Paulina Equihua Martínez
Expediente 1286/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1286/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 14/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Paulina Equihua Martínez
- Presidente adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de febrero de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia dictada el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, por una parte se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; así, una vez que la misma causó ejecutoria en auto de once de enero del presente año, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables, para el efecto de que realizaran lo siguiente: "1. Comisionar al actuario para que a la brevedad practique el emplazamiento de las partes; y 2. Asimismo, vigile que el actuario de la adscripción lleve a cabo el emplazamiento a juicio." 2. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. En auto de veinte de enero del año en curso, se tuvo a la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, remitiendo copia certificada de las constancias de emplazamiento a las partes en el juicio laboral ********************. 3. Conclusión. En tales circunstancias, por todo lo anteriormente señalado, queda evidenciado que las autoridades responsables restituyeron a las solicitantes del amparo en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados; ya que se comisionó al actuario de la adscripción para que practicara el emplazamiento de las partes; y, se vigiló que efectivamente se llevara a cabo el emplazamiento al juicio laboral ********************; lo que acreditaron con copia certificada de las constancias de emplazamiento respectivas. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 4. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 5. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 6. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 7. Incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que no se dio apertura al mismo. 8. Documentos originales. Hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 9. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de enero de dos mil veintitrés. 1. Se recibe oficio. Visto lo de cuenta, agréguese el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada de las constancias de emplazamiento al juicio laboral 3A-1817/2022. 2. Vista con cumplimiento de ejecutoria. Por tanto, con ello dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de enero de dos mil veintitrés. 1. CAUSA EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, en la que por un lado se sobreseyó y por otro se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 1.1 Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpla con la sentencia de amparo, cuyos efectos se constriñen a lo siguiente: "1. Comisionar al actuario para que a la brevedad practique el emplazamiento de las partes; y, 2. Asimismo, vigile que el actuario de la adscripción lleve a cabo el emplazamiento a juicio. " 1.2. Apercibimiento. Apercibida que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta una multa de cien unidades de medida y actualización equivalente a $********************), en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1286/2022, promovido por Paulina Equihua Martínez y Daniela Martínez Selley, a través de su apoderada jurídica, por alegada violación de los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Federal, atribuida al Presidente, Auxiliar y Actuario adscritos a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, al respecto, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EL JUICIO POR UNA PARTE ; y, CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN EN OTRA. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Presidente, auxiliar y actuario de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad: La omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del término legal y en forma inminente fijar fecha remota; La omisión de turnar el expediente al actuario a efecto de emplazar a la parte demandada al juicio laboral de origen; y, La omisión de realizar el emplazamiento de la parte demandada. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos de naturaleza omisiva cuya demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, en donde este órgano ejerce jurisdicción. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Presidenta, Actuaria y Auxiliar de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negaron las omisiones reclamadas, toda vez que el cinco de diciembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda de amparo, registrándola bajo el número 3A-1817/2022, señalando las nueve horas con treinta minutos del veinte de febrero de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, toda vez que si bien de las constancias remitidas por la responsable consistentes en las copias certificadas del expediente 3A-1817/2022, se advierte que el cinco de diciembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda laboral, ello fue posterior a la presentación de la demanda de amparo que fue presentada el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, con lo que se desprende que en la data en que se presentó el líbelo constitucional, no se había emitido el referido auto de radicación por lo que deben tenerse por ciertas las omisiones reclamadas. Respecto a la omisión de emplazar a la parte demandada, las responsables fueron omisas en manifestar la certeza o no del acto reclamado, sin embargo, de las referidas documentales no se desprende que se haya efectuado el emplazamiento de las demandadas en el juicio de origen, por lo que resulta cierta la omisión. CUARTO. Causales de improcedencia. En relación con el acto reclamado consistente en la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral 3A-1817/2022, este juzgador advierte que el juicio de amparo es improcedente porque se actualiza la hipótesis del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Precepto legal que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Ahora, a efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica de la parte quejosa y que la legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse del siguiente criterio jurisprudencial. "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En sentido negativo, esto es, cuando se reclaman omisiones, la cesación se presenta cuando la autoridad abandona la contumacia y actúa en el sentido que exige el orden jurídico. Sobre el particular, se advierte que en la demanda de amparo la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable la omisión de señalar fecha para la audiencia de conciliación demanda y excepciones dentro del juicio laboral 3A-1817/2022. Por otro lado, del informe justificado rendido por las referidas autoridades y documentales que se acompañaron al informe, se advierte que mediante acuerdo de cinco de diciembre de dos mil veintidós, la junta responsable asumió el conocimiento del juicio laboral 3A-1817/2022, y se fijaron las nueve horas con treinta minutos del veinte de febrero de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En ese sentido, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia en comento, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de señalar fecha para la audiencia de conciliación demanda y excepciones en el juicio laboral 3A-1817/2022, porque durante la substanciación de este juicio, la autoridad responsable emitió un auto en el que radicó la demanda señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, por lo que es evidente que se restituyó a la quejosa en el goce de sus derechos y por lo tanto, resultaría ocioso realizar un estudio sobre la constitucionalidad de un acto que ha dejado de surtir efectos. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto a los actos reclamados consistentes en la omisión de señalar fecha para la audiencia de conciliación demanda y excepciones en el juicio laboral 3A-1817/2022. QUINTO. Análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. En el presente considerando se aborda el acto consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada dentro del juicio laboral 3A-1817/2022. En efecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La característica de prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En sentido inverso, esta garantía constitucional impone la prohibición de tramitar y resolver controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes, es decir, no debe transcurrir demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, pues la justicia tardía es una forma de injusticia. Ahora, del contenido de los artículos 750 y 685 de la Ley Federal de Trabajo, disponen, que las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, así como que el proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte, siendo que las juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. En esas condiciones, de las constancias remitidas por la responsable se obtiene que mediante acuerdo de cinco de diciembre de dos mil veintidós, la junta responsable radicó la demanda, ordenó emplazar a la parte demandada y señaló fecha para celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. De ahí que, concatenando el concepto de violación de la quejosa, con el acuerdo antes transcrito, es evidente que la junta responsable desde el cinco de diciembre de dos mil veintidós, ordenó el emplazamiento de la parte demandada. En ese sentido, es válido concluir que ha transcurrido el término legal para que la junta responsable cumpla con los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo para llevar a cabo la diligencia de emplazamiento, de acuerdo a lo que establece el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo. En ese contexto, es evidente que la junta responsable inobservó lo establecido en el artículo 17 Constitucional, en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De igual forma, por analogía, se aplica la Jurisprudencia: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." En consecuencia, lo procedente es CONCEDER EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a la parte quejosa Paulina Equihua Martínez y Daniela Martínez Selley, respecto de la omisión reclamada a la autoridad responsable, para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. Tampoco, pasa inadvertido el alegato formulado por la representante social; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la Litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto reclamado o procedimiento de origen. SEXTO. Efectos del amparo. El presidente, auxiliar y actuario de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus atribuciones, una vez que cause ejecutoria la sentencia, deberán: 1. Comisionar al actuario para que a la brevedad practique el emplazamiento de las partes; y, 2. Asimismo, vigile que el actuario de la adscripción lleve a cabo el emplazamiento a juicio. Lo anterior, a fin de restituir a la quejosa el goce de su derecho fundamental vulnerado, de conformidad con el numeral 77, fracción II de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Paulina Equihua Martínez y Daniela Martínez Selley en contra las omisiones que reclamó del presidente, auxiliar y actuario de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Paulina Equihua Martínez y Daniela Martínez Selley, contra las omisiones que atribuyen al presidente, auxiliar y actuario de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto y para los efectos precisados en el diverso sexto. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los Artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
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