Pedro Arturo Flores López
Expediente 534/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 534/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Pedro Arturo Flores López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, en atención a que se sobreseyó en el juicio. Asimismo, dado que en este asunto se concedió la suspensión de plano respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, las constancias relativas a la misma son susceptibles de ser conservables, en términos del artículo 17 del propio Acuerdo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental conforme al artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia del veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó este juicio, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables y a la Agente del Ministerio Público adscrita. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 534/2020-V promovido por ********************; y R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el veinte de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este Juzgado el día treinta y uno siguiente, ********************, por derecho propio, ocurrió a demandar el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Director General del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec, Estado de México, y otra autoridad. II. Por acuerdo del dos de septiembre dos mil veinte, se admitió a trámite el presente juicio, el cual quedó registrado con el número 534/2020-V; se decretó la suspensión de plano; se pidió a las autoridades responsables rindieran sus informes justificados, dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, y se dictó la sentencia correspondiente el treinta de octubre de dos mil veinte, en la que en la que se concedió el amparo y la protección constitucional solicitada. III. Inconforme con dicha determinación, mediante escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, la autoridad responsable Director General del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec, Estado de México, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia del treinta de octubre de dos mil veinte. IV. De dicho recurso conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, el cual mediante resolución del seis de octubre del año en curso, en el recurso de revisión 63/2021, de su estadística, que resolvió desechar el recurso de revisión interpuesto por el apoderado legal del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México; revocar la resolución recurrida y reponer el procedimiento en este juicio de amparo, para efecto de que se firmase la sentencia electrónicamente, en los términos que precisó. Finalmente, se ordenó notificar a las partes y se señaló fecha para celebrar la audiencia constitucional la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, dado que se reclama un acto de naturaleza administrativa atribuido a autoridades que radican dentro de la jurisdicción que corresponde a este órgano. SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado se hace consistir en: 1) Del Director General del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec, Estado de México: 2) Del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México: - La falla de suministro de agua potable para uso personal y doméstico. - La omisión de las autoridades responsables de cumplir sus obligaciones convencionales y constitucionales para garantizar los siguientes derechos humanos a favor del quejoso. - A la alimentación y al mínimo vital por cada integrante de su familia, que en el caso es de ocho personas. - Al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. - A la no discriminación por razón de discapacidades y condición social. - A la salud y a la vida. -El interés superior de la niñez y los derechos de los adultos mayores. TERCERO. El Director General del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec, Estado de México, al rendir su informe justificado no negó ni aceptó el acto reclamado. Sin embargo, se tiene por cierto porque en dicho informe implícitamente lo aceptó al expresar diversos argumentos con el propósito de demostrar que el quejoso no tiene contrato ni ha pagado el agua que se le ha suministrado. CUARTO. Previamente al estudio de fondo del juicio, procede analizar de oficio las causas de improcedencia, por ser ésta una cuestión de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. En ese contexto, este juzgador de oficio advierte que, con relación a los actos reclamados consistentes en la falla de suministro de agua potable para uso personal y doméstico, se actualiza la causa de improcedencia relativa a la falta de interés legítimo prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el cual prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Así, es preciso señalar que el precepto invocado establece las bases de la capacidad legal dentro del juicio de amparo, en relación con el quejoso o promovente de la acción constitucional; es decir, la parte a quien perjudique la ley o acto de autoridad reclamado. Al respecto, resulta oportuno indicar que la fracción I del artículo 107 constitucional, dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Conforme a lo anterior, la parte agraviada será quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia constitución y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; es decir, el interés jurídico que antes imperaba, ahora, con la reforma constitucional señalada, es complementado por un interés legítimo individual o colectivo que conlleva a que un número mayor de gobernados puedan accionar el juicio de amparo. Sin embargo, ese concepto queda excluido cuando lo que se reclame sean actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ya que en esos casos, el quejoso deberá ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; por tanto, en esos casos, continúa vigente el ya conocido concepto de interés jurídico. En este orden, para estimar procedente el juicio de amparo en que se aduzca un interés legítimo, es presupuesto indispensable que se demuestre la existencia del derecho respecto del cual se pueda causar un agravio y el vínculo jurídicamente relevante que guarda con el quejoso; por tanto, no se tiene por actualizado el interés legítimo si no existe ese vínculo, o si de existir, no se acredite algún perjuicio por el acto de autoridad que se reclama. De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que integran al interés legítimo, a saber: 1. La existencia del derecho que se estima vulnerado con los actos reclamados y su vínculo relevante, real y actual con el demandante 2. El efectivo perjuicio en su esfera de derechos, proveniente de un acto de autoridad. Esto es, para la procedencia del juicio de amparo contra una conducta autoritaria se requiere acreditar, no sólo de la existencia de un eventual interés, sino del perjuicio que se ocasione a ese interés jurídicamente relevante del quejoso, aspecto que lo faculta para acudir al órgano de control constitucional a demandar el cese de esa violación. En este sentido, cuando un acto autoritario no afecte los intereses legítimos del accionante del amparo, el