Pedro Armando Ángeles Rojo

Expediente 1351/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1351/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
15/02/2023

Partes del expediente

  • Pedro Armando Ángeles Rojo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de febrero de dos mil veintitrés. Téngase al Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, acusando recibo del oficio por el cual le fue remitido el juicio de amparo del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, un tomo de pruebas y el escrito original de agravios, para la substanciación del recurso de revisión planteado en autos, medio de impugnación que admitió a trámite bajo el número 105/2023. En otro contexto, se instruye al oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de la adscripción, a efecto de que realice las gestiones necesarias para que el órgano colegiado revisor tenga acceso al expediente electrónico del juicio de amparo 1351/2022-II, como se indicó en auto del veintiséis de enero pasado. Lo anterior, hágase del conocimiento del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Téngase al quejoso **********, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia del once de enero del año en curso, emitida en este juicio de amparo. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo, se da trámite al citado recurso, por lo que una vez que se encuentren agregadas la totalidad de constancias de notificación a las partes, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, el oficio que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Por lo anterior, una vez que se cuente con la boleta de turno expedida por la referida oficina, de la que se advierta el órgano jurisdiccional al que fue turnado el asunto, en obvio de mayores dilaciones remítasele el juicio de amparo en que se actúa, su tomo de pruebas, así como el escrito de expresión de agravios con el que se interpone dicho recurso, para su substanciación. Distribúyanse entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios por el que se interpone el recurso de revisión, e intégrese el cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Se instruye al oficial judicial "A", para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expediente", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con el presente para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio impugnatorio que se provee. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del once de enero de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1351/2022-II, promovido por *************, por derecho propio, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México y otras autoridades; ante Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4487/2022, del diez de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. Consecuentemente, el Secretario Encargado del Despacho acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, el secretario da cuenta al Secretario Encargado del Despacho con las documentales acompañadas por la parte quejosa a su escrito de demanda y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, con las documentales remitidas por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez con residencia en Tlalnepantla, Estado de México, al rendir su informe con justificación y las remitidas por los terceros interesados María Guadalupe Díaz Godínez y Luis Rodolfo Díaz Godínez, en su escrito registrado bajo el número 17671. Acto seguido, el Secretario Encargado del Despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Periodo de alegatos. Abierto el período de alegatos, el Secretario hace constar que María Guadalupe Díaz Godínez y Luis Rodolfo Díaz Godínez, los formularon en su escrito registrado bajo el número 17671. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones que se hicieron valer. Al no existir alegatos pendientes que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1351/2022-II; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, *************, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México y otras autoridades. SEGUNDO. En acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito registró la demanda de trato bajo el número de expediente 1351/2022-II, la admitió a trámite; solicitó su informe con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito a dicho Juzgado; y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. TERCERO. En proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de trece de diciembre del citado año a la parte quejosa y se tuvo por inexistente para los efectos legales conducentes a la autoridad que señaló como responsables: "Titular de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Tultitlán, Estado de México", ordenándose suspender toda comunicación con las mismas. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37, 39 y 107 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 56, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que los actos reclamados se ejecutaran dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables: Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. La sentencia definitiva emitida el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en el expediente TUA/DTO.10/32/2018, relativo a la controversia agraria promovida por Doris González Palomino, contra Luis Rodolfo Díaz Godínez y María Guadalupe Díaz Godínez. La orden de desalojo, entrega y desocupación del inmueble materia de la litis, como actos de ejecución de la sentencia antes señalada. Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. La falta de emplazamiento al quejoso, como parte dentro del expediente TUA/DTO.10/32/2018 del índice de la ordenadora. La ejecución de la sentencia definitiva emitida el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en el expediente antes referido. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. En relación con lo expresado se invoca la jurisprudencia 278 del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas de las constancias del expediente número TUA/DTO.10/32/2018 de su índice, de las cuales, se aprecia la resolución aludida; documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Es aplicable, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." De igual manera, se tienen por ciertos los actos reclamados al Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, no obstante que al producir su informe con justificación manifestó que son inexistentes; sin embargo, al haber sido reclamados como inminentes por ser una consecuencia directa de la determinación reclamada, aunque inexistente al momento de interponerse la demanda de garantías, es consecuencia rigurosa de la resolución cuya constitucionalidad se controvierte, cuya existencia es indudable y sólo falta que se cumplan determinadas formalidades para que se ejecute, formalidades que corresponde satisfacer a la referida autoridad señalada como responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, tomo CXVII, página 839, con registro rápido de localización 318448, que es del tenor literal siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, EXISTENCIA DE SUS ACTOS." CUARTO. El estudio de las causales de improcedencia en el juicio de amparo debe de examinarse de oficio por el órgano de control de la constitucionalidad, de acuerdo el artículo 62 de la Ley de la materia. En el caso, este Órgano de Control Constitucional considera de oficio que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no acreditó su interés para acudir a esta instancia constitucional. Los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 5°, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Conforme a los artículos transcritos, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. En ese sentido, resulta conveniente destacar que conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo puede promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, o en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados, interés que proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. Esta concepción constitucional fue plasmada en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo que dispone que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Precisado lo anterior, se debe determinar lo que se entiende por interés jurídico e interés legítimo para los efectos de la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, al respecto, ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. De lo anterior se advierte que existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. En suma, son dos los supuestos que integran el interés jurídico; el primero de ellos, la existencia y titularidad de un derecho y el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales. Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo una conducta autoritaria deviene del perjuicio que ésta ocasione en uno o varios derechos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Esa prerrogativa protegida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. Por otra parte, el interés legítimo ha sido concebido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el que tienen aquellas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés particular, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o perjuicio inmediato. Así, el Alto Tribunal expuso que el interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurada su obtención, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos; y concluyó que la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado ocasionara un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al precisar el alcance jurídico del concepto de interés legítimo para efectos de la procedencia del juicio de amparo, señaló que este tipo de interés no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su especial situación frente al orden jurídico, lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Este criterio dio origen a la tesis 2ª. XVIII/2013 (10ª), consultable en la página 1736 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, cuyo rubro es: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO." Lo anterior implica que la acción será procedente cuando el promovente: a) Sea titular de un interés jurídico, incluyendo en esta hipótesis cuando alegue ser parte en un procedimiento administrativo; b) Sea titular de un interés legítimo, según ha quedado caracterizado. Si en un juicio se discute la titularidad o cualquier derecho relacionado con un bien que la persona extraña a dicho procedimiento reclama para sí, el solo procedimiento seguido sin llamamiento le afecta. Por el contrario, si la persona extraña no es titular del bien debatido en el juicio natural, pero en la sentencia se dispone de un bien del que tenga algún derecho reconocido aquélla, ésta no se verá afectada por el procedimiento, sino por dicha resolución o el mandamiento de ejecución, si en éste se ordena ejecutar sobre sus bienes, pese a que en la sentencia no se hubiere dispuesto de ellos. Por último, si los derechos de que es titular la persona extraña, aun cuando no hubieren sido tocados en el procedimiento, ni en la sentencia, ni en el mandamiento de ejecución, son lesionados por el ejecutor, será esta actuación y no las anteriores la que lo afecte. Es aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 5/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 196929, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EN EL AMPARO QUE PROMUEVA, SON AUTORIDADES RESPONSABLES LAS QUE DICTAN, ORDENAN, EJECUTAN O TRATAN DE EJECUTAR, LOS ACTOS QUE AFECTAN EL BIEN O DERECHO DEL QUE AQUÉLLA ES TITULAR." Entonces, para que el tercero extraño a un juicio acredite su interés es insuficiente expresar que es ajeno al procedimiento, porque los sujetos que se consideran con ese carácter deben acreditar -como se explicó- la titularidad de los derechos subjetivos afectados con el citado juicio. Por otra parte, es preciso indicar que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho; sin embargo, tal poder necesariamente debe tener una causa u origen, pues si éste, por su naturaleza jurídica, faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, se tratará entonces de la posesión originaria o en concepto de dueño. En cambio, si tal causa de la posesión faculta al titular del derecho únicamente a usar y disfrutar del bien, se entiende que alude a la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor u otro título análogo. Cualquiera de las dos clases de posesión, originaria o derivada, debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquellos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer de él), por lo cual, es incuestionable que la simple tenencia material de un bien, sin demostrar dicha causa lícita, no constituye la posesión jurídica; por ende, tampoco se trata de la tutelada por el artículo 14 constitucional. Lo anterior fue sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2002, registro digital 187733 del rubro siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS." Con base en lo anterior, la causa de improcedencia a estudio se actualiza cuando el acto de autoridad que se combate en el juicio de amparo no incide en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le impone obligación alguna, o porque no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto o no se demuestra este último. Ahora bien, la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional como tercero extraño -en estricto sentido- al juicio agrario en mención; asimismo, señala que debió ser llamado a dicha contienda, porque es propietario del inmueble ubicado en la calle 24 de febrero, sin número, colonia ampliación Las Torres, Municipio de Tultitlán, Estado de México, propiedad que afirma le corresponde en virtud del contrato de cesión de derechos oneroso de data veintisiete de mayo de dos mil catorce. Precisado lo anterior, toca determinar cuáles son las causas generadoras de los diversos derechos agrarios a título individual y que dan lugar a un título suficiente para justificar el derecho de posesión agraria a persona alguna en particular a título personal; para tal efecto conviene analizar las reglas establecidas para el disfrute de la tierra agraria por parte de los núcleos de población ejidal y sus ejidatarios, ya que estás son similares para los núcleos de población comunal o comunidades agrarias y a sus comuneros, al tenor de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley Agraria que dispone que son aplicables a las comunidades agrarias todas las disposiciones que prevé la ley para los ejidos, en lo que no contravengan las disposiciones respectivas. A ese respecto, cabe tomar en cuenta las consideraciones establecidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 131/2003. Dicho asunto versó sobre el mejor derecho de posesión agraria ante el surgimiento de conflictos posesorios entre particulares sobre bienes agrarios objeto de posesión individual. Para resolver tal cuestión, la Segunda Sala del Alto Tribunal realizó un estudio en torno a las causas generadoras de la posesión agraria a la cual se puede acceder a título individual, tanto a través de: a) títulos formales de posesión agraria; o bien, b) de títulos no formales pero que sí constituyen una causa generadora suficiente de la posesión agraria. Se refirió que la propiedad agraria, en principio, es de naturaleza social y colectiva, pero bajo ciertos requisitos puede asignársele un disfrute individual, del cual, entre otros derechos, emana el derecho de posesión agraria. A partir de 1917, por un lado, se creó el ejido como ente jurídico tenedor de tierras rurales y titular de una forma de propiedad especial creada por el Constituyente y, por otro, se establecieron las bases normativas para reconocer otras formas de propiedad restringida que han practicado los pueblos indígenas, que se conocen como comunidades agrarias. El artículo 44 de la Ley Agraria establece que las tierras ejidales se dividen en a) tierras de asentamiento humano, b) de uso común y c) tierras parceladas. Por lo que refiere a las tierras para el asentamiento humano y de uso común, es preciso tomar lectura, principalmente, los artículos 63, 64, 73 y 74 de la Ley Agraria, que establecen: "Artículo 63.- Las tierras destinadas al asentamiento humano integran el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido, que está compuesta por los terrenos en que se ubique la zona de urbanización y su fundo legal. Se dará la misma protección a la parcela escolar, la unidad agrícola industrial de la mujer, la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud y a las demás áreas reservadas para el asentamiento. Artículo 64.- Las tierras ejidales destinadas por la asamblea al asentamiento humano conforman el área irreductible del ejido y son inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo lo previsto en el último párrafo de este artículo. Cualquier acto que tenga por objeto enajenar, prescribir o embargar dichas tierras será nulo de pleno derecho. Las autoridades federales, estatales y municipales y, en especial, la Procuraduría Agraria, vigilarán que en todo momento quede protegido el fundo legal del ejido. A los solares de la zona de urbanización del ejido no les es aplicable lo dispuesto en este artículo. El núcleo de población podrá aportar tierras del asentamiento al municipio o entidad correspondiente para dedicarlas a los servicios públicos, con la intervención de la Procuraduría Agraria, la cual se cerciorará de que efectivamente dichas tierras sean destinadas a tal fin. Artículo 73.- Las tierras ejidales de uso común constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido y están conformadas por aquellas tierras que no hubieren sido especialmente reservadas por la asamblea para el asentamiento del núcleo de población, ni sean tierras parceladas. Artículo 74.- La propiedad de las tierras de uso común es inalienable, imprescriptible e inembargable, salvo los casos previstos en el artículo 75 de esta ley. El reglamento interno regulará el uso, aprovechamiento, acceso y conservación de las tierras de uso común del ejido, incluyendo los derechos y obligaciones de ejidatarios y avecindados respecto de dichas tierras. Los derechos sobre las tierras de uso común se acreditan con el certificado a que se refiere el artículo 56 de esta ley." De los anteriores preceptos se advierte que las tierras ejidales para el asentamiento humano y las tierras de uso común se encuentran destinadas al desarrollo y sustento económico de la vida comunitaria del ejido, respectivamente (artículos 63 y 73 de la Ley Agraria). Dichas tierras son inalienables, imprescriptibles e inembargables (artículos 64 y 74 de la Ley Agraria, salvo causa de utilidad para el núcleo de población, en relación a los terrenos de uso común). Lo antes dicho refleja que las tierras ejidales para el asentamiento humano y las tierras de uso común, por regla general, son de aprovechamiento colectivo y no otorgan derecho particular a ningún ejidatario, sino a todo el núcleo de población ejidal o comunal como ente colectivo. Como excepción a la citada regla general, dentro de las tierras para el asentamiento humano, la ley prevé la existencia de solares urbanos, excepción al régimen general de propiedad comunitaria del ejido sobre las tierras de asentamiento humano. Los solares son propiedad plena de sus titulares, una vez que son asignados formalmente mediante el título correspondiente por parte de la Asamblea General del núcleo de población ejidal y éste es registrado debidamente, según lo establece el artículo 68 de la Ley Agraria. Los actos subsecuentes a la titularidad de los solares urbanos son regulados por el Derecho común, en términos del precepto 69 de la Ley Agraria. Además de la tierras agrarias destinadas al aprovechamiento colectivo, y de los solares de propiedad individual de los ejidatarios respectivos, ellos también son