Pedro Antonio Euan Flores

Expediente 691/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
691/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
11/06/2018

Partes del expediente

  • Pedro Antonio Euan Flores
  • Pedro Antonio Euan Santana
  • Pedro Antonio Euan Flores y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, once de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó por lista de estados, a la parte quejosa el veintitrés de mayo último y al tercero interesado el veintiocho del mismo mes y año. Siendo menester señalar, que si bien el término de tres días concedido a las partes transcurrió del treinta de mayo al uno de junio del año en curso, el presente acuerdo se dicta en esta fecha, en virtud que del cuatro al ocho de junio del presente año, en cumplimiento al oficio CCJ/ST/1275/2018, de trece de marzo de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgador se encontraba de licencia. En consecuencia, al no estar autorizado el Secretario encargado del despacho para declarar el cumplimiento de las sentencias, en atención a lo dispuesto en la tesis que se cita a continuación y a lo previsto por el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no fue posible ceñirse al plazo otorgado. Dicha tesis es la siguiente: "SECRETARIO DE JUZGADO ENCARGADO DEL DESPACHO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. AL NO SER LA DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO UNA DILIGENCIA, PROVIDENCIA DE MERO TRÁMITE, O RESOLUCIÓN DE CARÁCTER URGENTE, DICHO FUNCIONARIO CARECE DE ATRIBUCIONES LEGALES PARA DECIDIR SI LA SENTENCIA DE AMPARO SE ENCUENTRA O NO CUMPLIDA. En términos del precepto mencionado, en las ausencias del Juez de Distrito menores a quince días, el secretario se encargará de practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y las resoluciones de carácter urgente. Así, el cumplimiento o no de una ejecutoria de amparo importa una decisión que no se encuentra comprendida en ninguna de esas hipótesis; primeramente, porque no es una diligencia ni constituye una providencia de mero trámite, ya que requiere de un importante y trascendente juicio de valoración en torno a las actuaciones realizadas en acatamiento a un fallo protector que, en su regularidad, puede conducir a la imposición de una multa y, eventualmente, al inicio del procedimiento de inejecución que culmina con la separación del cargo del titular de la autoridad responsable y su consignación ante un Juez penal; además, porque no está comprendida en la connotación legal de urgente empleada en esa fase, tanto es así, que los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo autorizan la ampliación del plazo; de lo que se colige que la resolución de cumplimiento de una ejecutoria de amparo es una decisión exclusiva del titular del órgano de control constitucional." (Época: Décima Época, Registro: 2014318, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: I.5o.P.15 K (10a.), Página: 2115) Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Ahora bien, en sentencia firmada el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión (foja 106). Contra dicha sentencia los aquí quejosos interpusieron recurso de revisión (foja 123). Posteriormente, mediante ejecutoria de fecha dos de febrero de dos mil dieciocho, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en lo que fue materia de la revisión, revocó la sentencia recurrida y en su resolutivo segundo concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes (foja 175 reverso): "a) deje insubsistente la determinación de no ejercicio de la acción penal reclamada y, en su lugar; b) continúe con la integración de la carpeta de investigación; para lo cual, estará obligada a practicar el acto de investigación relativo al examen pericial, en términos de las directrices contempladas para ello en el Protocolo de Estambul, a través de las instituciones médicas especializadas o, en su caso, de cualquier otra dependencia que cuenta con el personal y material técnico idóneo para ello; lo anterior, en la inteligencia de que deberá garantizar la imparcialidad del personal médico que lo practicará; c) con independencia de lo anterior y, en ejercicio de las facultad constitucional de investigación que le confiere el precepto 21 del Pacto Federal, emprenda cualquier acto o técnica de investigación -de acuerdo a los principios que rigen su actuación- a fin de esclarecer el origen, naturaleza y, en su caso, los funcionarios que intervinieron el acto de tortura alegado, tanto autores materiales como intelectuales." El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo por recibida dicha ejecutoria y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable (foja 179). Por oficio de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho (foja 190), la Fiscal Investigador número Uno del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, informó que mediante acuerdo de la misma fecha dejó insubsistente la determinación del no ejercicio de la acción penal reclamada. Igualmente, ordenó continuar con la integración de la Carpeta de Investigación, observándose la obligación a practicar el acto de investigación relativo al examen pericial, en términos de las directrices contempladas para ello en el Protocolo de Estambul, a través de las instituciones médicas especializada o, en su caso, de cualquier otra dependencia que cuente con el personal y material técnico idóneo para ello, en la inteligencia de que se debería garantizar la imparcialidad del personal médico que lo practicaría. Además, emprender cualquier acto o técnica de investigación, de acuerdo a los principios que rigen la actuación de dicha autoridad, a fin de esclarecer el origen, naturaleza y en su caso, los funcionarios que intervinieron en el acto de tortura alegado, tanto autores materiales como intelectuales. Posteriormente, la Fiscal adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tortura de la Fiscalía General del Estado (en su denominación actual), mediante los diversos de cuatro de abril (foja 218) y dieciocho de mayo (foja 223), ambos del año en curso, informó las gestiones que estaba realizando con el fin de integrar debidamente la carpeta de investigación M1/1683/2016, emprendiendo actos y técnicas de investigación a fin de esclarecer el acto de tortura alegado. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que éstos consistían en dejar insubsistente la resolución del no ejercicio de la acción penal y ordenar continuar con la integración de la carpeta de investigación M1/1683/2016, determinando practicar las gestiones necesarias con el objeto de esclarecer los hechos denunciados, siguiendo las directrices contempladas para ello en el Protocolo de Estambul, así cualquier acto o técnica de investigación, de acuerdo a los principios que rigen la actuación de dicha autoridad; lo que así hizo y acreditó la autoridad investigadora ajustándose a los lineamientos precisados en el fallo protector, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En apoyo de lo anterior se cita la tesis 2a. XCVIII/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS. TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS, DEBEN CONSIDERARSE ACATADOS LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO AUNQUE NO SE HAYA EMITIDO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, SI EL DICTADO DE ÉSTA NO FUE UNO DE SUS EFECTOS. Cuando los efectos de la concesión del amparo no vinculan a la autoridad responsable a dictar una resolución que ponga fin al procedimiento, sino que se limitan a la reparación de la violación cometida en la etapa específica en la que se cometió, es innecesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva, para tener por cumplida la obligación exigida en la sentencia concesoria del amparo. En este tenor, si la sentencia de amparo es clara en determinar que el alcance de la protección federal se limita a la etapa específica donde se cometió la violación procesal, las nuevas violaciones que llegaran a producirse, deberán recurrirse a través de un medio de impugnación diverso." (Época: Décima Época, Registro: 2004889, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: 2a. XCVIII/2013 (10a.), Página: 646) Luego, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo. Por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En virtud de lo anterior, no existe motivo legal alguno para que sigan al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, los dos tomos de copias cotejadas de constancias conducentes de la Carpeta de Investigación M1/1683/2016, que la fiscal responsable remitió con su informe justificado; en consecuencia, devuélvase el anexo de referencia, sin que sea necesario que dicha autoridad acuse recibo del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, once de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó por lista de estados, a la parte quejosa el veintitrés de mayo último y al tercero interesado el veintiocho del mismo mes y año. Siendo menester señalar, que si bien el término de tres días concedido a las partes transcurrió del treinta de mayo al uno de junio del año en curso, el presente acuerdo se dicta en esta fecha, en virtud que del cuatro al ocho de junio del presente año, en cumplimiento al oficio CCJ/ST/1275/2018, de trece de marzo de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgador se encontraba de licencia. En consecuencia, al no estar autorizado el Secretario encargado del despacho para declarar el cumplimiento de las sentencias, en atención a lo dispuesto en la tesis que se cita a continuación y a lo previsto por el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no fue posible ceñirse al plazo otorgado. Dicha tesis es la siguiente: "SECRETARIO DE JUZGADO ENCARGADO DEL DESPACHO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. AL NO SER LA DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO UNA DILIGENCIA, PROVIDENCIA DE MERO TRÁMITE, O RESOLUCIÓN DE CARÁCTER URGENTE, DICHO FUNCIONARIO CARECE DE ATRIBUCIONES LEGALES PARA DECIDIR SI LA SENTENCIA DE AMPARO SE ENCUENTRA O NO CUMPLIDA. En términos del precepto mencionado, en las ausencias del Juez de Distrito menores a quince días, el secretario se encargará de practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y las resoluciones de carácter urgente. Así, el cumplimiento o no de una ejecutoria de amparo importa una decisión que no se encuentra comprendida en ninguna de esas hipótesis; primeramente, porque no es una diligencia ni constituye una providencia de mero trámite, ya que requiere de un importante y trascendente juicio de valoración en torno a las actuaciones realizadas en acatamiento a un fallo protector que, en su regularidad, puede conducir a la imposición de una multa y, eventualmente, al inicio del procedimiento de inejecución que culmina con la separación del cargo del titular de la autoridad responsable y su consignación ante un Juez penal; además, porque no está comprendida en la connotación legal de urgente empleada en esa fase, tanto es así, que los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo autorizan la ampliación del plazo; de lo que se colige que la resolución de cumplimiento de una ejecutoria de amparo es una decisión exclusiva del titular del órgano de control constitucional." (Época: Décima Época, Registro: 2014318, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: I.5o.P.15 K (10a.), Página: 2115) Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Ahora bien, en sentencia firmada el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión (foja 106). Contra dicha sentencia los aquí quejosos interpusieron recurso de revisión (foja 123). Posteriormente, mediante ejecutoria de fecha dos de febrero de dos mil dieciocho, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en lo que fue materia de la revisión, revocó la sentencia recurrida y en su resolutivo segundo concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes (foja 175 reverso): "a) deje insubsistente la determinación de no ejercicio de la acción penal reclamada y, en su lugar; b) continúe con la integración de la carpeta de investigación; para lo cual, estará obligada a practicar el acto de investigación relativo al examen pericial, en términos de las directrices contempladas para ello en el Protocolo de Estambul, a través de las instituciones médicas especializadas o, en su caso, de cualquier otra dependencia que cuenta con el personal y material técnico idóneo para ello; lo anterior, en la inteligencia de que deberá garantizar la imparcialidad del personal médico que lo practicará; c) con independencia de lo anterior y, en ejercicio de las facultad constitucional de investigación que le confiere el precepto 21 del Pacto Federal, emprenda cualquier acto o técnica de investigación -de acuerdo a los principios que rigen su actuación- a fin de esclarecer el origen, naturaleza y, en su caso, los funcionarios que intervinieron el acto de tortura alegado, tanto autores materiales como intelectuales." El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo por recibida dicha ejecutoria y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable (foja 179). Por oficio de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho (foja 190), la Fiscal Investigador número Uno del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, informó que mediante acuerdo de la misma fecha dejó insubsistente la determinación del no ejercicio de la acción penal reclamada. Igualmente, ordenó continuar con la integración de la Carpeta de Investigación, observándose la obligación a practicar el acto de investigación relativo al examen pericial, en términos de las directrices contempladas para ello en el Protocolo de Estambul, a través de las instituciones médicas especializada o, en su caso, de cualquier otra dependencia que cuente con el personal y material técnico idóneo para ello, en la inteligencia de que se debería garantizar la imparcialidad del personal médico que lo practicaría. Además, emprender cualquier acto o técnica de investigación, de acuerdo a los principios que rigen la actuación de dicha autoridad, a fin de esclarecer el origen, naturaleza y en su caso, los funcionarios que intervinieron en el acto de tortura alegado, tanto autores materiales como intelectuales. Posteriormente, la Fiscal adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tortura de la Fiscalía General del Estado (en su denominación actual), mediante los diversos de cuatro de abril (foja 218) y dieciocho de mayo (foja 223), ambos del año en curso, informó las gestiones que estaba realizando con el fin de integrar debidamente la carpeta de investigación M1/1683/2016, emprendiendo actos y técnicas de investigación a fin de esclarecer el acto de tortura alegado. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que éstos consistían en dejar insubsistente la resolución del no ejercicio de la acción penal y ordenar continuar con la integración de la carpeta de investigación M1/1683/2016, determinando practicar las gestiones necesarias con el objeto de esclarecer los hechos denunciados, siguiendo las directrices contempladas para ello en el Protocolo de Estambul, así cualquier acto o técnica de investigación, de acuerdo a los principios que rigen la actuación de dicha autoridad; lo que así hizo y acreditó la autoridad investigadora ajustándose a los lineamientos precisados en el fallo protector, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En apoyo de lo anterior se cita la tesis 2a. XCVIII/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS. TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS, DEBEN CONSIDERARSE ACATADOS LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO AUNQUE NO SE HAYA EMITIDO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, SI EL DICTADO DE ÉSTA NO FUE UNO DE SUS EFECTOS. Cuando los efectos de la concesión del amparo no vinculan a la autoridad responsable a dictar una resolución que ponga fin al procedimiento, sino que se limitan a la reparación de la violación cometida en la etapa específica en la que se cometió, es innecesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva, para tener por cumplida la obligación exigida en la sentencia concesoria del amparo. En este tenor, si la sentencia de amparo es clara en determinar que el alcance de la protección federal se limita a la etapa específica donde se cometió la violación procesal, las nuevas violaciones que llegaran a producirse, deberán recurrirse a través de un medio de impugnación diverso." (Época: Décima Época, Registro: 2004889, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: 2a. XCVIII/2013 (10a.), Página: 646) Luego, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo. Por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En virtud de lo anterior, no existe motivo legal alguno para que sigan al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, los dos tomos de copias cotejadas de constancias conducentes de la Carpeta de Investigación M1/1683/2016, que la fiscal responsable remitió con su informe justificado; en consecuencia, devuélvase el anexo de referencia, sin que sea necesario que dicha autoridad acuse recibo del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente y cúmplase. SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio signado por la Fiscal adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tortura de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, el cual remite en relación con la sentencia ejecutoriada pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada del referido oficio, así como de los diversos de fechas veintisiete de febrero (foja 190), uno de marzo (foja 195) y cuatro de abril (foja 218), todas del año en curso. Lo anterior, por el término de tres días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos corresponda. Apercibidas que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se les confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio signado por la Fiscal adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tortura de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, el cual remite en relación con la sentencia ejecutoriada pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada del referido oficio, así como de los diversos de fechas veintisiete de febrero (foja 190), uno de marzo (foja 195) y cuatro de abril (foja 218), todas del año en curso. Lo anterior, por el término de tres días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos corresponda. Apercibidas que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se les confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada y cúmplase. SE NOTFIICA AL TERCERO INTERESADO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.

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