Pedro Cestino Uicab Tacú

Expediente 1484/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1484/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
12/04/2019

Partes del expediente

  • Pedro Cestino Uicab Tacú
  • María Reyes Flores Paredes y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con sede en esta ciudad, en el que se transcribe el acuerdo de presidencia dictado el diez del actual mes, en el amparo directo 551/2018, del que se advierte admitió la demanda de amparo promovida por **, por su propio derecho ostentándose con la calidad de ejidatarios del ejido **. Sin que se realice mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que por acuerdo de tres de enero último, se ordenó el archivo de este cuaderno de antecedentes, que se formara con motivo del envió del expediente original al Tribunal Colegiado en Turno en Materia Administrativa de este Circuito, con motivo de la incompetencia declinada a su favor por este Juzgado. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que dicha Superioridad aceptó la competencia declinada por este Juzgado Federal, para conocer de la demanda de amparo directo promovida por Pedro Celestino Uicab Tacú y otros. En tal virtud, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y no existiendo razón alguna para que continúe en la Secretaría de este juzgado el presente cuaderno de antecedentes, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente cuaderno de antecedentes, es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis a que se refiere la fracción l del punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado, al ser un expediente auxiliar, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, lo que podrá realizarse, una vez transcurridos los seis meses a que se refiere el primer párrafo del punto Vigésimo citado. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para los efectos legales condignos, el oficio de mérito signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que esencialmente acusa recibo del expediente original relativo al presente asunto y comunica que se efectuaron diversos requerimientos al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y cuatro, y una vez que dicha autoridad remita a la Superioridad las constancias correspondientes, se resolverá respecto de la admisión de la demanda. En virtud de lo anterior, este Juzgado se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto el citado Tribunal Colegiado se pronuncie sobre la admisión de la demanda de amparo. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Pedro Celestino Uicab Tacú, Priciliano Tun Chan, Rusell Alexander Uicab Peña, Rodolfo Paredes Quintal y María Reyes Flores Paredes, por su propio derecho ostentándose con la calidad de ejidatarios del ejido Chocholá, municipio de Chocholá, Yucatán, en contra del acto que reclaman del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Cuatro, con residencia en esta ciudad, que hacen consistir en: El acuerdo de veinte de junio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio agrario TUA 34-23/2013, por el que a virtud de haber aceptado el desistimiento de Manuel Pascual May Mena, en su carácter de sucesor del actor quien en vida se llamara Pascual May May, dio por terminado el proceso jurisdiccional y en consecuencia ordenó el levantamiento de la medida cautelar decretada dentro del mismo. Fórmese expediente, regístrese con el número 1484/2018-VI-B y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, el análisis de la demanda de mérito en unión con la certificación de cuenta, permite al suscrito estimar que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer de la misma, surtiéndose por razón de grado a favor del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Turno del Decimocuarto Circuito en el Estado, con sede en esta ciudad, con base en las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 107 Constitucional, fracción V, inciso b), dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: b). En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal.". Po su parte, los numerales 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los cuales en lo conducente señalan: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. (.)" "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. (.) Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate:. b) En materia administrativa, de sentencias o resoluciones dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o federales;.". Para los efectos de estos artículos, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando sean contarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho, a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto de juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa. En el caso particular, de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa reclama el acuerdo de veinte de junio de dos mil dieciocho, dictado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Cuatro, con residencia en esta ciudad, en el juicio agrario TUA 34-23/2013, por el que a virtud de haber aceptado el desistimiento de Manuel Pascual May Mena, en su carácter de sucesor del actor quien en vida se llamara Pascual May May, dio por terminado el proceso jurisdiccional. En vista de lo anterior, debe decirse, que la determinación reclamada constituye una determinación que sin resolver el fondo del asunto, lo dio por concluido. Por tanto, se torna claro que, en razón de la vía, este Juzgado de Distrito es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo en cuestión, surtiéndose a favor de un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Turno del Decimocuarto Circuito en el Estado, porque el acto reclamado constituye, como ya se dijo, una resolución que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido; de ahí que, se esté ante uno de los presupuestos para la procedencia del juicio de control constitucional en la vía directa, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Décima Época, Registro: 2011919, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, Materia(s): Común, Tesis: XI.1o.A.T.33 L (10a.), Página: 2898, de rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA LABORAL. CONTRA EL PROVEÍDO QUE LO APRUEBA FAVORABLEMENTE PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. Los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5o. y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso; de lo contrario, cabría el desechamiento de la demanda o el sobreseimiento en el juicio. Sin embargo, podría parecer que el proveído en el que se acuerda favorablemente el desistimiento de la demanda -no de la acción- y que trajo como consecuencia el archivo del juicio, en nada afectaría a la esfera jurídica de su contraparte y, por ende, cabría sobreseer en el juicio de amparo, empero lo único que ocurre cuando hay desistimiento de la instancia, es que fenece el procedimiento pero el demandante conserva su derecho de acción y deja subsistente la posibilidad de exigirlo y hacerlo valer en un nuevo proceso, porque implica exclusivamente la renuncia de los actos pero no de los derechos sustantivos y las cosas vuelven al estado que tenían antes de la presentación de la demanda; por eso se tiene que abrir el juicio de amparo porque la pretensión del demandado es que se quede generada la cosa juzgada, en caso de que se insista en desistir y que, en todo caso, sea la acción y no la pretensión, lo que lo legitima y hace procedente el juicio de amparo porque el desistimiento de la instancia realizado por la actora fue aceptado, pero no determina la procedencia o improcedencia de las acciones ejercidas y deja al actor en posibilidad de volver a accionar en un nuevo juicio; y, la pretensión del demandado, es que no se dé esa nueva oportunidad al actor, es decir, que no se perfeccione la demanda, sino que se siga el juicio tal y como originalmente fue planteada la acción, esto es lo que justifica el agravio personal y directo que se requiere para la procedencia del juicio de amparo directo contra este acto reclamado." Situación que se corrobora con las constancias certificadas deducidas del cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo 808/2018-III-B, promovido por Claudia Fabiola Cob Duran y otros, contra los actos que reclamaron del propio Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Cuarto Distrito, con sede en esta capital, que hicieron consistir en el propio acuerdo que ahora se reclama, esto es, el acuerdo de veinte de junio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio agrario 34-023/2013, en el que se ordenó su archivo por desistimiento y levantó las medidas precautorias existentes en ese controvertido; lo cual se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2; agregándose a los autos dicha certificación para los efectos legales a que haya lugar, Juicio de amparo que por sentencia firmada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, el suscrito Juzgador Federal, por las razones asentadas en la misma, declinó la competencia para conocer de ese asunto, a favor del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Decimocuarto Circuito en el Estado, con sede en esta ciudad, el cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Circuito, con el número de A.D. 446/2018. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia XXII. J/12, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, Página: 295, de rubro y texto siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Destacándose que, en la referida sentencia de amparo 808/2018-III-B, se hizo la precisión en cuanto a la calidad con la que se apersonaron los ahí quejosos; esto es, que, aun cuando lo hicieron por su propio y personal derecho, lo cierto es que oportunamente se les escuchó en el juicio de natural por conducto del Comisariado Ejidal, pues al ser ejidatarios del mismo, era claro que formaban parte integrante de dicho ejido, quien fue debidamente emplazado al procedimiento natural; por lo que sí acudieron al juicio natural por conducto de su Comisariado Ejidal. Situación que también acontece en el caso particular, en razón de que los ahora quejosos acuden a impetrar la protección constitucional en su calidad de ejidatarios del ejido de Chocholá, municipio de Chocholá, Yucatán. Bajo el anterior contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 y 47 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional DECLARA CARECER DE COMPETENCIA LEGAL para conocer de la demanda de amparo promovida por Pedro Celestino Uicab Tacú, Priciliano Tun Chan, Rusell Alexander Uicab Peña, Rodolfo Paredes Quintal y María Reyes Flores Paredes, por su propio derecho en su calidad de ejidatarios del ejido Chocholá, municipio de Chocholá, Yucatán. Por ello, remítase la demanda original y copias que le acompañan, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Decimocuarto Circuito en esta ciudad, para que provea lo conducente, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimocuarto Circuito. Solicítese a la Superioridad de manera atenta, haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional la determinación que se emita con motivo de la presente determinación. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en el escrito de demanda, así como por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que designa para ese fin. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Además, de conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Por último, fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente y regístrese. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMDIAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.

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