susceptibles de ser titulares de los derechos sobre las parcelas ejidales que les sean asignadas por la asamblea ejidal. El artículo 14 de la Ley Agraria precisa que "corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidales y los demás que legalmente les correspondan." Así el derecho de los ejidatarios sobre sus parcelas, como regla general sólo da lugar a su uso y disfrute, en términos del artículo 62 de la Ley Agraria; y, excepcionalmente bajo el cumplimiento de los requisitos que establece la Ley de la materia, es posible que los ejidatarios asuman el dominio pleno sobre sus parcelas, según se advierte de los artículos 81 a 86 de la Ley Agraria. La titularidad de tal derecho sobre determinada parcela se acredita con el certificado de derechos parcelarios expedido por autoridad competente, en términos del artículo 16, fracciones I y II, de la Ley Agraria. Tal certificado ha de ser emitido por la asamblea del ejido de que se trate, al ser la asamblea ejidal el órgano supremo del núcleo de probación ejidal que deberá tener la organización y funciones que señala la ley, en términos del artículo 27, fracción VII, de la Ley Fundamental; y, puesto que el artículo 23, fracciones VII, VIII y IX de la Ley Agraria, precisa, respectivamente, que es competencia exclusiva de la asamblea ejidal el a) señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para, entre otras cosas, el parcelamiento con destino específico, como lo es para el disfrute de un ejidatario en particular; b) el reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de la tenencia de los posesionarios; así como c) la autorización a los ejidatarios para adoptar el dominio pleno sobre sus parcelas. A lo anterior, cabe añadir que: "[A] partir de la reforma de 1992, el artículo 27 constitucional presentó como finalidad, en términos generales, capitalizar y hacer productivo al campo a través de algunas medidas tendentes a dotar de certeza jurídica la tenencia de tierras agrarias. De esa manera, se establecieron las bases para dejar a los titulares de las tierras agrarias la responsabilidad de decidir su propio destino (artículo 27, fracción VII, cuarto párrafo, constitucional). Con esa base, los órganos supremos de los núcleos de población pueden modificar el régimen de propiedad agraria al régimen de propiedad plena (artículo 23, fracciones IX y XII, de la Ley Agraria), de tal suerte que es posible que ese tipo de tierras entre al régimen jurídico de Derecho común." Lo anterior refleja efectivamente que es la asamblea del ejido o comunidad, según se trate, el órgano competente para disponer legítimamente el destino de las tierras agrarias, como órgano supremo del núcleo ejidal o comunal respectivo. Por cuanto hace a la comunidad agraria, según el artículo 99, fracción I y II, de la Ley Agraria, respectivamente, es el núcleo de población de la comunidad agraria al que le corresponde la propiedad sobre la tierra agraria comunal, la cual es inalienable, inembargable e imprescriptible, salvo que se aporte a una sociedad de naturaleza agraria. La comunidad agraria, en términos del artículo 100 de la Ley de la materia es quien determina el uso de sus tierras y división en porciones distintas según sus finalidades. Ello, en el entendido de que dicho destino de las tierras comunales se realiza a través de la asamblea comunal o de comuneros, la cual es el órgano supremo del núcleo de población comunal en términos de la interpretación gramatical y finalista del artículo 27 de la Ley Fundamental, según se expuso. Lo antes dicho se robustece con las consideraciones expuestas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en la tesis aislada III.2o.A.108 A, cuyos argumentos comparte este Juzgador y cuyo rubro señala: "ASAMBLEA GENERAL DE COMUNEROS O EJIDATARIOS. LE COMPETE DETERMINAR, EN PRIMERA INSTANCIA, EL DESTINO DE TIERRAS COMUNALES O EJIDALES Y NO AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO". Cabe señalar que de conformidad con lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 131/2003 "las comunidades [agrarias] se han encontrado constituidas, comúnmente, por cuatro clases de tierras: 1) el poblado o asentamiento urbano, dividido en lotes para cada avecindado; 2) el ejido, utilizado de forma común; c) tierra cultivada por todos, cuyo producto se destina a los gastos generales de la comunidad, y d) las tierras de parcialidad o de común repartimiento, las cuales se parcelan para su explotación individual por cada comunero". En ese contexto, dentro de las comunidades agrarias también existen dos tipos de tierras, las destinadas a los usos colectivos y/o sociales de la comunidad, así como las precisadas para su aprovechamiento individual y explotación por cada comunero. Tierras cuyo destino, cabe reiterar, corresponde determinar a la asamblea comunal en su carácter de órgano supremo del núcleo población. Los artículos 101 y 102 de la Ley Agraria reconocen los derechos de uso y disfrute individual de los comuneros sobre su parcela, en los siguientes términos: "Artículo 101.- La comunidad implica el estado individual de comunero y, en su caso, le permite a su titular el uso y disfrute de su parcela y la cesión de sus derechos sobre la misma en favor de sus familiares y avecindados, así como el aprovechamiento y beneficio de los bienes de uso común en los términos que establezca el estatuto comunal. El beneficiado por la cesión de derecho de un comunero adquirirá la calidad de comunero. Cuando no exista litigio, se presume como legítima la asignación de parcelas existentes de hecho en la comunidad. "Artículo 102.- En los casos en que no exista asignación de parcelas individuales se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario, los derechos correspondientes a los comuneros." Como se precisó con antelación, la calidad de comunero se acredita en los mismos términos que dispone el artículo 16 de la Ley Agraria para el caso de los ejidatarios, puesto que conforme al artículo 107 de la Ley Agraria, son aplicables a las comunidades agrarias todas las disposiciones que prevé la ley para los ejidos, en lo que no contravengan las disposiciones respectivas. Así, la calidad de comunero se acredita con: a) el certificado de derechos comunales expedido por autoridad competente; b) el certificado parcelario o de derechos comunes, o c) la sentencia del tribunal agrario que así lo precise. Lo anterior, en el entendido de que, como se dijo, dicho certificado ha de ser expedido por la asamblea comunal, al ser este el órgano supremo de la comunidad agraria y al que le compete decidir el destino de las tierras que, en principio corresponde de modo colectivo