Pedro Alfredo Hernández Rosillo
Expediente 52/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 52/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Pedro Alfredo Hernández Rosillo
Actuaciones
- Principal
Recepción de testimonio. Por recibido el oficio que suscribe el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, por el cual remite el testimonio de la resolución pronunciada en el conflicto de competencia 4/2022; cuyo punto resolutivo es el siguiente: "PRIMERO. Sí existe conflicto de competencia. SEGUNDO. Se declara competente al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, para conocer del juicio de amparo promovido por ************. ". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo y clasificación de expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso j) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
A sus autos el oficio número 938/2022 signado por el actuario judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, atento a su contenido, este juzgado queda enterado que el dieciséis de febrero de la presente anualidad ese órgano colegiado admitió a trámite el conflicto competencial 4/2022, planteado por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con motivo de que este juzgado no aceptó la competencia declinada.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio que suscribe el actuario del Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Guanajuato, en el que obra inserto el auto de tres de febrero del presente año, dictado en el juicio de amparo 24/2022 de su índice, en el que se acusa recibo del diverso remitido por este juzgado, mediante el cual se le informó que no se aceptó la competencia declinada; asimismo, se comunica que el referido órgano disiente de tal decisión por lo que remite los autos originales al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en turno, con sede en Guanajuato, capital, a efecto de que resuelva el conflicto competencial que plantea; se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar y estese en espera de la decisión que se asuma con relación al citado conflicto.
- Principal
Recepción de la demanda. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio signado por la secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, por el que comunica la determinación de doce de enero pasado dictada en el juicio de amparo ******, y remite el cuaderno original de dicho juicio y cinco copias de la demanda de amparo promovida por ******, en contra de actos del juez de control del Sistema Acusatorio y Adversarial de la Región Dos de la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato. Lo anterior, en atención a que dicho juzgado federal declinó la competencia para conocer de la demanda de mérito en favor del Juzgado de Distrito en turno en esta ciudad, de la cual correspondió conocer a este órgano jurisdiccional; ello, bajo el argumento de que el acto reclamado (orden de aprehensión) se ejecutará en el domicilio del quejoso -que manifiesta bajo protesta de decir verdad-, se encuentra ubicado en Celaya Guanajuato, esto es, fuera de la jurisdicción de la jueza declinante. Fórmese el expediente físico y electrónico, así mismo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 52/2022-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. No se acepta la competencia. Ahora, este Juzgado de Distrito respetuosamente no acepta la competencia planteada, pues respetuosamente se disiente de lo determinado en su proveído de incompetencia, ya que a consideración del suscrito de los datos que se desglosan de la demanda de amparo, por el momento no es posible determinar que la competencia legal se surte en favor de este órgano jurisdiccional. Si bien, en el caso de la parte quejosa reclama una orden de aprehensión y hace alusión a que ciertos elementos policiales se presentaron en su domicilio ubicado en esta ciudad, también es cierto, que al tratarse el acto reclamado de una orden privativa de libertad su cumplimentación, puede llevarse a cabo en cualquier lugar en que se encuentre el quejoso, aún bajo el sistema de colaboración entre autoridades, es decir, puede darse el caso de que esté tenga ejecución en más de un distrito. Se insiste, aún cuando el quejoso haya expresado en su demanda que diversas autoridades fueron a buscarlo a su domicilio (ubicado en esta ciudad) esto no implica que el juzgador declinante necesariamente carezca de competencia para conocer del asunto, pues ello solo actualiza la necesidad de prevenir al quejoso para que aclare su demanda; prevención que ciertamente resulta indispensable sí además se toma en consideración que el promovente no designó ninguna autoridad ejecutora de esta ciudad. Entonces, es dable puntualizar que la regla de competencia se refiere el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez. Por tanto, respetuosamente, se estima que en el particular el suscrito no se encuentra en condiciones de determinar si en realidad se surte supuesto normativo de la competencia en favor de este Tribunal pues para ello era menester que en términos de las fracciones aplicables del ordinal 114 en relación con lo dispuesto por el 108, ambos de la ley de la materia, previamente se requiriera al quejoso para que aclarara su demanda y se obtuvieran los datos necesarios que permitieran establecer claramente la competencia. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2004166, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 383, de contenido: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. Igualmente sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia sostenida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con registro digital 2016328, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN QUE PUEDE EJECUTARSE EN EL DISTRITO DONDE SE UBICA EL DOMICILIO PARTICULAR DEL QUEJOSO O EN EL DEL LUGAR DONDE ÉSTE SE ENCUENTRE. CORRESPONDE A CUALQUIERA DE LOS JUECES DE ESAS JURISDICCIONES, A PREVENCIÓN. Si el quejoso presenta la demanda de amparo ante el Juez de Distrito que reside en el mismo lugar donde aquél dijo tener su domicilio particular, reclamando una orden de aprehensión emitida por autoridad judicial que se ubica en lugar distinto donde ejerce jurisdicción el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, entonces la orden de captura reclamada puede ejecutarse en cualquiera de los distritos en que ejercen jurisdicción los Jueces contendientes, ya que ésta puede tener ejecución material donde se ubica el domicilio particular o en cualquier parte donde el inculpado se encuentre, aun si las autoridades ejecutoras niegan la existencia del acto reclamado, ya que ésta debe ejecutarse. Por tanto, si no se tiene certeza de dónde se ejecutará el mandamiento de captura, será Juez competente para conocer de la demanda de amparo, a prevención, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, en términos del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo." Por lo anterior, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado federal no acepta la competencia planteada y se ordena devolver la demanda de amparo a la jueza Décima de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, para los efectos legales a que haya lugar. Se solicita atentamente el acuse de recibo y tenga a bien informar el pronunciamiento que recaiga al presente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y en el sistema correspondiente; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.
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