Paula Leticia Beltran Monroy
Expediente 956/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 956/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Paula Leticia Beltran Monroy
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, firmado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, al que acompaña los autos del juicio de amparo 1243/2023 de su índice, promovido por Paula Leticia Beltrán Monroy, contra actos del Titular de la División de Prevenciones al Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente tanto impreso como electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 956/2023-1B. Lo anterior, dado que el juzgado homólogo considera la actualización de la hipótesis contenida en el artículo 37, inciso a), de la Ley de Amparo, esto es, declina competencia por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo, ello atendiendo a la naturaleza del acto reclamado consistente en la retención o descuento del sueldo de la quejosa o pago como jubilada tiene lugar en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa-requiere ejecución material-, y que de la comparecencia ante el tribunal declinante, manifestó bajo protesta de decir verdad que el domicilio donde reside, es el precisado en la credencial de elector es decir, en Los Mochis, Sinaloa. Consecuentemente, se coincide con la determinación señalada por el Juez Tercero de Distrito homólogo, por tanto, este Juzgado Federal con apoyo en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, acepta la competencia planteada, se avoca al conocimiento del juicio de amparo en cuestión, y se ordena acusarle el recibo respectivo. En ese sentido, analizada la demanda y el escrito aclaratorio, acorde a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal; numeral 1, fracción I, 5, 6, 35, 112, 115, 116, 117, 119 y 125 de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos necesarios, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Paula Leticia Beltrán Monroy, contra actos del Titular de la División de Prevenciones al Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades. Fórmese expediente tanto impreso como electrónico, y registrarse en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 956/2023-1B, tramítese el incidente de suspensión relativo. Bajo ese contexto, requiérase el informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo por escrito, en medios magnéticos o al correo electrónico institucional 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el cual se les solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; con el apercibimiento que de no rendir el informe justificado o lo hacen sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, en la sentencia respectiva, se les impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los artículos 75, 117 y 260, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Del mismo modo, cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o improcedencia de este juicio de amparo, deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, y si incumplen con esa obligación, se les impondrá una multa por el equivalente de treinta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los preceptos 64 y 251 de la Ley Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Pues bien, se señalan las nueve horas del once de enero de dos mil veinticuatro, para el verificativo de la audiencia constitucional. De acuerdo con lo establecido en el precepto 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tienen por presentadas las documentales que la promovente anexa a su demanda de garantías, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia de ley y tenerlas por recibidas en ese acto. Teniendo en consideración que la parte quejosa ofreció como pruebas las documentales de referencia y acompañó copias certificadas, solicitando expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, éste juzgado considera que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, oficiosamente se ordena la compulsa de las mismas para que se agreguen a dichos cuadernos y al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Es aplicable la Jurisprudencia, de la Novena Época, con registro 163758, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, del Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2010, Materia Común, número de Tesis P./J. 71/2010, cuyo contenido es: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver.". Por otro lado, con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se tiene como parte en este juicio constitucional a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado de distrito. Ahora, se reserva a emplazar a juicio a quienes les resulte el carácter de terceros interesados, una vez que obren en autos el informe justificado de las autoridades responsables. Sin que obste lo anterior, requiérase a las autoridades responsables, a fin de que informen a este órgano Jurisdiccional los nombres y domicilios que en su caso aparezcan registrados en sus archivos a nombre de la parte tercero interesada denominada C**+. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Hugo Quintero Ortega y únicamente para que oigan, reciban notificaciones y se imponga de autos, a Juan Luis Astengo Urtusuastegui, Gabriela López Placencia, Francisco Javier Alvarado Rodríguez, Miguel Eduardo Cervantes Rocha y Valeria Guadalupe Lizárraga Aguilar, en razón de que no tienen registrada su autorización para ejercer la abogacía en el sistema computarizado para el registro único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito. En virtud de la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2, se habilitan días y horas inhábiles respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Finalmente, En virtud de que la quejosa ******y, tiene autorizado como domicilio para oír y recibir notificaciones uno distinto a la jurisdicción de este Juzgado; con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la codificación de la materia, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, en turno, con sede en Culiacán, para que tenga a bien girar las instrucciones pertinentes, notifique este proveído a la quejosa de mérito, en el domicilio ubicado en ******, en aquella ciudad; asimismo, la requiera para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de este Juzgado, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las personales, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley. N