a la comunidad, y que puede también destinarse para el disfrute individual. Así, la posesión agraria a título individual tiene como causa generadora la determinación de la asamblea ejidal o comunal, a través de la cual se expide un título formal por virtud del cual: a) se asigna un solar urbano a su titular; b) se expide por la asamblea del ejido el certificado o reconocimiento de derechos parcelarios al ejidatario respectivo para el uso y disfrute de determinada parcela o, excepcionalmente, para su dominio pleno; o, c) se expide por la asamblea comunal el certificado o reconocimiento de derechos parcelarios al comunero respectivo para el uso y disfrute de determinada parcela asignada a su favor. No obstante, estas no son las únicas causas generadoras de la posesión agraria a título individual o particular, pues también es posible que, una vez que se han reconocido por la asamblea ejidal o comunal, los derechos de determinado ejidatario o comunero sobre su solar y/o parcela, existan transmisiones posteriores por parte de aquel ejidatario o comunero a un tercero, ya sea que éstas sucedan inter vivos o mortis causa. En efecto, el artículo 79 de la Ley Agraria, reconoce que, inter vivos, los ejidatarios a quienes se les hayan designado una parcela para su uso y disfrute, tienen la capacidad legal de conceder a otros ejidatarios o terceros su uso, usufructo, mediante los contratos d aparcería, mediería, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto jurídico no prohibido por la ley, sin necesidad de autorización de la asamblea o de cualquier autoridad, o bien, aportar sus derechos de usufructo a la formación de sociedades tanto mercantiles como civiles. Por su parte, el artículo 80 de la propia legislación establece que los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros avecindados del mismo núcleo de población, siempre y cuando cumplan los requisitos de validez que establece la ley respectiva, en los términos siguientes: "Artículo 80.- Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población. Para la validez de la enajenación se requiere: a) La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario público; b) La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional. En caso de que se desconozca el domicilio o ubicación de las personas que gozan del derecho del tanto, se procederá en términos de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 84 de esta Ley, y c) Dar aviso por escrito al comisariado ejidal. Realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional, procederá a inscribirla y expedirá los nuevos certificados parcelarios, cancelando los anteriores. Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo." Así, la transmisión de derechos agrario mortis causa, acontece en los casos de la muerte de algún ejidatario o comunero, a favor de la persona que sea designada por aquél para sucederle en sus derechos parcelarios, de conformidad con el precepto 17 de la Ley de la Materia; en términos del orden de sucesión legitima previsto en el artículo 18 de la Ley Agraria; o bien, en caso de no actualizarse ninguno de estos supuestos, a favor del mejor postor de los derechos agrarios de entre los avecindados y ejidatarios entre quienes se subastasen los derechos respectivos, en términos del artículo 19 de la legislación en comento. Los anteriores supuestos de transmisión de derechos parcelarios inter vivos y mortis causa, si bien se contemplan expresamente en la ley agraria para el caso de los ejidatarios, son aplicables para el caso de las comunidades agrarias, en términos del artículo 107 de la propia legislación, que señala que para las comunidades son aplicables todas las disposiciones que para los ejidos prevé esta ley en tanto no contravengan lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley Agraria, relativo a la comunidades. Ello, pues dichas disposiciones no contravienen lo dispuesto en el citado capítulo, sino que complementan a lo dispuesto por el artículo 100 de la propia legislación, que establece: "Artículo 101.- La comunidad implica el estado individual de comunero y, en su caso, le permite a su titular el uso y disfrute de su parcela y la cesión de sus derechos sobre la misma en favor de sus familiares y avecindados, así como el aprovechamiento y beneficio de los bienes de uso común en los términos que establezca el estatuto comunal. El beneficiado por la cesión de derecho de un comunero adquirirá la calidad de comunero." Expuesto todo lo anterior, ha sido posible reconocer las causas de la posesión agraria que se origina en los títulos formales reconocidos así expresamente por la legislación; sin embargo, cabe precisar que es posible que la posesión agraria derive de otros títulos no formales pero que sí constituyen una causa generadora suficiente de la posesión agraria. A falta de título (como la asignación formal por parte de la Asamblea del núcleo de población respectivo o la transmisión legal de derechos debidamente formalizada), el posesionario puede justificar el uso y aprovechamiento de la parcela ejidal a través de un título suficiente a esos efectos, como, por ejemplo, la cesión, no formalizada ante la autoridad agraria respectiva, de los derechos por parte de su titular (artículos 79, 80 y 101 Ley Agraria). En lo que atañe a la posibilidad de justificar el uso y aprovechamiento de la parcela ejidal a través de la cesión o transmisión válida de los derechos por parte de su titular, es preciso recordar que el artículo 79 de la Ley Agraria dispone: "Artículo 79. El ejidatario puede aprovechar su parcela directamente o conceder a otros ejidatarios o terceros su uso o usufructo, mediante aparcería, mediería, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto jurídico no prohibido por la ley, sin necesidad de autorización de la asamblea o de cualquier autoridad. Asimismo podrá aportar sus derechos de usufructo a la formación de sociedades tanto mercantiles como civiles." Asimismo, como se ha visto, con respecto a las parcelas comunales, el artículo 101 de la Ley Agraria prevé que la comunidad permite al comunero (titular) la cesión de sus derechos sobre la misma en favor de sus familiares y avecindados. Lo que interesa destacar es que, con independencia de que el artículo 80 de la Ley Agraria señala que la validez de la transmisión de los derechos ejidales sobre la parcela precisa de una serie de requisitos formales (testigos, notificación e inscripción), la experiencia ha demostrado que en ocasiones éstos no se cumplen, aun cuando la transmisión respectiva se ha realizado entre los sujetos legales posibles (otros ejidatarios, avecindados del núcleo