Pedro Bueno Paez
Expediente 761/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 761/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 28/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Pedro Bueno Paez
- Pedro Bueno Paez y Otros.
- Lorenzo Bueno Paez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 761/2021. Puebla, Puebla, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del expediente, resalta el proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, por el que se declaró cumplida la ejecutoria de protección. Ese proveído se hizo del conocimiento a las partes en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, para manifestar lo que a su interés conviniera, apercibidas que en caso de no hacerlo, se tendría consentido tal acuerdo. Pese a lo anterior, el plazo otorgado transcurrió hasta su conclusión, y tanto el quejoso como las demás partes no interpusieron el recurso de inconformidad, pues ningún escrito se recibió de ese medio de impugnación, dentro del período en mención. Entonces, con fundamento en el artículo 202 primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme (causado estado), porque el cumplimiento allí declarado fue consentido. Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A, que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración previa. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo el sumario constitucional es susceptible de depuración, lo cual deberá acaecer dentro de los noventa días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo, ya que se otorgó el amparo al quejoso. Resguardo del expediente (archivo). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Depósito Documental que corresponda; ello, después de realizada la depuración del expediente. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Inexistencia de documentos originales que se deban devolver. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Existencia de anexos. Se ordena devolver al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, Puebla, la copia autorizada del Control Judicial Previo 73/2021/PUEBLA, en un tomo. Sin que sea necesario que acusen de recibo, dado que se trata de copias. Carátula del expediente. Como lo dispone el segundo párrafo del artículo 35, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta notificar este acuerdo a las partes de forma personal y por oficio, pues ningún derecho procesal está involucrado en la declaración de causa estado. Aunado a que si el fiscal adscrito, el quejoso, los terceros interesados o las autoridades responsables desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido -con excepción del oficio que habrá de librarse para devolver los cuadernos auxiliares a la jueza responsable-. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Incidente de suspensión. Se deja establecido que en el presente asunto, no se aperturó la medida cautelar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 761/2021. Puebla, Puebla, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Se agrega al expediente el oficio de cuenta signado en forma electrónica (con evidencia criptográfica) por la Directora General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual refiere que en atención al oficio de dos diciembre de dos mil veintiuno, de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, le solicitó información en la relación con la petición de en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( ).Por lo tanto, procedió a realizar una revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y advirtió la existencia de este juicio de amparo, promovido por los quejosos citados en el parágrafo que antecede. En ese sentido, se observa que la autoridad oficiante indica que se atiendan los puntos siguientes: 1. Antecedentes, desarrollo procesal y estado actual del juicio citado, así como los datos relativos a los recursos interpuestos en la secuela procesal o contra la sentencia que se hubiera emitido. 2. Síntesis de los razonamientos jurídicos relevantes, el sentido de la sentencia dictada, así como la fecha en que fue notificada. 3. Informe si en el expediente de mérito los peticionarios manifestaron o denunciaron la transgresión a su derecho a la libertad personal, derivado de una posible detención arbitraria y prolongada. De ser el caso, los pronunciamientos emitidos al respecto. 4. Si refirieron ser víctimas de actos de tortura e incomunicación durante su detención, con la finalidad de autoincriminarse. En su caso, la fecha y las medidas que se hayan tomado al respecto. Indicar si se les realizaron pruebas conforme a la aplicación del protocolo de Estambul, de ser así cuál fue el resultado y, en un supuesto negativo, las razones por las que no se les aplicó. Además, precisar si refirieron que las autoridades les negaron la posibilidad de ser examinados por un médico ofrecido por su defensa; de ser el caso, lo que se determinó al respecto. 