Paz Belen Audeves Fierro

Expediente 280/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
280/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
05/10/2021

Partes del expediente

  • Paz Belen Audeves Fierro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de tres de septiembre de dos mil veintiuno (notificado personalmente el seis siguiente), en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. A su vez, de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada por este juzgado el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se sobreseyó y concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 18/2020. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos 18 y 21 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia dictada en el presente juicio; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos y con la vista que se le hizo a la quejosa por auto de once de agosto de dos mil veintiuno, para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación, manifestara lo que a su derecho conviniese, y con el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. El citado proveído se le notificó a la parte quejosa el trece de agosto de dos mil veintiuno, sin que se desahogara tal vista. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de dieciséis de junio del dos mil veintiuno, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió decretar el sobreseimiento y conceder el amparo solicitado, para los siguientes efectos: ". QUINTO. Efectos del amparo. La concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, considerando que los efectos del amparo se limitan a proteger los derechos violados de la impetrante exclusivamente, esto es, tienen efectos individuales y no generales conforme al principio de relatividad que rige el juicio de amparo, debe ser para el efecto de que la autoridad responsable: 1) Se le proporcione a la quejosa Paz Belén Audeves Fierro, el medicamento denominado Sunitinib, en la cantidad, forma y términos requeridos conforme la enfermedad que padece, aportando los recursos humanos y materiales para ello... ." El citado fallo constitucional causó estado por auto de dos de agosto de dos mil veintiuno y se requirió de la responsable su cumplimiento. Atento a lo anterior, el Director del Hospital General Zona No 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, envió el oficio sin número, al cual anexó el expediente clínico de la aquí quejosa, y expuso: LA PACIENTE HOY QUEJOSA FUE VALORADA MEDICAMENTE POR EL SERVICIO DE ONCOLOGIA DE ESTE HOSPITAL GENERAL DE ZONA NUMERO 49, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EL DIA 23 DE JUNIO DE 2021, CON EL SIGUIENTE DICTAMEN: FEMENINO DE 67 AÑOS CON DIAGNOSTICO CARCINOMA RENAL DE CELULAS CLARAS, METASTASICO A SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y PROGRESION A SUNITINIB A PULMON. SE REVISO TOMOGRAFIA DEL 21 DE JUNIO DE 2021, REPORTA LESIONES PULMONARES PB. METASTASICAS. TOMOGRAFIA DE SISTEMA NERVIOSO CENTRAL PERSISTENCIA DE ATA CEREBRO. ASÍ MISMO SE INFORMA QUE FAMILIAR REFIERE LA HOY QUEJOSA PERSISTE CON DETERIORO FISICO., MOTIVO POR EL CUAL NO ES CANDIDATA A CONTINUAR CON EL MEDICAMENTO DENOMINADO SUNITINIB. SIN DEJAR DE HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE A LA CITADA CITA ACUDE SOLO SU HIJA (REFIERE ESTA EN CAMA) CON POCA MOVILIDAD. EN LA REVISIÓN DE LOS EXAMENES DE LABORATORIO SE OBSERVO BH NORMAL QS UREA ELEVADA. PLAN: PACIENTE FUERA DE TRATAMIENTO ONCOLOGICO, SEMANTENDRA CON MEDIDAS PALIATIVAS SINTOMATICAS. SE EXPLICA A FAMILIAR EL PRONOSTICO Y LA EVOLUCION DE LA ENFERMEDAD.". Asimismo precisó que la hoy quejosa fue envida a su Unidad de Medicina Familiar Numero 37, para continuar terapia antihipertensiva y anti-comisial; y que después de la valoración médica oncológica la quejosa no se ha presentado a solicitar atención medica ni en este hospital, ni en su Unidad de medicina familiar número 37. También se aclaró que la quejosa tiene cita abierta a urgencias de este Hospital General de Zona No. 49 o de cualquier instalación médica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora, las documentales que se anexaron al citado informe, son once "NOTAS MÉDICAS Y PRESCRIPCIÓN. NOTA DE ATENCIÓN MÉDICA", de fechas cinco de julio y nueve de diciembre de dos mil diecinueve; siete de enero y ocho de junio de dos mil veinte; once de enero, dieciocho de febrero, veintidós de marzo, veintidós y veintinueve de abril, diecisiete de mayo y veintitrés de junio de dos mil veintiuno, de los que se advierte que a la quejosa se le han proporcionado medicamentos y tratamiento para su enfermedad de carcinoma renal de células claras, metastásico a sistema nervioso central. Los citados documentos tienen pleno valor probatorio, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, con los que se acredita que la autoridad responsable, cumplió con la sentencia constitucional, porque a la quejosa se le prestó el servicio médico necesario para su padecimiento, así como también se le precisó el motivo por el cual no se le podría proporcionar el medicamento denominado Sunitinib; además que dejó cita abierta a urgencias de este Hospital General de Zona No. 49 o de cualquier instalación medica del Instituto Mexicano del Seguro Social a la aquí quejosa. Por tanto, es evidente que con ello se colma el derecho humano a la salud por cuya infracción se concedió el amparo solicitado, motivo por el cual se debe declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase del conocimiento de la quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que surta los efectos legales que corresponda, el oficio con el que el Director del Hospital General de Zona No. 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, con el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. En atención a lo anterior, dese vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la citada autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días contando a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable en comento.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede de los que se advierte a la fecha ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión que señala el diverso 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en contra de la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, (notificada a la parte quejosa por lista electrónica el diecisiete de junio de dos mil veintiuno y a las autoridades responsables el dieciocho de junio y trece de julio de dos mil veintiuno) en la que se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, y toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, para efecto de que la autoridad responsable Director del Hospital General de Zona No. 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio en esta ciudad, realizara lo siguiente: 1) Se le proporcione a la quejosa Paz Belén Audeves Fierro, el medicamento denominado Sunitinib, en la cantidad, forma y términos requeridos conforme la enfermedad que padece, aportando los recursos humanos y materiales para ello. En ese tenor, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Director del Hospital General de Zona No. 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le comunique el presente acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo, informe sobre el cumplimiento, o bien, los actos que esté realizando para tal efecto, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá a la omisa una multa que se determinará desde luego y, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, se requiere a la nombrada autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la legal notificación de este proveído, indique a este Juzgado Federal, de cualquier otra autoridad que tenga o deba intervenir en el cumplimiento de la sentencia, cuya obligación provenga del ámbito de su competencia. Es aplicable, la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2007918, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, del Tomo I, del Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2014, Materia Común, número de Tesis P./J. 54/2014 (10a.), cuyo contenido es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 4,666 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano