Paulino Rodriguez Molina

Expediente 365/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
365/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
20/04/2017

Partes del expediente

  • Paulino Rodriguez Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto de cinco de los corrientes en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por **********, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio remitido por la Jefa de Causa y Gestión del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado con Sede en esta ciudad, mediante el cual remite el DVD (disco versátil digital) que contiene copia certificada del audio y video de la audiencia de veintiocho de marzo del año en curso; agréguese únicamente para que obre como constancia, dado que le cinco de los actuales, se desechó la demanda de que se trata.

  3. Principal

    Por recibido el escrito de cuenta, suscrito por el quejoso **********; al respecto, téngasele por hechas las manifestaciones que vierte, con las que da cumplimiento al requerimiento que se le formuló el veintisiete de abril del año en curso; en consecuencia, se provee: A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior transcripción, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causal de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, este juzgado federal estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, que dice: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." De la misma forma, la tesis 2a. XLVIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 241 que señala: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. Ahora, de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realizó el quejoso, tanto en su escrito inicial de demanda, como en el ocurso que en este proveído se acuerda, así como de las documentales públicas remitidas por la autoridad responsable mediante oficio registrado con el número 3477 (foja 18), consistentes en constancias del proceso penal número 1P0616-544, medios de convicción con eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º, se advierte que: Con fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, el Juez de Oralidad Penal de la Tercera Región de Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, citó al quejoso *********a la audiencia inicial de juicio, decretada en la causa penal número ***, por el hecho que la ley señala como delito contra la salud, en la modalidad de Narcomenudeo por posesión con fines de comercio del estupefaciente denominado marihuana, cometido en agraviado de la Salud Pública, señalando para tal efecto las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de marzo del actual año. Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En ocho de marzo de dos mil diecisiete, la actuaria adscrita al juzgado de control responsable, llevó a cabo notificación personal al hoy quejoso ********** respecto del proveído señalado en el párrafo que antecede, lo que efectuó en el domicilio del impetrante (foja 20). La citada audiencia, no fue desahogada, dado que las partes no se presentaron -de acuerdo con la información rendida por la autoridad responsable-. Detallado lo anterior, se advierte que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este sumario constitucional (veintisiete de marzo de dos mil diecisiete), surgió un cambio jurídico dentro del entorno en el cual existía el acto reclamado, lo que hace imposible restituir al imperante de amparo en el goce de sus garantías violadas. De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que si bien el acto reclamado (la audiencia inicial señalada para veintiocho de marzo de la presente anualidad), subsistió formalmente, también lo es que dejó de tener la posibilidad de seguir surtiendo efectos, por el hecho de que el Juez de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado con sede en la ciudad de Celaya, Guanajuato, declaró imposibilidad jurídica para su celebración ante la inasistencia de las partes. Por lo que las repercusiones jurídicas del acto reclamado ya cambiaron, al no llevarse a cabo la audiencia de inicio señalada para el veintiocho de marzo del actual año. De ahí que resulta inconcuso que, aun cuando de manera formal subsistió el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, el mismo dejó de tener la posibilidad de surtir efectos, ya que el entorno se modificó al haberse dejado sin efectos la diligencia procesal para el cual se ordenó su citación, con lo que dejó de tener vigencia la materia del presente juicio de amparo y por tanto de surtir efectos jurídicos. En consecuencia, es de concluirse que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo. Con fundamento, además, en la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro dice: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio remitido por la Jefa de Causa y Gestión del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado con Sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento con el requerimiento formulado en auto de veintiocho de marzo pasado, y remite las constancias con el objeto de acreditar su dicho; las que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite como documental y se tienen por desahogada dada su naturaleza. Luego, este tribunal se reserva proveer lo conducente hasta en tanto la parte quejosa de cumplimiento al proveído aludido.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano