Paulino Tenorio Cruz
Expediente 1035/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1035/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Paulino Tenorio Cruz
Actuaciones
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiocho de octubre de dos mil veintidós.********************Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el auto de diez de octubre de la presente anualidad, en el que se desechó de plano la demanda interpuesta por ********************, no fue recurrido por la parte promovente, y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo.********************En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el asunto como totalmente concluido.********************Ahora, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), y penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, al haberse desechado de plano la demanda de amparo que le dio origen; asimismo, una vez que se cumplan tres años al haberse dictado el acuerdo de archivo, y pasados treinta días de este plazo, se deberá destruir con posterioridad al VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICINCO.********************Por otro lado, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito.********************Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Pablo Alberto Ochoa Blanco, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, diez de octubre de dos mil veintidós. EXHORTACIÓN Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a realizar lo siguiente: I. Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y II. En la siguiente actuación en la que intervengan, propongan medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y números telefónicos. DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos que reclama de la Coordinadora de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 1035/2022-I-B. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del estudio integral de la demanda se aprecia que los actos reclamados en la presente instancia constitucional son los siguientes: La integración de una carpeta de investigación en contra del quejoso. La orden de aprehensión, búsqueda, localización, citación y/o comparecencia, librada en su contra, así como su ejecución. SEPARACIÓN DE JUICIOS. En esas condiciones, resulta procedente la separación de juicios, respecto de dichos actos reclamados, a fin de que se analicen por separado, porque constituyen actos diferentes y de naturaleza distinta, pues uno lo es la integración de una carpeta de investigación en su contra, mientras que el otro es la orden de aprehensión, búsqueda, localización, citación y/o comparecencia, así como su ejecución; de ahí que no se deban analizar en un solo juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Amparo, de oficio es procedente la separación material de juicios, a fin de que los actos reclamados, se estudien por separado, a fin de garantizar los principios de exhaustividad y legalidad en el dictado de la sentencia que en su momento pudiera emitirse en el juicio de amparo que corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 76/97, sustentada por el Más Alto Tribunal de Justicia de la Nación, que dice: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." Por lo tanto, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento en el presente juicio de amparo, únicamente por cuanto al primer acto reclamado consistente en la integración de una carpeta de investigación en contra del quejoso. Ahora, respecto al acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, búsqueda, localización, citación y/o comparecencia, así como su ejecución; gírese atento oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para que le dé el trámite correspondiente a la referida separación. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la jurisprudencial P./J. 78/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia." En cumplimiento al anterior mandato, la suscrita determina procedente proveer lo siguiente: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO EN CUANTO AL ACTO RECLAMADO POR EL QUE SE PROSIGUE ESTE JUICIO. En ejercicio de la facultad que confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que dio origen a los presentes autos, conforme a lo que enseguida se expone. Los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, establecen que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196196, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En relación al acto reclamado en estudio, la suscrita juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61, con relación con el diverso 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" Al respecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 5°, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo transcritos, contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, el cual surge con la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse con un acto de autoridad que lo vulnere. Ahora bien, como lo ha distinguido el Más Alto Tribunal, existen tres tipos de interés atendiendo al nivel de afectación sobre la esfera jurídica de la persona: el simple, el legítimo y el jurídico. El interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el sólo hecho de ser miembro de la comunidad, en otras palabras, es el concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de afectación en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo. Es por ello que tal interés constituye el supuesto contrario al interés jurídico, en el cual, la afectación a la esfera jurídica se encuentra referida a una cualidad específica: la titularidad de un derecho subjetivo. Por su parte, el interés jurídico ha sido determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquel que se identifica con la titularidad de un derecho subjetivo, es decir, con la posibilidad de hacer o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros el respeto de la misma. En tanto que el interés legítimo, se trata de una posición intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción, por lo que requiere de una afectación en sentido amplio a la esfera jurídica del promovente, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene frente al orden jurídico. Así es, la redacción constitucional en torno al interés para acudir al juicio de amparo -tratándose de actos o resoluciones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo-, exige que lo haga la parte agraviada, pero tal concepto fue desarrollado y segmentado en dos supuestos, pudiendo ser: I) el titular de un derecho subjetivo; o, II) el titular de un interés legítimo individual o colectivo, ya sea que se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico... DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.. Consecuentemente, al haber quedado demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo intentada, por cuanto hace al acto reclamado objeto de análisis en el presente juicio de amparo. Máxime, que la causa de improcedencia advertida no es susceptible de superarse con el material probatorio que se llegue a aportar al juicio, dado que su demostración se acredita con el propio acto reclamado y los términos de su demanda, lo anterior con el objeto de que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Es pertinente precisar que, resulta un hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, resolvió, por unanimidad de votos, el recurso de queja penal número 174/2021, en el que se analizó un caso similar al presente asunto; resolución en la que estimó que si bien el inculpado goza del derecho de defensa que le otorga la Constitución, lo cierto es que, ello no implica que la representación social, al momento de llevar a cabo la investigación (previo al ejercicio de la acción) tenga que citar a quien es objeto de dicha investigación; de ahí que, adversamente a lo pretendido, aun cuando tenga conocimiento de la existencia de la indagatoria, ello no vincula al órgano investigador a citarlo para comparecer. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, el que indica en su escrito de demanda, y como su autorizado en amplios términos del artículo 12 de la citada legislación, a Guillermo Vagas Espinosa, quien cuenta con el registro 195440 en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que, con las restricciones del citado precepto a Leticia Espinosa Nicolás y Maximino Marín Herrera, por no contar con el registro correspondiente y no haber acreditado la parte quejosa que contaran con el mismo. CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA. Se autoriza la consulta electrónica del juicio de amparo en que se actúa, atendiendo a que la parte quejosa señaló como usuario al identificado como "****", por lo que se instruye al Oficial Judicial "A" para que realice el registro del usuario antes referido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que la parte quejosa esté en aptitud de acceder al expediente electrónico. DATOS DE CONTACTO. Por otro lado, se toma conocimiento del correo electrónico y el número telefónico que señala la parte quejosa, a través de los cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, conforme a lo previsto en el artículo 17 Constitucional, así como para realizar una labor judicial eficiente, se ordena al Secretario que corresponda, únicamente certificar y agregar a los autos aquéllas promociones de las que resulte intrascendente dictar acuerdo. Lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: Promociones ya acordadas en autos; Duplicación de informes y comunicaciones recibidas; Piezas postales devueltas que hayan sido proveídas con anterioridad, resulte innecesario su acuerdo o, el expediente esté archivado como concluido; Acuses de recibo; y, Solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas en este auto). EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, signifíquese a las partes que la expedición de copias será únicamente respecto a un tanto de las constancias solicitadas; sin embargo, en caso de que se solicite más de un juego, deberán exponer las razones que justifiquen tal solicitud. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a./J. 20/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia del Nación, publicada en la página 308, Tomo I, Mayo de dos mil diecisiete, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2014287, de rubro siguiente: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO". En ese contexto, para que le sean entregadas las copias certificadas que soliciten deberá agendar una cita, en el Portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación ingresando al apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ" y así, atendiendo a las fechas y horarios disponibles, genere un Código QR que le permitirá ingresar a este juzgado de distrito. Además, indíquese a las partes que pueden obtener copia de las constancias que obren en el expediente electrónico, en términos del artículo 36, párrafo segundo, del citado Acuerdo General 12/2020, que establece: "Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DEPURACIÓN Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente al quejoso y por oficio a la oficina de correspondencia común. Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Luis Alberto Camacho Mondragón, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos al quejoso, la determinación que dice: ...en el caso de que existiese alguna carpeta de investigación, se desconoce si el trámite de esa indagatoria realmente afectará algún derecho de la parte quejosa, debido a que, en todo caso, el perjuicio se materializaría cuando sea citado a la audiencia inicial y el fiscal formule la imputación ante el Juez de Control, y será precisamente en ese momento procesal donde tendrá la oportunidad de intervenir, controvertir lo alegado por la fiscalía y ofrecer las pruebas que estime necesarias; por lo que los actos reclamados en esta vía constitucional, no le causan perjuicio alguno, pues hasta ese momento no se produce afectación alguna en su situación jurídica. De ahí que la integración de una carpeta de investigación en su contra, no le causa una afectación en sus derechos subjetivos públicos...DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Consecuentemente, al haber quedado demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo intentada, por cuanto hace al acto reclamado objeto de análisis en el presente juicio de amparo.
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