juicio que contra éste se promueva será improcedente, según lo previsto en la fracción XII del artículo 61 de la ley de la materia. Al respecto, Primera Sala del alto tribunal del país, ha establecido que el interés legítimo puede definirse como aquel personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor del quejoso, mientras que el interés simple, explicó, es el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en algún tipo de beneficio personal para el interesado. Esas consideraciones quedaron reflejadas en la jurisprudencia 1a./J.38/2016, publicada en la página 690 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33 (agosto de dos mil dieciséis), tomo II, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Cabe resaltar que el presupuesto lógico para que, por medio de una sentencia de amparo los gobernados puedan alcanzar un beneficio, es la actualización previa de un agravio, menoscabo, perjuicio o afectación susceptible de ser reparada. Incluso, dentro de las notas distintivas del interés legítimo se establece que, aun cuando se relacione con una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, el menoscabo debe apreciarse bajo un parámetro de razonabilidad y no darse por sentado como una mera posibilidad, esto es, no basta la sola opinión de aquellos respecto de que los actos de autoridad les genera un perjuicio para admitir como válido ese presupuesto de procedencia, sino que de las constancias de autos debe apreciarse una afectación real, directa o indirecta, que pudieran resentir. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 70 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12 (noviembre de dos mil catorce), tomo I, Décima Época, del título y contenido siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." En suma, para estimar procedente el juicio de amparo instado al tenor de un interés legítimo, es requisito corroborar que dicho medio de control sea eficaz para reparar la afectación alegada, para lo cual será indispensable verificar previamente si ésta en realidad cobra vigencia. En el caso, como se expuso, el quejoso reclama diversos actos y omisiones que, en esencia, constituyen la omisión de que se le proporcione el mínimo vital de agua. Al respecto, el promovente aduce que dichos actos son violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, párrafos quinto, sexto y séptimo, 115, fracción III, inciso a) y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Empero, a efecto de acreditar el vínculo jurídicamente relevante que guardan con la existencia de los derechos respectos de los cuales señala se causa un agravio, es decir, que el acto reclamado genera una afectación en su calidad de residentes de Ecatepec de Morelos, Estado de México, se abstuvo de ofrecer prueba idónea con la cual acreditara tener ser habitante en la citada municipalidad. Lo anterior es así, pues al efecto no aportó documento alguno que acreditara dicha circunstancias, ya que únicamente se limitó a referir la falta de suministro de agua por parte de las responsables, por tanto carece de eficacia demostrativa, toda vez que no fueron exhibidas para justificar los hechos que se pretenden demostrar, pues dada su naturaleza pueden ser prefabricadas a los intereses de la parte procesal. En las relatadas condiciones, es evidente que con dichas réplicas el quejoso se abstuvo de demostrar que es habitantes, es decir, que tienen su residencia en el Ecatepec de Morelos, Estado de México; por consiguiente, que los actos recamados pueden causarle alguna afectación. Es decir, no exhibió los documentos como prueba no acreditó que el lugar de su residencia lo coloque en una posición tal en la que justifique contar con un interés legítimo para instar el juicio biinstancial. Del mismo modo, tampoco se desprenden elementos de los cuales se pueda apreciar, al menos bajo un parámetro de razonabilidad, el menoscabo que los actos reclamados le cause a su esfera de derechos. Lo anterior evidencia que no resulta factible determinar cuál es el menoscabo que recae concretamente en la esfera jurídica del peticionario del amparo, respecto del que podría obtener un eventual beneficio, cualidad preponderante para determinar la procedencia del juicio con apoyo en un interés legítimo. Ello derivado de que se abstuvo de acreditar que pertenece al grupo -colectividad- que, en específico, sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1598 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 64 (marzo de dos mil diecinueve), tomo II, Décima Época, cuyo título y contenido son: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Así, se colige que el quejoso no demostró resultar agraviado con los actos tildados de inconstitucionales, al no acreditar con prueba fehaciente ser habitante y residir en Ecatepec de Morelos, Estado de México -pues sólo exhibieron copias simples-, lo que permite concluir que no cuenta con interés legítimo para acudir a esta instancia constitucional. En atención a los razonamientos expuestos, resulta procedente sobreseer en el juicio respecto de los actos reclamados por los quejosos señalados en este considerando, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por ********************, por derecho propio contra los actos reclamados del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec, Estado de México, por las razones establecidas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe, hasta hoy veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, en que las labores de este Juzgado Federal lo permitieron. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la resolución con evidencia criptográfica emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito el seis de octubre pasado, en el amparo en revisión 63/2021, mediante la cual: 1.- Desechó el recurso de revisión interpuesto por el Apoderado Legal del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. 2.- Revocó la resolución recurrida. 3.- Ordenó reponer el procedimiento en el juicio de amparo 534/2020-V. En tales condiciones, en el caso se revocó la sentencia recurrida y se ordenó reponer el procedimiento en el presente juicio de amparo, por lo que se deja insubsistente la sentencia del treinta de octubre de dos mil veinte, y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución de cuenta, se señalan las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del quince de diciembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Lo anterior, hágase del conocimiento a las partes. Acúsese recibo al órgano colegiado vía interconexión. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; hágase vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · 9,679 expedientes
- Pedro Alonso Camposeco Vázquez3/2016
- Pedro Alonso Camposeco Vázquez54/2016
- Pedro Álvarez Aguilar834/2023
- Pedro Antonio Loyola Abitia1498/2017
- Pedro Armando Ángeles Rojo1351/2022
- Pedro Armendáriz Vázquez790/2017
- Pedro Barranco Fiesco1237/2021
- Pedro Benítez Saldivar902/2015
- Pedro Campos Hernández419/2020
- Pedro Camposeco Vázquez384/2018
- Pedro Camposeco Vázquez y Otros.911/2018
- Pedro Cesar Mateos Hernández y Otros.721/2022