o familiares). Prueba de ello es la existencia de casos en la práctica jurídica que tienen como origen conflictos sobre posesión y goce de una fracción de terreno de naturaleza agraria en el que las partes no demostraron contar con derechos agrarios reconocidos (falta de título regular), y está en disputa el mejor derecho a la posesión, por virtud de la existencia de dos intereses jurídicos en conflicto, sustentados a través de la invocación y exhibición de pruebas, preliminarmente atendibles e idóneas, por cada una de las partes, para acreditar una causa generadora de la posesión (título suficiente para justificar la posesión). Lo antes expuesto permite señalar que en materia agraria el título suficiente para justificar la posesión de una parcela ejidal o comunal, a falta del título regular, se encuentra condicionado por una serie de exigencias jurídicas. La mera posesión de hecho se ve restringida en materia agraria por virtud de los fines socialmente perseguidos a través de la conformación del régimen jurídico de las tierras agrarias, de tal forma que la posesión, jurídicamente amparada, de las parcelas ejidales y comunales, debe entenderse condicionada a los requisitos necesarios para estar en posibilidad de adquirir la calidad de ejidatario o comunero. Con esa base, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, al revolver la contradicción 131/2003 referida, que la causa generadora (título suficiente para dar derecho a poseer) de la posesión de parcelas ejidales y comunales guarda una estrecha relación con los sujetos potencialmente aptos para ser ejidatarios o comuneros y, en consecuencia, para obtener la titularidad de los derechos sobre esa especie de tierras. En esa virtud, el posesionario puede justificar el uso y aprovechamiento de la parcela ejidal o comunal, por ejemplo, a través de una transmisión no formalizada de los derechos por parte de su titular, pero siempre que se trate de un sujeto potencialmente apto para ser ejidatario o comunero, respectivamente. Así, la cuestión relativa al examen de un derecho de posesión de las parcelas ejidales y comunales debe relacionarse con las disposiciones legales tendentes a regular lo relativo a los individuos que, potencialmente, se encuentran en el supuesto de poder adquirir la calidad de ejidatario o comunero, en sus respectivos casos, esto es, con las disposiciones que regulan lo relativo a la adquisición de la calidad de ejidatario o comunero (artículos 13, 15 y 101 de la Ley Agraria); las formas y modalidades en materia de sucesión de derechos agrarios (artículo 17 de la Ley Agraria); la regulación y orden de preferencia en la asignación de tierras no regularizadas o vacantes (artículos 56, 57, 61 y 62 de la Ley Agraria); y las formas y efectos de la cesión y enajenación de derechos parcelarios (artículos 59, 78 y 80 de la Ley Agraria), por ejemplo. Esa conclusión es acorde a los fines constitucionalmente perseguidos a partir de la reforma de 1992, que tienden a hacer productivo al campo a través de algunas medidas tendentes a dotar de certeza jurídica la tenencia de tierras agrarias, toda vez que se permite la integración, a los núcleos de población, de los individuos que, potencialmente, se encuentran en el supuesto de poder adquirir la calidad de ejidatario o comunero, en sus respectivos casos. Así, la cuestión relativa al mejor derecho a poseer una parcela ejidal y comunal es susceptible de ser controvertida y, por ende, materia de prueba, tomando en cuenta que la posesión de los derechos sobre parcelas ejidales y comunales que se encuentra jurídicamente amparada es una posesión calificada, en tanto que no cualquier sujeto puede ejercerla. Ante la falta de título formal, la acreditación de una causa suficiente para ostentar el derecho a la posesión no atiende únicamente al mero disfrute fáctico de las parcelas ejidales o comunales en el momento respectivo, sino que es preciso acudir al análisis de la causa generadora de la posesión. A ese respecto, de acuerdo con el principio de certeza jurídica, la Segunda Sala del Alto Tribunal, estableció que tratándose de conflictos sobre posesión y goce de una parcela ejidal o comunal, en la cual se carezca de derechos agrarios reconocidos, y esté en disputa el derecho a la posesión, se debe analizar la causa generadora de la posesión, es decir, la existencia de título suficiente para dar derecho a poseer, el que sólo pueden acreditar los sujetos potencialmente aptos para ser ejidatarios o comuneros y, en consecuencia, para obtener la titularidad de los derechos sobre esa especie de tierras. Precisado el marco normativo que regula la posesión y propiedad de bienes comunales; procede analizar si, como sostiene el quejoso, cuenta con un derecho de propiedad sobre del inmueble que defiende. Para acreditar el derecho de propiedad sobre el inmueble respectivo el quejoso ofreció un contrato de cesión derechos oneroso celebrado entre Juan Antonio Juárez Gómez (CEDENTE) y ************* (CESIONARIO), respecto de un terreno de naturaleza agraria ubicado en el Paraje denominado Polígono de Cartagena, ubicado en la calle 24 de febrero, sin número, colonia Ampliación Las Torres, Municipio de Tultitlan, Estado de México, con una superficie aproximada de 201.78 (doscientos un 78/100) metros cuadrados, que mide y linda de la siguiente manera: Al norte: 10.06 metros con calle 24 de febrero. Al sur: 10.00 metros con lote 12. Al oriente: 20.18 metro con lote 05. Al poniente: 20.09 metros con lote 03. El citado documento adquirió fecha cierta, el día veinticinco de octubre de dos mil veintidós, a partir de la fe de hechos hecha por el Titular de la Notaria Pública número ciento cuarenta y siete del Estado de México, con residencia en Tultitlán de Mariano Escobedo, Héctor Joel Huitrón Bravo; sin que la parte quejosa haya exhibido alguna documental que permita corroborar una fecha cierta del citado documento que fuese anterior. Sin embargo, el primer testimonio del instrumento número treinta y un mil setecientos cuarenta y tres, sólo acredita que en esa fecha existía dicho documento, pero no es suficiente para demostrar su validez al carecer de la ratificación de firmas ante notario de quienes celebraron el contrato. Se afirma lo anterior porque en la jurisprudencia 1a./J. 33/2010 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública sólo permite considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo, por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación; sin embargo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él: "DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO." En ese sentido, el primer