e incomunicación del quejoso, con aplicación de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, por autoridades con residencia en esta ciudad, lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción y se presentó la demanda. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse, que en la especie, el acto reclamado por la quejosa al Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo y de otras autoridades, con residencia en esta ciudad, consiste en: La detención de que fue objeto el quejoso. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir sus informes justificados la Fiscal Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado, el Titular de la Unidad Especializada al Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el Jefe del Departamento de Amparo en suplencia del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en cuanto representante legal del Secretario de Seguridad Pública del Estado, el Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado Jefe del Departamento de Amparo, en suplencia por ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, el Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana y el Subdelegado de Procedimientos Penales "C" de la Fiscalía General de la República, manifestaron que no son ciertos los actos reclamados. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atentos al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de los actos reclamados es de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por la autoridad responsable, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que los hacía susceptibles de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas con anterioridad se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, se sobresee en el presente juicio de amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por lo que respecta al informe justificado rendido por el Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, en representación del Fiscal General del Estado, se advierte que no obstante que niega los actos reclamados, señala que el dieciocho de abril del presente año, el aquí quejoso fue puesto a disposición del licenciado Oscar Daniel Marín Baca Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro a las diecisiete horas, así como posteriormente el veinte de abril del año en curso quedó a disposición del Juez de Control de este Distrito Judicial, toda vez que se dio inicio a la carpeta de investigación con número de expediente MOR/053/26958/2023 y número único de caso 1003202314937 por el delito de Contra la Salud en su Modalidad de Posesión Simple y Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a quien se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Ahora bien, toda vez que dichas manifestaciones implican de manera implícita la aceptación del acto reclamado; en consecuencia, se tiene por cierto el mismo a la señalada autoridad. QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, de oficio este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, que es del siguiente contenido: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: " . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; ." De la interpretación de los preceptos legales transcritos, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando los actos reclamados de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio, por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumados las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. La citada causa de improcedencia se actualiza cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio. b) Que se haya pronunciadouna resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado en el amparo. c) Que no se pueda decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que se deban considerar consumadas de manera irreparable las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que exista autonomía o independencia entre el acto reclamado en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que ésta pueda subsistir, con independencia de que el acto reclamado resulte o no inconstitucional. En tal virtud, la regla general consiste en que cuando el acto emana de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de conceder el amparo se afectara ésta y, por ello, se deben reputar consumadas de forma irreparable las violaciones alegadas, por no poder afectar el nuevo estatus jurídico. Dicha causa de improcedencia se actualiza en los procedimientos que sean formal o materialmente juicios, porque su existencia se basa en la creación de una etapa o estado procesal diferente, característica fundamental de un proceso que se desarrolla en diversas etapas sucesivas. En ese sentido se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 51, publicada en la página 39 del Tomo VI, Materia Común, Sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL.". En la especie, la parte quejosa señalo inicialmente como actos reclamados los siguientes: ".ACTO RECLAMADO: Se reclama la detención e incomunicación del quejoso, con aplicación de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Sin embargo, las autoridades responsables al momento de rendir sus informes respecto a la suspensión de plano e informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados, sin embargo comunicaron la existencia de la carpeta de investigación con número de expediente MOR/053/26958/2023 y número único de caso 1003202314937 por el delito de Contra la Salud en su Modalidad de Posesión Simple y Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en virtud de que el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, vinculó al quejoso por los delitos antes anotados. Por tanto, es claro que el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso originó una situación jurídica diversa a aquélla en que se encontraba al momento de la presentación de la demanda, habida cuenta que no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, pues ello implicaría desconocer la situación jurídica que surgió a virtud de la determinación del Juez de Control; por tanto, las violaciones que se pudieron cometer en el acto reclamado se deben considerar consumadas de manera irreparable. Lo anterior es así porque la situación jurídica del quejoso ya no deriva de la incomunicación reclamada, sino del auto de vinculación a proceso, el cual generó diverso estatus jurídico, aunado a que dicha resolución guarda autonomía con el acto reclamado, ya que puede subsistir, con independencia de que el acto reclamado resultara o no inconstitucional. En consecuencia, dado que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de garantías, respecto de los actos atribuidos a la citada autoridad responsable. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, fracción IV, 35, 37, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expresadas en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución se sobresee en el juicio de amparo promovido por Julio Cesar Valencia Galindo, contra los actos reclamados a las autoridades responsables. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que concluyó el plazo de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, para que manifestara si deseaba señalar como acto reclamado la determinación por la cual se calificó de legal la detención del aquí quejoso, acto privativo de la libertad que dio origen al presente juicio constitucional, sin que lo haya realizado. Por tanto, ya que no realizó manifestación alguna, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y se ordena continuar el trámite del presente juicio únicamente respecto de las autoridades y actos señalados en su escrito inicial de demanda. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, primero de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, de la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante auto de veinticuatro de abril del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que manifestara la denominación correcta de la autoridad que señaló como responsable "Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán" sin que haya hecho manifestación alguna. Por tanto, por principio de economía procesal, se hace efectivo el apercibimiento formulado en veinticuatro de abril del año en curso y con fundamento en los artículos 5° fracción II y 108, fracción III de la Ley de Amparo; interpretados en sentido contrario, se tienen por no señalada como responsable a la referida autoridad dentro del presente juicio de amparo en virtud de su inexistencia, por lo que se ordena suspender toda comunicación con la misma. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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