Pedro Arcadio Can Cruz

Expediente 1368/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1368/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
14/12/2017

Partes del expediente

  • Pedro Arcadio Can Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    MÉRIDA, YUCATÁN, CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo dictado el veintidós de noviembre del año en curso, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad, con el que manifiesta que en fecha seis de noviembre del año en curso, dictó un acuerdo por el que proveyó lo legalmente procedente en relación con la solicitud de requerir la cantidad adeudada al Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, formulada por la parte aquí quejosa en el juicio laboral 252/2012, el cual fue notificado el diecisiete de noviembre en curso. Lo que acreditó con las constancias conducentes que remitió; documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. De lo anterior se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, la parte quejosa reclamó al Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad, la omisión de acordar el memorial de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, en el que solicitó requerir la cantidad adeudada al Ayuntamiento de Izamal, Yucatán en el juicio laboral 252/2012. Sin embargo, de las constancias que anexó a su informe el referido Presidente, se advierte que con fecha seis de noviembre del año en curso, dictó un auto en el expediente laboral de origen, en el cual acordó lo procedente a la solicitud realizada por el quejoso en el juicio laboral 252/2012, el cual si bien es cierto, fue dictado el mismo día de la presentación de la demanda (seis de noviembre de dos mil diecisiete), también lo es que la notificación del mismo se hizo a la parte aquí quejosa el diecisiete de noviembre del presente año, es decir, con posterioridad a la referida presentación. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues éste se hizo consistir, precisamente, en que la autoridad del conocimiento había omitido proveer lo correspondiente a la solicitud formulada por el quejoso en el expediente de origen; ello indudablemente actualiza la causal de improcedencia en comento. Se sostiene lo expuesto, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido al impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto, que era para que la autoridad señalada como responsable se pronunciara en relación a su solicitud, lo cual ya aconteció. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Tampoco lo es, que en el auto de inicio se haya precisado que el acto reclamado consistía además, en la omisión de acordar la solicitud relativa a hacer efectivos los medios de apremio en el juicio laboral 252/2012, toda vez que siendo el auto admisorio un proveído de trámite derivado del examen preliminar de la demanda, no causa estado y, por lo mismo, el Juzgador Constitucional puede válidamente, con base en el informe justificado, reexaminar el pliego constitucional y fijar cuál es el mismo. Y en la especie, de la lectura integral del escrito presentado ante el tribunal responsable por el quejoso el veinte de septiembre del año en curso, no se advierte que hubiere realizado petición concreta alguna en tal sentido, toda vez que únicamente hizo referencia a las multas impuestas al Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, como precedentes de su nueva petición de requerimiento de pago; por tanto, dicho tribunal no se encontraba obligado a proveer respecto de cuestiones no solicitadas. En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Sin que obste a lo anterior, el que no obre en autos la tarjeta de acuse de recibo correspondiente al oficio 31234/2017-I-A, relativo al emplazamiento del tercero interesado Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, pues en virtud del sentido del presente proveído, no resentiría perjuicio alguno. Es atendible al caso la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lo caliza en la página 131, Tercera Parte, LVII, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "TERCEROS PERJUDICADOS, FALTA DE CITACIÓN A LOS, EN CASO DE SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito no llamó al juicio para la defensa de sus derechos a los terceros perjudicados, aunque es verdad que el procedimiento del juicio de amparo es de derecho público y la violación del mismo impone su reposición, no es del caso ordenarla, si se llega a la conclusión de sobreseerse, por ser innecesaria tal medida, toda vez que no resentirían ningún perjuicio dichos terceros, cuyos derechos quedan intocados". Notifíquese personalmente y cúmplase. se notifica al quejoso de conformidad con los articulos 27 y 29 de la ley de amparo.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el alegato ministerial 748/2017, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, mismo que será tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional en este asunto. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase la copia que se solicita, debiéndose recabar la constancia correspondiente a su entrega. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de noviembre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio 525/2017-P-1 del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que devuelve este expediente, y remite el testimonio de la ejecutoria de dieciséis de octubre último, dictada en el toca A.R. 84/2016, relativo a los recursos de revisión interpuestos en contra de la sentencia dictada en este juicio, firmada el once de noviembre de dos mil quince, ejecutoria cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. EN LA MATERIA del recurso de revisión, SE MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a "*************", SOCIEDAD CIVIL PARTICULAR, por conducto de su apoderado José Gabriel Figueroa Gasque, contra la aprobación, expedición, promulgación y ejecución, del artículo 27, fracción XI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de 2013, vigente a partir del uno de enero siguiente, reclamado al Congreso de la Unión, en sus dos Cámaras, y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución. TERCERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a "**********", SOCIEDAD CIVIL PARTICULAR, por conducto de su apoderado José Gabriel Figueroa Gasque, contra la aprobación, expedición, promulgación y ejecución, del artículo 28, fracción XXX de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de 2013, vigente a partir del uno de enero siguiente, reclamado al Congreso de la Unión, en sus dos Cámaras y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución." Acúsese recibo. Hágase del conocimiento de las partes el sentido de la resolución de segunda instancia. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberá informa a este Juzgado dentro del plazo de tres días, debiendo remitirle copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el toca A.R. 84/2016, para tal fin. Se le apercibe que de incumplir con ello sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido que las diversas autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, todas con sede en la Ciudad de México, no tienen que ejecutar acto alguno, pues se les reclamó la aprobación, expedición, promulgación y publicación de la Ley reclamada, la cual no puede quedar insubsistente por tratarse de una disposición de orden público, de carácter general y por lo mismo impersonal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo VI, Octubre de 1997, tesis 2a. CXV/97, en la página 414 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Por otra parte, una vez cumplida la sentencia constitucional, glósense a estos autos las constancias originales que obren en el expedientillo de antecedentes formado con motivo de los aludidos recursos de revisión y deséchense las copias certificadas que lo originaron, por tratarse de reproducción de actuaciones que ya forman parte de estos autos. Notifíquese y cúmplase.

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