Paulina Murillo Mellado

Expediente 270/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 42 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
270/2019
Año
2019
Actuaciones
42
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • Paulina Murillo Mellado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, se advierte que por sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 387 a 401 de autos), se concedió a la quejosa Paulina Murillo Mellado la protección constitucional; resolución que causó ejecutoria el ocho de noviembre del año en cita, al no ser recurrida por las partes (fojas 457 y 458 ídem). Pues bien, la concesión del amparo se hizo para el efecto de que el Juez Décimo Cuarto Civil de la Ciudad de México, realizara lo siguiente: a) Una vez que causara ejecutoria la sentencia, dejara insubsistente todo lo actuado a partir de la diligencia de emplazamiento practicada a la quejosa, dentro del juicio especial hipotecario 480/2013, de su índice; y b) Repusiera el procedimiento del juicio natural y ordenara que se realizara nuevamente el emplazamiento al juicio de origen a la quejosa Paulina Murillo Mellado, conforme a derecho correspondiera. Por su parte, a través de oficio 5342 presentado el tres de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 475 a 506 ídem), el Juez Décimo Cuarto de lo Civil, con residencia en la Ciudad de México, remitió copia certificada del acuerdo de dos de diciembre del aludido año, emitido en el juicio especial hipotecario de origen, mediante el cual se declaró insubsistente todo lo actuado a partir de la diligencia de emplazamiento de catorce de noviembre de dos mil trece, practicada a la quejosa Paulina Murillo Mellado, así como todo lo actuado con posterioridad, incluyendo la sentencia definitiva de diez de julio de dos mil quince, además de la etapa de ejecución, en específico, el auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se decretó la adjudicación directa a favor de la aquí tercero interesada respecto del bien mueble otorgado en garantía hipotecaria. Asimismo, en el referido acuerdo se precisó que quedó subsistente lo demás actuado y que debe reponerse el procedimiento, únicamente en cuanto a dicha demandada, hoy quejosa; y, en cuanto a los codemandados, se quedó subsistente todo lo actuado hasta la audiencia de seis de julio de dos mil quince. En esas condiciones, el Juez responsable giró el exhorto ordenado el veintinueve de mayo de dos mil trece, a fin de emplazar a la quejosa atendiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; de ahí que, dejó a disposición de la parte tercero interesada dicha comunicación para su diligenciación. De igual manera, informó que en el procedimiento de origen no se ha otorgado la escritura de adjudicación ordenada en la etapa de ejecución. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se aprecian los certificados de gravámenes con folios 393703 y 393846 de siete de mayo de dos mil diecinueve (fojas 206 y 207 de autos), expedidos por el Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Salvador Alvarado, Sinaloa, de los cuales se advierten observaciones en el sentido de que existen avisos preliminares con relación a la formalización de adjudicación directa por resolución judicial, realizada por el licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público 151 en la Ciudad de México, registradas bajo inscripciones 170 y 171, del libro 133, de la sección documentos generales, de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, respecto de los bienes inmuebles materia del juicio especial hipotecario de origen; sin embargo, precisamente el auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se decretó la adjudicación directa a favor de la quejosa respecto del bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria, fue dejado sin efectos. Bajo ese contexto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase mediante oficio telegráfico a las autoridades responsables Juez Décimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México y Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Salvador Alvarado, Sinaloa, a fin de que en el término de tres días otorguen el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En el entendido de que, la citada adjudicación directa fue ordenada en la etapa de ejecución del juicio especial hipotecario de origen, respecto de los bienes inmuebles que fueron materia del mismo; de ahí que, al haberse concedido la protección constitucional para el efecto de que se dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio natural desde la diligencia de emplazamiento -únicamente por lo que hace a la quejosa-, es claro que, al haberse ordenado dicha adjudicación en la etapa de ejecución del juicio de origen, ésta también debe dejarse insubsistente; por tanto, las responsables deberán dejar sin efecto las observaciones de adjudicación directa que presentan los bienes de referencia ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Salvador Alvarado, Sinaloa; lo cual, las responsables deberán acreditar con las constancias certificadas relativas. Por último, se apercibe a las autoridades responsables, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria dentro del plazo indicado, se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  2. Principal

    Vistos los oficios de cuenta suscritos por el Juez Décimo Cuarto de lo Civil, con residencia en la Ciudad de México, mediante los cuales informa el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo y remite las documentales para sustentarlo; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con los oficios y documentales de cuenta para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo concedido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Con independencia de lo anterior, reexpídase al Juez responsable el oficio 3174-4A de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, con el cual se le comunicó que la sentencia dictada en este juicio de amparo causó ejecutoria; lo anterior, para su conocimiento y para los efectos legales a que haya lugar. Por último, visto el escrito signado por la quejosa Paulina Murillo Mellado, mediante el cual realiza diversas manifestaciones; glósese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes, y téngase por realizadas las manifestaciones vertidas por la impetrante, las cuales podrán considerarse al analizar el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA PAULINA MURILLO MELLADO, EL AUTO DE CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Vistos los oficios de cuenta suscritos por el Juez Décimo Cuarto de lo Civil, con residencia en la Ciudad de México, mediante los cuales informa el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo y remite las documentales para sustentarlo; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con los oficios y documentales de cuenta para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo concedido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Con independencia de lo anterior, reexpídase al Juez responsable el oficio 3174-4A de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, con el cual se le comunicó que la sentencia dictada en este juicio de amparo causó ejecutoria; lo anterior, para su conocimiento y para los efectos legales a que haya lugar. Por último, visto el escrito signado por la quejosa Paulina Murillo Mellado, mediante el cual realiza diversas manifestaciones; glósese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes, y téngase por realizadas las manifestaciones vertidas por la impetrante, las cuales podrán considerarse al analizar el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo.

  4. Principal

    Visto el oficio suscrito por el Juez Décimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio 2136-4A con el que se le remitió copia certificada de la sentencia emitida en este juicio de amparo; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. En diverso orden, del estado procesal de los autos se advierte que por sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 387 a 401), se concedió la protección constitucional a la parte quejosa contra actos del Juez Décimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México. Mediante acuerdo de ocho de noviembre del año en cita (fojas 457 y 458), la aludida resolución causó ejecutoria al no ser recurrida por las partes y se requirió al Juez responsable a fin de que otorgara cumplimiento a la sentencia constitucional; no obstante, hasta la fecha la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese contexto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta mediante oficio telegráfico, a la autoridad responsable Juez Décimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, para que en el término de tres días otorgue el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remita las constancias certificadas relativas o, en su caso, manifieste el impedimento legal o material que para ello tuviere. En el entendido de que, la concesión del amparo se hizo para el efecto de que el Juez Décimo Cuarto Civil de la Ciudad de México, realice lo siguiente: a) Una vez que cause ejecutoria la sentencia, deje insubsistente todo lo actuado a partir de la diligencia de emplazamiento practicada a la aquí quejosa, dentro del juicio especial hipotecario 480/2013, de su índice; y b) Reponga el procedimiento del juicio natural y ordene que se realice nuevamente el emplazamiento al juicio de origen a la aquí quejosa Paulina Murillo Mellado, conforme a derecho corresponda. De acuerdo a lo anterior, se apercibe al Juez responsable, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria en el plazo indicado, se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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