testimonio de la fe de hechos en la que se tuvo a la vista el contrato de cesión de derechos oneroso exhibido por el quejoso, únicamente acredita que en cierta fecha se presentó ante el fedatario público para su cotejo; pero no es suficiente para acreditar la validez de su contenido, ya que dicho acuerdo de voluntades no se celebró ante el Notario, y tampoco consta que éste haya dado fe de su ratificación de las firmas de los contrayentes cuando se le presentó el documento para su cotejo, inclusive, en la certificación de veinticinco de octubre de dos mil veintidós se aprecia que el fedatario público hizo hincapié en que el solicitante le exhibe copia simple de un contrato de CESIÓN DE DERECHOS ONEROSO, celebrado en fecha veintisiete de mayo de dos mil catorce, por una parte como "EL CEDENTE" el señor JUAN ANTONIO JUÁREZ GÓMEZ y por la otra como "EL CESIONARIO" el señor PEDRO ARMANDO ANGELES ROJO. Por lo que no es un documento válido y suficientes para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa, puesto que sólo acredita que en la fecha mencionada, se exhibió un presunto contrato de cesión para cotejo del fedatario público, pero no acredita su contenido ya que no consta en el respectivo cotejo que los contrayentes se hayan presentado ante el Notario para la ratificación de las firmas ahí contenidas para hacer suyo el contenido de tales contratos, conforme a lo dispuesto en los artículos 128 y 135 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, vigente al momento de las certificaciones de cuenta: "[.] Artículo 128.- Entre los hechos por los que el Notario debe asentar un acta, se encuentran los siguientes: [.] II. La existencia, identidad, capacidad legal, reconocimiento y puesta de firmas en documentos de personas identificadas por el Notario; Artículo 135.- Cuando se trate de reconocimiento o puesta de firmas y de la ratificación de contenido previstos en la fracción II del artículo 128, el Notario hará constar lo sucedido al respecto ante él, así como la identidad de los comparecientes y que éstos tienen capacidad. La firma o su reconocimiento indicados, con su respectiva ratificación de contenido, podrán ser a propósito de cualquier documento redactado en idioma distinto al español, sin necesidad de traducción y sin responsabilidad para el Notario, en el acta respectiva se incluirá la declaración del interesado de que conoce en todos sus términos el contenido del documento y en lo que éste consiste. El Notario deberá abstenerse de intervenir en las actuaciones señaladas en este artículo, cuando el acto que se contenga en el documento exhibido deba constar en escritura por disposición legal o pacto entre las partes; salvo, en este último caso, que todos los sujetos que la hayan acordado o aquellos de los cuales esto dependa jurídicamente estén de acuerdo." Por tanto, las copias certificadas exhibidas por el justiciable no son válidas para acreditar su interés jurídico. Apoya lo anterior, a contrario sensu, la jurisprudencia del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO PRIVADO TRASLATIVO DE DOMINIO CUYAS FIRMAS SE RATIFICAN ANTE NOTARIO, PORQUE ES UN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)." Tampoco se advierte que dicho contrato hubiera sido celebrado ante fedatario público, y mucho menos que estuviera inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio o bien, el Registro Agrario Nacional. En ese orden de ideas, anteriormente se precisó que dentro de las comunidades agrarias existen dos tipos de tierras, las destinadas a los usos colectivos y/o sociales de la comunidad, así como las precisadas para su aprovechamiento individual y explotación por cada comunero; que es la asamblea comunal la que determina el destino de tales tierras, por ser el órgano supremo del núcleo población. Con base en ello, y ya que la parte quejosa afirmó en su demanda, que dicho predio forma parte de la comunidad agraria "Ejido de Tultitlan y sus Barrios paraje conocido como Cartagena"; correspondía al justiciable acreditar que el título de posesión que defiende, estaba amparado, ya sea mediante el certificado o reconocimiento de derechos agrarios o parcelarios expedido por la asamblea comunal, o bien, que dicha posesión agraria a título individual le había sido transmitida por un integrante de la comunidad agraria con sus derechos reconocidos por la asamblea comunal, y conforme a los requisitos previstos en el artículo 80 de la Ley Agraria. Extremos que no acredita el justiciable, puesto que únicamente exhibió un acta de fe de hechos antes analizada que carece de validez, celebrados con personas que no acreditó que formaran parte de la Comunidad Agraria "Ejido de Tultitlan y sus Barrios paraje conocido como Cartagena" a la que el justiciable afirma que pertenece el predio que defiende; aunado a que tampoco se acreditó que dicho contrato hubiese sido registrado ante la autoridad registradora correspondiente. Por cuanto hace a las documentales descritas y anexas a la citada fe de hechos, consistentes en las Constancias Domiciliarias de fechas ocho de julio de dos mil dieciséis y diez de octubre de dos mil veintidós, expedidas en favor de *************, por la Delegada del Consejo de Participación Ciudadana (COPACI), Torres 1ª (primera) sección, del Municipio de Tultitlán, Estado de México, tampoco acreditan la propiedad y/o posesión del inmueble que defiende; ya que se trata de dos constancias expedidas por quien dice ser Delegada del Consejo de Participación Ciudadana (COPACI), Torres 1ª (primera) sección, del Municipio de Tultitlán, Estado de México y de la lectura de ambas se aprecia que informa que *************, tiene su domicilio en la Calle 24 de febrero S/N, Colonia Ampleación Las Torres, Código Postal 54942, del municipio de Tultitlán, Estado de México, tiene años de residir en el domicilio antes citado. Así, del análisis a las pruebas aportadas por la parte peticionaria de amparo, no son eficaces para demostrar la causa generadora de la propiedad y/o posesión de tierras comunales (titularidad formal o transmisión de derechos debidamente formalizada) para los efectos de este juicio de amparo, sobre el bien inmueble que defiende; por lo que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Apoyan lo anterior, las tesis de los rubros siguientes: "AGRARIO. POSESION. PRUEBA NECESARIA DE QUE SE TIENE PARA QUE EXISTA INTERES JURIDICO EN AMPARO." "POSESION. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACION Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERES JURIDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCION Y MODIFICACION DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PAGINA 631, CUARTA PARTE DEL APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION 1917-1985)." Además, las características de ubicación, medidas y colindancias del inmueble referido, en atención a lo manifestado por la autoridad responsable, distan de ser de las mismas características relativas al predio materia del juicio agrario TUA/DTO.10º/32/2018 de su índice, de forma que es claro que no es posible advertir la identidad entre el inmueble materia de la controversia y el que refiere el quejoso en su escrito de demanda. En ese sentido, la parte quejosa debió ofrecer y desahogar pruebas idóneas para identificar el inmueble citado, pues las documentales que aportó resultaron insuficientes; de ahí que este Juzgado se encuentra imposibilitado para hacer declaración alguna al respecto, ya que para descubrir la verdad no se pueden tomar en cuenta simples suposiciones o afirmaciones del promovente de amparo. En este punto son aplicables las tesis del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de registro digital 192662 de rubro: "POSESIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL BIEN RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMA LA PRIVACIÓN" "DESPOSESIÓN. TERCEROS EXTRAÑOS AL JUICIO. LA SOLA EXHIBICIÓN DE UN INSTRUMENTO NOTARIAL NO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR LA AFECTACIÓN A SU INTERÉS JURÍDICO" Entonces, si el quejoso se ostenta como tercero extraño al juicio de origen y no acreditó la titularidad del derecho subjetivo que hubiere sido afectado de manera directa por las actuaciones emitidas en aquél, es evidente que tampoco demuestra su interés para promover este amparo. En las relatadas circunstancias, sin que exista queja deficiente que suplir, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto de los actos reclamados a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México y al Actuario adscrito, consistentes en la falta de emplazamiento del quejoso y todo lo actuado en el juicio agrario TUA/DTO.10º/32/2018, incluida la sentencia y su ejecución, respectivamente. Se hace extensivo el sobreseimiento decretado, respecto de los actos de ejecución, porque no fueron reclamados por vicios propios. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 239008, de epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." En mérito de lo anterior, resulta innecesario analizar los alegatos que presentó los terceros interesados María Guadalupe Díaz Godínez y Luis Rodolfo Díaz Godínez, dado que su examen resultaría ocioso y a nada práctico conduciría, pues no cambiaría el sentido de esta resolución. No pasa inadvertido que se omitió emplazar al presente juicio de amparo a la tercera interesada Doris González Palomino, quien tiene el carácter de actora en el juicio de origen; sin embargo, el sobreseimiento decretado en esta sentencia no le causa perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.11o.C.59 K (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registro digital 2024053, de título y contenido siguientes: "TERCERO INTERESADO NO EMPLAZADO EN EL AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE NOTIFICARLO SI EN EL JUICIO SE SOBRESEYÓ POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DE LA PARTE QUEJOSA Y EN EL RECURSO DE REVISIÓN NO SE DESVIRTÚA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA." Con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto de los actos reclamados, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado impide el estudio de las cuestiones de fondo de la litis constitucional, resulta innecesario el análisis del concepto de violación respectivo; lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 394465, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 76, y demás de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por *************, por las razones precisadas el considerando último de esta resolución. Notifíquese mediante lista electrónica. Así lo resolvió y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4487/2022, del diez de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien da fe. Doy fe. JAGS.

  4. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Téngase a los terceros interesados ********** y **********, apersonándose a este juicio de amparo. Ahora bien, respecto al señalamiento domicilio que hacen, se tiene como aquél para oír y recibir notificaciones la lista electrónica que se genera, toda vez que el que señala se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, es decir Naucalpan de Juárez Por otra parte, se tienen por autorizadas a las personas que señalan para los efectos que establece, en el entendido que para ser en términos amplios deberán contar con el registro correspondiente. Únicamente se toma conocimiento del correo electrónico que proporcionan, a fin de establecer contacto en caso de que este juzgador lo considere necesario durante la tramitación del presente juicio. Con fundamento en el artículo 124 de Ley de Amparo se tienen por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, asimismo, conforme a lo dispuesto en el numeral 119 de la citada legislación, se tiene por ofrecida como pruebas, las presuncional en su doble aspecto, legal y humana, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional, así como las documentales que exhiben. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la citada legislación, dese vista a los citados terceros interesados con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, para que expresen lo que a su interés convenga. Finalmente, y vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad de notificar y emplazar al tercero interesado, **********, por las razones expuestas por el fedatario judicial adscrito, sin embargo, de lo manifestado se advierte que logró tener conocimiento que las oficinas de dicho tercero interesado se encuentran en el Kiosko del Poblado de San Mateo Cuatepec, ubicado en la Avenida de la Cruz, sin número, esquina Tercera Cerrada de la Cruz, Poblado de San Mateo Cuautepec, Tultitlán de Mariano Escobedo, Estado de México. Por tanto, se comisiona al actuario judicial adscrito, a efecto de que se constituya en el domicilio antes señalado, y una vez cerciorado de que dicho lugar resulta el correcto donde se encuentran las oficinas del **********, a quien le recae el carácter de tercero interesado en este juicio de garantías, realice el emplazamiento a juicio ordenado en autos y se le notifique este proveído. Notifíquese mediante lista electrónica y personalmente a **********. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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