Paulina Yadira Pineda Cerna

Expediente 1368/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1368/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Jairo Elorza Torres
  • Paulina Yadira Pineda Cerna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridad remite constancias de emplazamientos. Agréguense a los autos el oficio de cuenta signado por la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por medio del cual remite la constancia de emplazamiento de los terceros interesados Ricardo Madrigal Chávez, Rodrigo Aramis Hernández Silva, Manuel Magaña Aguilera, J. Dolores Nava Hernández, Ma. Ivonne Padilla Aguilar, María Xochitl Silva Gallardo y Ernesto Silva Gallardo, por conducto de su asesor jurídico Iván Calderón Suarez, quienes fueron emplazados a juicio el veintitrés de noviembre del año en curso, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Razón actuarial. Vista la razón levantada por el actuario de la adscripción, de la que se desprende la imposibilidad que tuvo para emplazar a juicio a los terceros interesados ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, por conducto de su asesor jurídico ********************, a través de la cuenta de correo electrónico ics.ceeav@gmail.com, y al respecto señala que la determinación de nueve de noviembre del año en curso fue enviada al citado correo electrónico, y reenviada el quince y dieciséis siguientes, y que aparece un estatus de entregados a sus destinatarios y leídos, sin embargo no se le ha acusado recibo. En virtud de lo anterior, a efecto de tener certeza del emplazamiento al presente juicio a los citados terceros interesados, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b) y 116 de la Ley de Amparo, con copia simple de la demanda de amparo, del auto admisiorio y de este proveído, solicítese a la autoridad responsable Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ordene a quien corresponda emplace a juicio a las víctimas directas, aquí terceros interesados ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, por conducto de su Asesor jurídico ********************, a través de la cuenta de correo electrónico por la que se le practican sus notificaciones dentro del toca penal ********************, esto es, ics.ceeav@gmail.com, o por cualquier otro medio que tenga para ello. 1.2 Apercibimiento. Lo anterior, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $******************** (******************** 00/100 moneda nacional) en términos de los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. 2. Diferimiento de audiencia. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. 3. Se reciben alegatos. Incorpórese al sumario el pedimento suscrito por la Fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado, por medio del cual formula alegatos que a esa representación social corresponde, los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. 3.1 Solicita copias. Asimismo, solicita se le expidan copias simples de la sentencia que se emita en este expediente; al respecto, una vez que ello acontezca, se le hará la entrega de las mismas. Notifíquese personalmente al asesor jurídico y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  3. Incidental

    VISTOS y RESULTANDO: PRIMERO. Solicitud de suspensión. En su escrito de demanda de amparo ********************, ********************, ******************** y ********************, solicitaron la suspensión del acto reclamado. SEGUNDO. Trámite. El incidente se tramitó por su cauce legal y la audiencia de ley fue celebrada en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 en relación con el 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa destaca como acto reclamado: La resolución emitida por la autoridad responsable el cinco de octubre de dos mil veintitrés, dentro del toca de apelación X-112/2023, en la que se confirmó el auto de vinculación a proceso dictado el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, dentro de la causa penal 814/2023. TERCERO. Norma, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. La autoridad responsable Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, manifestó que son ciertos los actos reclamados. CUARTO. Análisis de la suspensión solicitada. 4.1. Pretensión de la suspensión. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva del acto reclamado para ".se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan...". Sobre ese aspecto, cabe mencionar que el segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo establece expresamente la obligación de la autoridad que conoce del proceso penal de suspender dicho procedimiento cuando a través de un juicio de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política, como ocurre con el auto de vinculación a proceso; paralización que no guarda relación las hipótesis de la suspensión previstas en los artículos 126, 127, 128, es decir, no se encuentra sujeta al cumplimiento de los requisitos para la medida cautelar, tampoco es necesario que el quejoso la solicite, ni que se sustancie un incidente en donde se abra un debate para determinar la procedencia de su aplicación. Empero, al existir en el caso solicitud de la parte quejosa conforme a los lineamientos que se contienen en aquéllos normativos, da lugar a la apertura del presente incidente de suspensión; ante ello, dicho pronunciamiento no fue realizado en el juicio principal. Se invoca a lo anterior el criterio jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL ADVERSARIAL Y ORAL. CUANDO EN AMPARO INDIRECTO SE RECLAME EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, POR REGLA GENERAL, EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA SUSPENSIÓN DEBE HACERSE EN EL CUADERNO PRINCIPAL DEL JUICIO Y EXCEPCIONALMENTE EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Hechos: Un Tribunal Colegiado determinó que cuando se reclama el auto de vinculación a proceso en el juicio de amparo indirecto, el pronunciamiento sobre la suspensión del procedimiento penal a que se refiere el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo no puede realizarse en el cuaderno principal del juicio, sino en el incidente de suspensión que se tramita por separado. Adverso a ello, otro Tribunal Colegiado de una diversa región concluyó que la suspensión regulada en el referido precepto constituye una obligación dirigida expresamente a la autoridad responsable, por lo que debe ser acordada en el expediente principal del juicio y no en el incidente de suspensión. Criterio jurídico: La paralización del procedimiento penal a que se refiere el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo no guarda relación con el capítulo previsto en ese ordenamiento sobre la suspensión del acto reclamado, por lo que no requiere de una tramitación incidental. Así, cuando se reclama el auto de vinculación a proceso, por regla general, los juzgados de distrito deben pronunciarse sobre esa suspensión en el cuaderno principal del juicio de amparo, salvo que expresamente se soliciten esos efectos para el incidente de suspensión, supuesto en el cual excepcionalmente será en el cuaderno incidental en donde se provea lo relativo. En cualquier caso, se debe verificar que la suspensión sea decretada en uno de esos expedientes y no en ambos. Justificación: El segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo establece expresamente la obligación a los juzgados penales, como autoridades responsables, de que cuando a través de un juicio de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política del país, como ocurre con el auto de vinculación a proceso, deben suspender el procedimiento penal en lo que corresponda a la persona quejosa, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga al juicio de amparo pendiente. Dicha paralización del procedimiento penal no guarda relación con alguno de los tipos de suspensión previstos en los artículos 126, 127, 128 y demás relativos de la Ley de Amparo, porque no actualiza de suyo las hipótesis previstas para la suspensión de plano o de oficio por vía incidental, no se encuentra sujeta a que la persona juzgadora del amparo conceda la medida cautelar, tampoco es necesario que el quejoso la solicite, ni que se sustancie un incidente en donde se abra un debate para determinar la procedencia de su aplicación. Por ello, se trata de una directriz que, por regla general, debe ser decretada oficiosamente por el Juzgado de Distrito de forma aparejada a la admisión de la demanda de amparo, es decir, como parte de la estructura de ese acuerdo inicial. No obstante, podría darse el caso de que en la demanda la parte quejosa solicite que los efectos del citado artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo sean decretados en el incidente de suspensión, es decir, que se abra el incidente a petición de parte. En ese supuesto, no existe impedimento para que ese tipo de suspensión pueda decretarse excepcionalmente en el cuaderno incidental del juicio de amparo. En cualquier caso, ya sea que la suspensión del procedimiento penal se decrete oficiosamente en el cuaderno principal o a petición de parte en el incidente de suspensión, el órgano jurisdiccional debe verificar que esa determinación sea establecida sólo en uno de esos expedientes. " 4.2. Procedencia de la suspensión del acto reclamado. A efecto de proveer lo conducente en este apartado, es menester precisar que conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: - La petición de parte; - La existencia del acto reclamado. - La naturaleza del acto reclamado. - La afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión definitiva y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y. - La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal. El primer requisito se encuentra colmado, en virtud de que en el escrito de cuenta, la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados, y por ende, existe la petición de parte agraviada. De igual manera, el segundo de los extremos se actualiza en el particular, dado que al tratarse de la suspensión definitiva la existencia del acto reclamado se tiene por acreditada con las manifestaciones de la autoridad responsable. En relación a que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza -tercer requisito-, también se encuentra colmado, dado que el acto de que se duele la parte quejosa puede ser suspendido al tratarse de un acto positivo que crea un estado jurídico con efectos permanentes susceptibles de ejecutarse. En cuanto al interés jurídico o legítimo -cuarto requisito- se encuentra acreditado por ser los quejosos directos los imputados en la causa penal de origen. Finalmente, de concederse la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y de no conceder la suspensión, ocasionaría a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación -último requisito- 4.3. Se concede suspensión definitiva. Ante el cumplimiento de los requisitos analizados, lo que procede es conceder la suspensión definitiva, para el efecto de que el juez responsable continúe con los trámites del proceso penal de origen y, una vez concluida la fase intermedia, no se ordene la apertura a la etapa de juicio, ya que de hacerlo se causarían daños de difícil o incluso de imposible reparación para la parte quejosa. De igual modo, la presente medida cautelar se concede para el efecto de que los quejosos queden a disposición de este juzgado federal por lo que a su libertad se refiere, y a la del juzgador del procedimiento para la continuación del mismo en el lugar donde guardan reclusión. En caso de que ya se hubiese iniciado la audiencia oral penal, se suspenda su continuación en lo que corresponda a los imputados, hoy quejosos, lo anterior una vez desahogadas las pruebas, por lo que debe abstenerse de dictar sentencia, lo anterior hasta que tenga conocimiento de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio principal. Lo anterior es así, pues tal como lo indicó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria preinserta y en concordancia con lo estipulado en la última parte del segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, únicamente puede suspenderse un procedimiento penal hasta agotada la etapa intermedia, absteniéndose de aperturar la fase de juicio, dado que con ello quedarían irreparablemente consumadas las violaciones cometidas con anterioridad; de ahí los efectos que se pueden otorgar a la presente medida cautelar, ya que el acto reclamado lo constituye la resolución que confirmó el auto de vinculación a proceso de los quejosos. Es aplicable al caso concreto, la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de voz y contenido del siguiente tenor: "SUSPENSIÓN DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU CONCESIÓN EN RESPETO AL DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. Hechos: Un Tribunal Colegiado y un Pleno de Circuito se pronunciaron respecto a la procedencia de la suspensión; provisional en el caso del primer órgano jurisdiccional y definitiva respecto del segundo, cuando el acto reclamado en el amparo indirecto consistía en el auto de vinculación a proceso. Y en sus respectivas resoluciones, sobre la base de las consideraciones que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 414/2011, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), el primero de ellos sostuvo que no era procedente conceder la suspensión provisional porque se trataba de un acto que no generaba en automático la privación total de la libertad personal del imputado; mientras que el segundo consideró que el auto de vinculación a proceso generaba una perturbación que, aunque indirecta, incidía en la libertad personal del imputado y, por ello, era susceptible de otorgarse la suspensión definitiva. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el auto de vinculación a proceso no genera efecto alguno sobre la libertad de la persona imputada. Sin embargo, en respeto al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo, una vez reunidos los requisitos establecidos en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, procede su suspensión, ya sea provisional y/o definitiva, en términos y para los efectos del segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la propia ley, cuando la parte quejosa solicita esa medida cautelar en el juicio de amparo indirecto que promueve contra esa determinación procesal que define su situación jurídica. Justificación: El criterio reflejado en la jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", con relación a los alcances y efectos del auto de vinculación a proceso sobre el derecho fundamental a la libertad personal de los imputados, no resulta acorde con las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, a partir del tres de abril de dos mil trece; y en consecuencia, no es aplicable a supuestos regidos por ésta. Ello, porque tanto del Código Nacional de Procedimientos Penales como de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se desprende que el auto de vinculación a proceso no tiene incidencia alguna sobre el derecho fundamental a la libertad de la persona imputada; pues del código mencionado se colige que sus efectos se limitan a establecer el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso, o bien, respecto de los que se determinarán las formas anticipadas de su terminación, la apertura al juicio o el sobreseimiento, lo que pone en evidencia que su objetivo se constriñe a definir la situación jurídica de la persona imputada y no privarla de su libertad para asegurar su presencia en el procedimiento, ya que para tales efectos se prevén otras medidas legales; y en la Ley de Amparo, a pesar de que el auto de vinculación a proceso constituye una resolución que para los efectos de la procedencia del juicio constitucional, excepciona el principio de definitividad, se le desvincula por completo de aquellos actos que afectan la libertad personal. Y precisamente porque el auto de vinculación a proceso no afecta ese derecho fundamental de los imputados de un delito, es por lo que no figura en la parte especial dedicada a la procedencia y efectos de la suspensión de actos en materia penal, que se regula en los artículos 159 a 169 de la Ley de Amparo. Sin embargo, ello no implica que dicha medida cautelar no proceda respecto de esa resolución procesal porque la Primera Sala, en la contradicción de tesis 397/2016, estableció que el hecho de que un acto de la materia penal no se encuentre contemplado dentro de los supuestos de procedencia de la suspensión del acto reclamado que precisó el legislador en la parte especial de la Ley de Amparo, no es suficiente para determinar que la medida cautelar sea improcedente porque, en principio, todo acto reclamable es susceptible de ser suspendido, como consecuencia directa del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. En ese orden de ideas, tratándose de la suspensión del auto de vinculación a proceso, se debe atender a las reglas generales que regulan los tipos de suspensión de oficio y a petición de parte, aplicables a todas las materias, previstas en la Ley de Amparo; y una vez constatado que se reúnen los requisitos establecidos en los artículos 128 y 138 de ese ordenamiento legal, procederá la medida cautelar, ya sea provisional y/o definitiva, en términos y para los efectos del segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la misma ley, es decir, para que la autoridad jurisdiccional de control suspenda el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Lo anterior comuníquese al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, dentro de la causa penal 814/2023, para que proceda a atender los efectos de la suspensión concedida. 4.4. Garantía. Es pertinente indicar, que no se fija garantía a la parte quejosa, toda vez que la suspensión otorgada no impide la continuación del procedimiento y su concesión obedece a lo dispuesto por la última parte del segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece un actuar obligatorio para este órgano jurisdiccional, de modo que aun cuando el promovente no exhibiera la garantía que se le fijara, este juzgado federal estaría obligado a mantener los efectos de la medida cautelar otorgada, precisamente en cumplimiento a la citada disposición normativa. Máxime que el propio numeral 168, último párrafo, de la Ley de Amparo, no lo exige. Por tanto, con apoyo en el artículo 146 fracción IV, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva a ********************, ********************, ******************** y ********************, en términos del considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Colegiado informa. Agréguese a los autos el oficio remitido por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la resolución de tres de agosto del año en curso, dictada por el Pleno de ese cuerpo colegiado; de lo que se toma conocimiento para los fines legales a que haya lugar. Virtud a lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado en auto de dieciséis de agosto del año en curso, remítase el presente expediente al archivo de este órgano jurisdiccional. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano