Paulina López Ochoa Mijares

Expediente 797/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
797/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
25/09/2023

Partes del expediente

  • Paulina López Ochoa Mijares

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que la ley establece para que la quejosa Paulina López Ochoa Mijares, interpusiera recurso de queja contra el auto de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo interpuesta, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes y archívese el asunto como totalmente concluido; por lo tanto, deberán realizarse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 20, fracción IV), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General en cita. Notifíquese por lista de acuerdos.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa Paulina López Ochoa Mijares, en atención a su contenido, en tiempo y forma se tiene por desahogado el requerimiento formulado por auto de treinta de agosto del año en curso, de la demanda de amparo presentada contra un acto de la Jueza Décima de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. La cual fuera registrada en el Libro de Gobierno respectivo con el número 797/2023/II-B. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. Vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por Paulina López Ochoa Mijares, por propio derecho y en representación de su menor hija con identidad reservada de iniciales Z.O.L.O., en ejercicio de la facultad que a la suscrita confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda intentada, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA Al analizar íntegramente la demanda así como el escrito aclaratorio que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la Jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que la solicitante de derechos fundamentales expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, de la lectura integral de la demanda y escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que el acto que reclama la parte quejosa, es el siguiente: El acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 1607/2019/III, por la Jueza Décima de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, en el que determinó negar a la accionante de amparo, la petición de girar oficio a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, a efecto de que especialistas de esa dependencia, emitan una valoración psicológica de su menor hija de iniciales Z.O.L.O., bajo los argumentos siguientes: "2.- En términos de los artículos 8° y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7° de la Constitución Política Local, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales procedentes, asimismo, dígasele a la parte actora que por el momento no ha lugar a lo solicitado en virtud de que la parte demandada aun (sic) no ha sido emplazada ni llamada a juicio. 3.- lo anterior atendiendo a que la pretensión de la parte actora es que se desahoguen pruebas para mejor proveer, siendo requisito para ello que se le otorgue vista a la parte contraria para que manifieste lo que a sus intereses convenga en pro de garantizar su derecho de audiencia previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política Federal, lo cual no es procedente en virtud del estado procesal que guarda el presente juicio." FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE CAUSAS MANIFIESTAS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, a letra disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que la persona juzgadora de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la Jurisprudencia I.1o.A. J/4,4 del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Lo subrayado es propio). INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO. Este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, y 172, fracción III, de la Ley de Amparo, debido a que, el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza, no es de aquellos que producen efectos que sean de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte. En efecto, los artículos 61, fracción XXlll y 107, fracción V, y 172, fracciones VI, IX, y XII, de la Ley de la Materia, estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la legislación de la materia. Por otro lado, la fracción V del numeral 107 antes referido, establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Al respecto, conviene precisar que para que el acto reclamado sea considerado de imposible reparación, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Interpretación de la cual se deducen dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por su parte, el artículo 172 de la Ley de Amparo, establece que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del promovente, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución imposible de reparar; o sea, cuando afecten de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio natural, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trata. Una vez precisado lo anterior, conviene recordar que el acto reclamado consiste en el acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, emitido por la Jueza Décima de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, en el que determinó negar a la accionante de amparo, la petición de girar oficio a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, a efecto de que especialistas de esa dependencia, emitan una valoración psicológica de su menor hija de iniciales Z.O.L.O., bajo los argumentos siguientes: : "2.- En términos de los artículos 8° y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7° de la Constitución Política Local, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales procedentes, asimismo, dígasele a la parte actora que por el momento no ha lugar a lo solicitado en virtud de que la parte demandada aun (sic) no ha sido emplazada ni llamada a juicio. 3.- lo anterior atendiendo a que la pretensión de la parte actora es que se desahoguen pruebas para mejor proveer, siendo requisito para ello que se le otorgue vista a la parte contraria para que manifieste lo que a sus intereses convenga en pro de garantizar su derecho de audiencia previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política Federal, lo cual no es procedente en virtud del estado procesal que guarda el presente juicio." Acuerdo dictado durante el trámite del expediente 1607/2019/III, relativo al juicio ordinario civil de guarda y custodia y patria potestad, promovido por la aquí quejosa Paulina López Ochoa Mijares, por propio derecho y en representación de su menor hija con identidad reservada de iniciales Z.O.L.O., contra Refxord Odai, en su carácter de progenitor de la citada menor. Bajo esas directrices, se puede advertir con suma claridad que se está en presencia de un acto dictado dentro de juicio, que por el momento no tiene sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de la gobernada, ni de su menor hija, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, al no implicar una transgresión a los mismos, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. En efecto, resulta incuestionable que dicha actuación no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, debido a que se trata de una conducta negativa, en la que no se acordó favorable la práctica de la valoración psicológica de la menor involucrada, la cual fue solicitada por su progenitora en autos del sumario de origen, lo que únicamente pudiera implicar una infracción a derechos adjetivos que producen efectos meramente intraprocesales; máxime que las consecuencias del auto reclamado no implica necesariamente una sentencia desfavorable a los intereses de la parte quejosa. En ese sentido, la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si la inconforme obtiene sentencia favorable en el juicio de origen y en caso contrario, aún puede remediarse mediante el juicio de amparo directo que en su caso se promueva en contra de la determinación que ponga fin al juicio, alegándolo como una violación procesal, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo; lo que corrobora la causa de improcedencia invocada. Adquiere aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia número 175 de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, publicada en la página 144, del tomo VI del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B) CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto contra "actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, cobra vigencia la tesis P./J. 24/92, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, localizable en la página 11, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así como la tesis I.1º.A.7 K 7 , pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1231, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN RECURSO INTERPUESTO CONTRA UN ACTO INTRAPROCESAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA SI LA DETERMINACIÓN RECURRIDA EN LA VÍA ORDINARIA NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la promovente de amparo refiera que el acto reclamado vulnera el derecho de acceso a la salud de su menor hija, dado que, no se advierte que el acuerdo combatido coloque en una situación de riesgo la salud o integridad de la menor involucrada, debido a que, únicamente se trata de una acto negativo, el cual no conlleva la ejecución de alguna acción o conducta que genere riesgo para la citada menor, pues se itera, en todo caso, produce una afectación a sus derechos adjetivos, los cuales son susceptibles de repararse por un acto jurídico posterior, emitido durante el proceso. Aunado a que, si bien, en el auto combatido a la quejosa le fue negada la petición que planteó para que su menor hija fuera valorada psicológicamente por personal adscrito a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, lo cierto es, que no se considera que tal determinación irrogue perjuicio alguno al derecho de acceso a la salud de la menor en cita, debido a que su progenitora puede comparecer ante cualquier institución pública o privada, para que se le brinde la atención medica correspondiente, y de negarse a proporcionarla, en el caso de tratarse de una institución pública, crea la pauta para la apertura de un juicio de amparo diverso en el que se reclame la omisión de otorgar la referida atención médica o valoración psicológica. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En virtud de lo expuesto, como el acto reclamado no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, y por tanto, no es de imposible reparación, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve ante este Juzgado de Distrito, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción artículo 61, fracciones XXI y 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Sirve de sustento a lo anterior la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTA SÓLO DERECHOS PROCESALES Y NO SUSTANTIVOS. Si el gobernado promueve demanda de amparo indirecto contra la falta de notificación personal de la sentencia pronunciada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en la que resuelve el recurso de revisión promovido contra lo resuelto en el amparo directo, es evidente que ello no le irroga afectación a sus derechos sustantivos, además de que contra dicha resolución no existe medio de impugnación alguno que pudiera promover; de ahí que el conocimiento de esta decisión, aun en el supuesto de que no hubiera sido notificada por la Sala citada, no irroga perjuicio a sus derechos fundamentales, ya que únicamente se está frente a una violación de carácter procesal, ante la cual, procede desechar la demanda de amparo indirecto, por no tratarse de un acto de imposible reparación violatorio de derechos sustantivos, en términos de la fracción V del artículo 107, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo." Máxime, que la causa de improcedencia advertida no es susceptible de superarse con el material probatorio que se llegue a aportar al juicio, dado que su demostración se acredita con el propio acto reclamado y con los términos de su demanda, lo anterior con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. En el entendido de que además, la demostración del motivo indudable y manifiesto de improcedencia advertido en el presente asunto, se tiene por acreditado con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, expresadas en la demanda de amparo, las cuales constituyen una confesión que para este Juzgador es un medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No es óbice al sentido de la presente determinación, la jurisprudencia de rubro "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.", que invoca la promovente en su líbelo constitucional con la finalidad de dar sustento a la procedencia de su demanda, sin embargo, debe precisarse que el tema y la excepción ahí contemplada (excepción al principio de definitivita), se refieren a una causa de improcedencia diversa a la que aquí fue materia de estudio (al no tratarse de un acto de imposible reparación). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    ACTUARIO.-SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa Paulina López Ochoa Mijares, en atención a su contenido, en tiempo y forma se tiene por desahogado el requerimiento formulado por auto de treinta de agosto del año en curso, de la demanda de amparo presentada contra un acto de la Jueza Décima de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. La cual fuera registrada en el Libro de Gobierno respectivo con el número 797/2023/II-B. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. Vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por Paulina López Ochoa Mijares, por propio derecho y en representación de su menor hija con identidad reservada de iniciales Z.O.L.O., en ejercicio de la facultad que a la suscrita confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda intentada, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA Al analizar íntegramente la demanda así como el escrito aclaratorio que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la Jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que la solicitante de derechos fundamentales expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, de la lectura integral de la demanda y escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que el acto que reclama la parte quejosa, es el siguiente: El acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 1607/2019/III, por la Jueza Décima de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, en el que determinó negar a la accionante de amparo, la petición de girar oficio a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, a efecto de que especialistas de esa dependencia, emitan una valoración psicológica de su menor hija de iniciales Z.O.L.O., bajo los argumentos siguientes: "2.- En términos de los artículos 8° y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7° de la Constitución Política Local, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales procedentes, asimismo, dígasele a la parte actora que por el momento no ha lugar a lo solicitado en virtud de que la parte demandada aun (sic) no ha sido emplazada ni llamada a juicio. 3.- lo anterior atendiendo a que la pretensión de la parte actora es que se desahoguen pruebas para mejor proveer, siendo requisito para ello que se le otorgue vista a la parte contraria para que manifieste lo que a sus intereses convenga en pro de garantizar su derecho de audiencia previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política Federal, lo cual no es procedente en virtud del estado procesal que guarda el presente juicio." FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE CAUSAS MANIFIESTAS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, a letra disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que la persona juzgadora de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la Jurisprudencia I.1o.A. J/4,4 del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Lo subrayado es propio). INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO. Este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, y 172, fracción III, de la Ley de Amparo, debido a que, el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza, no es de aquellos que producen efectos que sean de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte. En efecto, los artículos 61, fracción XXlll y 107, fracción V, y 172, fracciones VI, IX, y XII, de la Ley de la Materia, estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la legislación de la materia. Por otro lado, la fracción V del numeral 107 antes referido, establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Al respecto, conviene precisar que para que el acto reclamado sea considerado de imposible reparación, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Interpretación de la cual se deducen dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por su parte, el artículo 172 de la Ley de Amparo, establece que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del promovente, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución imposible de reparar; o sea, cuando afecten de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio natural, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trata. Una vez precisado lo anterior, conviene recordar que el acto reclamado consiste en el acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, emitido por la Jueza Décima de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, en el que determinó negar a la accionante de amparo, la petición de girar oficio a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, a efecto de que especialistas de esa dependencia, emitan una valoración psicológica de su menor hija de iniciales Z.O.L.O., bajo los argumentos siguientes: : "2.- En términos de los artículos 8° y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7° de la Constitución Política Local, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales procedentes, asimismo, dígasele a la parte actora que por el momento no ha lugar a lo solicitado en virtud de que la parte demandada aun (sic) no ha sido emplazada ni llamada a juicio. 3.