- Incidental
Auto. Los Mochis, Sinaloa, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias de la demanda de amparo y el escrito aclaratorio de la misma, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 956/2023-1B, promovido por Paula Leticia Beltrán Monroy, contra actos del Titular de la División de Prevenciones al Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades. En ese contexto, con apoyo en los artículos 125, 128, 138, 139, 140, 142, 147, 150, 163, 166, 168, de la Ley de Amparo, anexando copia de la demanda, solicítese a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el que deberán rendir por duplicado, en medios magnéticos, a través del correo electrónico oficial 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, en el término de cuarenta y ocho horas, expresando, en su caso, si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, pudiendo expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, con el apercibimiento que de no acatar esta determinación, dentro del lapso señalado, se presumirán ciertos los actos reclamados para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva y además, en su caso, se les impondrá a los omisos una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Por otro lado, se señalan las doce horas del seis de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Ahora, la parte quejosa acredita su interés suspensional con el recibo de nómina expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, número de folio 4931, correspondiente al periodo de octubre de dos mil veintitrés. Ahora bien, previo a establecer sobre la procedencia o no de la suspensión, es pertinente señalar que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los actos reclamados, podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual este órgano jurisdiccional, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. En ese contexto, se debe señalar que la suspensión del acto reclamado tiene por objeto primordial mantener viva la materia de amparo, para impedir que el acto que lo motiva se consume irreparablemente, lo que traería como consecuencia que se haga ilusoria para la quejosa la protección de la justicia federal. Precisado lo anterior, con excepción de los casos en que proceda la suspensión de oficio en términos de los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos a que se contrae el diverso 128 de la propia ley, a saber: a) Que la solicite el quejoso; y b) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que una autoridad jurisdiccional puede ordenar el embargo sobre el excedente del monto del salario mínimo para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil contraídas por el trabajador, en el entendido de que esa medida sólo procede respecto del 30% de dicho excedente, salvo el caso de una orden derivada del pago de pensiones alimenticias decretadas por autoridad competente, supuesto en el cual podrá llevarse a cabo respecto de la totalidad del excedente del salario mínimo. Dicho criterio se encuentra establecido en la jurisprudencia 42/2014 (10a.) visible en la página 712 libro 7, junio de 2014, tomo l de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006672, de rubor y texto siguientes: "SALARIO MÍNIMO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL PUEDE ORDENAR EL EMBARGO SOBRE EL EXCEDENTE DE SU MONTO, PARA EL ASEGURAMIENTO DE OBLIGACIONES DE CARÁCTER CIVIL O MERCANTIL CONTRAÍDAS POR EL TRABAJADOR, EN PRINCIPIO, SÓLO RESPECTO DEL 30% DE ESE EXCEDENTE. De una interpretación conforme del artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con los numerales 123, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, párrafos 1 y 2, del Convenio Número 95 relativo a la Protección del Salario, aprobado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, así como de una exégesis sistemática de los diversos 110, fracciones I y V, de la Ley Federal del Trabajo y 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 14, 17, 25 y 31, fracción IV, dela Constitución Federal (en lo concerniente a los derechos fundamentales al mínimo vital, de seguridad jurídica y de acceso efectivo a la justicia), se concluye que una autoridad jurisdiccional puede ordenar el embargo sobre el excedente del monto del salario mínimo para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil contraídas por el trabajador, en el entendido de que esa medida sólo procede respecto del 30% de dicho excedente, salvo el caso de una orden derivada del pago de pensiones alimenticias decretadas por autoridad competente, supuesto en el cual podrá llevarse a cabo respecto de la totalidad del excedente del salario mínimo. Asimismo, debe precisarse que en el caso de que el salario del trabajador ya se hubiere embargado parcialmente por una pensión alimenticia, la limitante o protección del mínimo vital en proporción del 30% será aplicable a la parte excedente del salario mínimo que no se encuentra afectada por tal pensión." Luego, si en el caso, la quejosa bajo protesta de decir verdad, manifiesta que las autoridades responsables descuentan de su salario diversas percepciones que refiere desconocer; se estima que le asiste la razón a la promovente en cuanto a que el acto reclamado le causa daños y perjuicios de difícil reparación, en la medida en que se le priva, al menos temporalmente, de recibir su salario conforme al criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes mencionado. En ese aspecto, el suscrito advierte que se colman los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, además, acorde con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo, el cual impone la obligación de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y de la no afectación al interés social, a efecto de resolver si concede o niega la suspensión provisional y, en el primer caso, fijar los requisitos y efectos de la medida; ese criterio de apariencia del buen derecho, se basa en tener un conocimiento somero para llegar a una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho a cargo de la quejosa. Luego, se debe atender al examen de la naturaleza de la violación alegada, considerando sus características y su trascendencia para determinar la aparente inconstitucionalidad del acto reclamado; pues la correcta interpretación que debe darse al razonamiento señalado, consiste en que el juzgador federal debe analizar en su integridad el acto reclamado, así como todos los medios de convicción que, en su caso, hayan sido aportados por la parte quejosa, con objeto de determinar la aparente inconstitucionalidad del acto que se reclama. En este sentido, son dos los extremos que hay que acreditar para obtener la medida cautelar: primero, la apariencia de un buen derecho, y segundo, la no afectación al interés social. La apariencia del buen derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión infundada, temeraria y cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto a la existencia del derecho discutido en el proceso; mientras que, la no afectación al interés social consiste en el no agravio al beneficio, utilidad, valor, importancia, conveniencia, trascendencia o bien para la comunidad o sociedad. Lo anterior, encuentra sustento en la referida fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que para conceder la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que lleva consigo realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que estima la promovente le asiste, con la finalidad de mantener viva la materia del asunto y evitar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, si con ello no se afecte al interés social y orden público. En tal sentido es aplicable, la jurisprudencia 204/2009, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apreciable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos quince, que dice: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida". En consecuencia, con fundamento en los artículos 128, 129, 130, 131, 138, 139 y 147 de la Ley de Amparo, se concede a la quejosa Paula Leticia Beltrán Monroy, la suspensión provisional de los actos reclamados para el único efecto de que las autoridades responsables al realizar el descuento al salario de la quejosa respecto del concepto señalado en el recibo de pago de rubro: Cred Jub-Pen se ajuste al criterio sostenido en la jurisprudencia 42/2014 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes invocado, esto es, no se excedan de descontar más del treinta por ciento (30%) del excedente del monto del salario mínimo que recibe la quejosa de su salario. Al margen de los diversos descuentos o deducciones que por ley se le aplican al salario de la quejosa, por lo que hace a los descuentos por lo conceptos antes mencionados, las responsables deberán aplicar dichas deducciones, pero sin afectar el equivalente al salario mínimo, pues únicamente podrán afectar el monto excedente al salario mínimo, específicamente el 30% de ese excedente, acorde al criterio de nuestro máximo tribunal de justicia del país; salvo que los descuentos se refieran al pago de pensiones alimenticias, en cuyo caso podrá afectarse la totalidad del excedente del salario mínimo. Sin que la presente concesión de la medida suspensional solicitada implique una restitución definitiva del derecho humano que se estima violado, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado, para resolverlo posteriormente en forma definitiva y, permitir, mientras tanto, el desarrollo de ciertas conductas por parte del gobernado, que si se le impidieran le ocasionarían perjuicio; lo cual tiene sustento en la citada fracción X del artículo 107 constitucional. En el entendido de que dicha suspensión únicamente surte efectos respecto a pagos que se hagan con posterioridad a la fecha en que se emite la presente medida cautelar. Asimismo, si el descuento reclamado se trata de una orden derivada del pago de pensiones alimenticias decretadas por autoridad competente, dicha medida podrá llevarse a cabo respecto de la totalidad del excedente del salario mínimo. Dicha suspensión surte efectos, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables lo relativo a la suspensión definitiva que se emita en el presente incidente; en la inteligencia que deberán comunicar a este órgano jurisdiccional el cumplimiento dado a esta resolución. La suspensión concedida surte efectos desde luego y hasta en tanto se resuelva acerca de la suspensión definitiva de los actos reclamados, aun cuando sea recurrida esta determinación, en términos del numeral 136 de la Ley de Amparo, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no otorga dentro del término de cinco días siguientes al en que se le notifique este acuerdo, en términos del numeral 132 de la Ley de Amparo, en cualesquiera de las formas que autoriza la ley, garantía por la suma de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 Moneda Nacional), cantidad que se fija discrecionalmente de acuerdo con las facultades que otorga al juzgado el citado numeral, y que tendrá por efecto garantizar los posibles perjuicios a los terceros con esta medida, en caso que la amparista no obtenga sentencia favorable en el juicio de amparo del cual deriva este incidente. Lo anterior con apoyo en el numeral 139 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que, si decide que la garantía la exhibirá mediante certificado de depósito, preferentemente deberá ser constituida ante Banco del Bienestar, la cual además deberá contener la razón siguiente: "el depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante, además de que se autoriza al Secretario Técnico del Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, del Consejo de la Judicatura Federal, para solicitar y recibir información de la institución financiera que permita el control del depósito"; lo anterior con fundamento en los artículos 879 y 883, del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que estable las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio consejo, de 2 de enero de 2015, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. Si opta por la póliza de fianza, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este Juzgado, debiendo señalar el agente autorizado en esta ciudad, domicilio para oír y recibir notificaciones. La vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dura la tramitación del juicio de garantías del que deriva este incidente; si la vigencia de la póliza vence antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión definitiva dejará de surtir efectos, sin necesidad de previo acuerdo Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 46/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 363 del Libro XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2012, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, del siguiente contenido: "GARANTÍA PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO INDIRECTO. PLAZO TENTATIVO PARA EL CÁLCULO DEL TIEMPO DE DURACIÓN DEL JUICIO CUANDO SEA NECESARIO PARA FIJAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN. Atento a lo dispuesto en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto está condicionada a que la quejosa otorgue una garantía bastante para reparar la posible afectación patrimonial que con dicha figura jurídica se pudiera causar al tercero perjudicado en el caso de que no se obtenga una sentencia protectora, y para ello puede resultar necesario calcular, en cada caso, un plazo probable para la tramitación y resolución del juicio, ello ante la imposibilidad de previsión legal y jurisprudencial de fijar un plazo fijo, pues no todos los asuntos revisten el mismo grado de dificultad y no todos los órganos jurisdiccionales se encuentran en iguales condiciones de operatividad. Sin embargo, tal imposibilidad no implica que no pueda establecerse un plazo tentativo que derive de un parámetro objetivo, constituido éste por los resultados de operatividad de los órganos jurisdiccionales, pues con tales resultados puede calcularse el tiempo promedio de resolución de los amparos indirectos en una época y en un Circuito determinados. En ese entendido, debe atenderse a los datos estadísticos que maneja la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del tiempo promedio de resolución de los juicios de amparo indirecto en ambas instancias, y a fin de fijar el plazo en meses calendario, por ser ésta la costumbre en la práctica judicial en este tema, procede dividir esa cantidad entre treinta, que son los días promedio que tienen los meses del año, lo que dará un total calculado en meses, que serán los que deben considerarse como plazo tentativo para la conclusión del juicio, y la estimación de si ese plazo es adecuado, insuficiente o excesivo para cada caso particular, es parte de la facultad de quien decida sobre la suspensión, facultad que deberá ejercerse de manera adecuada, racional y lógica, con base en una apreciación de las circunstancias propias del caso concreto, atendiendo - entre otros- a la naturaleza de la violación y a las características intrínsecas del asunto, como lo son dificultad jurídica y la complejidad de los temas que involucra; si han sido abordados previamente o si son novedosos.". En atención a lo anterior, se reserva la notificación personal del presente acuerdo a la parte tercero interesada Cred Jub-Pen, hasta en tanto obre en autos el domicilio para oír y recibir notificaciones. De acuerdo con la jurisprudencia P./J. 143/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 23 del Tomo XII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2000, Materia Común, Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR.", estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos especiales, a efecto de que todas aquellas resoluciones de importancia para las partes lleguen a su conocimiento oportunamente. En congruencia con tal criterio, debe decirse que cuando en la demanda de garantías el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado y el Juez de Distrito la concede, debe ordenar que dicho proveído se notifique personalmente al tercero perjudicado, a efecto de que tenga oportunidad de interponer en su contra el recurso de queja, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de veinticuatro horas para que recurra se computa tomando como base la notificación de la resolución provisional; de lo que se infiere la importancia que adquiere dicha notificación, pues si ésta se hace por medio de lista y el tercero perjudicado todavía no se notifica del principal, se corre el riesgo de que transcurra el plazo que tiene para recurrir en queja. No obstante lo anterior, en el supuesto excepcional de que llegue el día señalado para la audiencia incidental sin haber podido notificar personalmente al tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe decidir sobre la suspensión definitiva, en contra de la cual procede, en su caso, el recurso de revisión.". Finalmente, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.
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