Paulino Arellano Moreno
Expediente 960/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 960/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Paulino Arellano Moreno
- Juez Único Civil de Partido En Apaseo el Grande, Guanajuato
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el tres de diciembre de dos mil quince, en el que este Juzgado tuvo por no presentada la demanda promovida por ********** por su propio derecho, no fue recurrida dentro del término legal de cinco días que dispone el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones I y III, del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el tres de diciembre de dos mil quince, en el que este Juzgado tuvo por no presentada la demanda promovida por Paulino Arellano Moreno por su propio derecho, no fue recurrida dentro del término legal de cinco días que dispone el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones I y III, del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento a la prevención formulada el seis de noviembre del año en curso, para que aclarara su demanda de amparo; no obstante haber sido debidamente notificado. No se soslaya que por escrito presentado el dieciocho de noviembre del año actual ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, registrado ante oficialía de partes de este juzgado con número 152932 (fojas 59 a 61), pretendió dar cumplimiento a la prevención, sin embargo, en acuerdo del diecinueve siguiente, al no haber desahogado las prevenciones formuladas, le subsistió el requerimiento suspendiéndose el plazo otorgado, el que se reanudó una vez que surtió efectos la notificación de ese acuerdo; sin que haya presentado promoción al respecto, subsanando en su totalidad el requerimiento. En consecuencia, al haber transcurrido el plazo señalado, sin que lo hubiese hecho, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto en mención, procediéndose con apoyo en lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, a tener por NO PRESENTADA la demanda de que se trata. Háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente.Así lo acuerda y firma el licenciado Carlos Alberto Martínez Hernández, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, asistido del licenciado Oscar Jaime Carrillo Maciel, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Agréguese para que obre como corresponda el escrito registrado con el número 152931, por medio del cual José Moreno Camacho, autorizado de la parte quejosa, realiza diversas manifestaciones en torno al Secretario de la adscripción encargado del trámite de este expediente y pide se dé vista a la contraloría del Poder Judicial con las manifestaciones asentadas en su escrito. Con fundamento en los artículos 81, fracción XII, y 105, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas, sin mayor proveído se ordena remitir el original del escrito de cuenta al Presidente del Consejo de la Judicatura Federal para que acuerde lo que en derecho corresponda; lo anterior considerando que este Juzgado de Distrito no es competente para recibir, tramitar, ni resolver ese tipo de procedimientos. Déjese en el presente expediente copia certificada del escrito de referencia para los efectos legales conducentes. En ese sentido, se ordena que a partir de esta actuación el juicio de amparo sea tramitado por diverso Secretario. Por otra parte, a sus autos el ocurso con número de folio 152932, signado por José Moreno Camacho, mediante el cual la parte quejosa pretende desahogar la prevención contenida en auto de seis de noviembre del año en curso, agréguese sin mayor proveído, toda vez que si bien es cierto precisa que estampa su rúbrica a ruego del directo quejoso Paulino Arellano Moreno, cierto es también, que -como se destaca en la certificación de cuenta- no contiene su huella digital, signo de individualización que sólo cuando se estampa conjuntamente con la firma a ruego conforma la manifestación de voluntad para instar la acción constitucional. Lo anterior es así, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, que prevé que la personalidad se justifica en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y al existir en otros cuerpos legales normas que establecen que cuando el interesado no sepa leer o escribir bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, igual disposición debe regir en esta instancia constitucional. Cobra aplicación, a contrario sensu, por las razones que la conforman, la jurisprudencia 1a./J. 1/2011 (10a.) , cuyo rubro y texto se trascriben: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO. Si de las constancias del juicio de amparo indirecto se advierte que la demanda carece de firma del quejoso, pero aparece su huella digital, así como la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, tales elementos son suficientes para demostrar su manifestación de voluntad de instar la acción constitucional, ya que si bien la huella digital únicamente es un elemento de individualización, con la "firma a ruego" se exterioriza el propósito de promoverla al ser un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar, por lo que el juez de distrito o el tribunal del conocimiento deben admitir el ocurso sin necesidad de prevenirlo para ratificar su contenido. Además, el artículo 12 de la Ley de Amparo, prevé que la personalidad se justifica en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, por lo que al existir en otros cuerpos legales normas que establecen que cuando el interesado no sepa leer o escribir bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, se concluye que la ley de la materia no puede prever exigencias mayores a las señaladas en éstas, lo que ocasiona que deba admitirse la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales, aunado a que en el citado ordenamiento legal no existe disposición alguna en el sentido de que deba requerirse a la persona que imprimió su huella digital para que la ratifique ante la presencia judicial." Motivo por el que no se tiene por subsanada la prevención formulada y subsisten los apercibimientos y el término, contenidos en el proveído de seis de los corrientes. Sirve de apoyo la 2a./J 106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, de noviembre de dos mil tres, página ciento treinta y tres, de rubro: "AMPARO, ACLARACIÓN DE DEMANDA, SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO." Dígase a la parte quejosa que el plazo otorgado, comenzó en su primer día el once de los actuales, y fue interrumpido el quinto, al presentar su escrito aclaratorio, el cual no se cuenta para el cómputo. Por tanto, resta un día para que cumpla con la prevención, que se computará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo, presentado por **********, firmado a su ruego por **********, contra actos del Juez Único Civil del Partido Judicial de Apaseo el Grande, Guanajuato, y otras; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 960/2015. Ahora bien, para estar en aptitud de acordar sobre su admisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108 y 114, de la Ley de Amparo, requiérase a *************, para que dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad: Aclare de qué manera se encuentra impedido para firmar; o bien, explique por qué solicitó que alguien firmara a su ruego. Ello porque en el caso, que nos ocupa, además de no aseverar tal condición en el quejoso, de las constancias que se anexan al libelo constitucional, específicamente de la copia de la credencial para votar número 5424048054414, expedida por el antes llamado Instituto Federal Electoral, a nombre de Paulino Arellano Moreno, obra firma autógrafa del mencionado; por ende queda evidenciado que el impetrante sí sabe escribir, o por lo menos estampar o rubricar como exteriorización de su voluntad. Precise qué actos de posesión física en concreto ejerce sobre el inmueble que defiende en esta instancia constitucional, a saber el ubicado en calle Bravo y Benito Juárez sin número, Poblado de San Pedro Tenango, en Apaseo el Grande, Guanajuato; desde cuándo y si han sido de manera continua o en forma intermitente; en el caso de que se haya dado el último supuesto, explique las razones y en qué fechas ocurrió ello. Lo anterior, porque por un lado el agraviado solicita la suspensión para no ser desalojado, empero por otro, constituye un hecho notorio para este juzgado de Distrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que se ventiló el juicio de amparo número 250/2014, promovido por ***********, quien compareció con carácter de tercera extraña al juicio C-471/2012 (mismo del que deriva el acto reclamado destacado por el ahora quejoso), defendiendo su derecho de propiedad y posesión relativo al inmueble (que también defiende el impetrante), ubicado Bravo y Benito Juárez sin número, Poblado de San Pedro Tenango, en Apaseo el Grande, Guanajuato, derivado del contrato de compraventa celebrado entre la citada quejosa ************, con fecha once de julio de dos mil trece, ratificado ante Notario Público el veintiséis de febrero de dos mil catorce y consignado en la escritura pública número 4075 el doce de marzo de dicha anualidad. En dicha demanda, la citada ***********, manifestó que el once de julio de dos mil trece, celebró el contrato de compraventa con *********** y a partir de ese momento, le entregaron la posesión física del inmueble materia de la operación contractual. Asimismo, la quejosa *********** expresó en escrito aclaratorio que ella detentaba la posesión jurídica del multicitado inmueble, mientras que la posesión física la tenía *********** desde el año dos mil once, virtud a un contrato de arrendamiento que celebró con su vendedora ***********. De igual forma, de la referida escritura pública número 4075, de doce de marzo de dos mil catorce, tirada ante la Fe del Notario Público número 3 con ejercicio y residencia en Salamanca, Guanajuato, aparece como antecedente de propiedad que ***********, adquirió el referido bien raíz al aquí quejoso ***********, mediante compraventa consignada en la diversa escritura pública número 518 de siete de mayo de dos mil cinco, tirada ante la fe del Notario Público número 3 en Salamanca, Guanajuato. De todo lo apuntado se desprende, que los antecedentes narrados en el juicio de amparo 250/2014 con los expresados en el libelo constitucional que ahora se provee, se contraponen entre sí con relación a la certeza de quién es el propietario y poseedor del inmueble que ahora defiende el accionante constitucional. De ahí que resulta necesario que el impetrante aclare lo concerniente a la posesión que aduce tener sobre el inmueble que menciona en su escrito de demanda. En virtud de que el juicio 250/2014 se encuentra concluido, fórmese un tomo de pruebas con dichas constancias. En mérito de lo anteriormente expuesto, el quejoso deberá precisar bajo protesta de decir verdad indique si la compraventa celebrada entre el quejoso y ************ consignada en el instrumento público número 518 de siete de mayo de dos mil cinco, fue revocada o quedó insubsistente; y en caso afirmativo, exponga cuales fueron los motivos de dicha circunstancia y desde qué fecha ocurrió tal situación. En la inteligencia que estos puntos de la prevención, deberán ser desahogados por ************, puesto que los hechos que le incumben son de carácter personal, de conformidad con la jurisprudencia número 50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el veintinueve de agosto de dos mil catorce, cuyo rubro dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Además de las razones expuestas en cada uno de los incisos de requerimiento, cabe señalar que los datos omitidos por la promovente son de los indispensables del escrito de demanda de amparo, de conformidad con el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia. Hágase del conocimiento del quejoso para los efectos legales conducentes, el contenido del artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta trescientos días: Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales [.]" Finalmente, requiérase al impetrante para que: Exhiba nueve copias más de su escrito de demanda y diez de su escrito aclaratorio. Esto con apoyo en el artículo 110 del ordenamiento legal precitado, que dispone que deberá entregarse una copia de la demanda para cada una de las partes; es decir, diez tantos para repartirse de la siguiente manera: una para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; seis para las autoridades señaladas como responsables; una para correr traslado al tercero interesado; y, dos para agregarse al incidente de suspensión; cuando únicamente exhibió una copia de traslado. Sin que en el caso nos ubiquemos en alguno de los supuestos de excepción previstos en el segundo párrafo del referido numeral 110, a fin de que este órgano jurisdiccional mande expedir las copias faltantes de la demanda. Se apercibe al promovente que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por NO PRESENTADA la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P/J.36/2001, visible en la página 79, Novena Época Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Finalmente, se tiene como autorizado del quejoso en los términos restringidos a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ************ y en virtud de que no señaló domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, se le designan los estrados de este juzgado de Distrito, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo.
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