5. Si señalaron la vulneración a su derecho a la debida defensa, toda vez que no se les permitió tener contacto con sus defensores particulares y no se les informó las razones de su detención. De ser el caso, los pronunciamientos emitidos al respecto. 6. Precise si los peticionarios alegaron transgresiones al debido proceso, en virtud de la presunta indebida valoración y ocultamiento de pruebas ofrecidas por su defensa, y por la posible contravención al principio de presunción de inocencia. De ser el caso, los pronunciamientos emitidos al respecto. 7. Refiera si alegaron la vulneración a su derecho al acceso a la justicia pronta, expedita completa e imparcial, así como la comisión de posibles actos de corrupción por las autoridades involucradas, en la substanciación de la causa penal 300/2012 del índice del Juzgado Primero de lo Penal en el Estado de Puebla, antes Juzgado Séptimo. De ser el caso, los pronunciamientos emitidos al respecto. 8. Indique si los señores Lorenzo Bueno Páez y Pedro Bueno Páez alegaron falta de atención médica en el centro de reclusión en el que se encuentran privados de su libertad. De ser el caso, comunique la respuesta que dio la autoridad competente y/o las acciones o acuerdos que se hubieren emitido al respecto. 9. Si alegaron la falta de impulso e investigación diligente en las carpetas y averiguaciones iniciadas por los hechos relacionados con las presuntas transgresiones a derechos humanos de las que fueron víctimas, así como la falta de notificación de las determinaciones emitidas en esos expedientes. De ser el caso, los pronunciamientos emitidos al respecto. 10. Cualquier información u observación que estime pertinente para integrar la postura del Estado mexicano en el presente asunto. En atención a lo anterior, es necesario puntualizar los actos reclamados por los que se admitió este juicio de amparo, y los antecedentes del caso con base a las constancias que se recibieron en este juicio. Autoridad responsable: Juez de Control adscrito a los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución del Estado de la Región Judicial Centro. Acto reclamado: el acuerdo de dieciséis de julio de dos mil veintiuno dictado dentro de la carpeta judicial * , a través del cual se determinó no revocarse el diverso proveído de nueve de junio de dos mil veintiuno. Constancias recibidas: la copia autorizada del control judicial previo ...que decretó el inejercicio de la acción penal y se le apercibió con archivar el expedientillo para el caso de que fuera omisa al respecto; determinación que se notificó el veinticinco de marzo siguiente por medio de correo electrónico. Los quejosos aseguran que a las 02:52 horas el veintiséis de marzo siguiente cumplieron con la prevención en sus debidos términos a la cuenta del correo electrónico: * Incluso, ese mismo día, pero a las quince horas con treinta minutos, volvieron a enviar el escrito con el cual solventaban la prevención. También firman que llamaron vía telefónica para que se les informara la cuenta de correo electrónico a la que debían enviar el escrito de desahogo, y les proporcionaron el mismo correo electrónico * por lo cual, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno de nueva cuenta reenviaron el aludido escrito. Luego, el treinta de abril de dos mil veintiuno, el juez responsable analizó las actuaciones del expedientillo, se determinó que la defensora de los quejosos había omitido dar respuesta a la prevención inicial, por lo que hizo efectivo el apercibimiento y decretó el archivo como asunto totalmente concluido. Sin embargo, sostienen los quejosos, al no tener noticias sobre su petición, el siete de junio de dos mil veintiuno, de nueva cuenta, llamaron vía telefónica al Centro de justicia Penal de la ciudad de Puebla, y les indicaron que mejor enviaran su escrito al diverso correo electrónico htsjpuebla@htsj.gob.mx. Afirmaron que el ocho de junio siguiente, volvieron a enviar el multicitado escrito. Luego, por acuerdo se nueve de junio de dos mil veintiuno, se dio cuenta con el escrito por el cual la defensora de los quejosos pretendió dar cumplimiento a la prevención inicial, pero se desechó de plano su petición por resultar extemporánea. El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se acordó el escrito presentado por los imputados aquí quejosos, a través del cual interpusieron el recurso de revocación contra el acuerdo de nueve de junio anterior, el cual fue resuelto de plano en el sentido de que no era de revocarse el auto impugnado porque el correo electrónico * al que enviaron el escrito de desahogo no era el correcto sino el diverso * En ese sentido, se procede a dar respuesta a cada uno de los puntos indicados con anterioridad en el mismo orden cronológico que fueron solicitados, con base a las constancias que obran en este juicio, y la competencia que tiene este órgano jurisdiccional, conforme al artículo 56 de la Ley Amparo, pues únicamente se conoce de juicios de amparo en materia penal, en los términos siguientes: I. Al respecto se informa, que mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla el veintiséis de julio de dos mil veintiuno, y turnado el mismo día a este juzgado de distrito, Pedro Bueno Páez y Lorenzo Bueno Páez, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control adscrito a los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución del Estado de la Región Judicial Centro, con residencia en esta ciudad de Puebla. La demanda de amparo indirecto se registró en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el expediente * Desahogada la prevención inicial, mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se admitió la demanda a trámite, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de las personas terceras interesadas, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le compete, señalándose fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En sentencia dictada en audiencia constitucional de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo a los quejosos. Mediante acuerdo de trece de octubre de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la referida sentencia y fue requerido el cumplimiento. La única autoridad responsable ordenadora Juez de Control adscrito a los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, cumplió con la protección constitucional el quince de octubre de dos mil veintiuno. El diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se recibió en este juzgado el oficio * , signado por el Juez de Control adscrito a los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, con el que aportó copia de los actos de cumplimiento. Mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, y a la fecha se encuentra pendiente de causar estado (quedé firme) el citado acuerdo. Se precisa que durante el trámite del presente juicio de amparo no se presentaron recursos en contra de algún proveído ni sentencia. II. En la sentencia se precisó como acto reclamado el acuerdo de dieciséis de julio de dos mil veintiuno dictado dentro de la carpeta judicial * , a través del cual se determinó no revocarse el diverso proveído de nueve de junio de dos mil veintiuno. Los quejosos afirmaron en sus conceptos de violación que la resolución reclamada no se ajustó a derecho porque les impide el acceso a la justicia al negárseles la posibilidad de que se desarrolle la audiencia relativa al recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo que a su vez impide el esclarecimiento de los hechos, vulnerando con ello los derechos fundamentales reconocidos a su favor por los artículos 1, 16 y 20, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre todo, porque su defensora particular sí cumplió en tiempo y forma el requerimiento que les realizó el Juez de Control el tres de marzo de dos mil veintiuno. Asimismo, sostuvieron que la determinación reclamada quebranta sus derechos fundamentales porque les impide demostrar que el representante social no les notificó el no ejercicio de la acción penal. Por otra parte, los quejosos sostuvieron que el acto reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado, porque el correo electrónico al cual enviaron el escrito de desahogo es el que se les proporcionó, ya que, ni siquiera se consideraron las impresiones de los correos que su defensora envió el veintiséis y veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, así como el siete de junio siguiente. Además, afirmaron los quejosos, si bien es cierto que los hechos denunciados iniciaron en Xalapa, Veracruz; cierto es también que su consumación prosiguió hasta la ciudad de Puebla, Puebla, en específico, en la Dirección de Delitos de Alto Impacto, por lo que el juez responsable tiene jurisdicción sobre este último territorio. En ese sentido, la titular de este órgano jurisdiccional decidió que resultaban esencialmente fundados los anteriores conceptos de violación, ya que la decisión del juez responsable quebranta el derecho de los quejosos de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, se llegó a la conclusión que los quejosos, por conducto de su defensora particular, desahogaron la prevención inicial dentro del plazo otorgado para tal efecto y en los términos solicitados por el juez responsable, por lo que concedió el amparo solicitado para los efectos siguientes: 1. Se dejara insubsistente la resolución de dieciséis de julio de dos mil veintiuno por la cual declaró procedente pero infundado el recurso de revocación interpuesto por los aquí quejosos contra el acuerdo de nueve de junio anterior. 2. En su lugar, dictara otra determinación, en el cual revocara el auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, en el que desechó de plano la petición de la defensa de los quejosos y considerara presentados en tiempo y con la información que se les solicitó, los escritos que se adjuntaron a los correos que la defensora envió el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, por lo que incluso debería prescindir del argumento en el cual el juez afirmó que en el escrito de desahogo no se advertía el lugar en el que los hechos denunciados concluyeron. La sentencia fue dictada en la audiencia constitucional el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, y notificada al día siguiente de su emisión, el veintitrés de septiembre del año en curso, a los quejosos, terceros interesados y al juez responsable. III y IV. Ninguno de los quejosos refirió en este juicio que se haya trasgredido su derecho a la libertad personal derivada de una posible detención arbitraria y prolongada ni tampoco señalaron haber sido objetos de tortura e incomunicación durante la detención, con la finalidad de incriminarse. Por otra parte, respecto al requerimiento consistente en: si se les realizaron pruebas conforme a la aplicación del protocolo de Estabul, y si les negaron la posibilidad de ser examinados por un médico ofrecido por su defensa. Al respecto se informa que, este operador jurídico se encuentra imposibilitado para proporcionar dicha información dado que únicamente este juicio se tramitó contra una determinación del juez de control, en la cual se determinó no revocarse el proveído nueve de junio de dos mil veintiuno, dentro de la control judicial previo * Y, únicamente se cuenta con copias autorizados del citado control judicial previo. V. No señalaron vulneración a su derecho a la debida defensa. VI. No indicaron transgresiones al debido proceso, en virtud de la presunta indebida valoración y ocultamiento de pruebas ofrecidas por su defensa, y por la posible contravención al principio de presunción de inocencia. VII. Sobre este punto, se hace saber a la autoridad que como se mencionó en líneas que anteceden, los quejosos reclamaron un acuerdo dictado en la carpeta judicial * través del cual se determinó no revocarse el diverso proveído de nueve de junio de dos mil veintiuno, contra el Juez de Control adscrito a los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución del Estado de la Región Judicial Centro, con residencia en esta ciudad de Puebla. Los quejosos afirmaron en sus conceptos de violación que la resolución reclamada no se ajustó a derecho porque les impide el acceso a la justicia al negárseles la posibilidad de que se desarrolle la audiencia relativa al recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo que a su vez impide el esclarecimiento de los hechos, vulnerando con ello los derechos fundamentales reconocidos a su favor Por otra parte, se informa que no se cuenta con ningún dato referente a la causa penal *, del índice del Juzgado Primero de lo Penal en el Estado de Puebla, antes Juzgado Séptimo. VIII. En el presente asunto los quejosos no alegaron falta de atención médica en el centro de atención en el cual se encuentran privados de su libertad. IX. Los quejosos no alegaron falta de impulso e investigación diligente en las carpetas y averiguaciones iniciadas por los hechos relacionados con las presuntas trasgreciones a derechos humanos a las que fueron víctimas ni tampoco la falta de notificación de las determinaciones emitidas en esos expedientes. X. Este informe es rendido con base a los actos reclamados en este juicio y las constancias que obran en el mismo, y la jurisdicción con que se cuenta conforme al artículo 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y tomando en consideración que únicamente se lleva el trámite de juicios de amparo en materia penal. Luego, como lo solicita la autoridad oficiante, se ordena expedirle copia certificada de las constancias con las cuales se cuenta hasta el momento y que son las siguientes: ? Demanda de amparo, prevención, y auto de admisión. ? Informe justificado. ? Sentencia. ? Acuerdo por el que causó ejecutoria. ? Oficio en el cual se informa el cumplimiento por parte de la responsable. ? Acuerdo por el cual se declaró cumplida la ejecutoria de protección. En ese sentido, se ordena que dichas copias certificadas sean digitalizadas y remitidas con el oficio derivado de este acuerdo, mediante correo electrónico a las direcciones electrónicas siguientes: * Notifíquese.
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JUICIO DE AMPARO 761/2021. Puebla, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Acuerdo de cumplimiento. Vista la certificación secretarial precedente y el estado procesal de este juicio, se observa que ha concluido el plazo de tres días concedido a determinadas partes, en acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintiuno, para manifestarse respecto de los actos efectuados por la única autoridad responsable, para cumplir la ejecutoria de amparo. Entonces, se procede a determinar si fue cumplida la protección constitucional, en específico se revisará si los actos realizados por el juez responsable obligado, se ajustan a los efectos del amparo otorgado. De entrada, conviene indicar que el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno fue celebrada la audiencia constitucional, y en la fase de sentencia se otorgó el amparo a los quejosos contra el acto de la responsable. Ninguna de las partes interpuso recurso de revisión. Mediante acuerdo de trece de octubre de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en la audiencia constitucional, motivo por el cual fue requerido el cumplimiento al juez responsable -única autoridad responsable-. En particular, que en un plazo de tres días siguientes a la notificación de ese proveído, remitiera las constancias con las cuales demostrara haber acatado la sentencia de protección, que para el juez responsable (autoridad ordenadora) implicó los siguientes efectos: ".En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el punto considerativo que antecede, se concede el amparo y protección constitucional para el efecto de que, una vez que la presente sentencia cause ejecutoria, el juez responsable: 1. Deje insubsistente la resolución de dieciséis de julio de dos mil veintiuno por la cual declaró procedente pero infundado el recurso de revocación interpuesto por los aquí quejosos contra el acuerdo de nueve de junio anterior. 2. En su lugar, dicte otra determinación, en el cual revoque el auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, en el que desechó de plano la petición de la defensa de los quejosos y considere presentados en tiempo y con la información que se les solicitó, los escritos que se adjuntaron a los correos que la defensora envió el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, por lo que incluso deberá prescindir del argumento en el cual el juez afirmó que en el escrito de desahogo no se advertía el lugar en el que los hechos denunciados concluyeron.". Por oficio *, el Juez de Control adscrito a los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución del Estado de la Región Judicial Centro, con residencia en esta ciudad de Puebla, informó haber cumplido los términos de la protección, y para demostrarlo envió copia certificada de la resolución de quince de octubre de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta judicial administrativa ** Mediante acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintiuno, se otorgó una vista de tres días a los quejosos, terceros interesados y al fiscal adscrito, para manifestarse como a su interés conviniera respecto de las actuaciones realizadas por la autoridad obligada. Empero, ninguna de las partes presentó escritos ni oficios durante el referido plazo de tres días, aun cuando fueron notificadas en forma debida. Ahora, las copias que remitió la única autoridad responsable para acreditar el cumplimiento a la protección, tienen pleno valor probatorio como documento público conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, porque tiene una certificación firmada por un servidor con facultades legales de fe pública, que respalda la existencia de la resolución original. Tales copias revelan que el Juez de Control adscrito a los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución del Estado de la Región Judicial Centro, con residencia en esta ciudad de Puebla, dictó una nueva resolución el quince de octubre de dos mil veintiuno, en la carpeta judicial administrativa ***, en la cual dejó insubsistente la resolución declarada ilegal en este juicio. Más aún, el juez responsable emitió una diversa resolución en la cual revocó el auto de nueve de junio de dos mil veintiuno y consideró presentados en tiempo, los escritos que se adjuntaron a los correos que la defensora envió el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno; para lo cual tuvo presente las consideraciones desarrolladas en la sentencia de tutela constitucional. Incluso, prescindió del argumento relativo a que en el escrito de desahogo no se advertía el lugar en el que los hechos denunciados concluyeron, tal como se estableció en la sentencia dictada en el presente asunto. Todo lo cual se ajusta a los efectos de la protección otorgada a los quejosos. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de protección que rige el presente juicio, fue cumplida por la única autoridad responsable obligada, sin excesos ni defectos en las actuaciones realizadas. Luego, se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que esté en aptitud de manifestarse en términos de sus obligaciones legales; y hágase del conocimiento este proveído tanto a los quejosos como a los terceros interesados, para que si lo desean puedan recurrir esta decisión, a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Ello, por la trascendencia de lo resuelto en este proveído. Anotaciones internas. Con el objeto de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se puntualizan los datos siguientes: a) Se concedió el amparo en la sentencia dictada en la audiencia constitucional de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno; b) Mediante acuerdo de trece de octubre de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la referida sentencia y fue requerido el cumplimiento; c) La única autoridad responsable ordenadora, Juez de Control adscrito a los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución del Estado de la Región Judicial Centro, con residencia en esta ciudad de Puebla, cumplió la protección constitucional el quince de octubre de dos mil veintiuno; d) El diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se recibió en este juzgado el oficio ** , signado por el Juez de Control adscrito a los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución del Estado de la Región Judicial Centro, con el que aportó copia de los actos de cumplimiento; y, e) En la presente fecha, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Indicación a la actuaria. Con el fin de seguir la política de sana distancia y evitar el contacto entre personas, por la situación actual de contingencia sanitaria, se ordena a la actuaria encargada de este juicio que las notificaciones al fiscal adscrito y la autoridad responsable, las realice por correo electrónico, ya sea a una dirección oficial o la proporcionada por quien se encuentre de guardia en las respectivas dependencias. Además, debe confirmar su recepción y levantar razón de ello. De no ser posible lo anterior, deberá realizarlo personalmente a esas autoridades locales; y la notificación a los quejosos y terceros interesados, tendrá que efectuarlas en el domicilio procesal señalado por estos. Pero deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y utilizar el kit de seguridad que se la ha proporcionado para salvaguardar su integridad física, en la contingencia sanitaria actual. Notifíquese; de forma personal a los quejosos y terceros interesados, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por oficio a la autoridad responsable; y cúmplase.
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SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.- JUICIO DE AMPARO 761/2021. Puebla, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Acuerdo de cumplimiento. Vista la certificación secretarial precedente y el estado procesal de este juicio, se observa que ha concluido el plazo de tres días concedido a determinadas partes, en acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintiuno, para manifestarse respecto de los actos efectuados por la única autoridad responsable, para cumplir la ejecutoria de amparo. Entonces, se procede a determinar si fue cumplida la protección constitucional, en específico se revisará si los actos realizados por el juez responsable obligado, se ajustan a los efectos del amparo otorgado. De entrada, conviene indicar que el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno fue celebrada la audiencia constitucional, y en la fase de sentencia se otorgó el amparo a los quejosos contra el acto de la responsable. Ninguna de las partes interpuso recurso de revisión. Mediante acuerdo de trece de octubre de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en la audiencia constitucional, motivo por el cual fue requerido el cumplimiento al juez responsable -única autoridad responsable-. En particular, que en un plazo de tres días siguientes a la notificación de ese proveído, remitiera las constancias con las cuales demostrara haber acatado la sentencia de protección, que para el juez responsable (autoridad ordenadora) implicó los siguientes efectos: ".En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el punto considerativo que antecede, se concede el amparo y protección constitucional para el efecto de que, una vez que la presente sentencia cause ejecutoria, el juez responsable: 1. Deje insubsistente la resolución de dieciséis de julio de dos mil veintiuno por la cual declaró procedente pero infundado el recurso de revocación interpuesto por los aquí quejosos contra el acuerdo de nueve de junio anterior. 