Pedro Barranco Fiesco
Expediente 1237/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1237/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Pedro Barranco Fiesco
Actuaciones
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la comparecencia de cuenta, en que se devolvieron al autorizado de la parte quejosa la totalidad de los documentos que anexó a su escrito inicial de demanda. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del veintinueve de noviembre del año en curso, que desechó la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se desechó la demanda de amparo en este juicio. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo. En cumplimento a lo establecido en el Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que anexó a su escrito inicial, bajo apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se procederá a su glose y tendrá el mismo destino del presente asunto, es decir su destrucción junto con el expediente. En el entendido de que dicha entrega se realizará únicamente los días viernes, dentro del horario establecido a este órgano jurisdiccional, y previa cita en términos del acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo tendrá que llevar a cabo las medidas sanitarias necesarias para la pandemia que prevalece, para lo cual se informa que el secretario encargado del presente expediente es Martin Peñaloza Contreras y su número de celular es 7221609445, para los efectos legales conducentes. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo acordó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4063/2021, del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo Federal, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy Fe.
- Principal
VI. AVISO. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa **********, el auto del veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo número 1237/2021-VI, promovido por **********, por derecho propio, contra actos del Juez Trigésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, y otra autoridad, que señala: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por derecho propio, contra actos del Juez Trigésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, y otra autoridad; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 1237/2021-VI. Ahora, la parte quejosa reclama la negativa de levantar el bloqueo de las cuentas bancarias a nombre de **********, sociedad anónima de capital variable, dado que no se les ha pagado su salario. En relación a ello, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en correspondencia con los diversos artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. De los preceptos citados, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En vinculación con lo anterior, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen se consideren como de autoridad, entendiéndose por tal, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es el emitido en ejercicio de facultades decisorias que le están atribuidas al emisor en la ley y que, por ende, constituyen una potestad del Estado, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública su fuente, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares. Lo anterior con independencia de la naturaleza formal del ente emisor, pues incluso la propia Ley de Amparo, precisa que tendrán la calidad de autoridad para efectos del juicio, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos ya citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De conformidad con las consideraciones plasmadas el acto que se atribuye a la autoridad designada como responsable deriva y es inherente a una relación laboral entre los ahora quejosos y la imputada dentro de la carpeta de investigación de que se trata. Por tanto, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, a pesar de tratarse de la negativa del juez responsable de levantar el bloqueo de las cuentas bancarias a nombre de **********, sociedad anónima de capital variable, donde los quejosos refieren se encuentra su fuente de trabajo, y que como consecuencia de ello, no se les pague su salario, pues no afecta por sí y para sí, de manera unilateral, la esfera jurídica de los inconformes, sino que deriva de una controversia entre los agraviados como trabajadores y la moral embargada, como obligados de una relación laboral. Por lo que las controversias suscitadas entre ellos deben decidirse ante la vía ordinaria y no en el procedimiento constitucional mediante el juicio de amparo, pues en términos del artículo 123, apartado A, fracción XX, Constitucional, las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones (particulares), se sujetarán a la decisión de los tribunales laborales competentes. Ello, máxime que la materia del acto reclamado en su caso se instituye como la violación a un derecho laboral a cargo del patrón, protegido por la Constitución en su artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo. Por lo anterior, se desecha la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa la lista electrónica de este Juzgado, toda vez que el que señala se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, y se tienen por autorizadas a las personas que designan para los efectos que establecen, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Ahora, dado el sentido de la presente determinación, por única ocasión comisiónese al actuario adscrito a este juzgado federal para que realice la notificación de manera personal. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe". (Se anexa el proveído a notificar, al final de la lista de publicación).
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por *********, *********, **********, ********** y *********, por derecho propio, contra actos del Juez Trigésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, y otra autoridad; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 1237/2021-VI. Ahora, la parte quejosa reclama la negativa de levantar el bloqueo de las cuentas bancarias a nombre de Industria de Motores Eléctricos, sociedad anónima de capital variable, dado que no se les ha pagado su salario. En relación a ello, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en correspondencia con los diversos artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. De los preceptos citados, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En vinculación con lo anterior, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen se consideren como de autoridad, entendiéndose por tal, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es el emitido en ejercicio de facultades decisorias que le están atribuidas al emisor en la ley y que, por ende, constituyen una potestad del Estado, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública su fuente, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares. Lo anterior con independencia de la naturaleza formal del ente emisor, pues incluso la propia Ley de Amparo, precisa que tendrán la calidad de autoridad para efectos del juicio, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos ya citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De conformidad con las consideraciones plasmadas el acto que se atribuye a la autoridad designada como responsable deriva y es inherente a una relación laboral entre los ahora quejosos y la imputada dentro de la carpeta de investigación de que se trata. Por tanto, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, a pesar de tratarse de la negativa del juez responsable de levantar el bloqueo de las cuentas bancarias a nombre de Industria de Motores Eléctricos, sociedad anónima de capital variable, donde los quejosos refieren se encuentra su fuente de trabajo, y que como consecuencia de ello, no se les pague su salario, pues no afecta por sí y para sí, de manera unilateral, la esfera jurídica de los inconformes, sino que deriva de una controversia entre los agraviados como trabajadores y la moral embargada, como obligados de una relación laboral. Por lo que las controversias suscitadas entre ellos deben decidirse ante la vía ordinaria y no en el procedimiento constitucional mediante el juicio de amparo, pues en términos del artículo 123, apartado A, fracción XX, Constitucional, las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones (particulares), se sujetarán a la decisión de los tribunales laborales competentes. Ello, máxime que la materia del acto reclamado en su caso se instituye como la violación a un derecho laboral a cargo del patrón, protegido por la Constitución en su artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo. Por lo anterior, se desecha la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa la lista electrónica de este Juzgado, toda vez que el que señala se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, y se tienen por autorizadas a las personas que designan para los efectos que establecen, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Ahora, dado el sentido de la presente determinación, por única ocasión comisiónese al actuario adscrito a este juzgado federal para que realice la notificación de manera personal. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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