Paulina García Ordoñez
Expediente 1009/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1009/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Paulina García Ordoñez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que el auto de veintinueve de noviembre del año en curso, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen al asunto en que se actúa, no fue recurrido por la parte promovente, y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo segundo de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda que dio origen a los presentes autos, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, lo cual se llevará a cabo con posterioridad al DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otro lado, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que la autoridad responsable Magistrada de la Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado en los autos del juicio de amparo directo ******************** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mismo que fue remitido por incompetencia a este juzgado y radicado en este órgano jurisdiccional con el número ********************, envió el original del juicio contencioso administrativo ********************, con el que se formó un tomo de pruebas por separado y en razón de lo expuesto en el presente acuerdo, resulta innecesaria la conservación de dicho tomo, devuélvanse a la autoridad de mérito, haciéndose la precisión al actuario de la adscripción que deberá asentar en el oficio que notifique, la entrega del citado anexo, con lo cual la autoridad no estará obligada a realizar el acuse de recibo.
- Principal
Agréguese para que obre como corresponda la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria adscrita a este juzgado, para llevar a cabo la notificación personal a la parte quejosa del proveído de veintinueve de noviembre del año en curso, por las razones expuestas en la misma; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos. Por otra parte, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, Veracruz, a través del cual devuelve debidamente diligenciado el 486/2019, con número de orden 663/2019, librado en los autos en que se actúa, a efecto de notificar a la quejosa Paulina García Ordoñez, el proveído de cinco de noviembre del presente año; al respecto, dese de baja de la noticia mensual de estadística la comunicación oficial en comento, y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, sin que haya lugar a acusar el recibo correspondiente, en virtud de que su envío electrónico, generó un acuse de recepción en el que consta un número de folio electrónico que lo valida. En consecuencia, téngase por debidamente notificada a la promovente de amparo, del proveído de cinco de noviembre del presente año, el veintiuno de noviembre pasado, tal y como lo señaló la quejosa en su escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veintiocho de noviembre de la anualidad cursante. Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa Paulina García Ordoñez, mediante el cual da cumplimento a lo requerido por auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en el sentido de que formulara la demanda de amparo de conformidad con el artículo 108 de la Ley de Amparo, mismo que la impetrante de amparo manifiesta que le fue notificado el veintiuno de los cursantes; por tanto, en tiempo se tiene por desahogado el requerimiento dictado en actuaciones respecto de la demanda de amparo que presentó contra actos reclamados a la Magistrada de la Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz de Ignacio de la Llave, con sede en esta ciudad. La cual fuera registrada en el Libro de Gobierno respectivo con el número 1009/2019-I-A. Al respecto, se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro : DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y la tesis al rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que los solicitantes de amparo expusieron hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación dla quejosa de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por la quejosa, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis armónico de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa reclama esencialmente lo siguiente: ? El auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve, dictado dentro de los autos del juicio contencioso administrativo 190/2017/2ª-III, del índice de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, mediante el cual declara cumplida la sentencia de once de junio de dos mil dieciocho. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." La fracción en cita reglamenta uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de "definitividad del acto reclamado," que se traduce en la improcedencia del juicio de amparo, contra actos respecto de los cuales proceda recurso en su contra, y no se haya agotado el mismo, previo a promover el juicio de amparo, salvo los casos excepcionales establecidos en el mismo precepto y en la jurisprudencia. Del texto de la fracción invocada se desprende el reconocimiento de que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, de manera que previamente a la interposición del juicio de amparo, la quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución reclamada, que le cause perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige, salvo los casos de excepción que se establecen en la fracción invocada. Cabe apuntar, que el principio de definitividad de actos que provengan de tribunales, material y formalmente jurisdiccionales, establece excepciones que atienden a la naturaleza del acto y la magnitud o relevancia de la infracción constitucional (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal y cuando se trate de persona extraña al procedimiento). En este contexto, toda vez que el acto reclamado consiste en el auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve, dictado dentro de los autos del juicio contencioso administrativo 190/2017/2ª-III, del índice de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, mediante el cual declara cumplida la sentencia de once de junio de dos mil dieciocho. Ahora, como se precisó en párrafos anteriores, el juicio de amparo es improcedente cuando la ley que sirvió de fundamento para emitir el acto reclamado, contempla algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, por lo que, al no agotarse el recurso ordinario que contempla la ley de donde emana el acto reclamado, se incumple el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En la especie, es de indicar que la aquí promovente debió agotar, antes de acudir a esta instancia, el recurso de revisión que prevén los artículos 344, 345, 346 y 347 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. A fin de corroborar lo anterior, es necesario transcribir lo dispuesto en los preceptos legales citados que establecen: "Artículo 344. El recurso de revisión es procedente contra las resoluciones pronunciadas por las Salas Unitarias que: I. Decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio; II. Decidan la cuestión planteada, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento del juicio, en este último caso, cuando hayan dejado sin defensa al recurrente y trasciendan al sentido de la sentencia; o III. Pongan fin al procedimiento de ejecución de la sentencia." (Lo resaltado es propio) Artículo 345. El recurso de revisión podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes, con expresión de agravios, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución que se impugne. Se presentará ante la Sala Unitaria correspondiente para su remisión y posterior resolución de la Sala Superior. De ser procedente el recurso, el Presidente de la Sala Superior designará a un magistrado ponente y mandará correr traslado del mismo a las demás partes por el plazo de cinco días posteriores al en que surta efectos la notificación, para que expongan lo que a su derecho convenga. Vencido dicho plazo, el magistrado ponente formulará el proyecto de resoIución y dará cuenta del mismo a la Sala Superior en un plazo de diez días, la cual dictará la resolución respectiva dentro de los cinco días siguientes. Artículo 346. Las partes podrán formular excitativa de justicia ante la Sala Superior, si el magistrado ponente no formula el proyecto de resolución del recurso de revisión dentro del plazo legal respectivo. El Presidente de la Sala Superior examinará dicha excitativa y si la encuentra fundada, otorgará un plazo que no excederá de tres días para que el magistrado presente el proyecto correspondiente. Artículo 347. Para la resolución del recurso de revisión se observará lo siguiente: I. Si se considera infundada alguna causal de sobreseimiento del juicio, se modificará esta resolución cuando apareciere probado otro motivo legal para ello, o bien se revocará la determinación, para emitir sentencia en la que decida la cuestión planteada; II. Si se acreditan violaciones cometidas durante el procedimiento del juicio, que hayan dejando sin defensa al recurrente y trasciendan al sentido de las sentencias, se revocarán éstas y se mandará reponer el procedimiento; III. Cuando se estimen fundados los agravios en los que se sostenga que se omitió el análisis de determinados argumentos o la valoración de algunas pruebas, se realizará el estudio de unos y de otras; IV. Sólo se tomarán en consideración las pruebas que se hubiesen aportado en el juicio respectivo, salvo que no se haya tenido la oportunidad procesal para rendirlas; y V. Se suplirá la deficiencia de los agravios del particular demandante, en los casos previstos por la ley." De los artículos antes descritos se desprende que procede recurso de revisión en contra de las resoluciones de la Salas Unitarias que pongan fin al procedimiento de ejecución de sentencia. Ahora bien, del análisis integro de la demanda de amparo, se resaltan los siguientes acontecimientos: 1. En seis de abril de dos mil diecisiete, Paulina García Ordoñez, interpuso juicio contencioso administrativo en contra del Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la que demandó la nulidad de la resolución emitida el tres de marzo de dos mil diecisiete. 2. Mediante auto de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, la Sala Regional Unitaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con sede en esta ciudad, admitió la demanda formulada por la aquí quejosa, radicándolo bajó el número 190/2017/II, del índice de la Sala responsable. 3. Seguida la secuela procesal, por sentencia de once de junio de dos mil dieciocho, la autoridad responsable resolvió declarar la nulidad lisa y llana de la determinación del recurso de revocación de tres de marzo de dos mil diecisiete, emitido por el Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 4. En proveído de once de julio de dos mil dieciocho, se tuvo a la delegada del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia de once de junio de dos mil dieciocho, por lo que en ese mismo auto, se ordenó la remisión de los autos a la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, para su substanciación. 5. En nueve de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, admitió el recurso de revisión señalado en el párrafo que antecede, radicándolo bajo el toca en revisión 125/2018, de su índice. 6. Por lo que, en resolución de quince de octubre de dos mil dieciocho, la Sala Superior confirmó la sentencia de once de junio de dos mil dieciocho y en proveído de diez de junio del año en curso, la Sala Regional Unitaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, declaro que había causado estado la sentencia, requiriendo su debido cumplimiento. 7. En proveído de once de julio pasado, la autoridad responsable dio vista a la parte actora con las constancias remitidas por el apoderado legal del demandado Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con el cumplimiento dado a la sentencia. 8. Finalmente, en tres de septiembre de dos mil diecinueve, la Sala responsable determinó tener por cumplida la sentencia de once de junio de dos mil dieciocho y ordenó el archivo del juicio. En este orden de ideas, resulta evidente que el auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por la Sala Unitaria, conforme a la fracción III del artículo 344 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se considera como aquél que puso fin a la ejecución de la sentencia al establecerse que se tenía por cumplida, por lo que puede ser revisado por la Sala Superior a fin de que pueda ser modificado o revocado. De tal modo que, resulta evidente que la promovente no agotó el medio de defensa ordinario que contempla la legislación que regula el juicio de origen, incumpliendo con el principio de definitividad que rige en la materia de amparo, actualizándose la causal de improcedencia a que se hizo referencia en el cuerpo de esta resolución, prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior, pone de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del presente juicio constitucional, tomando primordialmente en consideración que el auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve, dictado dentro de los autos del juicio contencioso administrativo 190/2017/2ª-III, del índice de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, mediante el cual declara cumplida la sentencia de once de junio de dos mil dieciocho, pueden ser impugnados a través del recurso de revisión, el cual debió agotar la aludida parte quejosa, ya que dicho recurso ordinario es susceptible de modificar o revocar el acto que se reclama en la demanda de amparo y, por ende, sus consecuencias; en esa tesitura, es patente que la solicitante de amparo no observó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por ello lo que procede es desechar la demanda de amparo en cuestión. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes y al actualizarse la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda respecto del acto reclamado por la quejosa Paulina García Ordoñez. Por otra parte, consérvense en la Secretaría de este Juzgado, las seis copias de su escrito de demanda, para un mejor manejo del expediente. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por lo que respecta a su autorizado Juan Adolfo Alba Juárez, dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de cinco de noviembre del año en curso, en el que se e tuvo con ese carácter. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos.
- Principal
Notifíquese personalmente.
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