2. En su lugar, dicte otra determinación, en el cual revoque el auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, en el que desechó de plano la petición de la defensa de los quejosos y considere presentados en tiempo y con la información que se les solicitó, los escritos que se adjuntaron a los correos que la defensora envió el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, por lo que incluso deberá prescindir del argumento en el cual el juez afirmó que en el escrito de desahogo no se advertía el lugar en el que los hechos denunciados concluyeron.". Por oficio *, el Juez de Control adscrito a los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución del Estado de la Región Judicial Centro, con residencia en esta ciudad de Puebla, informó haber cumplido los términos de la protección, y para demostrarlo envió copia certificada de la resolución de quince de octubre de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta judicial administrativa ** Mediante acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintiuno, se otorgó una vista de tres días a los quejosos, terceros interesados y al fiscal adscrito, para manifestarse como a su interés conviniera respecto de las actuaciones realizadas por la autoridad obligada. Empero, ninguna de las partes presentó escritos ni oficios durante el referido plazo de tres días, aun cuando fueron notificadas en forma debida. Ahora, las copias que remitió la única autoridad responsable para acreditar el cumplimiento a la protección, tienen pleno valor probatorio como documento público conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, porque tiene una certificación firmada por un servidor con facultades legales de fe pública, que respalda la existencia de la resolución original. Tales copias revelan que el Juez de Control adscrito a los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución del Estado de la Región Judicial Centro, con residencia en esta ciudad de Puebla, dictó una nueva resolución el quince de octubre de dos mil veintiuno, en la carpeta judicial administrativa ***, en la cual dejó insubsistente la resolución declarada ilegal en este juicio. Más aún, el juez responsable emitió una diversa resolución en la cual revocó el auto de nueve de junio de dos mil veintiuno y consideró presentados en tiempo, los escritos que se adjuntaron a los correos que la defensora envió el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno; para lo cual tuvo presente las consideraciones desarrolladas en la sentencia de tutela constitucional. Incluso, prescindió del argumento relativo a que en el escrito de desahogo no se advertía el lugar en el que los hechos denunciados concluyeron, tal como se estableció en la sentencia dictada en el presente asunto. Todo lo cual se ajusta a los efectos de la protección otorgada a los quejosos. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de protección que rige el presente juicio, fue cumplida por la única autoridad responsable obligada, sin excesos ni defectos en las actuaciones realizadas. Luego, se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que esté en aptitud de manifestarse en términos de sus obligaciones legales; y hágase del conocimiento este proveído tanto a los quejosos como a los terceros interesados, para que si lo desean puedan recurrir esta decisión, a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Ello, por la trascendencia de lo resuelto en este proveído. Anotaciones internas. Con el objeto de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se puntualizan los datos siguientes: a) Se concedió el amparo en la sentencia dictada en la audiencia constitucional de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno; b) Mediante acuerdo de trece de octubre de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la referida sentencia y fue requerido el cumplimiento; c) La única autoridad responsable ordenadora, Juez de Control adscrito a los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución del Estado de la Región Judicial Centro, con residencia en esta ciudad de Puebla, cumplió la protección constitucional el quince de octubre de dos mil veintiuno; d) El diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se recibió en este juzgado el oficio ** , signado por el Juez de Control adscrito a los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución del Estado de la Región Judicial Centro, con el que aportó copia de los actos de cumplimiento; y, e) En la presente fecha, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Indicación a la actuaria. Con el fin de seguir la política de sana distancia y evitar el contacto entre personas, por la situación actual de contingencia sanitaria, se ordena a la actuaria encargada de este juicio que las notificaciones al fiscal adscrito y la autoridad responsable, las realice por correo electrónico, ya sea a una dirección oficial o la proporcionada por quien se encuentre de guardia en las respectivas dependencias. Además, debe confirmar su recepción y levantar razón de ello. De no ser posible lo anterior, deberá realizarlo personalmente a esas autoridades locales; y la notificación a los quejosos y terceros interesados, tendrá que efectuarlas en el domicilio procesal señalado por estos. Pero deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y utilizar el kit de seguridad que se la ha proporcionado para salvaguardar su integridad física, en la contingencia sanitaria actual. Notifíquese; de forma personal a los quejosos y terceros interesados, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por oficio a la autoridad responsable; y cúmplase.
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