- lo anterior atendiendo a que la pretensión de la parte actora es que se desahoguen pruebas para mejor proveer, siendo requisito para ello que se le otorgue vista a la parte contraria para que manifieste lo que a sus intereses convenga en pro de garantizar su derecho de audiencia previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política Federal, lo cual no es procedente en virtud del estado procesal que guarda el presente juicio." Acuerdo dictado durante el trámite del expediente 1607/2019/III, relativo al juicio ordinario civil de guarda y custodia y patria potestad, promovido por la aquí quejosa Paulina López Ochoa Mijares, por propio derecho y en representación de su menor hija con identidad reservada de iniciales Z.O.L.O., contra Refxord Odai, en su carácter de progenitor de la citada menor. Bajo esas directrices, se puede advertir con suma claridad que se está en presencia de un acto dictado dentro de juicio, que por el momento no tiene sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de la gobernada, ni de su menor hija, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, al no implicar una transgresión a los mismos, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. En efecto, resulta incuestionable que dicha actuación no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, debido a que se trata de una conducta negativa, en la que no se acordó favorable la práctica de la valoración psicológica de la menor involucrada, la cual fue solicitada por su progenitora en autos del sumario de origen, lo que únicamente pudiera implicar una infracción a derechos adjetivos que producen efectos meramente intraprocesales; máxime que las consecuencias del auto reclamado no implica necesariamente una sentencia desfavorable a los intereses de la parte quejosa. En ese sentido, la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si la inconforme obtiene sentencia favorable en el juicio de origen y en caso contrario, aún puede remediarse mediante el juicio de amparo directo que en su caso se promueva en contra de la determinación que ponga fin al juicio, alegándolo como una violación procesal, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo; lo que corrobora la causa de improcedencia invocada. Adquiere aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia número 175 de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, publicada en la página 144, del tomo VI del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B) CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto contra "actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, cobra vigencia la tesis P./J. 24/92, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, localizable en la página 11, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así como la tesis I.1º.A.7 K 7 , pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1231, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN RECURSO INTERPUESTO CONTRA UN ACTO INTRAPROCESAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA SI LA DETERMINACIÓN RECURRIDA EN LA VÍA ORDINARIA NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la promovente de amparo refiera que el acto reclamado vulnera el derecho de acceso a la salud de su menor hija, dado que, no se advierte que el acuerdo combatido coloque en una situación de riesgo la salud o integridad de la menor involucrada, debido a que, únicamente se trata de una acto negativo, el cual no conlleva la ejecución de alguna acción o conducta que genere riesgo para la citada menor, pues se itera, en todo caso, produce una afectación a sus derechos adjetivos, los cuales son susceptibles de repararse por un acto jurídico posterior, emitido durante el proceso. Aunado a que, si bien, en el auto combatido a la quejosa le fue negada la petición que planteó para que su menor hija fuera valorada psicológicamente por personal adscrito a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, lo cierto es, que no se considera que tal determinación irrogue perjuicio alguno al derecho de acceso a la salud de la menor en cita, debido a que su progenitora puede comparecer ante cualquier institución pública o privada, para que se le brinde la atención medica correspondiente, y de negarse a proporcionarla, en el caso de tratarse de una institución pública, crea la pauta para la apertura de un juicio de amparo diverso en el que se reclame la omisión de otorgar la referida atención médica o valoración psicológica. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En virtud de lo expuesto, como el acto reclamado no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, y por tanto, no es de imposible reparación, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve ante este Juzgado de Distrito, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción artículo 61, fracciones XXI y 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Sirve de sustento a lo anterior la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTA SÓLO DERECHOS PROCESALES Y NO SUSTANTIVOS. Si el gobernado promueve demanda de amparo indirecto contra la falta de notificación personal de la sentencia pronunciada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en la que resuelve el recurso de revisión promovido contra lo resuelto en el amparo directo, es evidente que ello no le irroga afectación a sus derechos sustantivos, además de que contra dicha resolución no existe medio de impugnación alguno que pudiera promover; de ahí que el conocimiento de esta decisión, aun en el supuesto de que no hubiera sido notificada por la Sala citada, no irroga perjuicio a sus derechos fundamentales, ya que únicamente se está frente a una violación de carácter procesal, ante la cual, procede desechar la demanda de amparo indirecto, por no tratarse de un acto de imposible reparación violatorio de derechos sustantivos, en términos de la fracción V del artículo 107, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo." Máxime, que la causa de improcedencia advertida no es susceptible de superarse con el material probatorio que se llegue a aportar al juicio, dado que su demostración se acredita con el propio acto reclamado y con los términos de su demanda, lo anterior con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. En el entendido de que además, la demostración del motivo indudable y manifiesto de improcedencia advertido en el presente asunto, se tiene por acreditado con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, expresadas en la demanda de amparo, las cuales constituyen una confesión que para este Juzgador es un medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No es óbice al sentido de la presente determinación, la jurisprudencia de rubro "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.", que invoca la promovente en su líbelo constitucional con la finalidad de dar sustento a la procedencia de su demanda, sin embargo, debe precisarse que el tema y la excepción ahí contemplada (excepción al principio de definitivita), se refieren a una causa de improcedencia diversa a la que aquí fue materia de estudio (al no tratarse de un acto de imposible reparación). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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