Pedro Brito Tapia

Expediente 387/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 24 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
387/2019
Año
2019
Actuaciones
24
Última actuación
12/11/2020

Partes del expediente

  • Pedro Brito Tapia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, doce de noviembre de dos mil veinte. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del expediente, se advierte el proveído de siete de octubre de dos mil veinte, por el que se declaró cumplida la ejecutoria de protección. Lo cual se hizo del conocimiento a las partes en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, para manifestar lo que a su interés conviniera, apercibidas que en caso de no hacerlo, se tendría consentido tal acuerdo. Pese a lo anterior, el plazo otorgado transcurrió hasta su conclusión, y tanto el quejoso como las demás partes no interpusieron el recurso de inconformidad, pues ningún escrito se recibió de ese medio de impugnación, dentro del periodo en mención. Entonces, con fundamento en el artículo 202 primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme (causó estado) porque el cumplimiento allí declarado fue consentido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración previa. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de depuración, lo cual deberá acaecer dentro de los noventa días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo, ya que se otorgó el amparo. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Depósito Documental que corresponda; ello, una vez realizada la depuración del expediente. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Anexos. En este juicio se recibieron algunos tomos remitidos por el Juez responsable. Por lo que, se ordena devolver al Presidente de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, las copias certificada del toca ***, de su índice; así como de la causa penal ***, radicada en el Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, que remitió en apoyo de su informe justificado y con las cuales se formaron los cuadernos auxiliares I, II y III Sin que haya lugar a solicitarse acuse de los mismos dado que se trata de copias cotejadas y no de actuaciones originales. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta emitir oficio para notificar este acuerdo a las partes, pues ningún derecho procesal está involucrado en la declaración de ejecutoria. Aunado a que si la responsable, el fiscal adscrito, los terceros interesados o el quejoso desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Incidente de suspensión. En virtud de que en el presente juicio fue solicitada la tramitación de una medida cautelar, se orden proveer lo conducente en los cuadernos respectivos. Notifíquese y cúmplase.

  2. Incidental

    Puebla, Puebla, doce de noviembre de dos mil veinte. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio que con esta fecha se decretó el archivo en el juicio principal del cual deriva el incidente en que se actúa. En tal virtud, se provee: Conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que el cuaderno original de este incidente es susceptible de depuración, pues en acuerdo de treinta de abril de dos mil diecinueve, fue concedida la suspensión provisional solicitada. De ahí que, trascurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la emisión de este acuerdo, deberán conservarse únicamente las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y, en su caso, de la violación a la misma, así como el presente acuerdo. Por su parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado será destruible dentro de los treinta días siguientes a que concluya el plazo de conservación de seis meses al cual hace referencia el referido artículo. Toda vez que el incidente de suspensión no se exhibió billete de depósito, póliza de fianza o documento alguno a través del cual se hubiera garantizado la medida cautelar concedida, se deja de proveer al respecto. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra dicho lapso de conservación, el juicio de amparo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Deposito Documental que corresponda; ello, una vez realizada la depuración del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomienda en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Notifíquese.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 387/2019-VII. Puebla, Puebla, siete de octubre de dos mil veinte. De la certificación precedente y el estado procesal que guarda este expediente se advierte que ha concluido el plazo concedido a las partes para manifestarse respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, se procede a determinar si ha quedado cumplida la ejecutoria protectora; Lo anterior, porque si bien el acceso a la justicia de los gobernados, en un primer momento, se mide en la sentencia, lo cierto es que en realidad solo se materializa hasta su fiel ejecución. Bajo esa premisa, está materializado el derecho de acceso a la justicia, reconocido a favor de Pedro Brito Tapia, pues la autoridad responsable ha actuado conforme a los efectos esgrimidos en la sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Es así, porque en la referida sentencia se precisó: ".Ante la violación cometida en perjuicio del quejoso, se concedió el amparo en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, para efectos de que la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla: 1) Dejas insubsistente la resolución de trece de febrero de dos mil diecinueve; y, 2) En su lugar, emita una nueva determinación en la cual precise los motivos por los cuales no puede tomarse en consideración la declaración de los menores y establezca la falta de elementos para acreditar los elementos del cuerpo del delito de violencia familiar, en particular, el relativo a ejerza de manera intencional violencia física, moral o patrimonial de manera individual o reiterada. Cabe precisar que la decisión adoptada implica dejar en libertad al señor Pedro, por cuanto hace al delito de violencia familiar. Una vez emitida la resolución respectiva deberá notificarla de manera personal al aquí quejoso". Entonces, en estricto apego a esos lineamientos, la sala responsable emitió la resolución de diecisiete de septiembre del año en curso, donde en cumplimiento al fallo protector ordenó dejar insubsistente la resolución de trece de febrero de dos mil diecinueve. Asimismo, ordenó revocar el auto de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, en el que fue dictado el auto de formal prisión, para precisar los motivos por los cuales no debía tomarse en consideración la declaración de los menores, a fin de establecer la falta de elementos para acreditar los elementos del cuerpo del delito de violencia familiar, en particular, el relativo a "Ejerza de manera intencional violencia física, moral o patrimonial de manera individual o reiterada". Acto seguido, determinó que el auto de formal prisión reclamado no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 19 constitucional. En primer lugar, estableció un aspecto formal, al señalar que las diligencias desahogadas con Pedro Antonio e Isabella, ambos de apellidos Brito Bautista, para obtener sus testimonios, no cumplieron con las medidas de protección necesarias para garantizar que ambos pudieran rendir su declaración de manera libre. Pues, al estar presente la madre en dichas diligencias, aquellos se encontraban en un ambiente intimidatorio, ninguna manifestación en perjuicio de su progenitora podrían expresar, sobre todo, porque la madre tiene un conflicto de intereses en el asunto, además, la declaración de ambos fue tomada como si fueran adultos. Determinó, que si bien estuvo presente un perito en psicología, de quien se desconoce su especialidad en este tipo de asuntos -donde intervienen menores de edad- el testimonio fue recabado en las oficinas de las agencia del Ministerio Público, sin que se precisara si el lugar fue adecuado para generar un ambiente seguro para los menores de edad. Asimismo, advirtió que se dio uso de la voz tanto a *, ambos de apellidos *, sin hacerles saber de manera adecuada para su edad el motivo de la declaración, dejándolos expresarse sin el apoyo necesario, en lugar de haber sido recabada a manera de entrevista o conversación, que facilite su desarrollo. Por cuanto hace al aspecto de fondo, estableció la falta de acreditación de los elementos del cuerpo del delito de violencia familiar, en particular, el inherente al ejercicio intencional de violencia física o moral en contra de los menores de edad. Ello, aludió que si las declaraciones de Pedro Antonio e Isabella, ambos de apellidos Brito Bautista, se encuentran viciados de origen -por los motivos ya precisados- se carece de otros medios de convicción para acreditar de manera plena tal circunstancia. Lo cual fundamentó de conformidad con los artículos 1, 2, 39 y 64, párrafo segundo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en relación con los diversos 1 y 4, párrafo once, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la no discriminación de los menores de edad implica no descartar su opinión con base a su edad o madurez, pues debe permitírseles expresarse en aquellos asuntos que les afecten directamente. Sin embargo, precisó que como lo ha señalado la Organización de las Naciones Unidas, prohibir la discriminación no significa que los niños víctimas y testigos deban recibir el mismo trato que los adultos. Por tanto, admitió que deben adoptarse medidas que permitan, a los menores de edad, ejercer sus derechos en un plano de igualdad material que los adultos sin perder de vistas sus condiciones particulares como la edad y madurez, las cuales no pueden ser alegadas como justificación para invalidar su opinión. Entonces, consideró que las diligencias de quince de agosto de dos mil dieciséis, a través de las cuales fueron recabadas las declaraciones de Pedro *, ambos de apellidos *, fueron realizadas sin seguir los parámetros ya precisados. Lo anterior, porque con independencia a que fueron tratados como adultos, se realizaron en un ambiente hostil e intimidatorio. Pues, destacó que fueron llevadas a cabo en las oficinas de la agencia del Ministerio Público, sin que se precisara que dicho lugar fue adaptado en cierto modo para crear un espacio seguro para los niños. Aunado a ello, la declaración de ambos no se obtuvo a manera de entrevista o conversación, que permitiera entender de mejor manera la opinión de los niños, así como hacerles comprender la situación respecto de la cual rendían su testimonio. Pero, sobre todo, la diligencia fue desahogada en presencia de la madre, *, quien tiene un conflicto de intereses en el asunto, pues deriva de un problema económico a raíz de su divorcio con el encausado. En ese contexto, señaló que la declaración de la denunciante deja de tener corroboración con los demás elementos de convicción, aunado a ello, en el dictamen psicológico realizado a María Isabel Bautista Pérez, se desprende que no presenta afectación de tipo emocional o psicológica con motivo de los hechos denunciados, ni una relación se sometimiento con su agresor. Por consiguiente, resolvió que no se puede acreditar de manera plena, para efectos del auto de formal prisión que el encausado haya ejercido de manera intencional violencia física, moral o patrimonial de manera individual o reiterada hacia sus hijos (menores de edad). Entonces, se determinó revocar el auto apelado dictado el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, por el Juez Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, dentro del proceso *, al considerar que la resolución emitida por el juez de la causa sostiene una indebida fundamentación y motivación propia de un auto de formal prisión, acorde al artículo 19 constitucional y dictó en favor del inculpado *, auto de libertad por falta de méritos para procesar, con las reservas de ley. Por último, ordenó la notificación de dicha resolución a las partes y al juez de origen para que, ordene a quien corresponda, deje en inmediata libertad a *, por el delito de violencia familiar. De ese modo, resulta patente que la autoridad responsable ha cumplido con los efectos precisados en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina cumplida la sentencia, sin excesos ni defectos. Pero, si el quejoso llegara a estar inconforme con la decisión adoptada, se le hace saber que tiene derecho a recurrirla a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Para su presentación cuenta con un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel al que surta efecto la notificación de éste acuerdo. Dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para que estén en aptitud de manifestarse -si lo desea- en términos de sus obligaciones legales. Por último, para efectos de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), puntualizo: a) La sentencia se emitió el veintiocho de junio de dos mil diecinueve; b) Se dictó la ejecutoria el veinte de mayo de dos mil veinte, en el toca de revisión 191/2019 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito; c) Mediante acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria; d) La autoridad señalada como responsable dio total cumplimiento a la ejecutoria de amparo, hasta el diecisiete de septiembre de dos mil veinte; e) El diecisiete de septiembre de este año, se recibió, en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el oficio 360-B, por el cual Magistrada Presidenta de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por el cual remitió las constancias relativas al cumplimiento dado a la ejecutoria de que se trata. a) En esta data (siete de octubre de dos mil veinte) se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Por último, se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por el Titular de la Procuraduría de Protección de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes, para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (DIF) por medio del cual en cumplimiento al requerimiento de diez de septiembre de dos mil veinte, informa a este juzgado federal, que el Licenciado José Francisco Torreblanca Río, ya no labora en dicha dependencia. No obstante, a ello, al tener la representación en coadyuvancia de oficio en asuntos en los que se encuentren involucrados niñas, niños y adolescentes, toma conocimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el juicio de amparo en que se actúa. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese, personalmente a las partes y cúmplase.

  4. Principal

    SE DEJO CITATORIO DE NOTIFICACION A LA PARTE TERCERA INTERESADA: JUICIO DE AMPARO 387/2019-VII. Puebla, Puebla, siete de octubre de dos mil veinte. De la certificación precedente y el estado procesal que guarda este expediente se advierte que ha concluido el plazo concedido a las partes para manifestarse respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, se procede a determinar si ha quedado cumplida la ejecutoria protectora; Lo anterior, porque si bien el acceso a la justicia de los gobernados, en un primer momento, se mide en la sentencia, lo cierto es que en realidad solo se materializa hasta su fiel ejecución. Bajo esa premisa, está materializado el derecho de acceso a la justicia, reconocido a favor de Pedro Brito Tapia, pues la autoridad responsable ha actuado conforme a los efectos esgrimidos en la sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Es así, porque en la referida sentencia se precisó: ".Ante la violación cometida en perjuicio del quejoso, se concedió el amparo en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, para efectos de que la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla: 1) Dejas insubsistente la resolución de trece de febrero de dos mil diecinueve; y, 2) En su lugar, emita una nueva determinación en la cual precise los motivos por los cuales no puede tomarse en consideración la declaración de los menores y establezca la falta de elementos para acreditar los elementos del cuerpo del delito de violencia familiar, en particular, el relativo a ejerza de manera intencional violencia física, moral o patrimonial de manera individual o reiterada. Cabe precisar que la decisión adoptada implica dejar en libertad al señor Pedro, por cuanto hace al delito de violencia familiar. Una vez emitida la resolución respectiva deberá notificarla de manera personal al aquí quejoso". Entonces, en estricto apego a esos lineamientos, la sala responsable emitió la resolución de diecisiete de septiembre del año en curso, donde en cumplimiento al fallo protector ordenó dejar insubsistente la resolución de trece de febrero de dos mil diecinueve. Asimismo, ordenó revocar el auto de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, en el que fue dictado el auto de formal prisión, para precisar los motivos por los cuales no debía tomarse en consideración la declaración de los menores, a fin de establecer la falta de elementos para acreditar los elementos del cuerpo del delito de violencia familiar, en particular, el relativo a "Ejerza de manera intencional violencia física, moral o patrimonial de manera individual o reiterada". Acto seguido, determinó que el auto de formal prisión reclamado no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 19 constitucional. En primer lugar, estableció un aspecto formal, al señalar que las diligencias desahogadas con Pedro Antonio e Isabella, ambos de apellidos Brito Bautista, para obtener sus testimonios, no cumplieron con las medidas de protección necesarias para garantizar que ambos pudieran rendir su declaración de manera libre. Pues, al estar presente la madre en dichas diligencias, aquellos se encontraban en un ambiente intimidatorio, ninguna manifestación en perjuicio de su progenitora podrían expresar, sobre todo, porque la madre tiene un conflicto de intereses en el asunto, además, la declaración de ambos fue tomada como si fueran adultos. Determinó, que si bien estuvo presente un perito en psicología, de quien se desconoce su especialidad en este tipo de asuntos -donde intervienen menores de edad- el testimonio fue recabado en las oficinas de las agencia del Ministerio Público, sin que se precisara si el lugar fue adecuado para generar un ambiente seguro para los menores de edad. Asimismo, advirtió que se dio uso de la voz tanto a *, ambos de apellidos *, sin hacerles saber de manera adecuada para su edad el motivo de la declaración, dejándolos expresarse sin el apoyo necesario, en lugar de haber sido recabada a manera de entrevista o conversación, que facilite su desarrollo. Por cuanto hace al aspecto de fondo, estableció la falta de acreditación de los elementos del cuerpo del delito de violencia familiar, en particular, el inherente al ejercicio intencional de violencia física o moral en contra de los menores de edad. Ello, aludió que si las declaraciones de Pedro Antonio e Isabella, ambos de apellidos Brito Bautista, se encuentran viciados de origen -por los motivos ya precisados- se carece de otros medios de convicción para acreditar de manera plena tal circunstancia. Lo cual fundamentó de conformidad con los artículos 1, 2, 39 y 64, párrafo segundo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en relación con los diversos 1 y 4, párrafo once, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la no discriminación de los menores de edad implica no descartar su opinión con base a su edad o madurez, pues debe permitírseles expresarse en aquellos asuntos que les afecten directamente. Sin embargo, precisó que como lo ha señalado la Organización de las Naciones Unidas, prohibir la discriminación no significa que los niños víctimas y testigos deban recibir el mismo