Pedro Barrera O Simon Barrera Ramos

Expediente 759/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
759/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
23/09/2019

Partes del expediente

  • Pedro Barrera O Simon Barrera Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación precedente y el estado procesal del juicio, se advierte: El quejoso omitió recurrir el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO HA CAUSADO ESTADO (quedó firme). Por lo tanto, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, de dicho acuerdo, el presente asunto es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, y carece de relevancia documental. Se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Al expediente, el oficio de cuenta con anexos, signado por la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales Itinerante, con residencia en Puebla, Puebla. En él rinde su informe justificado y para apoyarlo remite copia certificada de todo lo actuado en el Incidente de Ejecución * de su índice. Ahora, el contenido de las documentales integrantes de ese expediente de ejecución, permite visualizar la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo . Lo anterior, porque cambió el escenario planteado al momento de la presentación de la demanda de amparo durante la substanciación del presente sumario constitucional. Explico los motivos de tal afirmación: De la demanda integral del expediente, se advierte que el quejoso se dolía de la omisión de otorgarle el beneficio de la libertad anticipada dentro del incidente de ejecución *, debido a que desde la fecha de su presentación (cinco de febrero del presente año) no se le había notificado alguna resolución, ya sea admitiéndolo o negándolo. Sin embargo, de las constancias remitidas se advierte:  El proveído de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, en el cual la autoridad judicial responsable, entre otras cosas, determinó qua aun cuando no era jurídicamente viable admitir a trámite el incidente de remisión parcial de la pena porque el artículo 533 del Código de Procedimientos Penales del Estado, el cual lo normaba, había dejado de tener aplicación desde la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución penal; velando por una tutela judicial efectiva a favor del sentenciado, si admitía a trámite el beneficio de la libertad anticipada previsto en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.  La comparecencia de *, defensora particular del sentenciado, de ocho de marzo de dos mil diecinueve. En ella, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 118 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Puebla, autorizó recibir notificaciones vía telefónica, proporcionando su número celular para tal efecto.  Resolución de cuatro de julio de dos mil diecinueve, en la cual la autoridad responsable dijo que al haber admitió a trámite el beneficio de la libertad anticipada contemplado en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal respecto de la causa penal * del índice del Juzgado Penal de Chiautla de Tapia, Puebla, instruido contra el quejoso por el delito de homicidio calificado -auto de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve-; a efecto de no vulnerar derechos fundamentales de *, le daba vista a este y a su defensa, para que dentro del término de cinco días cumpliera con las formalidad que exige la ley procesal respecto al citado incidente y anunciara sus medios de prueba.  Esa resolución, le fue notificada personalmente al quejoso y por teléfono a su defensora particular el catorce de agosto de dos mil diecinueve. Ahora, esas documentales adquieren pleno valor probatorio en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2 . En tal virtud, es evidente la configuración de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la ley de la materia, pues durante la tramitación del sumario constitucional le fue restituido al quejoso el goce de sus derechos de petición y acceso a la justicia. Así es, porque la narración cronológica procesal efectuada con antelación, claramente refleja que la autoridad responsable no solo admitió a trámite el incidente propuesto por el quejoso, aun cuando inicialmente lo planteó con base en una norma sin vigencia; sino también, en aras de una tutela judicial efectiva, le ha requerido anunciara los medios de prueba que a su interés convenga. Ahora, si bien es cierto que la determinación inicial de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve no le fue notificada ni al quejoso ni a su defensora particular; también lo es que la diversa de cuatro de julio del actual, en la que se reiteró que aun cuando no era jurídicamente viable admitir a trámite el incidente de remisión parcial de la pena, en aras de una tutela judicial efectiva, si se admitía a trámite el beneficio de la libertad anticipada previsto en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, sí le fue notificada al quejoso y a su defensora particular, incluso al primero de manera personal en el lugar de su reclusión. En consecuencia, es inconcuso que han cesado los efectos de la omisión de la autoridad responsable, al grado de haber restituido al quejoso en su derechos fundamentales violados, como si se hubiera concedido el presente juicio de amparo, pues la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales Itinerante, con residencia en Puebla, Puebla, ya dio contestación y trámite al escrito de cinco de febrero del presente año, presentado por el quejoso. Por tanto, se configura de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la misma ley. Funda lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Tomo IX, correspondiente al mes de Junio de 1999, cuyo rubro dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Asimismo, resulta aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2ª.J/10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional en este juicio, esto es, las diez horas con treinta y cuatro minutos del diez de septiembre del presente año. Cabe precisar que resulta inconducente dar vista al quejoso con el informe justificado contenido en el oficio de cuenta, signado por la responsable, en atención a lo resuelto en los párrafos precedentes. Por último, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    Agrego al incidente el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual solicita información respecto del incidente citado al rubro, por tener relación con su diverso *** y solicita le envíe diversas copias certificadas. En relación a lo solicitado, informo que el aquí quejoso ***: a. Solicitó la suspensión de los actos que reclamó (orden de aprehensión y su ejecución), por lo que ordené la apertura del incidente de suspensión ***; b. El Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, aceptó el acto reclamado pues manifestó la existencia de una orden de aprehensión librada en el proceso penal *** (de la que remito copia certificada); c. El veinte de mayo de dos mil diecinueve, dicté resolución en la que negué y declaré sin materia la suspensión definitiva, porque la referida orden ha sido materia en otro incidente de suspensión ***) de la que remito copia certificada. Por último, como el oficio de referencia fue recibido de forma electrónica -en línea- en términos del artículo 110, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, ordeno remitir las constancias solicitadas de la misma manera, al órgano jurisdiccional requirente a través de su oficialía de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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