trato que los adultos. Por tanto, admitió que deben adoptarse medidas que permitan, a los menores de edad, ejercer sus derechos en un plano de igualdad material que los adultos sin perder de vistas sus condiciones particulares como la edad y madurez, las cuales no pueden ser alegadas como justificación para invalidar su opinión. Entonces, consideró que las diligencias de quince de agosto de dos mil dieciséis, a través de las cuales fueron recabadas las declaraciones de Pedro *, ambos de apellidos *, fueron realizadas sin seguir los parámetros ya precisados. Lo anterior, porque con independencia a que fueron tratados como adultos, se realizaron en un ambiente hostil e intimidatorio. Pues, destacó que fueron llevadas a cabo en las oficinas de la agencia del Ministerio Público, sin que se precisara que dicho lugar fue adaptado en cierto modo para crear un espacio seguro para los niños. Aunado a ello, la declaración de ambos no se obtuvo a manera de entrevista o conversación, que permitiera entender de mejor manera la opinión de los niños, así como hacerles comprender la situación respecto de la cual rendían su testimonio. Pero, sobre todo, la diligencia fue desahogada en presencia de la madre, *, quien tiene un conflicto de intereses en el asunto, pues deriva de un problema económico a raíz de su divorcio con el encausado. En ese contexto, señaló que la declaración de la denunciante deja de tener corroboración con los demás elementos de convicción, aunado a ello, en el dictamen psicológico realizado a María Isabel Bautista Pérez, se desprende que no presenta afectación de tipo emocional o psicológica con motivo de los hechos denunciados, ni una relación se sometimiento con su agresor. Por consiguiente, resolvió que no se puede acreditar de manera plena, para efectos del auto de formal prisión que el encausado haya ejercido de manera intencional violencia física, moral o patrimonial de manera individual o reiterada hacia sus hijos (menores de edad). Entonces, se determinó revocar el auto apelado dictado el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, por el Juez Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, dentro del proceso *, al considerar que la resolución emitida por el juez de la causa sostiene una indebida fundamentación y motivación propia de un auto de formal prisión, acorde al artículo 19 constitucional y dictó en favor del inculpado *, auto de libertad por falta de méritos para procesar, con las reservas de ley. Por último, ordenó la notificación de dicha resolución a las partes y al juez de origen para que, ordene a quien corresponda, deje en inmediata libertad a *, por el delito de violencia familiar. De ese modo, resulta patente que la autoridad responsable ha cumplido con los efectos precisados en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina cumplida la sentencia, sin excesos ni defectos. Pero, si el quejoso llegara a estar inconforme con la decisión adoptada, se le hace saber que tiene derecho a recurrirla a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Para su presentación cuenta con un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel al que surta efecto la notificación de éste acuerdo. Dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para que estén en aptitud de manifestarse -si lo desea- en términos de sus obligaciones legales. Por último, para efectos de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), puntualizo: a) La sentencia se emitió el veintiocho de junio de dos mil diecinueve; b) Se dictó la ejecutoria el veinte de mayo de dos mil veinte, en el toca de revisión 191/2019 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito; c) Mediante acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria; d) La autoridad señalada como responsable dio total cumplimiento a la ejecutoria de amparo, hasta el diecisiete de septiembre de dos mil veinte; e) El diecisiete de septiembre de este año, se recibió, en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el oficio 360-B, por el cual Magistrada Presidenta de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por el cual remitió las constancias relativas al cumplimiento dado a la ejecutoria de que se trata. a) En esta data (siete de octubre de dos mil veinte) se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Por último, se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por el Titular de la Procuraduría de Protección de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes, para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (DIF) por medio del cual en cumplimiento al requerimiento de diez de septiembre de dos mil veinte, informa a este juzgado federal, que el Licenciado José Francisco Torreblanca Río, ya no labora en dicha dependencia. No obstante, a ello, al tener la representación en coadyuvancia de oficio en asuntos en los que se encuentren involucrados niñas, niños y adolescentes, toma conocimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el juicio de amparo en que se actúa. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese, personalmente a las partes y cúmplase.

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